El ex tesorero Enrique Sosa Campos podría librar sin sanciones una trama que favoreció a un particular en detrimento de una escuela pública. Lo anterior, sin importar que solicitó a la SEG la devolución de un predio escolar sin justificación, que engañó a ediles para lograr la desafectación del terreno y que empujó la subasta pública donde el lote se malbarató para “generar ingresos” por los recortes de la federación.

Mientras tanto, el hombre de confianza de Héctor López Santillana y el propio ex alcalde han sido cobijados con nuevos encargos dentro del gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Desde enero de este año, Enrique Sosa ocupa la dirección de Normalización y Certificación de Competencia Laboral, que depende de la Secretaría de Desarrollo Económico; tras su salida del gobierno municipal, López Santillana fue encomendado en la dirección de Grupo Puerto Interior.

El magistrado Arturo Lara, presidente de la sala especializada del Tribunal de Justicia Administrativa, resolvió que no existe conducta sancionable contra el ex tesorero de León por el despojo de más de 1 mil metros cuadrados al kínder Juan Aldama. La conclusión del órgano autónomo fue notificada al municipio desde el pasado 5 de abril y revelada dos semanas después por la alcaldesa Alejandra Gutiérrez ante el cuestionamiento de los medios de comunicación.

Magistrado Arturo Lara Martínez Foto: Especial

A decir de la primera edil, quien en el arranque de su administración prometió “no ser tapadera de nadie”, la resolución del TJA deja “sin obligación” al empresario Gabriel Padilla para devolver el terreno a la administración municipal, lo cual contradice el compromiso que hizo a la alcaldesa en octubre pasado.

Fue en la rueda de prensa de este lunes 18 de abril cuando Gutiérrez Campos destapó el fallo del Tribunal, mismo que dijo respetará por tratarse de un organismo autónomo. No obstante, la Contraloría municipal tiene hasta el 5 de mayo para recurrir la resolución por inconformidad y continuar con el proceso contra el extesorero, quien ahora despacha en la Secretaría de Desarrollo Económico, cobijado por Mauricio Usabiaga Barriga.

“En el caso del tribunal es completamente autónomo y somos respetuosos de lo que ellos señalen (...) Para poderlo regresar debe de haber una obligación para hacerlo, en este momento no existe. Recordemos que fue una venta que se pagó y está en manos de un tercero”, declaró.

Respecto a la decisión del Tribunal, el secretario de Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona reiteró la autonomía del órgano y no descartó que desde la Contraloría se recurra al fallo para continuar con el proceso, por lo que la contralora Viridiana Márquez se encuentra revisando la resolución.

Al ser cuestionado por la posibilidad de revertir la compra del terreno del preescolar con base en el proceso abierto en Contraloría contra Carlos Pimentel Faes y Jesús Álvarez Navarro, contrario a lo dicho por Alejandra Gutiérrez, el funcionario comentó que “es probable que sí”.

Tras las declaraciones de la alcaldesa de León, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo manifestó que desde la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) no habrá ninguna intervención para recuperar el predio que hasta 2020 estuvo bajo su custodia. A lo largo de la investigación por el caso del kínder Juan Aldama, el mandatario ha evitado interceder por la comunidad estudiantil afectada, e incluso ha cobijado a los funcionarios implicados en altos puestos dentro del gobierno estatal.

“Nosotros no tenemos vela en el entierro, acuérdense que son predios municipales. Lo único fue que le preguntaron a la SEG si se planeaba ampliar algo ahí y no había ningún plan porque la matrícula va a la baja en esa colonia”, expresó el gobernador en entrevista a medios.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo Foto: Especial

Este medio solicitó la resolución del proceso al magistrado Arturo Lara Martínez, quien se abstuvo de dar información hasta que concluya el plazo para que la Contraloría recurra al fallo y se emita una sentencia.

Resolución “decepcionante”

En entrevista para POPLab el primer síndico, José Arturo Sáncez Castellanos, calificó como “decepcionante” la resolución del TJA en el caso del kínder Juan Aldama y aseguró que su calidad de edil presionará a la Contraloría para acreditar la conducta del ex tesorero Enrique Sosa Campos. Desde su llegada al ayuntamiento en octubre pasado, el también empresario empujó la investigación interna por el despojo ocurrido durante el segundo trienio de Héctor López Santillana.

**“**La contraloría tendría que impugnar la resolución para que llegue a otra instancia. No sé si sería un tribunal de alzada, no sé si vaya directamente a un magistrado del Poder Judicial (...) Es un proceso que debe seguirse atendiendo”.

Gabriel Padilla Cordero Foto: Especial

Respecto a la devolución del terreno, Sánchez Castellanos advirtió que existe un ofrecimiento por parte del empresario Gabriel Padilla para revertir la compra y se mostró confiado de que el gobierno municipal hará las negociaciones.

“Hay un ofrecimiento del particular para hacer la reversión, ahí no hay más que honrar la palabra y buscar que así sea. Legalmente parece ser que no habría posibilidad de hacerlo, pero yo confío en que si ya hay un ofrecimiento se lleve a cabo, que el municipio hable con él (Gabriel Padilla), fijar fechas y obviamente él se le debe pagar lo que él pagó por el terreno”, declaró.

La regidora Gabriela Echeverría también manifestó su descontento por la resolución del Tribunal, y cuestionó la independencia del mismo luego de que se desechara la responsabilidad de Sosa Campos. La morenista, quien fue testigo del caso desde la maquinación de la desafectación y subasta del predio en durante el trienio pasado, aseguró que la investigación movió “recursos e intereses” del gobernador Diego Sinhue, quien dijo “ha premiado” con nuevos cargos a los funcionarios implicados en el despojo.

“Es una burla, el Tribunal está bajo las órdenes del gobernador, es una vergüenza que a pesar de que se persiguió desde la Contraloría no ocurrió nada (...) Le demuestran a toda la ciudadanía que se pueden hacer mil cosas como ésta y no hay consecuencias, es una invitación a robar porque no habrá ninguna sanción”.

Enrique Sosa Campos (segundo de izq. a der.) , ahora dirige el área de Normalización y Certificación de Competencia Laboral en la SDES Foto: Especial

La regidora aseguró que desde el grupo opositor de Morena tendrán un acercamiento con las personas afectadas por el despojo para retomar las mesas de trabajo con la secretaría de Ayuntamiento, ésto con el objetivo de mantener visibles las necesidades de la colonia y la exigencia de revertir la compra-venta del predio. Además, manifestó la expectativa de que desde la Contraloría exista una sanción en el proceso interno contra los funcionarios investigados.

“No lo vamos a dejar pasar, por lo menos que la Contraloría tenga una sanción. Ojalá que Alejandra tome las riendas de este tema, porque o la están haciendo a un lado completamente o está siendo tapadera de la administración anterior”, exhortó.

En el mismo sentido, la regidora de Movimiento Ciudadano, Lucía Verdín Limón se dijo extrañada de que el Tribunal haya desestimado la conducta del ex tesorero Enrique Sosa Campos, aún cuando el órgano de control interno “encontró la falta como grave”. “Tendrá que ver con el material que se aportó desde la contraloría”, recalcó.

Terrible mensaje de impunidad

Fernando Revilla Guerrero, activista anticorrupción e integrante del Observatorio Estatal Ciudadano, lamentó la postura de la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos respecto a la reversión de la venta del predio, e hizo un exhorto al síndico José Arturo Sánchez Castellanos para impugnar la resolución del TJA.

“Cambia totalmente la postura que tomó al iniciar su administración, una postura que dio una luz de esperanza de que no iba a quedar impune, hoy lo pone sobre la mesa como un tema totalmente institucional y bajo esa tesitura es muy difícil que el terreno se devuelva”, explicó.

“Se iba a regresar porque era lo justo, lo correcto y lo procedente, si el tema es que se torcieron los procesos para intentar legalizar algo que no era moralmente correcto. Lo que yo veo es que se pactó con la generación actual de los padres de familia de los niños del kínder, y esa es una solución momentánea”.

Kínder Juan Aldama Foto: Juan José Plascencia

Revilla, quien encabezó una denuncia por presuntos actos de corrupción por el caso kínder ante la Fiscalía estatal, advirtió que la resolución del TJA podría involucrar un conflicto de interés, pues dentro del órgano autónomo la cuñada el ex tesorero, la magistrada Antonia Valdovino Guzmán, ocupa la presidencia de la tercera sala.

A decir del activista, el Tribunal debió excusarse de resolver la investigación del caso kínder, o al menos “tratarse abiertamente como un proceso bajo el conflicto de interés”.

“Los asuntos más evidentes son resueltos al amparo de intereses particulares, me atrevo a decir en este caso que se trató hasta de intereses familiares, es un pésimo mensaje en materia de combate a la corrupción”, concluyó.