Por Dalia Souza y Ximena Torres / ZonaDocs

Ilustraciones: Fernanda Kovacs

Esta investigación se realizó con el apoyo y acompañamiento de Documenta, análisis y acción para la justicia social A.C. en el marco de la campaña “Detén la tortura”, auspiciada por la Unión Europea.

Introducción:

Las mujeres, jóvenes y niñas en Jalisco representan el 12.9% de las víctimas de tortura en las quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) y el 3.7% en las carpetas de investigación abiertas ante la Unidad Especializada en el Delito de Tortura.

Si bien, estas cifras documentan en su mayoría, actos de tortura vinculados a patrones convencionales del delito: golpes, patadas, toques eléctricos en genitales, asfixia momentánea, ahogamientos momentáneos, posiciones forzadas, violaciones sexuales, tocamientos, amenazas de abuso sexual y amenazas de muerte o daño a familiares, lo cierto es que el componente de género que subyace a estas prácticas ejercidas sobre los cuerpos de las mujeres va más allá del infligirles dolor físico.

Sus corporalidades se convierten en instrumento, método y un fin en sí mismo para sus victimarios y para el Estado, confirmando que esta práctica ejercida en razón de género constituye una herramienta de control y subordinación para las mujeres; pero, además, reafirma la desigualdad estructural, la marginación, la discriminación y su nulo reconocimiento como sujetas de derechos en medio de un contexto de violencia machista y patriarcal.

Esta investigación da cuenta de las historias de nueve mujeres sobrevivientes de tortura y malos tratos, así como de sus familiares, también mujeres, quienes han vivido directa e indirectamente el sufrimiento que generan estas prácticas perpetradas en contra de sus cuerpos y vidas: Eva, Luz Elena y Esperanza, Erika y Cecilia, Isabel y Romina, y Ericka y Tonantzin.

El proyecto completo puede consultarse en el micrositio Mujeres y tortura en Jalisco, en Zonadocs.mx.

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Las prácticas de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que se perpetran en contra de mujeres, jóvenes y niñas en Jalisco, están suscritas en un contexto estructural y generalizado de violencia de género y machista; lo que provoca la maximización de la experiencia de sufrimiento y daño irreversible en las historias de vida de las sobrevivientes y de sus familias.

De tal manera que, el componente de género que recae sobre sus cuerpos y sus vidas, a través de estas prácticas ejercidas por el Estado, subyace a las formas específicas en las que se les inflige dolor; es decir, sus corporalidades no sólo son contenedoras de las formas de violencia, son instrumento, son método y un fin en sí mismo.

Los cuerpos de las mujeres, por lo tanto, son territorios en disputa como lo afirma la antropóloga y escritora feminista argentina, Rita Segato, o un “botín de guerra”, donde la violencia que se ejerce en su contra “ha dejado de ser un efecto colateral” y se ha transformado en un “objetivo estratégico”.

La tortura, como delito y violación grave a derechos humanos, pero, además, ejercida sobre los cuerpos de las mujeres en razón de género, constituye una herramienta de control y subordinación, que confirma la desigualdad estructural, la marginación, la discriminación y la anulación de la personalidad de las víctimas y sobrevivientes como sujetas de derechos.

Las convenciones internacionales en la materia, así como las leyes nacionales y estatales, reconocen la existencia de agravantes en la comisión de los actos de tortura, precisamente vinculadas a la vulnerabilidad y/o vulnerabilidades que rodean a la persona víctima:

Pertenecer a un grupo de población en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia y condición de discapacidad o cuando se trate de una persona migrante, indígena, una mujer en estado de embarazo, una persona defensora de los derechos humanos o periodista, son algunas de las agravantes.

También, si en la comisión del hecho se incluyen actos que impliquen delitos contra la seguridad y la libertad sexual de cualquier especie.

De esta manera, organizaciones especializadas en el tema de tortura en Jalisco y México como el Centro de Justicia para las Paz y el Desarrollo CEPAD, reconocen que en los casos de tortura hacia las mujeres, “siempre va a haber el componente de género”, a la vez que habrá tortura sexual. Si bien, afirma que es una práctica común ejercida contra los cuerpos de hombres y mujeres, sobre ellas la magnitud de violencia culminará en actos de abuso y violación sexual.

Se calcula que las mujeres en un 53.5% viven una situación de tortura sexual, a diferencia del 17.9% de los hombres.

La naturaleza y reiterada comisión de esta práctica específica se suscribe en la concepción sociocultural que prevalece alrededor de los cuerpos y las vidas de las mujeres como lugares donde “se puede inscribir el sufrimiento”.

La tortura es una práctica generalizada

Respecto a los varones, las mujeres, jóvenes y niñas en Jalisco, representan el 12.09% de las víctimas de tortura que han presentado una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) en los últimos 20 años, y el 3.7% de las víctimas que aparecen en las carpetas de investigación abiertas en la Unidad Especializada en el Delito de Tortura, de 2015 a la fecha.

Las cifras de las dependencias encargadas de seguridad son mucho más modestas y presentan inconsistencias. La unidad de transparencia de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de Jalisco indicó que, desde 2015, ha iniciado 29 carpetas de investigación por la comisión de tortura. Por su parte, la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura que depende de la misma Fiscalía de Derechos Humanos, inició 68 carpetas por el mismo delito y en el mismo periodo de tiempo.

Por último, la Dirección del Área de Denuncias de la Contraloría del Estado de Jalisco notificó vía transparencia que del 2001 al 2021 abrió 17 experiencias por presuntos actos de tortura.

Tanto en la información la Contraloría como las recomendaciones de la CEDHJ se reconocieron: golpes, patadas, toques eléctricos en genitales, asfixia momentánea, ahogamientos momentáneos, posiciones forzadas y violaciones sexuales como algunas de las formas de la tortura. Entre las cometidas contra mujeres también destacan: tocamientos, amenazas de abuso sexual y amenazas de muerte o daño a sus familiares.

En la plataforma INFODH del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) se da cuenta que la mayoría de quienes sufrieron tortura son hombres de entre 18 y 39 años. Debajo de los datos se hace la aclaración de que ese sólo es el resultado de los casos en los que se interpuso una queja o denuncia.

Ahí no se incluyen a las miles de mujeres buscadoras de sus familiares desaparecidos que padecen dilación de justicia, tampoco aparecen a las que obligaron a continuar con un embarazo forzado, ni las embarazadas a quienes les negaron el derecho a la salud, y muchas otras que han sufrido manifestaciones de tortura que el Estado no reconoce como tal.

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100% de impunidad y dilación de la justicia

Pese a que existen diversas estructuras institucionales que pretenden atender la problemática de la tortura y malos tratos, éstas no han tenido la efectividad esperada para garantizar el acceso a la justicia para las personas víctima y sobrevivientes.

En marzo de 2018 se creó la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura en Jalisco, aunque esta es dependiente de la Fiscalía del Estado. Eso significa, como explica Denisse Montiel de CEPAD, que la Unidad no tiene autonomía. En todos los sentidos, trabaja a expensas de la corporación con mayor número de quejas por tortura.

Eso lo confirmó la Dirección General Administrativa de la Fiscalía del Estado quien informó vía transparencia que: “no se cuenta con presupuesto específico para lo establecido en la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, sino que (el recurso) se encuentra inmerso en el presupuesto global de la Fiscalía Estatal”.

Además, se solicitó a la Coordinación General Estratégica de Seguridad de Jalisco un listado de los programas dedicados a la prevención, investigación y sanción de la tortura. Esta Coordinación turnó la petición a los 125 Ayuntamientos Municipales del estado. Los 62 que han contestado hasta ahora indican que no han implementado programas o cursos específicos sobre el tema.

¿Y quién repara la vida de las víctimas de tortura?

El Estado mexicano, a través de sus gobiernos estatales, tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar la tortura como delito y violación grave a los derechos humanos, pero, además, de garantizar a las personas que han sido víctimas medidas de atención, protección, reparación integral del daño y no repetición.

Sin embargo, como lo refieren las mujeres sobrevivientes de tortura en sus testimonios, frente a la condición irreversible, -en algunos casos irreparable- de los efectos de estos eventos en sus vidas y en las de sus familiares, sería imposible para el Estado restituir y reparar las marcas que la tortura les dejó y, con ello, lo que les fue arrebatado. Así lo confirma Dennise Montiel, codirectora del CEPAD, quien reconoce que, si bien es posible hablar de una reparación integral del daño, habrá situaciones que difícilmente puedan ser resarcidas cuando se habla de tortura.

Por lo tanto, resulta vital que las medidas de reparación concuerden con lo que “la víctima requiere”, no sólo en función de lo inmediato para determinar desde lo legal, lo médico y lo psicológico la comisión de los actos de tortura, sino, a partir de peritajes específicos que determinen cuáles han sido los impactos psicosociales de estas prácticas sobre la vida de las personas. De lo contrario, sentencia Martínez, “se puede caer en una visión jurídica de la reparación y no en las necesidades de la persona sobreviviente”.

A decir de las defensoras de derechos humanos y acompañantes consultadas para esta investigación, es fundamental que toda acción que pretenda reparar el daño a mujeres víctimas de tortura y otras violaciones a derechos humanos, incorpore un enfoque de género, diferencial, interseccional y especializado. Es decir, que se reconozca cómo el hecho victimizante afecta diferenciadamente a hombres y a mujeres, pero también, entre mujeres.

Pero ¿es posible sanar? Las formas de sanación dependen de los procesos personales que se experimentan, e implican el autorreconocimiento como víctima de este delito y el daño ocasionado. Sólo a partir de ello la persona podrá “reconstruirse” a sí misma y conseguirá restablecer progresivamente los mecanismos y estrategias que le posibiliten enfrentar estas situaciones adversas.

Y es que, en otros escenarios, frente a la inacción o a la acción retardada de las autoridades para atender a las víctimas, la invisibilización e, incluso, el no reconocimiento oficial de algunos de los casos por no “encuadrar en las formas convencionales de tortura”, la injusticia, la impunidad y la fragmentación de los vínculos de confianza con las entidades de gobierno, las sobrevivientes han decidido resignificar de manera autogestiva estas experiencias.

Quienes compartieron sus historias para esta investigación, reconocen que, si bien, los episodios de tortura y malos tratos que experimentaron se enmarcan en una clasificación de “irreversibles”, -en virtud de que tras su comisión “no se vuelve a ser la misma persona”-, también creen que los daños podrían ser reversibles en la medida en que se apueste por una sanación que, aunque parta del individuo, trascienda a la colectividad en un sentido comunitario.

Te invitamos a que te adentres en este reportaje y conozcas desde una perspectiva de género, derechos humanos y un enfoque diferencial, las historias de vida de Eva, Romina, Isabel, Erika y Cecilia, Luz Elena y Esperanza, y de Ericka y Tonantzin.

Nueve mujeres sobrevivientes en Jalisco, quienes frente a la adversidad de estos eventos han dado todo de sí para nombrar aquello que les robó la tranquilidad, pero también para afrontar con dignidad y valentía a quienes las violentaron y al Estado que perpetuó tortura sobre sus cuerpos y vidas como medida de control.

Sus rostros son la imagen de las miles de madres buscadoras en Jalisco que permanecen sometidas a un continuum de dolor en la espera de que las autoridades forenses y ministeriales les entreguen los restos de sus hijos e hijas.

Son la evidencia de que el Estado continúa forzando a niñas y adolescentes a llevar a término embarazos producto de violaciones.

Son la prueba de que las mujeres indígenas siguen siendo despojadas de los derechos mínimos básicos en las instituciones públicas.

Son constancia de que el Estado a través de las estructuras policiales reprime, detiene, encarcela, desaparece y tortura sexualmente a jóvenes manifestantes.

Son la muestra de que al sistema judicial patriarcal no le importan las mujeres víctimas.

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Perfil 1 | Eva: Las Maternidades forzadas constituyen una práctica de tortura

ZonaDocs · EVA LAS MATERNIDADES FORZADAS CONSTITUYEN UNA PRACTICA DE TORTURA

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Eva acababa de cumplir 15 años la primera vez que su tío abusó de ella. Era una niña como cualquier otra que iba a la secundaria, estaba en sus años de pubertad.

La violencia sexual que experimentó de este sujeto que le doblaba la edad, fue recurrente y continuada a lo largo de varios meses. Hasta un día, con dolores en el estómago -atribuidos a una enfermedad del colon-, sus papás la llevaron a una consulta médica donde supieron que estaba embarazada. Tenía 21 semanas.

“Yo me quedé callada, no pude hablar, no pude ir a la escuela esa vez, me quedé ahí, me quedé muda, no pude hablar, no pude decir, seguí con mi vida” cuenta Eva cuando recuerda el abuso y la violación sexual.

Cuando supieron de la violación sexual, sus padres llevaron a Eva a presentar una denuncia a la Fiscalía del Estado y, a la vez, solicitaron la interrupción del embarazo a la Secretaría de Salud Jalisco, argumentando que no era su deseo continuar con el mismo y además, que ponía en riesgo su salud física, psicológica y emocional.

La mandaron al área de ginecología al Centro de Justicia para la Mujer. Ahí la revisaron para descartar una infección de transmisión sexual. Luego, sin que ella lo pidiera le dijeron el sexo del feto y le informaron que su única opción era ponerlo en adopción cuando naciera, porque le aseguraron que en Guadalajara el aborto era una práctica ilegal

Sin embargo, la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 indicaba desde entonces que en caso de embarazo por violación, las instituciones públicas prestadoras de servicios de atención médica deben brindar el servicio de aborto médico a solicitud de la víctima interesada. Además, el Código Penal para el Estado de Jalisco indica su artículo 229 que el aborto no es merecedor de un castigo cuando el embarazo es resultado de una violación.

El Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) ha trabajado desde el año 2016 por visibilizar que miles de niñas en la región, enfrentan un embarazo forzado como consecuencia de eventos de violencia sexual, pero además, por legislaciones restrictivas y sancionadoras que impiden las interrupciones y las obligan a continuar con una maternidad forzada, impactando directamente su estado de salud y su proyecto de vida.

Es decir, visibilizar que el embarazo infantil forzado, así como las maternidades infantiles forzadas son constitutivas de tortura, radica en reconocer que “detrás de todos estos embarazos, se exhibe o devela la ineficacia de las políticas estatales de prevención en todos los países de la región y de México”, advierte Citlalli Santoyo Ramos, defensora de derechos humanos en CLADEM.

Al tiempo que deja en evidencia que “el control del cuerpo de las niñas se traslada al Estado”, sentencia.

En el fondo, la tortura que le hicieron pasar a Eva fue por una cuestión de poder en la que el personal médico, desde una posición de dominio frente a sus pacientes, olvida que el Estado es laico y anteponen sus creencias personales sobre la vida y los derechos sexuales y reproductivos de niñas y mujeres, más aún cuando han sido víctimas de un delito.

“No solamente hay una vejación, una violación por parte de particulares, esta vejación, estas violaciones son sostenidas por un sistema patriarcal pero que se traslada al Estado. Es decir, el Estado continúa ejerciendo sobre ellas la violencia patriarcal hasta que logra que sean madres. Por eso se ve como una forma de tortura” manifiesta la defensora.

De 2016 a agosto de 2020, el Programa de Prevención y Atención a la Violencia Familiar y de Género del Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Jalisco, practicó 46 interrupciones solicitadas por niñas, adolescentes y mujeres de los 13 a los 40 años de edad. Sin embargo, esta cifra contrasta con las 5 mil 520 carpetas y/o averiguaciones previas abiertas por el delito de violación y las 15 mil 443 por abuso sexual infantil, reportadas del año 2010 al 31 de agosto de 2020, de acuerdo con datos de la Unidad de Transparencia de la Fiscalía del Estado de Jalisco.

De ahí que en Jalisco 21 mil 251 adolescentes de 15 a 19 años y 483 niñas menores de 15 años se conviertan en madres cada año según la Secretaría de Salud. Al final, 16.71% del total de los nacimientos en el estado son de madres menores de edad.

"No se trata de adolescentes teniendo relaciones sexuales con adolescentes sino de niñas siendo obligadas, coercionadas o manipuladas por adultos, mediante el uso de la fuerza (física o moral), el chantaje, la manipulación y las amenazas en un marco de normalización de la violencia y de la baja efectividad en materia de procuración de justicia", advierte Ipas México en el estudio “Violencia sexual y embarazo infantil en México: un problema de salud pública y derechos humanos para el caso Jalisco”.

En ese sentido, el estudio destaca que en ese estado el 38% (302 casos) de las niñas entre 10 y 14 años que tuvieron un hijo nacido vivo, reportaron que el hombre (el padre) tenía entre 18 y 52 años, sólo el 24% reportó que la pareja tenía entre 15 y 17 años.

Citlalli Santoyo puntualiza que las cifras podrían ser mucho más elevadas: sin embargo, explica que es difícil conocer la magnitud de la violencia sexual en contra de niñas y mujeres, así como de los abortos practicados debido a la metodología del registro, pero también, a la invisibilización de los casos y la cifra negra de quien no consigue denunciar o acudir a los servicios de salud por temor a vivir maltrato, criminalización y/o tortura, como le pasó a Eva.

Ángela García, abogada del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), quien ha sido su acompañante legal en medio de este proceso, explica que la negativa para interrumpir el embarazo de Eva provino de la Secretaría de Salud Jalisco, pero también del Hospital General de Occidente, una de las siete unidades de salud capacitadas en el estado para llevar a cabo Interrupciones Legales del Embarazo (ILES).

Asimismo, señala que posterior a ambas negativas, procedieron a interponer un amparo donde se alegaba el derecho de Eva a interrumpir el embarazo por tratarse de una violación; sin embargo, la jueza a cargo decidió rechazar la petición advirtiendo que se trataba de un “embarazo avanzado”, pero además, señalando que “se trataba de una vida”:

“Entonces la jueza dijo que no, que porque era una vida la que estaba ahí, bueno ese tipo de argumentos católicos, conservadores, que nada tienen que ver cuando hay una violación de por medio”.

Posteriormente, tuvieron que irse a la revisión de la resolución del amparo y el Tribunal Colegiado decidió darles la razón, aunque la respuesta ya era muy tarde.

Por fortuna Eva no estaba sola, ya que en todo momento tuvo el apoyo de sus padres, quienes debido a su insistencia de interrumpir el embarazo y al apoyo del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) que pagó los gastos, Eva pudo ir al Distrito Federal, ahora Ciudad de México, a practicarse el aborto. Aun así fue un proceso muy traumático para ella.

En la Ciudad de México Eva fue a dos clínicas. En la primera le dijeron que no era posible practicarle el aborto por el desarrollo del embarazo, que para entonces ya tenía 23 semanas, -luego del tiempo que pasó para que Eva tuviera una respuesta de las autoridades de salud-. En la segunda por fin accedieron, pero le informaron que tenían que hacerlo de manera urgente y a través de un procedimiento quirúrgico parecido a una cesárea, lo que provocó que Eva tuviera que permanecer una semana hospitalizada.

“Jamás había ido a la Ciudad de México, ni nada, conocí a México de la peor manera, no me gusta México, no me gustaría volver a México, de esa manera no” dice ella.

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Después del abuso y el tortuoso camino para conseguir el aborto, a Eva se le transformó la vida. Reconoce que siempre fue una niña seria, pero después de lo que pasó sintió que se estancó. Desarrolló estrés postraumático y entró a la preparatoria con una herida del vientre y la mente aún fresca. Dejó de convivir con quienes eran sus amigos y amigas, y por un largo tiempo no volvió a tener novio.

“No es fácil vivir esta situación, siempre piensas en la muerte, en quererte quitar la vida, porque es un dolor muy fuerte por lo que pasas. Ya no es tu vida igual, todo cambia”, dice ella.

Cuando hay un embarazo infantil producto de una violación sexual y se ha prohibido su interrupción, denuncia CLADEM, como parte de su campaña “Embarazo Infantil es Tortura”, la niña que se convierte en madre es víctima, además, de tres violaciones a sus derechos humanos: 1) a la imposición de una relación sexual no deseada que violó su libertad sexual; 2) a verse obligada a llevar a término un embarazo que no buscó; y 3) a obligarla a ser madre contra su voluntad.

Si bien, Eva no llevó a término el embarazo, pues consiguió interrumpirlo gracias a la intervención y acompañamiento de organizaciones alternas al Estado, la cicatriz de la cesárea con la que le hicieron el aborto le quedó en el cuerpo como un recordatorio de las violencias a las que la sometieron una y otra vez.

Hasta hoy, esa marca es motivo de sentimientos de culpa y miedo por el estigma que puede provocar. En algún momento la hizo pensar que ningún hombre la querría de nuevo, todavía le preocupa lo que le dirá a sus hijos cuando le pregunten sobre ella.

En ese sentido, es importante explicar que un embarazo infantil forzado tiene evidentes consecuencias inmediatas en términos de la salud física, explica Santoyo Ramos. Padecimientos como fístula obstétrica o problemas en el crecimiento de las niñas y adolescentes producto del proceso de gestación del feto -debido a la absorción del calcio y otros nutrientes- produce afectaciones sustanciales en estos cuerpos que aún continúan en desarrollo.

Aunado a ello, las niñas y adolescentes experimentan afectaciones en su salud mental: depresión, ansiedad y cuadros de estrés postraumático, en particular para quienes fueron atacadas sexualmente. El estigma social es otro componente presente en los casos de violación y embarazo infantil forzado, advierte Citlalli Santoyo, que se suma a “la culpabilización y la autoestigmatización de las propias víctimas”.

Las víctimas, señala la defensora, creen tener la culpa de lo que les está pasando, al tiempo que son obligadas por sus agresores a callar, a guardar el secreto: “esto hace que se vayan configurando unas formas de empeoramiento de la salud mental de las niñas y adolescentes”, manifiesta. En tanto, refiere que, estos casos a menudo tienen vinculación con “dinámicas de abuso sexual incestuoso”, donde los victimarios son los familiares varones cercanos: tío, hermano, padrastro, padre, primos, etc. Escenarios como estos complejizan la situación y el desarrollo de la salud mental de las niñas, visible en estrés postraumático, depresión y ansiedad crónica como ha sucedido con Eva.

Otras de las consecuencias e impactos inmediatos y duraderos en la vida de las niñas y adolescentes víctimas de embarazos forzados, se manifiestan en sus entornos comunitarios, educativos, afectivos y relacionales.

Tras estos hechos victimizantes, Eva reconoce un antes y un después en su vida, “me estanqué”, afirma. Desde sus planes a largo plazo, que incluían comenzar a estudiar la preparatoria, hasta aquellos a mediano y corto, como asistir a la graduación de sus hermanas o a su propia graduación, se vieron suspendidos y modificados. Ella no tuvo otra opción, dice, más que viajar a México para que le practicaran una operación invasiva que le dejó una huella en su cuerpo que no la ha dejado olvidar.

Y es que, Eva reconoce que la mejor decisión fue interrumpir ese embarazo, haber abortado, antes que pasar por el proceso de gestación y concluir con una adopción, como pretendía la Secretaría de Salud Jalisco. Sin embargo, también identifica que pudo haber sido más sencillo y menos traumático para ella y para su familia:

“Una persona normal puede decirte, porqué lo abortaste, que fue lo que me dijo mi abuela, “para qué lo abortabas (sic), me lo hubieras dado a mí, yo lo hubiera cuidado”. Pero ellos no saben por lo que pasaste. (Siento que) es menos, porque no lo ves, dices no existió, en caso de que lo hayas tenido haya existido”, comenta Eva.

Recuerda que, cuando las autoridades de Jalisco le dijeron que no podía practicarse la interrupción en Guadalajara y surgió como única posibilidad la opción de viajar al Distrito Federal, sus hermanas menores estaban a punto de salir de la escuela. Con tristeza, relata que ni ella, ni su mamá pudieron acompañarles. Hoy, después de cinco años continúa sintiendo culpa por ello y, advierte que, ciertamente estas situaciones también tuvieron un impacto su entorno familiar:

“La que me acompañó fue mi mamá a México porque mi papá se quedó a cuidar a mis hermanas. Vi el trauma también en mis hermanas, porque mi hermana de 19 años no me habla como es, no nos llevamos como es, me echa la culpa que me llevé a mi mamá y que la dejó sola, todo revuelto. Afecta a toda la familia”.

La economía familiar también sufrió afectaciones, ya que el negocio de la familia, una taquería, permaneció abandonado por varias semanas. Luego, Eva, su padre, su madre y sus dos hermanas tuvieron que salir huyendo de la casa donde vivían, pues esta era la misma donde se encontraba su agresor. Sin dinero y con pocas opciones, tuvieron que vivir por un año en la propiedad que una tía les prestó, una casa a medio fincar con sólo un cuarto y una cocina.

Cuando a Eva se le cuestiona qué podría sanar el daño que le ocasionaron esta suma de violencias sociales y estructurales insertas en un contexto de violencia de género, basado en la noción de apropiación y control del cuerpo de las mujeres, jóvenes y niñas como “objetos” de posesión y sometimiento, Eva responde que es justamente en la medida y proporción de esta realidad debería ser la reparación.

Al respecto, Citlalli Santoyo, reconoce la urgencia de que existan procesos de acompañamiento,-en este caso de parte del Estado como autoridad responsable “como torturador” y obligada-, que atiendan las necesidades “post trauma, post evento, post violencia” desde un enfoque de integralidad y especialidad, sin embargo, no existen. Las consecuencias de que esto no se lleve a cabo con las sobrevivientes y sus familias, precisa, es que estos eventos de violencia pueden volver a repetirse:

“Es el sistema en el que estamos inmersas, un sistema machista, un sistema patriarcal que abusa y cosifica los cuerpos de las mujeres y las niñas y eso es lo que podemos tener en ese escenario. Hay que entender que es por falta de una atención integral que debería de corresponderle a los Estados quienes tienen la obligación de garantizar los derechos de las niñas y los niños que han sufrido abusos o violaciones”.

Con ello, destaca la importancia de que estos casos sean atendidos de manera individualizada y cualitativamente, desde un enfoque diferencial e interseccional. De esto dependerá cuáles serán las garantías de reparación, no repetición y de sustitución que se ofrezcan para cada caso: “no hay recetas, hay lineamientos de avanzada que deben cumplirse”. Al mismo tiempo, pone especial énfasis en que se tomen en cuenta los procesos e impactos colectivos y familiares que tienen estos eventos desde un enfoque psicosocial y para la reparación.

En ese sentido, Ángela García, la representante legal de la ahora joven, señala que luego de haber ganado el amparo ante el Tribunal Colegiado, este ordenó una indemnización económica para Eva y para su familia, así como una disculpa pública en los términos que determina la Ley General de Víctimas. Es importante señalar que todas estas medidas han sido canalizadas a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del orden federal y no de la local, cuya única función ha sido servir como puente entre dependencias, advierte la abogada.

Aunque ciertamente, Eva ha recibido del Estado cada una de las medidas reparatorias planteadas en el ordenamiento del Poder Judicial, incluidas la disculpa pública y las medidas compensatorias, han transcurrido ya seis años y su agresor sigue prófugo de la justicia. Además, reconoce que el proceso ha sido demorado y revictimizante, cada notificación, cada oficio que llega con su nombre, es revivir una vez más todo lo que experimentó en 2015. Más aún porque estos documentos continúan llegando a la casa donde vivía su agresor.

¿Qué podría reparar el daño a Eva?, ella sólo desea olvidar y tener por fin “una vida normal”, dice, disfrutar a su familia y ejercer su carrera como profesional de enfermería, incluso, está en sus planes cursar una licenciatura en esta especialidad además de la carrera técnica que logró concluir. Hasta ahora continúa recibiendo acompañamiento de la organización GIRE, quienes le han demostrado que no está sola y que siempre estarán ahí para cuando lo necesite.

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El Programa de Interrupción Legal del Embarazo (Programa ILE) en Jalisco fue una conquista de las agrupaciones de mujeres y organizaciones feministas en el estado, posterior a que lograran la emisión de la declaratoria de Alerta de Violencia Contra las Mujeres en ocho municipios de la entidad: Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco, Tlaquepaque, El Salto, Puerto Vallarta y Ameca en el año 2016. Ello, tras evidenciar el incremento exponencial de casos de feminicidio, de desaparición de mujeres y, particularmente, de víctimas de violación, abuso sexual y abuso sexual infantil.

No obstante, reconocen las organizaciones a favor de los derechos de las mujeres, que ha sido complejo operacionalizar y materializar este programa tan de avanzada que se logró en Jalisco para la Interrupción Legal del Embarazo y que subyace a la NOM-046-SSA2-2005. En opinión de Citlalli Santoyo, esto se debe a las “resistencias a nivel de creencias y de moralidad de las y los trabajadores de salud”, pero también, a la inexistencia de leyes que garanticen el derecho de las mujeres, jóvenes y niñas a un aborto libre, seguro y gratuito. Mientras tanto en Jalisco, un estado donde en los últimos 15 años no se ha legislado en la materia, “las motivaciones anteponen sus creencias personales ante los derechos de las poblaciones más vulnerables” como lo son las niñas, jóvenes y adolescentes víctimas de violencia sexual y maternidades forzadas.

El embarazo infantil forzado como tortura deja en evidencia el nivel de violencia, ausencia de autonomía, discriminación y “apropiación del cuerpo de las niñas”, no sólo por parte de sus agresores varones, sino, además, el control de los cuerpos de las niñas en manos del Estado que les obliga a asumir una maternidad que no es deseada, ni buscada.

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Perfil 2 | Ser discriminada y perder la autonomía del cuerpo en medio de un parto

Luz Elena es una mujer joven purépecha, originaria del estado de Michoacán. En febrero de 2020 tuvo a su primera hija, después de una jornada de más de 24 horas en las que los y las trabajadoras médicas del Hospital Civil Nuevo de Guadalajara la sometieron a actos de violencia obstétrica y tortura por discriminación.

Le negaron la atención, la hicieron permanecer en una sala de espera sin medicamento aunque sufría dolores fuertes, le hicieron comentarios despectivos en relación con su origen purépecha e intentaron obligarla a un procedimiento quirúrgico que ella no deseaba.

Luz Elena y su mamá, Esperanza, que siempre la acompañó, cuentan esta historia de tortura, conscientes de que no son ni las primeras ni las últimas mujeres indígenas que la han sufrido. Recuerdan el miedo de muerte y el sufrimiento que implicó aquel momento, y que ahora, las lleva a exigir un acompañamiento y trato digno para todas las personas sin importar su origen.

Luz Elena es una mujer purépecha de 20 años, originaria de la comunidad indígena de Cocucho en Charapan, Michoacán, pero que migró a Guadalajara a sus pocos días de vida. Su mamá, Esperanza, llegó a la ciudad a mediados de los años 90 en búsqueda de mejores oportunidades de trabajo y sólo regresaba a su pueblo para registrar el nacimiento de sus hijos.

En febrero de 2020, Luz tuvo a su primera hija y la llamó Erandini, un nombre purépecha que en español significa amanecer, así como la madrugada en la que nació la niña, después de una larga jornada de angustia y dolor para Luz, provocada por quienes supuestamente estaban encargados de garantizar su salud y vida. Ella recuerda que en aquellos momentos no estaba muy segura si llegarían a donde están ahora: la celebración de un año de vida de Erandini.

Lo que vivió Luz Elena fueron prácticas de tortura cometidas por el personal del Hospital Civil Nuevo de Guadalajara “Juan I. Menchaca” por razones basadas en discriminación, motivadas en su origen purépecha. Y como es usual en esta grave violación a los derechos humanos, Esperanza, madre de Luz, también fue víctima indirecta de la tortura, pues la acompañó en todo momento.

Por más de 24 horas, Luz estuvo en la sala de espera del hospital sin ser atendida de la manera en la que una mujer en trabajo de parto requiere. Así le fue vulnerada su dignidad y se le negó su carácter como persona sujeta de derechos, entre ellos los sexuales y reproductivos. Padeció dolores fuertes sin recibir algún medicamento y temió por su propia vida y por la de su hija.

Fue, además, una situación de violencia obstétrica que Guillermo Ortiz, médico obstetra de Ipas CAM (Centroamérica y México) explica como “aquel momento en el que el personal de salud se apropia del cuerpo de mujer y de sus procesos reproductivos, lo que provoca una pérdida de su autonomía y su derecho a decidir”.

Este tipo de violencia contra las mujeres abarca desde el uso de procedimientos no recomendados, la administración de medicamentos sin consentimiento, insultos, la negación de un servicio y otras prácticas que en los peores escenarios pueden provocar la muerte materna y del o la recién nacida.

A pesar de ello, la violencia obstétrica no implica una sanción en Jalisco porque no está reconocida en Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LAMVLV) del Estado. Michoacán, Guerrero y Tabasco están en la misma situación. Los otros 28 estados del país sí la incluyen en su LAMVLV.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destaca la situación de las mujeres indígenas mexicanas en su Informe Anual 2019, pues señala que prevalece la violencia en contra de ellas por parte de personal médico en las instituciones de salud pública al momento de acceder a servicios de salud sexual y reproductiva.

La primera vez que Luz Elena sufrió violencia obstétrica transcurría el segundo trimestre de su embarazo y una doctora del mismo Hospital Civil, sin siquiera practicarle una ecografía, le dijo a Luz que su hija ya estaba muerta, que no tenía caso que asistiera a las citas de revisión.

En las siguientes horas, Luz Elena descubrió que la doctora estaba equivocada. Lo que le había pasado era un ligero desprendimiento de placenta que le provocó sangrado, pero Erandini estaba viva y sana. No imaginó que el trato cruel, insensible y poco profesional que recibió de la doctora, lo replicarían otros miembros del personal médico hasta el último día de su embarazo, en las horas previas al nacimiento.

Luz Elena y su mamá, Esperanza, recuerdan que llegaron al Hospital Civil Nuevo un sábado en la noche porque Luz ya estaba en trabajo de parto. Sus contracciones y dolores eran fuertes. Se llevaron una sorpresa cuando les dijeron que no había espacio para atenderlas porque el hospital estaba lleno, que fueran a otro lado.

Ellas se negaron porque sabían que en cada uno de los Hospitales Civiles hay un Módulo de Atención Médica para las Comunidades Indígenas, por lo que debían ser recibidas ahí. Esperaban que los y las funcionarias de dicho módulo les ayudaran, pero tampoco recibieron el acompañamiento que esperaban de su parte.

Cuando Esperanza fue a buscar a la encargada del módulo no la encontró y después, cuando por fin estuvo en contacto con ella, perdió toda expectativa.

“Incluso también está la doctora Lina me dijo que no por ser comunidad indígena voy a tener una atención especial”, cuenta ella.

El miedo de lo que pudiera pasar era mayor por otras experiencias que Esperanza había vivido como mujer indígena, migrante y hablante de purépecha. A otra de sus hijas también le intentaron negar el servicio cuando iba dar a luz años atrás. Meses antes había visto a una mujer indígena parir en los pasillos de otro hospital. Y cómo olvidar los comentarios despectivos que muchas veces le hicieron a ella misma por la cantidad de hijos que decidió tener.

Dennisse Montiel, codirectora de CEPAD, explica que en los casos como éste, en los que las mujeres están expuestas a muchas situaciones de violencia, es más difícil para ellas reconocer actos de tortura debido a su naturalización.

Con las opciones cada vez más limitadas, Esperanza les propuso a los encargados del registro del hospital que atendieran a Luz, aunque después ella tuviera permanecer con su hija en brazos, o incluso, aunque no tuviera una cama. Y es que no buscaban un trato especial, solo querían que se les garantizara el derecho de ser atendidas. Fue hasta entonces que pusieron a la joven embarazada en la lista de espera para ser ingresada.

Luz y Esperanza pasaron más de 24 horas en la sala de espera. En todo ese tiempo se dieron cuenta de que había otras mujeres que también estaban por parir a las que sí estaban ingresando. En cambio, a Luz Elena solo la llamaban para hacerle tactos vaginales aproximadamente cada dos horas.

Fueron casi 15 veces las que entró el hospital. Ahí le decían que todavía no tenía suficientes grados de dilatación y la volvían a mandar a la sala de espera, aunque los dolores que sentía por las contracciones estaban al límite y la hacían llorar.

Luz recuerda que en medio de uno de los tactos vaginales llegaron los dolores y, aunque el personal del hospital la vio, no le administraron ningún medicamento para calmar lo que sentía. Al contrario, desestimaron su sufrimiento diciéndole que sus dolores “eran bajitos” y la regañaban por su insistencia.

“Una doctora me dijo que para qué iba tantas veces si todavía no llegaba a los siete de dilatación, que a qué estaba metiéndome. Y pues yo dije, bueno si ellos me están dando la hora a la que tengo que entrar y otra vez me dicen que no entre ¿pues ahí cómo?”, recuerda Luz Elena.

La impotencia y desesperación era cada vez mayor. Esperanza sentía que tenía las manos atadas y que sus exigencias no valían nada para los y las funcionarias del hospital, así que recurrió a una abogada a la que conocía. Con su ayuda se dieron cuenta de que el nombre de Luz Elena ni siquiera estaba en la lista de espera de ingreso. El argumento del personal era que sí la habían registrado, pero luego la borraron porque “pensaron que ya se había ido”, a pesar de las entradas y salidas constantes a Luz para practicarle los tactos.

Después de que la abogada habló con muchos y muchas funcionarias, con la indignación a tope, registraron de nuevo a Luz Elena y la ingresaron para atender su parto. Y eso no fue todo, sino que antes del nacimiento de su hija, la presionaron para que tuviera una cesárea. Le dijeron que si no le practicaban ese procedimiento quirúrgico Erandini iba a nacer muerta porque “ya se había pasado” de tiempo.

Sin embargo, Luz quería tener un parto natural. Era importante para ella porque forma parte de los usos y costumbres de su comunidad purépecha, que -según la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas-, las y los funcionarios públicos deben respetar y garantizar en todo momento.

El artículo 11 de esta Declaración dice que: “los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales. Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas…”.

Además, para atender el caso, el personal médico debía considerar el “Modelo de Atención a las Mujeres durante el Embarazo, Parto y Puerperio con Enfoque Humanizado Intercultural y Seguro” de la Secretaría de Salud.

Dicho modelo opera desde 2008 y se basa en la aceptación del modelo tradicional de atención del parto, que parte del reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a utilizar su medicina tradicional. Sólo en 2019 el Programa IMSS-Bienestar registró 1,346 partos con enfoque intercultural. Pero el de Luz Elena no fue uno de ellos.

“Sí me sentí mal porque yo dije, ¿cómo? Si me la hubieran atendido antes iba a ser parto normal, no cesárea. Y sí, se los dije”, dice Luz Elena.

Ella se negó a la cesárea hasta el último momento y después de ser atendida por al menos cinco doctores diferentes, el último le dijo que tendría un parto natural. Para ello, le aplicó la maniobra de Kristeller, una práctica que consiste en empujar la panza de la mujer embarazada para facilitar la expulsión del bebé, pero que la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica como “no recomendada” y también se considera violencia obstétrica.

A pesar de todos los atropellos a los derechos sexuales y reproductivos de Luz Elena, su hija Erandini nació con buena salud. Lo que persiste son los sentimientos de indignación, coraje y exclusión por parte de las y los funcionarios.

Esperanza cree que de no ser por la intervención de la abogada a la que le pidió ayuda, nunca las hubieran atendido. Y le duele solo imaginarlo, pero reconoce que sin la ayuda que recibieron probablemente Erandini, Luz Elena o ambas hubieran perdido la vida.

Las dos mujeres purépechas que cuentan esta historia reconocen que lo que vivieron fue una situación de discriminación por su origen indígena, porque su lengua materna no es el español y hasta por su posición socioeconómica.

“Porque una también por falta de dinero o a lo mejor porque uno no se sabe expresar bien o no puede hablar bien el español, yo me imagino que fue por eso. Y pues sí, esa vez sí me sentí mal, como quien dice atada de las manos. No podía hacer que atendieran a mi hija, eso era lo que yo decía”, expresa Esperanza.

La sensación de que el sistema de salud pública les da la espalda está siempre presente, pero no es exclusiva de este caso. Guillermo Ortiz de Ipas CAM, explica que una de las consecuencias de la violencia obstétrica es que las mujeres se alejen de los sistemas de salud por miedo de que sus derechos sean vulnerados, lo que genera aumentos en la tasa de morbilidad y mortalidad materna, que en México es de 59.9 mujeres muertas por cada 100 mil nacimientos según la Dirección General Epidemiológica de la Secretaría de Salud.

Esto se vuelve más preocupante al revisar que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2017, 24.5% de las mujeres indígenas mayores de 12 años en México habían experimentado al menos una situación de discriminación en los últimos cinco años antes de la encuesta. El espacio en el que más las discriminaron fueron los espacios como consultorios, clínicas y hospitales. 40.1% de las mujeres habían sufrido discriminación en el ámbito de los servicios médicos.

Cuando salieron del Hospital Civil Nuevo de Guadalajara, Esperanza y Luz Elena decidieron no poner una denuncia ante las autoridades, pues las veces que se han acercado a los sistemas de procuración de justicia también han recibido tratos indignos, tienen dificultades para comunicarse porque los y las funcionarias no hablan purépecha y les es imposible llenar algunos formularios porque, al menos Esperanza, no sabe escribir.

Las condiciones desiguales a la que se enfrentan no eliminan sus exigencias. Al preguntarles qué es lo que quisieran que cambiara, ellas tienen muy claro que necesitan que en todas las dependencias públicas se ofrezca un acompañamiento integral, que incluya intérpretes y un trato digno e igualitario para las personas indígenas de todos los pueblos. Están cansadas del racismo y discriminación que viven en todos los lugares.

“Todos los de mi pueblo han venido y hay gente que no sabe hablar. De otras partes también han venido y no saben hablar, por eso es que yo peleo mucho de que acompañamiento, debe haber acompañamiento, no debe ir una sola persona. Porque pues si a mí me trataron así y a mi hija también. Cómo han de tratar a las que no saben hablar” dice Esperanza.

La CIDH también lo señala en su Informe Anual 2019 sobre el seguimiento a sus recomendaciones de la situación de derechos humanos en México: no existen las garantías suficientes para que las mujeres indígenas cuenten con intérpretes y defensores que comprendan su lengua y cultura en todos los juicios y procedimientos, lo que implica un gran obstáculo para su acceso a la justicia.

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Perfil 3 | Madres buscadoras: la tortura más allá de la localización de un ser querido

Erika es la mamá de José de Jesús Mejía Ramos, “Pepe”, joven desaparecido el 11 de diciembre de 2019 en Tonalá, Jalisco y localizado sin vida en enero de 2020 en una fosa clandestina en la población de Matatlán del mismo municipio.

Sin embargo, Erika y su familia tuvieron información sobre su hallazgo hasta el 12 agosto de 2020, nueve meses después de la desaparición del joven y ocho desde que la autoridad mantuvo los fragmentos de su cuerpo en resguardo sin habérselo informado.

Después de la localización, desde agosto de 2020 hasta el 27 de febrero de 2021, Erika se vio obligada a asistir en múltiples ocasiones a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) -al menos una vez a la semana durante siete meses- para reclamar los restos de Pepe, ello frente a la negativa de la autoridad forense quienes le advertían que “el cuerpo de su hijo aún no estaba completo” y que, por lo tanto, no podría llevárselo.

Durante este tiempo, Erika fue víctima de la exposición constante a imágenes de cuerpos mutilados para su identificación, entre ellos el de su ser querido; a la dolorosa identificación “segmento por segmento corpóreo” de los restos de su hijo; a atenciones insensibles de parte de las autoridades forenses y ministeriales, así como a la dilación de los procesos de identificación genética y, por ende, a la negación reiterada de la entrega de los restos de Pepe.

Todas estas situaciones a las que fue sometida reactivaron y maximizaron los padecimientos de la pérdida ambigua que ocasionó la desaparición de su ser querido, así como del duelo inconcluso tras enterarse de su asesinato y la imposibilidad de llevar a cabo un entierro. El continuum de dolor y sufrimiento inacabado que experimenta lo describe como la prolongación de malestares físicos como psicológicos: rabia, impotencia, tristeza, depresión y ansiedad, constituyentes de tortura. Al tiempo que, se manifiesta en la ruptura del proyecto de vida de su unidad familiar, y con ello, las pérdidas económicas que ocasionó la evocación de los recursos para la búsqueda y localización de su ser querido.

El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas, reconoce a las mujeres familiares de personas desaparecidas como víctimas de violaciones a derechos humanos, advirtiendo que, una víctima de desaparición forzada no se limita a quien ha desaparecido:

“todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima de la protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo mismo que a su familia”, (Artículo 1.2 de la Declaración de Naciones Unidas sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas).

Y es que, en medio de los procesos de búsqueda, las mujeres familiares de personas desaparecidas sufren de una manera diferenciada y desproporcionada, pues de acuerdo con el análisis del Grupo de Trabajo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en su análisis del Caso Radilla Pacheco Vs. México, dicho sufrimiento y angustia adicionales a la desaparición se suscriben sobre la ausencia de “recursos efectivos” empleados por el Estado, -en su carácter de garante del derecho a la integridad personal y psíquica de las familiares-, para realizar investigaciones efectivas que determinen el paradero de la persona desaparecida (Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209. 167).

Asimismo, se manifiestan como “consecuencia de las circunstancias generadas por las violaciones perpetradas contra las víctimas directas y a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a los hechos, por ejemplo, respecto a la búsqueda de las víctimas o sus restos, así como respecto al trato dado a estos últimos”, (Caso de los 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109. 210).

Hablar sobre los impactos diferenciados y desproporcionados que generan las desapariciones en la vida de las familiares desde una dimensión de género, implica reconocer que son las mujeres quienes, históricamente, han liderado las labores de búsqueda y localización de las y los desaparecidos.

Por un lado, respondiendo a los roles y estereotipos socioculturales atribuidos a las mujeres como encargada de las tareas de cuidados “madres, esposas y amas de casa”; pero también, resignificando el rol de la maternidad a través de las movilizaciones públicas y políticas de las mujeres.

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“Ese día que me avisaron, me dijeron ‘dio positivo’, yo respondí ¿cómo?, usted me está diciendo que la confronta dio positivo, que es mi hijo, que la cabeza que yo vi es mi hijo: ‘sí’, respondió el perito”.

Dentro de las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), Erika estaba recibiendo la noticia de que su amado hijo había sido localizado sin vida en una fosa clandestina y que su cuerpo se encontraba segmentado. Apenas un día antes, había acudido a la Glorieta de las y los desaparecidos de Jalisco a manifestarse, paradójicamente para conmemorar el cumpleaños 23 de su Pepe y para urgir una vez más a las autoridades del estado de Jalisco acciones de búsqueda a 8 meses de su desaparición.

“Es un proceso tan doloroso que uno cree que cuando ya lo encuentras todo se va a terminar, pero sigue, sigue, desde agosto sabemos que está en Semefo y en realidad está desde enero, cómo es posible, cómo es posible que pase todo esto”.

Erika relata que, en julio de 2020, luego de siete meses de visitas semanales al IJCF para revisar las bases de datos de personas fallecidas sin identificar, “le llamó la atención” el segmento de un cuerpo, que, aunque irreconocible, parecía tener algunas coincidencias con las características de su hijo. Para descartar cualquier posibilidad, decidió solicitar una confronta genética entre su ADN y el del resto corpóreo. Un mes después, el día siguiente al cumpleaños de Pepe, el día 12 de agosto, el resultado de la prueba científica se lo confirmaría.

“Dio positivo” fue la única explicación dada por el perito. Erika, no podía creerlo, no lo entendía, estaba en shock. Una sensación muy parecida a la asfixia comenzó a invadir su cuerpo. Aquel momento dentro del IJCF, lo describe como “devastador”. En un instante, tras escuchar esta frase, los recuerdos vinieron a su mente, fue como aquel día en el que Pepe desapareció, fue incluso, como si ahí mismo se lo hubieran arrebatado, como “si lo asesinaran una vez, otra vez y otra vez, y otra vez enfrente de mí”.

En Jalisco, una de las técnicas elegidas por los grupos criminales para hacerse cargo de la administración de los cadáveres que producen sus prácticas violentas, es la desfragmentación de los cuerpos de las personas y su abandono dentro de bolsas plásticas y en fosas clandestinas. La investigadora Carolina Robledo Silvestre, integrante del Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF), explica que tanto estos sitios como estas formas han sido una manera de explorar más profundamente “otras mecánicas de sufrimiento” y “otras mecánicas de administración de los cuerpos” por parte de los perpetradores.

Al respecto, Dennise Montiel, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), se cuestiona sobre cuántos de estos cuerpos, con visibles huellas de tortura están siendo investigados por la autoridad estatal como presuntas ejecuciones extrajudiciales, puesto que, hasta el momento, los hallazgos han sido atribuidos a los grupos criminales, obviando la participación de otros actores en la comisión de estos delitos. Y es que, afirma, esto parece posible en medio de un contexto local y nacional donde las prácticas de tortura y ejecución extrajudicial son generalizadas dentro de las instancias de seguridad y procuración de justicia.

Frente a este contexto violento e incierto, el cuerpo de Pepe fue encontrado en una fosa clandestina del poblado de Matatlán en el municipio de Tonalá, Jalisco el 7 de enero de 2020 (un mes después de su desaparición). En el sitio, junto con sus restos, fueron localizadas 16 cabezas, 12 torsos y decenas de fragmentos pertenecientes a piernas, brazos y muslos humanos.

La crisis forense por la que atraviesa Jalisco, esboza una realidad de al menos 2 mil 215 personas fallecidas sin identificar, de acuerdo con la base de datos pública del IJCF, a las que se acumulan los hallazgos de nuevos sitios de exterminio.

El desbordamiento del trabajo rezagado, la dilación de las labores de identificación genética segmento por segmento corpóreo y, como consecuencia, la entrega postergada de estos restos a las familias que les buscan, provoca, como lo experimentó Erika, una serie de episodios de sufrimiento continuo y dolor indefinido.

Estas experiencias traumáticas reactivan las emociones de pérdida ambigua que generó per se la desaparición del ser querido, como lo manifiesta Erika: “nuevamente nos lo vuelven a quitar, nuevamente te vuelves a enterar que Pepe no va a estar ya”. Y provocan una sensación maximizada de duelo inconcluso, angustia, depresión, impotencia y ansiedad, manifiesta en la pregunta siempre presente**: “¿cuándo me van a entregar a mi hijo?”.**

Así lo confirma Rocío Martínez, especialista en acompañamiento psicosocial a sobrevivientes de tortura. Según explica, no sólo las dificultades y afectaciones que experimentan las familias de personas desaparecidas, producto de las actuaciones y omisiones de las autoridades en los procesos de búsqueda, investigación y localización de personas desaparecidas, pueden ser consideradas tortura. En estos casos, las dilaciones y los rezagos en el trabajo de identificación forense podrían constituir este delito y grave violación a los derechos humanos.

En su análisis como experta, estas situaciones “reactivan muchos de los padecimientos y de los síntomas que antes (posterior a la desaparición) tenían (las familias)”. Aunado a ello, reconoce que no sólo se trata de la reactivación, sino de la “agudización de los síntomas que se tenían posterior y durante la desaparición del ser querido y previo a la localización sin vida”, a la vez que se generan procesos de pérdida ambigua que condicionan los tiempos de duelo ante la certeza de una muerte, pero frente a la negación de un cuerpo que lo confirme:

“Cuando hablamos de una pérdida ambigua, es porque no se puede formar un duelo porque no se tiene la certeza hasta que se encuentren los restos de la persona. Si ya existe la certeza de saber que ya están los restos, es lo que te permite en algún momento, aunque lleve un poco de tiempo, procesar el duelo. Entonces, justo lo que están haciendo estas personas, los servidores públicos, es la reactivación constante de los sufrimientos que han tenido ellas. Y nuevamente colocarlas en esa situación de rabia, impotencia, desesperanza, desesperación, no les permite procesar una pérdida que se puede constatar a través de un cuerpo o de los restos”.

“No entregan los cuerpos, van acumulando tanto trabajo ahí y habemos (sic) tantas madres buscando a nuestros hijos, para qué, para que vayas y te digan ‘está en proceso’, ‘estamos trabajando’. Es desgastante, es horrible” expresa Erika.

En contraste, el dolor ocasionado a las madres y familiares cada vez que las autoridades forenses les informan sobre la identificación de un segmento de su ser querido, agudiza los sufrimientos intrínsecos a estas noticias: “¿cada vez que nos entreguen una pieza (segmento del cuerpo de Pepe) vamos a estar sufriendo este dolor, cada vez?, se llegó a cuestionar Erika.

En septiembre de 2020, personal de área de genética le informó a Erika que la fosa donde fue encontrado su hijo en enero de 2020, estaba terminando de ser procesada, lo que significaría que en el mes de octubre concluirían de identificar los segmentos que correspondían al cuerpo de Pepe, y con ello, la entrega a su familia. Sin embargo, eso no pasó:

“Pasó octubre, pasó noviembre de 2020 y yo iba e iba y nada. Resulta que una persona de genética me dice que ya no están trabajando en esa fosa, digo, entonces ¿cuándo me van a entregar a mi hijo? Desgraciadamente, día tras día, aparecen más fosas, fosas nuevas, que provocan que dejen de trabajar en las viejas. Yo no dejo de ir a SEMEFO, yo no dejo de estar ahí. Yo levanté una confronta en noviembre, porque pensé, ‘si ya no están trabajando ahí tienen que trabajar si uno pide una confronta’. Volví ir a SEMEFO, volví a pasar a búsqueda, volví a ver todas las piezas para poder levantar otra confronta porque ellos ya no estaban trabajando en esa fosa, según la información que me dieron. Levantó otra confronta, pero ya pasó noviembre, diciembre, enero, febrero y todavía no me tienen ninguna respuesta”.

El 11 de diciembre de 2020, Pepe cumplió un año desaparecido, y aunque las autoridades ministeriales y forenses de Jalisco conocían toda la información sobre su paradero, no fueron omisos en entregar a su madre Erika sus restos.

“Encontrarlo fue un paso… Que nos lo entregue el forense (de) Jalisco es una odisea y al parecer vamos para largo” denunció el perfil de Twitter “Buscando a Pepe”, administrado por sus familiares el 16 de enero de 2021.

Erika perdió su negocio, una tienda de conveniencia que destinó todas sus ganancias a la búsqueda de Pepe y que, tras su localización sin vida, decidió cerrar por el abandono y el descuido en el que había terminado.

Si bien, fueron sustantivas las afectaciones económicas que sufrió la familia de Pepe durante el tiempo en el que permaneció desaparecido, posterior a ser localizado sin vida y en el marco de la negación de la entrega del cuerpo del joven, Erika reconoce que el Estado le adeuda: 1) el sufrimiento que les provocó la desaparición forzada por la que pasó Pepe, mientras sus restos estuvieron dentro de las instalaciones del IJCF y 2) la entrega tardía e incompleta del cuerpo de su hijo, producto de las dilaciones y omisiones en los procesos de identificación.

El pasado 26 de febrero, luego de permanecer cerca de 18 horas a las afueras del IJCF, Erika y su madre, la abuela de Pepe, no volvieron a aceptar una negativa como respuesta. A las 12:00 horas de la madrugada los restos de Pepe fueron entregados a su familia.

Y es que, cansadas de vivir entre la angustia y la desesperanza, obligaron a las autoridades forenses y ministeriales a que aceptaran entregarles el cuerpo de su amado muchacho, aunque éste aún no estuviera completo.

“Yo no quería así, porque se me hace injusto que, a pesar de todo, nos lo llevemos incompleto, pero también vemos que pasa el tiempo, que no hacen nada, que no nos dan una respuesta, es un sufrimiento también que no pueda estar ahí, en donde nosotros queremos que esté. Fue una decisión que tomamos, no importa, volvemos a juntar dinero, pero ya que descanse en paz”.

Aunque no existe ningún impedimento legal para no realizar la entrega del cuerpo o los restos de una persona fallecida que ha sido plenamente identificada, la postura de las autoridades frente a esta posibilidad es que “si se llevan el cuerpo incompleto no regresarán por los segmentos faltantes”, a la vez que, “será mucho más costoso para las familias” llevar a cabo varias exhumaciones e inhumaciones.

Ericka y su familia no han recibido ninguna compensación económica o reparación del daño por el sufrimiento tortuoso y los malos tratos que experimentaron de parte de las autoridades ministeriales y forenses durante estos eventos. El acompañamiento psicosocial que reciben es a través de las gestiones del colectivo de familiares de personas desaparecidas al que pertenecen, Colectivo Entre Cielo y Tierra.

Hay una persona señalada y detenida en la carpeta de investigación por la desaparición y homicidio de Pepe, no obstante, aún no ha sido procesada, ni sentenciada. Situación que posterga la espera de justicia para Pepe y su familia, a la par del acceso a las garantías de no repetición:

“Es lo que yo busco, busco justicia para mi hijo, yo sé que ya no me lo van a entregar, yo sé que ya no está, pero esas personas no merecen estar afuera porque a cuántas personas más le han hecho lo mismo que a mi hijo. No merecen estar afuera, no merecen tener libertad porque pueden volver a hacerle lo mismo a alguien más”.

Ante la imposibilidad de la cremación de los restos de Pepe, -puesto que, aún no existe una sentencia condenatoria sobre las personas responsables-, hoy se encuentran resguardados en un “lugar santo” y digno que amorosamente su madre y su abuela escogieron para él.

Cecilia es la madre de Wuiliams Omar Salinas Flores, joven desaparecido el 21 de octubre de 2019 en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. En enero de 2020, su cuerpo fue localizado en una fosa clandestina ubicada en la zona de El Mirador II, predio del que se exhumaron los cuerpos de 104 personas más, colocados en bolsas plásticas y fragmentados.

Cecilia ha narrado que logró identificar a Wuiliams por los tatuajes que tenía en el dorso, brazo y mano; mientras que, su cabeza, pudo identificarla tras una confronta genética. Las autoridades le llamaron para notificarle de la localización de su hijo el 14 de febrero de 2020, esta fue la única comunicación que recibió desde que interpuso la denuncia por la desaparición de su hijo. Según le comunicaron tenía que acudir a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para verificar “si alguno de los restos encontrados en la fosa de El Mirador, podrían pertenecer a su ser querido”.

Ha pasado un año desde aquella fecha y Cecilia sigue sin tener consigo a su “Peter” como le nombra con cariño. Durante todo este tiempo ha tenido que “peregrinar” por las oficinas del IJCF donde, además de tener que identificar innumerables veces a través de una pantalla cada una de las partes del cuerpo de su amado hijo: cabeza, torso, brazo y mano, permanece a la expectativa de que las autoridades forenses puedan terminar de identificar genéticamente todos los fragmentos que conforman el cuerpo de su hijo para por fin terminar con este “círculo de sufrimiento, angustia, dolor, depresión e impotencia”.

Por Dalia Souza

ZonaDocs · CECILIA MADRES BUSCADORAS LA TORTURA MAS ALLA DE LA LOCALIZACION

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“Ha sido poco visibilizado el sufrimiento de las mamás y familiares de personas desaparecidas en lo que conlleva realizar esta búsqueda. Sin embargo, ya ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como tortura”, sentencia Dennise Montiel, abogada y codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD).

“Ir todos los días a la Fiscalía del Estado, al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y tener que estar reconociendo cuerpos, tener que estar viendo las imágenes, estar al pendiente de los hallazgos de fosas, de esa expectativa de saber si será o no será uno de tus familiares, si dio positivo o no la confronta, además de todas las obstaculizaciones”, implicaría reconocer que “hay miles de víctimas de tortura, hoy en la actualidad, por la desaparición de personas”, explica la defensora**.**

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“Yo como mamá de Wuilli, hasta que me entreguen el último pedacito que me faltan, hasta ese día yo voy a recogerlo” afirma Cecilia, quien ha esperado por más de 13 meses a que el IJCF identifique y le entregue los restos de su hijo desaparecido el 21 de octubre de 2019 y localizado sin vida en una fosa clandestina en diciembre del mismo año.

Era 13 de febrero de 2020, relata Cecilia, habían pasado ya cuatro meses desde que vio por última vez a “Peter”, como le gusta decirle con cariño. En un evento extraordinario, -desde que interpuso su denuncia ante la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas-, estaba recibiendo una llamada de la autoridad ministerial; esperaba que fuera para informarle sobre cualquier tipo de avance en su carpeta de investigación, pero el motivo era otro, llamaron para pedirle que se presentara a las instalaciones del IJCF. No le dijeron más.

“Es la única vez que nos han hablado de Fiscalía. Ya no nos han vuelto a hablar ni a decir qué número de carpeta ni nada. Yo lo único que sé hasta ahorita, es que mi hijo lo encontraron en una fosa, pero no sé más nada”.

Cecilia y su hija acudieron a la cita. Sorpresivamente Cecilia tuvo que aguardar en la sala de espera entre incertidumbre y desesperación. Y es que nadie le había dicho que estaba ahí para identificar las fotografías de algunos segmentos del cuerpo de su hijo.

Por fin, le permitieron ingresar a una de las oficinas donde ya se encontraba personal de psicología y algunos peritos. Las imágenes que le presentaron a través de la pantalla de un celular fueron del torso y la mano de Wuiliams.

Lo habían localizado, pero sin vida. Fue en ese momento, dice Cecilia, que comenzó todo su sufrimiento:

“Ya me mandaron a hablar a mí, me metí. Y pues sí, la atención fue que entró un doctor, psicólogos y todo; y yo ya vi las partes de mi hijo, su dorso y de su mano. No me puse mal, así como estoy ahorita. Creo que he sufrido después de ahí. Es cuando se me vinieron los sufrimientos que tengo ahorita”.

Cecilia describe como algo muy doloroso el asistir al IJCF y revisar una y otra vez el registro fotográfico de personas fallecidas sin identificar, para tratar de encontrar más segmentos corpóreos que le permitan recuperar el cuerpo íntegro de su hijo: “la verdad es muy doloroso, yo cada que voy al semefo (IJCF) con todo lo que veo sé que es bien feo y revisar la cámara y la pantalla y volver a ver ahí, por ejemplo, la cabeza de mi hijo, es muy doloroso”, relata.

Se trata de un sufrimiento insuperable, así lo describe la señora Cecilia, que se conjuga con el dolor de haber encontrado sin vida a su hijo, la exaltación de la violencia, la brutalidad y el ensañamiento que los victimarios tuvieron con el cuerpo de Wuiliams y, finalmente, con la ausencia de respuestas oficiales que le permitan saber qué fue lo que le pasó y cuándo por fin podrá llevarse a su muchacho a casa.

Cecilia explica que su caso tiene varios meses de retraso, por lo menos seis, pues ninguna autoridad forense o ministerial le ofreció orientación para realizar las confrontas correspondientes a algunos de los segmentos corpóreos que ella había identificado a través de fotografías y a otros más que aparecen en su expediente.

De haber sido así, asegura, ya estaría más cerca de tener a Peter:

“Yo digo que en las instituciones te deben de decir, sabe qué, ahora usted va a hacer esto. A mí no me dijeron “le voy a dar estos números de cinchos y de eso, para que usted vaya a tal puerta y les dice que le hagan una confronta”. Yo no lo hice y para estas alturas pudiera ser que yo ya tuviera respuesta de Peter”.

Para Cecilia, recuperar el cuerpo íntegro de su hijo y ofrecerle un velatorio, un funeral y un entierro digno, es darle la oportunidad de devolverlo a su hogar: “se fue de aquí y aquí tiene que regresar”. También, representa la culminación de su búsqueda. Negarle esta posibilidad dice, sería como si nunca lo hubiese encontrado:

“Yo la verdad sí quiero que mi hijo regrese a casa y que diga ¡ya regresé!, pero ya me tengo que ir. Se trata de cerrar el ciclo, porque realmente sí nada más hago lo que mi esposo dice (sólo trasladar sus restos del IJCF a un panteón), yo siento que a mi hijo nunca lo voy a poder encontrar. Yo necesito que mi hijo llegue aquí y de aquí salga”.

Frente a la negativa verbal del personal del instituto, que le ha asegurado que “es todo o nada”; es decir, o se lleva todos los segmentos del cuerpo de su hijo o no se lo lleva, Cecilia demanda a las autoridades que “agilicen los trámites de Wuilly para ya poderlo sepultar”, pues esto es lo único que le ayudará a sentirse “liberada”.

De cara a esta imposibilidad, Cecilia asegura entonces, que no está dispuesta a sólo llevarse “lo que hasta ahora tienen de Wuilly”, pues el Estado tiene la obligación de entregarle a su hijo “completo”:

“Yo no pudiera decir, sabes qué, yo ya no quiero nada más que me des esta parte de mi hijo y que lo demás se quede ahí. No, a mí mi hijo me lo van a entregar completo, porque yo sé que lo tienen ahí (en el IJCF)… yo no puedo dejar ni un dedo de mi hijo en el Semefo (IJCF)”.

No obstante, todo está en pausa hasta que las confrontas, que se retrasaron por lo menos seis meses, terminen de procesarse y puedan ofrecerle una respuesta científica sobre la identidad de los segmentos corpóreos que Cecilia identificó y que aparecen en su expediente como parte del cuerpo de su hijo. De esto también dependerá la compra de un espacio en un panteón, ya que, para ello, advierte Cecilia, necesita un acta de defunción.

Cecilia no cuenta con ningún tipo de apoyo económico, psicosocial, jurídico o médico de parte de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) o de cualquier otra dependencia de asistencia social. La búsqueda de Wuiliams ha sido solventada íntegramente por Cecilia, quien como jefa de familia, ha tenido que hacer frente a los gastos que ha generado la desaparición de su amado hijo dentro de la unidad familiar: desde los traslados a las dependencias, visitas semanales al IJCF para realizar acciones de identificación, asistencia a marchas y manifestaciones públicas, hasta la elaboración de lonas y playeras con la fotografía de su hijo.

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Erika y Cecilia desde su lugar de madres buscadoras, viven inmersas en una especie de despedida en pausa, acompañada de las promesas que les hicieron a sus hijos y que revelan el cierre inconcluso de la lucha que aún no termina, que permanece latente y abierta en la espera de la verdadera justicia y la restitución íntegra de los cuerpos de sus hijos.

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Perfil 4 | Represión y castigo por tomar la calle

Entre las historias de Romina e Isabel hay ocho años de diferencia, pero si se deja de lado la fecha, lo que les sucedió fue muy similar. Las dos son sobrevivientes de un gobierno que, en medio de una protesta social en Guadalajara, dejó escalar la violencia para luego justificar represión desmedida y cometer actos de tortura.

El parecido no es coincidencia, pues el análisis histórico que hacen desde el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (CEPAD) muestra que varios de los funcionarios involucrados en los diferentes hechos de represión son los mismos y tienen el mismo propósito: mandar un mensaje para que las personas dejen de manifestarse y desmovilizarlas.

Cuando esos métodos de control social e implantación de terror colectivo se encuentran con el contexto de violencia de género de México las consecuencias para las mujeres son gravísimas. Muestra de ello es lo sucedido en San Salvador de Atenco, Estado de México en 2006. Si bien, la tortura sexual en este caso fue mucho más grave, las motivaciones de quienes la cometieron también explican lo sucedido en Guadalajara.

La sentencia “Caso mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determina que la violencia sexual que utilizaron los agentes estatales fue una estrategia de control, dominio e imposición de poder, pues instrumentalizaron los cuerpos de las mujeres detenidas como herramientas para transmitir su mensaje de represión.

Además, los insultos que los servidores públicos hicieron a las mujeres sobre el “incumplimiento” de sus tareas en el hogar y su “necesidad” de domesticación evidenciaron estereotipos profundamente machistas, que implicaban que participar en una manifestación era motivo suficiente para castigarlas a través de distintas formas de tortura.

Romina e Isabel llegaron a Guadalajara en búsqueda de mejores oportunidades de vida, pero la tortura cometida por el Estado les pasó por el cuerpo, hasta que permanecer en la ciudad se volvió insostenible.

1 de diciembre de 2012

Romina es una mujer originaria de Nayarit que en 2012 vivía en Guadalajara, trabajaba como defensora de derechos humanos -labor que hasta ahora desempeña- en una organización de la sociedad civil y era integrante del movimiento #YoSoy132.

Como parte de sus actividades políticas asistía a las asambleas, marchas y otras acciones del #YoSoy132 en Jalisco*.* La marcha del 1 de diciembre de 2012 (1D) no sería la excepción. Ese día las y los compañeros del movimiento en Guadalajara protestaban por la imposición de Enrique Peña Nieto como presidente de México.

Ese día, el ánimo de las personas que marchaban era diferente. Estaban desalentados por la elección de Peña Nieto, e indignados por la represión que sufrieron sus compañeros de la Ciudad de México horas antes, durante la marcha por el mismo motivo.

Romina se unió a la marcha a la mitad del camino. Se dirigían a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) en las instalaciones de la Expo Guadalajara, pero antes habían parado en otros puntos de la ciudad, donde Romina vio a distintas personas aventar piedras a edificios privados, mientras la policía que los y las escoltaba, sólo observaba.

Fue hasta algunas cuadras antes llegar a la FIL, que los elementos de seguridad pusieron en marcha todas sus herramientas para hacerse notar ante las personas que protestaban. Alrededor de todo el contingente había patrullas con las luces y las sirenas encendidas al unísono. Fue una amenaza, los tenían encapsulados. Para Romina, ahí empezaron los actos de la tortura, al menos, los psicológicos.

Días después de lo que le sucedería, quienes se manifestaron supieron de otras estrategias que los y las policías habían planeado para reprimirlos. Por ejemplo, habían advertido a los vecinos de la zona de la Expo Guadalajara que no abrieran sus puertas a quienes marchaban por si llegaban a su casa a pedir ayuda.

Romina recuerda que cuando llegaron a las vallas colocadas una calle antes de la FIL todo se mezcló, se volvió en su cabeza como “una licuadora”. Había forcejeos, sangre, personas lanzando piedras, policías estatales y del municipio de Guadalajara pateando a personas en el suelo. No pudo considerarse un enfrentamiento, como dice Romina, porque sus compañeros y compañeras no estaban en igualdad de condiciones con la policía.

Los elementos de seguridad enviados a las labores de represión ese día, correspondían a diferentes corporaciones policiacas especiales: grupo táctico Lobos de la Policía de Guadalajara, grupo antimotines de la Policía de Guadalajara; y elementos de la policía municipal de Guadalajara, además de policías estatales.

A ella la intentaron detener y subir a una patrulla al menos cinco veces. En el proceso, la golpearon y la rasguñaron. Cuando logró mover una valla para salir de la emboscada, una policía mujer le dio un golpe en la cabeza con su escudo. Fue tan fuerte que la hizo tambalearse y entrar en una especie de confusión. Luego se enteraría que ese impacto le había provocado un hematoma y un esguince cervical.

Pero Romina recuerda que en ese momento lo que la movía era más fuerte que ella misma, eran acciones de sobrevivencia y en defensa propia. Así como en defensa de otras compañeras que intervinieron por ella todas las veces que intentaron subirla a las patrullas:

“Cuando estaban subiendo a las compañeras, sí sentí que hubo un ejercicio de la fuerza particularmente brutal con las mujeres. Las subían jalándoles el pelo, las subían pateándolas. Lo que recuerdo más es esa imagen con las compañeras” dice Romina.

Más tarde Alejandra Cartagena, defensora de derechos humanos y representante legal de las personas a las que detuvieron los y las policías aquel día, confirmaría la percepción de Romina: las mujeres resultaron más golpeadas.

Además de ese claro componente de género, Romina no recuerda -en medio de la confusión y el caos- tocamientos u otros abusos sexuales cometidos hacia ella; no obstante, los moretones en ciertas partes de su cuerpo, como el pubis, muslos y entrepierna, fueron los que le hicieron saber que, pudieron sucederle cosas de las que no se dio cuenta:

“Traía moretones en zonas del cuerpo que yo no me acordaba que me hubieran tocado o agarrado. También eso estando en ese momento entre tanta cosa yo no lo percibí. Pero traía muchos moretones en mi entrepierna, al interior de los muslos y cerca del pubis” recuerda ella.

Entre los videos que se recopilaron de la represión del 1D hay uno que lleva por nombre “Policía de Guadalajara manosea a una mujer”. En este, se observa cómo un elemento del Grupo Táctico Lobos de la Policía de Guadalajara empuja a una mujer contra una patrulla y mientras intenta subirla al vehículo mete la mano debajo de su blusa.

Los hechos se reconocieron en la Recomendación 32/13 que la CEDHJ emitió nueve meses después de lo ocurrido. Ahí quedó demostrado que el policía “incurrió en conductas que constituyen violación del derecho al trato digno” contra la manifestante, pero en ningún momento se reconoció de manera explícita que lo sucedido, además, constituía tortura, tortura sexual y violencia contra la mujer por razón de género.

Solo aseguró que “policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara vulneraron derechos humanos a la seguridad jurídica (violación del derecho de las víctimas), a la libertad personal (detención arbitraria), a la integridad y seguridad personal” de los y las manifestantes.

Lo que a Romina le parecieron horas, en realidad fueron minutos. Después de la detención de ocho mujeres y 17 hombres, la manifestación se disipó. Durante las siguientes semanas las actividades del movimiento se volcaron en un recuento de los daños y en la liberación de las personas a las que se habían llevado. Hubo rompimientos y señalamientos, justo como lo buscaban los represores.

Hubo días en los que Romina no tuvo fuerza ni para levantarse de la cama. Ella, que reconoce que el cuerpo de las mujeres es el primer territorio de disputa de un Estado patriarcal, veía su propio territorio lastimado y sentía pesadez, cansancio, dolor y tristeza por las compañeras y compañeros detenidos.

También hubo momentos en los que sentía una culpa inmensa por haber estado en la manifestación. Se increpaba a ella misma qué tenía que hacer ahí, por qué reaccionó como lo hizo, vestida como lo estuvo, con un vestido de colores pastel y huaraches. Por momentos, no pudo evitar pensar que “no era el lugar que le tocaba como mujer, ni reaccionó de la manera que debía, de acuerdo con lo que nos han enseñado”, aunque estaba consciente de que esa era una imposición machista.

En el ámbito familiar hubo otras afectaciones. Sus padres también cargaban en el cuerpo la memoria de represiones brutales contra sus seres queridos y el miedo resurgió en ellos cuando a Romina le pasó. Por eso les preocupó tanto cuando supieron que su hija estaba dispuesta a seguir en las luchas sociales de las que formaba parte desde entonces y hasta ahora. Pero aun así, la apoyan en sus decisiones.

A pesar del desgaste físico y emocional provocado por lo que pasó aquel 1 de diciembre de 2012, sumado al provocado por su trabajo de defensa del territorio, Romina aún forma parte de estas luchas y reconoce la importancia fundamental de los procesos de sanación personales y colectivos para trabajar las consecuencias de la violencia ejercida por el Estado.

5 de junio de 2020

Isabel tenía poco tiempo viviendo en Guadalajara cuando policías de Ixtlahuacán de los Membrillos ejecutaron extrajudicialmente a Giovanni López. Todo durante las medidas punitivas impuestas por el Gobierno de Jalisco para “prevenir la propagación y el contagio” de la COVID-19.

Para exigir justicia para Giovanni y el fin de la represión policial, Isabel, su hermana y el novio de su hermana asistieron a la manifestación del 4 de junio en el centro de Guadalajara. El 5 de junio tenían planeado continuar con las actividades de protesta. Estaban por llegar a la Fiscalía del Estado de Jalisco ubicada en la Calle 14 de la zona industrial, cuando un grupo de policías no uniformados ni identificados, y armados con palos, los interceptaron.

A partir de entonces y durante las próximas tres horas, Isa y sus acompañantes vivieron una situación límite en la que todo, incluyendo su seguridad y vida, eran inciertas.

Los policías arbitrariamente las esposaron y llevaron detenidas con golpes, forcejeos y jalones de cabello. Les quitaron sus celulares y desde ese momento hasta su liberación, intentaron hacerlas confesar que eran responsables de prender fuego a un policía en la marcha del día anterior.

Ante la resistencia que pusieron, llegaron aproximadamente 15 personas más en dos camionetas pickup sin ningún logotipo oficial. Entre ellas había al menos dos mujeres que cargaron a Isabel, la sacudieron tomándola del cabello y la aventaron a uno de los vehículos junto con su hermana y el novio de ella.

Cuando la camioneta se puso en marcha, las policías no pararon de intimidar e insultar a Isabel, le pegaron con un palo y le empujaron la cabeza hacia abajo para que no alzara la mirada.

La no identificación, así como el uso de vehículos y armas no oficiales por parte de los policías fueron los primeros detonantes de la tortura.

Además, a Isabel y sus acompañantes nunca les dijeron los derechos que tenían como personas detenidas. Al contrario, las dejaron incomunicadas, no les notificaron el motivo de su detención, cometieron agresiones y tortura en su contra y según la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), cometieron otros actos que pudieran acreditar una desaparición forzada.

Isabel no lo supo en el momento, pero las llevaron a la Fiscalía del Estado y ahí, las metieron a “Las jaulas”, en donde ya había al menos otras 15 personas.

“Las jaulas” son un patio alambrado y a cielo abierto donde son ingresadas las personas detenidas por agentes de la Fiscalía. Este espacio ya lo habían mencionado otras personas detenidas en sus quejas a la CEDHJ, y en 2017 la misma Comisión solicitó que fuera inhabilitado por ser indigno para mantener personas detenidas y por vulnerar sus derechos.

Después de 20 minutos de encierro, los y las policías forzaron a todas las mujeres a subir a otra camioneta que tampoco estaba identificada. Entonces el miedo de Isabel aumentó. Imaginó escenarios en donde la mataban o violaban, y las amenazas de las policías lo hicieron peor. “Las vamos a llevar al basurero y ahí las vamos a aventar. A la carretera a Zacatecas para que les cueste trabajo regresar”, decían ellas.

También le hicieron comentarios como: “Ay tan bonitas que están, ¿qué andan haciendo de revoltosas? Mejor consíganse un novio. Quédense en su casa cocinando”. Todos relacionados a los roles de género y estereotipos que la sociedad impone a las mujeres, entre los que no está incluido manifestarse.

Durante el camino las policías no dejaron a las mujeres levantar la cabeza para ubicar dónde estaban. En las palabras de Rocío Martínez, encargada del área de acompañamiento psicosocial de CEPAD, las privaron de los estímulos sensoriales que las contactaban con el exterior, una práctica común en la comisión de tortura.

Conforme pasaba el tiempo, la camioneta en la que viajaban se detenía y liberaban a un par de mujeres. Cuando le tocó a Isabel, la amenazaron para que no abriera los ojos hasta que se hubieran ido. A partir de entonces se separó de su hermana.

“Cuando nos bajaron, nos jalonearon, nos sacaron, casi casi nos empujan. Bueno, nos dijeron que cerráramos los ojos, que estuviéramos viendo hacia el frente y si nos volteábamos nos iban a golpear y nos iban a matar y a desaparecer y todo” recuerda Isabel.

Luego de varios minutos en silencio y sin moverse, Isabel y la otra mujer joven con quien la dejaron abrieron los ojos, se abrazaron y lloraron. Juntas buscaron un local comercial para pedir ayuda. Así supieron que estaban en el Cerro del Cuatro.

Isabel pidió un taxi y se fue a su casa. Ahí se encontró con su hermana y el novio de ella, que llegaron después, víctimas de la misma situación. Más tarde esa misma noche, agentes de la Fiscalía le llamaron desde su celular, y haciéndose pasar por otra persona, intentaron conseguir su dirección para “devolverle el teléfono”.

Al pasar los días, Isabel reconoció los moretones y rasguños que aparecían en su cuerpo. También se dio cuenta de que tenía un esguince cervical, que hasta la actualidad le causa dolor.

Las primeras semanas se recluyó. Le daba miedo salir a la calle porque se sentía acosada y paranoica. Y es que, como explica Rocío Martínez de CEPAD, la tortura irrumpe la vida de las sobrevivientes en todos los niveles, individual, social y relacional. De pronto los estímulos que antes eran habituales se vuelven insoportables.

Las repercusiones llegaron hasta las y los otros miembros de su familia. El ambiente entre ellos y ellas se volvió tenso e hizo que fuera más difícil para Isabel pedir ayuda, no quería demostrar que, por dentro, estaba destrozada.

Además de Isabel y sus acompañantes, los elementos de la Fiscalía detuvieron y desaparecieron al menos a otras 100 personas la tarde del 5 de junio. Muchos de ellos y ellas denunciaron los hechos de manera colectiva ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) del Estado de Jalisco.

Pero eso no los acercó a la justicia, sino que el proceso sólo ha hecho que se reactiven una y otra vez los sentimientos de rabia e impotencia en algunas personas, entre ellas Isabel. Todos los obstáculos que le han puesto la hacen creer que lo único que quieren es que desista.

A nueve meses de la represión y tortura que cometieron contra ella el sentimiento que la inunda es el enojo por la injusticia. Guadalajara era su nueva oportunidad para comenzar, después de otras situaciones de acoso y violencia de género que había vivido en la Ciudad de México. Ahora, lo único que la mantiene en Jalisco son sus estudios universitarios.

“Me vine para acá y me sentía súper bien aquí, así de que voy a entrar a la universidad, me llevo súper bien con mi papá, voy a conocer a un buen de personas, estoy haciendo ejercicio, estoy cuidando mi alimentación, ya me puedo vestir como yo quiero y pintarme el cabello porque mi mamá no me deja. […] Entonces pasó eso y ya no volví a hacer ejercicio, ya no volví a seguir la dieta… ya no estoy feliz”.

Sobre lo ocurrido el 4, 5 y 6 de junio la CEDHJ publicó un informe especial en el que nuevamente solicitó inhabilitar “las jaulas”. Además, señaló que 56.3% de las personas detenidas manifestaron agresiones físicas y/o golpes. El 37.5% denunciaron elementos equiparables a tortura psicológica. El 81.3% narraron que fueron amenazadas y 75% coincidieron que fueron despojadas de sus pertenencias, principalmente de teléfonos celulares.

Todas estas violaciones a derechos fueron cometidas por elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, a cargo del Fiscal, Gerardo Octavio Solís, quien ocupaba el mismo cargo el 28 de mayo de 2004, cuando policías de su corporación retuvieron ilegalmente y dejaron incomunicados a más de 70 personas que protestaron en III Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, para luego torturar con “asfixia momentánea” a 19 de ellas. Eso según el informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos relativo a los hechos.

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Han pasado casi 10 años y Romina reconoce que el episodio de represión que vivió dejó memorias en su cuerpo que no se irán, y que definitivamente, marcan un antes y un después en su vida. Isabel, que tiene más fresco el recuerdo de la tortura, está segura de que todavía le hace falta sanar, pero también se reconoce como una mujer diferente a la que era antes.

Sobre eso, Rocío Martínez, encargada del acompañamiento psicosocial de CEPAD explica que los actos de tortura muchas veces implican situaciones que no se pueden reparar, pero también, muchas otras que se puedan resignificar.

Isabel ha encontrado un hilo del que tirar en el feminismo, reconoce que ese es su camino. Romina lo comparte y ha encontrado en él que el cuidado, el propio y también el colectivo, es la mejor manera de mantenerse viva para seguir luchando y llegar a la justicia.

“Hay muchas formas afortunadamente de sanar, de resignificar, […] pero por eso las mujeres tenemos que seguir apostando por la sanación colectiva. Justo desde el territorio cuerpo, desde los dolores, desde el reconocimiento de lo que nos ha pasado” dice Romina.

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Perfil 5 | Sobrevivir a la tortura y continuar en la cárcel

Ericka tenía 24 años cuando fue detenida ilegalmente por elementos del área antisecuestros de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), hoy Fiscalía del Estado de Jalisco. Los agentes policiales la torturaron física, sexual y psicológicamente para que confesara un delito por el que ha permanecido incriminada 15 años.

Permaneció más de 24 horas incomunicada entre traslados a múltiples a sitios desconocidos que no correspondían a oficinas públicas, a bordo de vehículos no oficiales y privada de la libertad en estos mismos espacios. Durante todo este tiempo fue víctima de agresiones físicas, golpes, amedrentamiento, amenazas de muerte, violaciones, asfixia, múltiples violencias, firma de documentos en blanco, interrogatorios, exhibición y violación al derecho a la presunción de inocencia. Los hechos sucedieron el 6 de junio de 2006, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Pese a estas violaciones a los derechos humanos y delitos, fue incriminada y ha permanecido injustamente privada de la libertad. En este periodo de tiempo, además, ha sufrido violaciones al debido proceso y ha sido repuesto el procedimiento de su sentencia en 3 ocasiones, reiterando una y otra vez una pena de 49 años, 9 meses y 3 días.

La autoridad judicial a cargo del caso no ha considerado el elemento de la tortura como una razón para su liberación; es decir, Ericka no ha sido reconocida por el Estado y sus dependencias como una víctima de tortura, ello pese a que han sido confirmado a través de diversos Peritajes bajo el Protocolo de Estambul, la presencia de “rasgos de sintomatología característica de trastorno de ansiedad, denominado, clasificado y categorizado como trastorno por estrés postraumático” tendiente a corroborar la comisión de esta violación grave.

Al tiempo fue emita la Recomendación 33/2020 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) donde fue acreditada “la violación del derecho a la integridad y seguridad personal, en su modalidad de tortura” por 8 elementos adscritos a la Policía Investigadora del Estado, pertenecientes a la entonces PGJE.

Al no ser reconocidas y, por lo tanto, atendidas las violencias de las que es víctima, Ericka ha presentado una serie de secuelas físicas y psicológicas: insomnio, depresión y estrés constantes, dolor crónico y generalizado, vértigo, lesión en la nariz; lesión en la parte derecha del rostro (pómulo, mandíbula) que provocó una asimetría; lesión en tímpano y pérdida de audición del oído derecho.

Pero también, la ruptura de su proyecto de vida y el de su familia al permanecer privada de la libertad en un centro penitenciario de Jalisco injustamente por 14 años y 9 meses.

Por Dalia Souza

ZonaDocs · ERICKA Y TONATZIN SOBREVIVIR A LA TORTURA Y SER PRIVADA DE LA LIBERTAD

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La lucha de Ericka comenzó hace tres años, en 2017, cuando el dolor -ya insoportable- en la parte derecha de su rostro y oído izquierdo le recordaron lo que 11 años antes la autoridad judicial había decidido injustamente ignorar y olvidar.

Una otitis recurrente, dolores crónicos de garganta y mandíbula, insomnio, depresión, vértigos, dolores de cabeza, pérdida del equilibrio y dificultad para mantenerse en pie sin marearse, pasaban por los médicos del centro penitenciario como “síntomas normales” de la reclusión. El nombre del penal donde ella se encuentra es omitido por su seguridad.

Pero Ericka sabía que estos malestares incapacitantes no eran normales, no podían serlo.

De acuerdo con la Recomendación 33/2020 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), existen al menos una decena de notas médicas que describen la permanencia y recurrencia de malestares en sus oídos, cabeza y mandíbula desde el año 2007 hasta el 2019.

Luego de muchas consultas médicas, una doctora del penal pudo identificar que “algo” estaba sucediendo en su cerebro y oído. Sin embargo, le dijo que, para poder determinar un diagnóstico certeramente, Ericka tendría que solicitar un permiso especial ante la dirección del centro penitenciario para ser trasladada a un hospital general donde podría tener acceso a una consulta con personal médico especializado.

Aquella doctora cambió de lugar de trabajo y Ericka se quedó con los mismos dolores crónicos y con tratamientos que sólo servían para controlar algunos síntomas, pero sin resolver su origen.

Finalmente, después de haber pasado meses ignorando el dolor que Ericka estaba experimentando, de prolongar su sufrimiento a través de la negación de servicios de salud de calidad que le ayudaran a vivir dignamente, pudo conseguir que el centro penitenciario le otorgara una consulta externa con un especialista en otorrinolaringología.

- ¿Te caíste? Le preguntaba el especialista, y es que únicamente un golpe como el de una caída podría explicar lo que le estaba pasando y/o provocar un daño de esa magnitud;

- ¿Hace cuánto tiempo?, insistían.

Ella contestaba que no: “no me ha caído, solamente sé que me duele mucho”. La realidad es que nadie se explicaba qué era lo que le estaba pasando.

El diagnóstico fue que tenía una lesión en la nariz y en el pómulo derecho, pero que, para determinarlo con certeza, nuevamente, tendría que acudir con otro especialista.

Los vértigos se convirtieron en incapacidad para caminar sin marearse y visión con luces centellantes, pero esto no bastó para la dirección del centro penitenciario, quienes le negaron la atención externa y una vez más, su derecho a la salud.

Incluso, una de las médicas del centro penitenciario decidió “darle de alta” bajo el argumento de que “su problema era solamente estrés”, así lo denunció la familia de Ericka en una de sus quejas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) el 25 de julio de 2018.

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A lo largo de estos últimos años privada de la libertad, Ericka ha tenido a su lado un bálsamo reparador, su hermana menor, Tonatzin, quien le ha demostrado que no hay adversidad que juntas no puedan superar. Y así fue.

Tonantzin hizo las gestiones necesarias para que su hermana recibiera una consulta externa con un especialista en un hospital.

El segundo diagnóstico que recibió, luego de haberle practicado diferentes estudios en el área de maxilofacial, es que tenía una lesión en la parte derecha del rostro que le generaba una asimetría e inflamación. Ericka recuerda que aquella fue la primera vez que alguien pudo entender la magnitud de su dolor.

“Él me tocó el hombro derecho y las cervicales y decía: esto fue una caída, ¿te caíste de cuántos metros? Esto es una lesión muy vieja, muy antigua, esta asimetría ha sido el progreso. Él me preguntaba, ‘¿te golpean en el reclusorio?’ Yo le decía: ‘no, no nos pegan, no nos tratan mal’. Ahí fue cuando le dije que fue durante mi detención, pues esta había sido con demasiada violencia. Él me dijo que había sido por esa situación”.

Y es que, este sufrimiento que el especialista estaba nombrando, dejó en evidencia lo que las autoridades encargadas de la procuración de justicia en Jalisco negaron reconocer y que el cuerpo de Ericka nunca calló: las secuelas de la tortura que ocho agentes del área antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía del Estado de Jalisco, perpetraron durante su ilegal detención e incriminación en el año 2006.

“Obviamente era algo que tenía claro, pues es algo que no he podido olvidar, pero ahí comenzó mi lucha”, confiesa Ericka.

A lo largo de estos casi 15 años privada de libertad, Ericka narra cómo se ha visto vulnerada y exhibida por las y los jueces que obvian, al dictar sus sentencias, las violaciones procesales que atraviesan su expediente y lo fundamental: que es una víctima de tortura. Con rabia, con tristeza y sin fuerzas, cansada de esperar a que la justicia haga su trabajo, dice, se ha permitido llorar, pero jamás detenerse en la búsqueda de su libertad.

“Siempre hay cosas que puedes hacer y tener mejores opciones”, recuerda que se dijo a sí misma el día que decidió escribir y enviar una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exponer su caso y todas las violaciones de las que estaba siendo víctima. Esa misma carta la reenvío al Presidente de la República, en ese momento, Enrique Peña Nieto.

Asegura que, aunque recibió una respuesta ocho meses después, “comenzaron a ser más cuidadosos en el proceso”.

En la valoración que realiza su representante legal, la abogada Ángela García del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), “A todas las autoridades les ha importado muy poco que Ericka haya sido víctima de tortura, por eso tiene 15 años en la cárcel y sin una sentencia”.

En ese sentido, confirma que a lo largo del proceso han existido diversas irregularidades, a las que cataloga de delitos, como lo es la comisión de tortura y desaparición forzada; sin embargo, ambas violaciones graves a los derechos humanos han sido ignoradas por la autoridad judicial. Además, señala que el procedimiento de sentencia ha sido repuesto en al menos tres ocasiones y en ninguna los jueces han considerado el tema de tortura como un elemento fundamental para otorgarle la libertad.

Sólo en la segunda reposición del proceso, un juez ordenó la aplicación del Protocolo de Estambul. Al respecto, habrá que advertir que Ericka ha participado en tres peritajes psicológicos tendientes a identificar la presencia de estrés postraumático en razón de la comisión de los actos de tortura.

Uno de ellos, el 13 de julio de 2007, un año después de su detención, confirmó que Ericka “presentaba sintomatología característica de trastorno de ansiedad, clasificado y categorizado como trastorno de estrés postraumático”. Nuevamente, 12 años después -el 14 de agosto de 2019-, el dictamen médico-psicológico basado en el Protocolo de Estambul que le fue practicado, concluiría y confirmaría que se “encontraron indicios para establecer una correlación entre los datos recabados, y lo narrado durante la entrevista, referente a posibles casos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por los hechos investigados”, así lo documenta la Recomendación 33/2020 de la CEDHJ.

En el adverso camino hacia su libertad, Ericka y Tonantzin han presentado diversas quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y ante su homónima en el ámbito local, por lo que la Recomendación 33/2020 ha sido producto de su exigencia de justicia.

Sin embargo, advierten, ha significado “un choque de emociones”. Pues si bien, en esta se “acredita que existió tortura” y, por tanto, la violación de sus derechos a la integridad y seguridad personal, a la legalidad y seguridad jurídica y al trato digno, el pasado 17 de diciembre de 2020, la autoridad judicial volvió a confirmar su incapacidad para ofrecer un análisis conforme a derecho y en virtud del respeto a los derechos humanos. Negando subsanar el daño ocasionado a una víctima de graves violaciones y con ello, garantizar su vida, su integridad, el acceso a la justicia y a la libertad:

“El 17 de diciembre me vuelven a ratificar los 49 años 9 meses con 3 días que me dan de sentencia. Me resulta muy fuerte, ni siquiera tengo un calificativo para describirlo. Porque cada vez que me sentencian, lo que hace la juez es copiar y pegar la primera sentencia”.

A decir de Ericka, de su hermana Tonantzin y de Ángela, su abogada, los jueces durante los últimos 15 años sólo se han encargado de “copiar y pegar la resolución de la sentencia” una y otra vez. En esta última ocasión, sólo tuvieron a bien advertir la existencia de la Recomendación. Sin embargo, respecto a esta, precisan que no tiene un carácter vinculatorio, por lo que no pueden utilizarla como elemento de prueba:

“En esa última lo único que cambia es que dice que la comisión estatal de los derechos humanos no tiene esa injerencia y tampoco ese poder y que independientemente que exista la recomendación y esté en el juzgado, ellos no la pueden tomar en cuenta porque mis partes médicos estaban limpios”.

Ericka narra que cuando es presentada ante el ministerio público e ingresa a que un médico legista emita su parte médico, este pudo ver lo lastimada que estaba, incluso llegó a advertirle “estás golpeada, qué te hicieron”. Ella hablaba muy poco, pero los golpes eran tan evidentes que no podían ignorarse. El médico continúo haciendo su trabajo, hasta que ingresó un agente de la policía para advertirle que ese parte médico “tenía que ir en blanco” y rompió con sus manos el que describía las lesiones que Ericka manifestaba ese día después de la tortura que cometieron en su contra:

“En ese momento no sabía qué ocurría, entonces, yo recuerdo que cuando me van a traer al reclusorio y todo ese trámite. Uno de los antisecuestros me mete a un cubículo con un doctor que me pregunta mis datos, yo se los doy y me dice ‘estás golpeada, qué te hicieron’. Comienza a tomar mis datos, yo recuerdo que hablaba muy poco porque tenía mucho miedo, de hecho, cuando me llevaron a ese lugar tenía mucho miedo porque pensaba que me iban a volver a pegar o me iban a volver a hacer cosas. Después de unos pocos minutos, entró el comandante de esa corporación, yo sé que era el comandante porque lo leyó y se lo rompió en la cara, le dijo ‘lo quiero en blanco, en blanco, no sabes cómo son las cosas acá’ y le dijo groserías, lo insultó”.

Con rabia e impotencia Ericka se pregunta por qué los jueces no pueden realizar una valoración profunda y justa sobre el caso, por qué condicionan su libertad a un parte médico que el propio sistema de impunidad se encargó de eliminar, por qué no bastan las otras muchas evidencias que han confirmado que fue víctima de tortura:

“Pienso: cómo pueden decir que los partes médicos están en blanco, que ella no puede tomar mis tres protocolos de Estambul ganados y ella dice que no puede tomarlos en cuenta porque mis partes médicos están en blanco, están sin lesión. Por supuesto que están sin lesiones porque el sistema es así, el sistema está muy corrompido y podrido, entonces difícilmente me pueden traer ese parte médico roto, con todos los insultos que le hicieron al médico qué más iba a hacer”.

Pero no sólo se trata de la autoridad judicial omitiendo reconocer la comisión de actos de tortura durante los procesos de investigación, detención e incriminación de una víctima de este delito. Se trata de una autoridad judicial, emitiendo una sentencia sin perspectiva de género, sin reconocer que esta víctima es una mujer, sin hacer una valoración amplia sobre las responsabilidades que tiene el Estado mexicano para garantizar el derecho de acceso a la justicia, en materia de prevención y sanción de la tortura, pero, además, de violencia contra las mujeres en razón de género.

Entre las violaciones a derechos humanos y delitos a los que fue sometida, Ericka, también fue víctima de tortura sexual. Sin embargo, esta ha sido ignorada dentro del proceso legal y también, dentro de la Recomendación emitida por la CEDHJ. Si bien, el organismo de derechos humanos local reconoce que “la agraviada es una mujer que reclamó ser torturada”, omite, como también afirma en su resolución, considerar el género como un “elemento fundamental” en el análisis de la prohibición de la tortura y malos tratos cometidos en contra de las mujeres. Así lo expone, Ángela García, su representante legal:

“Me parece bastante grave que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no aplique la perspectiva de género. Ni siquiera mencionaron una recomendación tendiente a subsanar el hecho de la violencia sexual. Si acaso menciona una vez la palabra violación o ‘agresiones sexuales’, y cuando lo hace, lo hace de una manera muy general y no entran al estudio de fondo”.

En ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), ha considerado que la violencia sexual, como una forma de tortura, es una experiencia extremadamente traumática, con severas consecuencias en virtud del daño físico y psicológico que deja en la persona víctima. De la misma manera, señala que se trata de situaciones difícilmente superables a través del tiempo, aun cuando no existan evidencias de lesiones corporales y/o enfermedades virales. En el caso particular de las mujeres, hay severos daños y secuelas psicológicas, y también sociales.

Así ha quedado asentado en los casos Inés y Valentina vs. México de 2010 y en el caso J vs. Perú de 2013 ante la Corte IDH, en ambos queda acreditada la violencia sexual sufrida por las víctimas tomando especial consideración en el contexto de las detenciones y declaraciones, otorgándoles un valor probatorio determinante en la acreditación de los hechos.

En otro caso mexicano icónico, el de las Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco, la Corte IDH ha establecido que “la violación sexual constituye una forma paradigmática de violencia contra las mujeres cuyas consecuencias, incluso, trascienden a la persona de la víctima”, mientras que, cuando esta sucede cuando una mujer se encuentra detenida o bajo custodia de un agente del Estado “es un acto especialmente grave y reprobable, tomando en cuenta la vulnerabilidad de la víctima y el abuso de poder que despliega el agente”.

“Ser mujer” para Ericka, ha sido lo peor que le ha pasado a lo largo de este proceso. Sí, ser mujer en un sistema punitivo, de seguridad y de procuración de justicia patriarcal que se ha ensañado con ella por serlo.

Por “ser mujer” y no sólo eso, una profesionista y académica en Filosofía y Letras, se le ha dicho que es “enteramente peligrosa” y que por ello requiere estar en un reclusorio de alta seguridad. Incluso, se le ha señalado como “cabecilla”, como la mente detrás del delito por el que se le incrimina. Por otro lado, la sentencia de Ericka, es mayor a la que recibieron los hombres que aparecen en su caso, incluso, cuando ellos eran reincidentes:

“Eso me parece muy injusto, porque solamente es el perfil y después por ser mujer. Pienso ¿cómo pueden darme una nueva sentencia tan elevada, a la par de un hombre? A mí me parece un desequilibrio porque con los hombres con los que estoy involucrada ellos ya tenían una reincidencia del delito, siento que eso lo vulnera aún más porque es injusto”.

Y es que, en México, las mujeres que han sido privadas de la libertad están sometidas a cumplir una “doble condena”, una en virtud del delito por el que se les incrimina y la otra, por ser mujeres. De acuerdo con un estudio realizado por la organización Reinserta publicado en 2020, las mujeres suelen recibir en promedio sentencias de 23 años en el caso de delitos graves, mientras que, los hombres enfrentan penas de 17 años por los mismos ilícitos.

“Eso por mucho tiempo he sentido mucha rabia, muchos años estuve muy peleada con el género, porque es algo muy absurdo y desequilibrado. Me parece muy increíble que le puedan dar más rapidez a un proceso jurídico de un hombre que a una mujer. Entonces, pareciera que por ser mujer merezco más castigo, ellos sí pueden ser juzgados a lo mejor con más ligereza y nosotras con más dureza porque somos mujeres” exclama Ericka.

Pero también, “ser mujer” al lado de otras mujeres, le ha permitido sanar desde la sororidad y la hermandad.

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Si bien, Tonantzin era una niña de 11 años cuando Ericka fue privada de la libertad injustamente, hoy es la mujer adulta que le acompaña en el seguimiento del caso judicial; en las gestiones constantes con organizaciones, abogados, instituciones; en el camino por visibilizar y denunciar los delitos de los que ha sido víctima; quien está ahí para velar porque sus derechos a una vida y trato digno sean respetados; y quien ha tomado la calle para manifestar su exigencia de justicia.

Por supuesto, también es la que ha estado ahí para acompañarle en sus decisiones, la que le escucha, la que le visita, la que sueña junto con ella planes futuros.

Tonantzin recuerda como flashazos las imágenes de esa noche que cambió la vida de Ericka, la suya y la de toda su familia. Estaba oscuro y llovía, había relámpagos y lo único que escuchaba decir a los adultos de su casa era que Ericka estaba detenida. Fue lo único que les dijeron a ella y a su hermano, después sólo vieron cómo sus padres tuvieron que irse rumbo a Guadalajara a buscarla, pues vivían en Autlán de Navarro, un municipio a tres horas de distancia del área metropolitana.

En ese entonces, Ericka era profesora en filosofía y letras de una universidad en Autlán. Tonantzin la recuerda como “el centro de su familia”, “un pilar en muchos sentidos”, en lo afectivo y en lo económico. Con un padre ausente y periférico que sólo aportaba lo mínimo para sobrevivir, dice Tonantzin, ella “se hacía cargo de todo”, tanto de aportar al gasto familiar, como de acudir a los eventos de la escuela.

Era como la jefa de la familia.

Por ello, después de su detención “ese pilar fuerte de la casa se había derrumbado”.

Pero eso apenas fue el principio. Recuerda, cómo los periódicos publicaban que su hermana “era una cabecilla” que “era el actor intelectual” del delito por el que se le incriminaba.

Al mismo tiempo, en la búsqueda por demostrar la inocencia de Ericka, su familia sufrió amenazas, persecución y vigilancia. En el proceso también pasaron varios abogados sin que esto significara un cambio sustancial. Incluso, narra Tonantzin “hubo una abogada que quiso hacer cosas y la amenazaron, por lo que tuvo que alejarse de nuevo”.

Todo era caótico, recuerda, porque toda la atención de la familia se volcó sobre ella y sobre su caso. Gran parte de la economía familiar y ahorros se fueron en pagar abogados, incluso, tuvieron que vender su casa en Autlán para cubrir estos gastos. Las energías de los adultos de la casa también se concentraron en Ericka, por lo que, Tonantzin puede afirmar que ella y sus hermanos, “los niños de la casa” pasaron a un “lugar secundario”.

Estos eventos que laceraron directamente la integridad, la salud emocional y física en todos los sentidos, la libertad y el proyecto de vida de Ericka, también significaron “un antes y un después” para sus seres queridos. Y es que, luego del caos que significó su detención ilegal, la unidad familiar comenzó a destinar sus energías en acompañarle en su proceso de privación de la libertad:

“Ha sido muy complicado, muy complejo. Realmente coincido con muchas compañeras que también son familiares de personas privadas de la libertad, que cuando una persona entra a la prisión no solamente entra esa persona, sino toda su familia, su círculo cercano. Aunque no sea física le batallamos un chingo acá afuera”.

Hace poco, dice Tonantzin se detuvo a reflexionar cómo estas situaciones impactaron su salud emocional, su salud física, su infancia, su adolescencia y su juventud como parte de un núcleo familiar. Ahora, como una mujer adulta, reconoce que este evento fue tan extraordinario, tan inesperado, irruptivo que no tuvieron las herramientas para identificar que lo que estaban viviendo, precisamente, “no era cualquier cosa”.

No hubo oportunidad para dialogarlo o para tomar terapia, lo cierto es, señala Tonantzin “tampoco es que las condiciones económicas lo permitieran”, así que “cada quien lo vivió como pudo”.

Con el paso de los años, ella ha sido la única que se quedó con Ericka, para acompañarla y para darle seguimiento a su caso judicial en la espera de conseguir su libertad:

“Mis hermanos tienen mucho que no van a verla, mi mamá ya es adulta mayor, cansada por toda la situación, ella (Ericka) se estaba quedando en el olvido. Yo era la única que iba a visitarla, pero vi que su caso jurídico no avanzaba. Y dije, a la chingada yo tengo que hacer algo por su caso jurídico y por verla afuera”.

Acompañándola desde la libertad, ha caminado junto con ella y ha sido el enlace entre las demandas de su hermana y las oficinas de gobierno. Fue por ella y su insistencia, que Ericka recibió asistencia médica y la cirugía en la nariz que ayudó a sanar el dolor crónico con el que vivía producto de las secuelas físicas que le dejó la tortura.

Se ha peleado con las instituciones, envió al menos una decena de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos denunciando la negación consecutiva de sus derechos humanos en prisión, del derecho a la salud, a las visitas y a la dignidad humana y sólo así ha mejorado la calidad de vida dentro del penal en el que se encuentra privada de la libertad.

Porque Tonantzin identifica que tanto ella como su hermana además de ser víctima de graves violaciones a derechos humanos, también lo han sido de un “sistema patriarcal de opresión contra las mujeres”.

Tonantzin ha llorado junto con ella de impotencia cada vez que un juez vuelve a dictar la misma sentencia y también han celebrado cuando por fin han conseguido que una autoridad voltee a ver su caso; como cuando en 2020 lograron que la CEDHJ emitiera una recomendación o cuando Tonantzin afónica asistió a una marcha para gritarle al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que quería justicia para su hermana.

Tonantzin, esa niña que tenía 11 años cuando su hermana fue víctima de tortura y de la injusticia del Estado, hoy es la mujer que ha evocado gran parte de su vida a exigir a ese mismo Estado que la deje en libertad y pare las violencias que las ha obliga a vivir.

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La última sentencia dictada por el juez que reitera una condena de 49 años, 9 meses y 3 días en su contra, fue apelada por su abogada y se encuentra en espera de una resolución a apenas unos meses de cumplir 15 años en prisión. De resultar desfavorable, la defensa irá a instancias federales para que sea un tribunal colegiado en materia penal quien evalúe su caso.

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Ninguno de los ocho agentes de la Policía Investigadora del Estado, adscritos al área de Secuestros de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía del Estado de Jalisco, señalados por haber cometido actos de tortura y tortura sexual en contra de Ericka, han sido merecedores de alguna sanción.

De acuerdo con la Recomendación 33/2020, la subdirectora Metropolitana de la Policía de Investigación de la Fiscalía Estatal, informó que cuatro “causaron baja de esa institución” y de uno más se dijo que “no se encontró registro alguno de un elemento con ese nombre”.

Hasta ahora los tres elementos policiales que permanecen en activo han negado los hechos, advirtiendo contradictoriamente que actuaron en estricto apego a los derechos, garantizando su integridad física, psicológica y sus “más mínimos derechos”.

Sobre la reparación del daño, ni Ericka, ni Tonatzin, ni su familia han recibido alguna medida establecida por la Ley General de Atención a Víctimas, incluso, señala Ángela García, aunque se cuenta con la Recomendación de la CEDHJ, ésta no incorporó medidas reparatorias e integrales que contemplaran las afectaciones que sufrió, ha sufrido y continúa padeciendo su unidad familiar cercana.

Se espera, por lo tanto, que exista una reparación económica, una disculpa pública de parte del Estado o los autores materiales, donde se reconozcan las violaciones y delitos que cometieron en perjuicio de Ericka y que acepten su responsabilidad; pero lo más importante, que encuentren una Unidad de Medida que le devuelva a Ericka los 15 años que ha permanecido injustamente en prisión.

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El proyecto completo puede consultarse en el micrositio Mujeres y tortura en Jalisco, en Zonadocs.mx