Más de 4.000 personas de la industria del cine —actores, directoras, productores, guionistas, críticos, programadores de festivales, técnicos— se han sumado a una declaración pública organizada por Film Workers for Palestine, en la que prometen no trabajar con compañías, festivales, productoras ni otras entidades cinematográficas israelíes que consideren “cómplices en crímenes de guerra, apartheid o genocidio contra el pueblo palestino”.

El boicot no apunta a artistas individuales por su nacionalidad, sino a instituciones, festivales y organismos con vínculos con el gobierno israelí o que, según quienes firman, lavan o justifican acciones que denuncian como violaciones de derechos humanos.

Algunos de los nombres más destacados: Joaquin Phoenix, Nicola Coughlan, Emma Stone, Olivia Colman, Ava DuVernay, Mark Ruffalo, Tilda Swinton, Javier Bardem, Riz Ahmed, Samantha Morton Josh O’Connor, Cynthia Nixon, Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Lily Gladstone, Rooney Mara, Guy Pearce, Elliot Page, Ebon Moss-Bachrach, Abbi Jacobson, Emma D’Arcy, Bowen Yang, Jonathan Glazer, Fisher Stevens, Payal Kapadia, Debra Winger…

Además, la lista oficial en Film Workers for Palestine incluye muchas personas menos mediáticas, pero con peso creativo o institucional: productores, técnicos, fotógrafos, curadores de festivales, etc.

Los firmantes aceptan comprometerse, entre otras cosas, a No participar en festivales, producciones, cines, cadenas de distribución, productoras o emisoras que consideren implicadas en “genocidio o apartheid”.

No colaborar con instituciones que financien, respalden o justifiquen con su acción dichos crímenes, o que tengan asociaciones estrechas con el gobierno israelí.

Examinar más a fondo —en contratos, festivales, producciones— los vínculos institucionales, los flujos de financiación o patrocinio, para evitar ser cómplices desde lo simbólico o lo operativo.

Festivales e instituciones bajo la lupa

El documento de preguntas frecuentes que acompaña la promesa cita como ejemplos de festivales/instituciones que podrían estar considerados “cómplices” algunos que son habituales en el circuito cinematográfico israelí, entre ellos:

Festival de Cine de Jerusalén (Jerusalem Film Festival)

Festival Internacional de Cine de Haifa (Haifa International Film Festival)

Docaviv

TLVFest (Tel Aviv International LGBTQ+ Film Festival)

La promesa aclara que no todas las instituciones en Israel son consideradas automáticamente implicadas, pero que muchas están bajo sospecha por sus vínculos con estructuras estatales, por recibir financiamiento público ligado al gobierno o por no condenar ciertas acciones.

El llamado remite abiertamente al boicot cultural contra el apartheid en Sudáfrica. Los promotores lo presentan como una estrategia ética similar: usar la cultura (cine, festivales, medios) como espacio de resistencia, para desafiar estructuras de poder, porque ellos usan la cultura como espacio para hacer legal el régimen del apartheid y la limpieza étnica.

Paramount, uno de los grandes estudios de Hollywood, ha sido una de las primeras compañías en declarar que no está de acuerdo con el boicot. Argumentan que el boicot “silencia narrativas” y que el cine, como medio, sirve también para diálogo y entendimiento.

La Asociación de Productores de Cine de Israel (o similares) ha cuestionado que el boicot puede ser contraproducente, pues podría afectar también a creadores que critican al gobierno o buscan contar historias desde perspectivas disidentes.

Mubi aceptó una inversión de 100 millones de dólares de Sequoia Capital, un fondo de capital de riesgo que según denuncias tiene vínculos con empresas tecnológicas de defensa israelíes, entre ellas una llamada Kela, que trabaja con sistemas de batalla integrados con IA.

Esto provocó que Film Workers for Palestine —junto con cineastas, actores y colaboradores habituales de Mubi— exigieran que la plataforma clarificara su posición, se desligara de esos posibles vínculos de Sequoia con acciones militares o con la guerra en Gaza, y adoptara una política ética clara para sus financiamientos, inversiones y colaboraciones.

Muchos festivales internacionales podrían verse presionados para reconsiderar invitaciones o colaboraciones si participan con instituciones israelíes señaladas o si patrocinan obras vinculadas al gobierno israelí.

Productoras y distribuidoras pueden empezar a agregar cláusulas de revisión ética en sus contratos, para evitar trabajar con entidades sospechosas.

Los debates sobre libertad de expresión, censura, y responsabilidad institucional van a volverse más intensos.

Muchos firmantes insisten en que el boicot no está dirigido contra personas, sino contra organizaciones. Sin embargo, hay quienes argumentan que muy pocas instituciones están completamente desvinculadas de la política estatal en Israel.

Es probable que inspire boicots similares en otros sectores culturales: música, artes visuales, moda o literatura. De hecho, algunas acciones ya se han anunciado en festivales musicales, conciertos benéficos y actividades deportivas como la reciente Vuelta a España.

El boicot convocado por Film Workers for Palestine marca uno de los movimientos más significativos en la industria cinematográfica contemporánea en cuanto a movilización ética global. En un mundo donde la crisis humanitaria en Gaza se mantiene en los titulares, este acto representa una apuesta por la responsabilidad cultural: ¿puede la industria del cine, tan poderosa en contenido simbólico y narrativo, negarse a legitimar las violaciones graves de derechos humanos?

El tiempo dirá si este compromiso se mantiene, si cambia prácticas institucionales en festivales y productoras y si logra, a la vez, mantener espacios de diálogo y diversidad cultural, sin silenciar voces que también piden justicia.

Este texto se publicó originalmente en el sitio Maremoto, en este enlace.