Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en México, se implementó una regulación en 2014 para restringir la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a niños, liderada por Mikel Arriola Peñalosa en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Sin embargo, esta medida fue criticada por académicos y organizaciones civiles por considerarla limitada en la protección de la infancia, presentando fallas significativas en su diseño, según análisis de El Poder del Consumidor.

Patricio Caso Prado, una figura clave en la elaboración de esta ley, recibió un contrato temporal por parte de la Cofepris en 2011. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en campañas publicitarias gestionadas por Cofepris, donde se contrataron empresas para su difusión, pero no se evidenciaron la vigencia ni las características del servicio prestado. Además, se señaló una falta de congruencia entre los servicios solicitados y entregados, así como problemas en la contratación del Consejo de Autorregulación y Ética Publicitaria (CONAR).

Posteriormente, Mikel Arriola dejó la Cofepris para asumir roles en el IMSS y buscar una candidatura política, mientras que Patricio Caso, tras la derrota electoral de su ex jefe, estableció varias empresas con un enfoque en gestión regulatoria de salud y alimentos.

Caso también se asoció con excompañeros de Cofepris. Aunque negó conflictos de interés, su contratación como Director Senior de Asuntos Gubernamentales de The Coca Cola Company en 2020 y su papel para mediatizar el etiquetado de advertencia han sido cuestionados por académicos y activistas.

Mientras tanto, los expertos señalan que la crisis de salud pública causada por la sobreoferta de productos ultraprocesados en México ya ha causado un daño significativo, y que revertirlo podría llevar generaciones si los controles establecidos no funcionan adecuadamente.

Estas son las Fichas de Coca Cola.