Seis días después de haber sido detenido en un cateo en Purísima del Rincón, un hombre falleció por presuntas lesiones internas; su familia denuncia que su muerte fue derivada de los golpes que sufrió por parte de agentes de la Fiscalía General del Estado. Su esposa también sufrió agresiones. 

A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía negó su responsabilidad en la muerte por los golpes que la víctima habría sufrido a manos de agentes ministeriales y sostuvo que el fallecimiento está, más bien, relacionado con una caída desde su propia altura ocurrida el 31 de marzo.

Tras conocer esta postura, el representante legal de la familia señaló contradicciones entre la versión de la Fiscalía y el acta de defunción, ya que el documento que certifica la muerte establece que Héctor falleció a causa de una tromboembolia pulmonar. 

“Los coágulos que generan esta condición son altamente propensos a desarrollarse tras traumatismos severos, lesiones por aplastamiento o inmovilización forzada”, derivadas de agresiones físicas.

La familia solicita que se otorgue a la representación legal acceso total a la carpeta 36606/2026, aperturada el primero de abril, para verificar qué delitos se investigan en el caso. Además, pide que se realicen peritajes médicos independientes para determinar el origen del trombo que causó la muerte y que se hagan públicos los registros de video que la Fiscalía afirma tener sobre la entrada y salida del hombre del Ministerio Público.

Hubo golpes, sostiene familia

De acuerdo con la relatoría de la representación legal, Héctor fue detenido el jueves 26 de marzo de 2026. Teresa, pareja de Héctor que se encontraba con él al momento del cateo, desde ese momento habría sido víctima de agresiones físicas que, aseguró, derivaron en su fallecimiento días después. 

“Sostenemos categóricamente que su muerte fue consecuencia directa de brutales agresiones y no de una caída de su propia altura, como se pretende hacer creer”, señala el posicionamiento.

Mientras la Fiscalía ha planteado como la causa de muerte de Héctor una caída accidental, el acta de defunción establece que la causa fue una tromboembolia pulmonar. Para la familia, esta diferencia no es menor.

El equipo de asesores legales afirmó en el comunicado que, este tipo de este tipo de obstrucción arterial suele estar asociada a traumatismos severos o a periodos de inmovilización. Esto implicaría la presencia de lesiones violentas previas al fallecimiento. 

“Existe una contradicción evidente entre lo que se comunica públicamente y lo que establecen los documentos oficiales”, subraya la asesoría legal, que también cuestiona la clasificación del fallecimiento por causa natural. 

Desde la perspectiva de los asesores de la familia, si la propia autoridad sostiene que se trató de un accidente, el caso debió ser investigado desde un inicio como una muerte violenta o accidental. Asimismo, en el comunicado oficial, la Fiscalía ha planteado la detención y la muerte como eventos aislados. Sin embargo, la familia insiste en que existe una relación directa entre ambos momentos. 

“No se pueden fragmentar los hechos. Para nosotros hay una clara línea de causa y efecto entre lo ocurrido el 26 de marzo y el desenlace fatal”, sostienen.

De acuerdo con la familia, existen al menos dos testigos: uno que presenció la detención y otro que estuvo presente cuando Héctor fue trasladado al hospital. Ambos relatos apuntan a que el estado físico de la víctima ya era delicado antes de su ingreso a atención médica.

Ante ello, la asesoría legal ha planteado una serie de exigencias puntuales. Entre ellas, el acceso total a la carpeta de investigación abierta el 1 de abril, con el fin de conocer bajo qué delitos se están llevando a cabo las indagatorias. Asimismo, solicitaron la realización de peritajes médicos independientes que permitan determinar con precisión el origen de la tromboembolia que causó la muerte de Héctor.

“No buscamos privilegios, buscamos la verdad. Vamos a seguir hasta que se esclarezca lo que realmente pasó y se finquen responsabilidades”, concluyeron. 

Versión oficial deslinda fallecimiento 

La Fiscalía General del Estado sostuvo que el fallecimiento de la persona está relacionado con una caída ocurrida el 31 de marzo y no con la agresión que presuntamente sufrió el 26 de marzo durante un cateo.

A través de un comunicado de prensa, se confirmó que el 26 de marzo se ejecutó el cateo con autorización judicial y que, durante la intervención, el hombre fue detenido y presentado ante la autoridad ministerial. Sin embargo, ese mismo día fue puesto en libertad bajo las reservas de ley.

“Se cuenta con evidencia objetiva y verificable, consistente en soporte documental, dictámenes médicos y registros en video, que acreditan que el hoy occiso ingresó y egresó por su propio pie, sin presentar lesiones de evolución reciente, al igual que otras personas que se encontraban en el lugar”, señala la versión de las autoridades.

Asimismo, afirmaron que durante el tiempo en que estuvo bajo disposición ministerial no fue objeto de malos tratos ni de afectaciones a su integridad física.

Explicaron también que, en un evento posterior y en un contexto distinto, el 31 de marzo el hombre sufrió una caída de su propia altura, lo que le provocó diversas lesiones, de las cuales —según el boletín— existen pruebas y evidencia médica.

La Fiscalía sostiene que, derivado de esas lesiones, la persona recibió atención médica; sin embargo, su estado de salud se fue deteriorando progresivamente hasta su fallecimiento. Agregaron que las circunstancias del accidente se investigan actualmente.

“El fallecimiento se encuentra relacionado con las lesiones derivadas del accidente ocurrido el 31 de marzo… no existen indicios que vinculen la muerte con la actuación de la Fiscalía ni con la intervención de servidores públicos”, resaltaron.

Según la versión de la Fiscalía, se ha mantenido comunicación directa con la familia sobre los avances de la investigación y los elementos de prueba recabados para esclarecer los hechos. 

Tras darse a conocer la postura de la Fiscalía General del Estado, la familia y el equipo de asesores legales de Héctor rechazaron la versión de la institución y exigieron una investigación exhaustiva que esclarezca las circunstancias reales de su muerte.