César Contreras León / Columnista invitado del GIASF* para A dónde van los desaparecidos

¿Cómo se construyeron? Con retazos.
Con la memoria hecha aguja.
Con el dolor compartido en hilo grueso
para coser la dignidad rasgada […]
Y cada vez que alguien intenta taparles la boca,
la historia responde con su voz multiplicada.

(Gloria Cordoni, Después del silencio) 

“¿Cuántas [personas desaparecidas] son ausencias voluntarias? Porque hay mucha ausencia voluntaria por problemas familiares”, sentenció la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia mañanera del 18 de diciembre de 2025 cuando le preguntaron sobre el informe sobre desaparición de personas, que llevaba meses aplazando. No fue sino hasta el 27 de marzo de 2026 que, en ese mismo espacio, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentó un informe sobre la revisión al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). 

La exposición comenzó con un optimismo anticlimático: 96% de las personas localizadas no fueron víctimas de un delito. Después, se anunció la clasificación de los más de 130 mil registros (desde 2005) dentro de tres categorías: (i) 46 mil casos con datos insuficientes para la búsqueda; (ii) 40 mil casos con registros posteriores a la desaparición en alguna base de datos del gobierno; y (iii) 43 mil casos confirmados. De este último grupo, solamente 3,869 cuentan con carpeta de investigación.

Más allá de la estrategia, burda y efectista, de minimizar la crisis de desaparición reduciendo las cifras mediante su atomización, la clasificación misma revelaba algo todavía más inquietante. La segunda categoría sobre “registros posteriores a la desaparición” fue ejemplificada solamente con casos relativos a ausencias voluntarias[1]. Personas que se vacunaron, casaron o votaron. Personas libres, personas que no fueron desaparecidas.

Y es que en México, vemos que el poder nunca cambia. Lo podemos notar si recordamos los sexenios priístas del siglo pasado. El 6 de julio de 1979, Óscar Flores Sánchez, entonces Procurador General de la República, contestó una carta de don Manuel Talamás Camandari, obispo de Ciudad Juárez, quien preguntó por las personas detenidas y desaparecidas. La misiva de respuesta es el retrato más fidedigno del régimen que detuvo, torturó, desapareció y asesinó a centenares de personas durante la contrainsurgencia:

Por cierto que en muchos casos personas que se dan como por desaparecidas [sic] las hemos localizado con diverso nombre e identidad, contrayendo con ellas el compromiso de no revelar su nueva identidad, ya que la cambiaron muchas de ellas por motivos familiares, otros por motivos pecuniarios y algunas por otras razones […]

En algunos casos  hemos comprobado que personas “desaparecidas” se encuentran trabajando en Estados Unidos con identidad diferente, usando documentos de la persona cuya identidad han adoptado.

Aunque esta carta es un vestigio de medio siglo, es tan vigente que nadie se extrañaría si la leyera en algún periódico el día de hoy. Hay un continuum en el discurso del Estado que no le hace ningún favor a los gobiernos de la cuarta transformación, que tanto se empeñan en deslindarse de los sexenios priístas de la segunda mitad del siglo XX. Pareciera que, por más que transcurran los años y cambien los gobiernos, el Estado es el que habla de la misma manera. Habla a través de las mil bocas del alto funcionariado que va y viene.

Si seguimos con el ejercicio de memoria, encontramos más momentos similares. El 10 de junio de 2011, durante el sexenio panista de Felipe Calderón, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se propuso construir el primer listado oficial de personas desaparecidas desde que estalló la denominada guerra contra el narcotráfico. El entonces Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) estuvo a cargo de concentrar la información; sin embargo, ésta permaneció en secrecía hasta que el Washington Post reveló, un par de días antes del cambio de sexenio, que tenía en su poder un listado filtrado que concentraba más de 25 mil nombres. Luego, en febrero de 2013, la Subsecretaría de Derechos Humanos reveló que había 27 mil personas desaparecidas.[2]

Frente a eso, Óscar Vega Marín, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante la etapa final del sexenio de Calderón, salió públicamente a rebatir la cifra y afirmar que solamente eran 5 mil 300 casos con averiguación previa confirmados y que “sólo los casos que tienen averiguación previa deben ser contabilizados; de lo contrario, estamos mezclando con información no validada, por ejemplo, de migrantes que se fueron a pizcar alguna verdura y ya regresaron”.

En este punto, sin duda hay coincidencias y vasos comunicantes entre lo sostenido hace 13 años por Vega Marín y su homóloga actual, Marcela Figueroa. El primer patrón es el apego a los expedientes penales. La Base Nacional de Carpetas de Investigación, junto con la regulación que anula la posibilidad de reportar desapariciones sin carpeta de investigación, se centra en una estrategia de contener las cifras a partir de acotarlas a la existencia de averiguaciones previas o carpetas de investigación. Lo sorprendente –y grave– es que hoy en día, el gobierno federal reconozca incluso menos expedientes penales que en 2013. Como dijo el defensor de derechos humanos Santiago Aguirre: “La gente no tiene la confianza de ir al Ministerio Público a denunciar. No la tenía hace 10 años, no la tiene hoy. […] Desde ahora hay que anticipar: Claudia Sheinbaum va a acabar su sexenio con el menor registro de desapariciones si solo nos basamos en el número de las carpetas”.

El segundo patrón es el anecdotismo. Vega Marín hizo referencia a los jornaleros agrícolas, mientras que Figueroa constantemente refiere casos de hombres que salen de sus casas y se vuelven a casar para hablar de las ausencias voluntarias. El ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, durante su gestión en el sexenio de Enrique Peña Nieto, también llegó a hablar de personas migrantes que no avisaban a su familia y jóvenes que se fugaban de su hogar. El problema de la anécdota es cuando se incurre en una falacia lógica del análisis de datos que se denomina cherry picking, que consiste en la selección de ejemplos para “centrarse solo en la información que se alinea con el argumento que se quiere perpetuar, obviando el conjunto de los datos”[3]. Por eso, los ejemplos de las personas funcionarias públicas nunca están vinculados a casos violentos, sino a casos atípicos y excepcionales en los que nadie fue víctima de un delito y que denominan genéricamente “ausencias voluntarias”.

Para que pueda darse un auténtico debate nacional con seriedad de la revisión del registro y sus implicaciones, más allá de casos individuales o anecdóticos, se necesita urgentemente la liberación de la base de datos descargable del RNPDNO. Es indispensable analizar las entrañas del registro con diferentes ojos, métodos y ángulos. Seguramente las autoridades, siguiendo el manual de administraciones pasadas, negarán el acceso; sin embargo, si algo también ha demostrado la historia, es que las bases de datos, tarde o temprano, se darán a conocer.

Ahora bien, hay un problema grave en el diagnóstico y en la presentación de los datos que sugiere que, si 96% de las personas localizadas no fueron víctimas de un delito, la misma estadística sería aplicable a las personas que faltan por localizar [4], pero esto es falso. Las más de 132 mil personas con estatus de desaparecidas corresponden en su gran mayoría a los casos de personas que sí fueron víctimas de un delito, no de “ausencias voluntarias”, porque son casos acumulados de dos décadas de crisis. Si se analiza el tiempo que tarda una persona en ser localizada, se logrará ver que las localizaciones son más frecuentes en los primeros días tras la desaparición [5]. Los porcentajes de localización se reducen drásticamente conforme avanza el tiempo. De ahí la relevancia de la búsqueda inmediata en las primeras horas. Los casos de “ausencias voluntarias” también se reducen drásticamente conforme avanza la línea del tiempo [6].

Así, la tendencia de acumulación a largo plazo se concentra en los casos donde se cometió un delito en contra de la persona desaparecida o una grave negligencia en los procedimientos de identificación en casos donde lamentablemente han fallecido. Esta reflexión no es menor, porque permite entender la trampa de la estadística oficialista: en general, las denominadas “ausencias voluntarias” se resuelven porque las familias lo resuelven en los primeros días y llegan a reflejarse en esa cifra del 96% de personas que no fueron víctimas de un delito; en cambio, una proporción significativa de las desapariciones (en las que sí se cometió un delito) no se resuelven, se acumulan y nunca llegan a formar parte de esa estadística.

La diferencia reside en la conclusión: no es que las personas desaparecidas no estén siendo víctimas de un delito; por el contrario, no son localizadas porque sí son víctimas de un delito y el Estado no tiene capacidades y voluntad de buscar personas víctimas de la violencia.

¿A dónde se llevan a las personas desaparecidas? Es la pregunta que debería regir la política pública, y las autoridades la están respondiendo incorrectamente. Atribuirle centralidad a los casos en los que no se cometió un delito en contra de las personas cuyo paradero se desconoce no es solamente un diagnóstico erróneo, sino que repercute gravemente al configurar la política principal del sexenio. Por ello, la Plataforma Única de Identidad y la CURP biométrica, aprobadas mediante las reformas de 2025, sólo tienen sentido para los casos de “ausencias voluntarias”, y no para los más de 132 mil casos que ya se encuentran en el RNPDNO y que se seguirán acumulando. Ninguna víctima de reclutamiento forzado, asesinada en una fosa clandestina o privada de la libertad en una casa de seguridad, utilizaría su CURP, se vacunaría, se casaría o pagaría impuestos. Los casos excepcionales que se pudieran imaginar jamás justificarían una política de tal magnitud.

Mientras se siga poniendo el énfasis en una problemática ajena a la violencia, se deja en el olvido la estrategia que debería abordar el contexto amplio de la violencia: ¿Cómo desmantelar las enormes redes de reclutamiento forzado de ranchos, campamentos y casas de seguridad en regiones enteras del país controladas por el crimen organizado? ¿Cómo combatir una crisis forense de más de 83 mil cuerpos? ¿Cómo reformar a las fiscalías y fortalecer a las comisiones de búsqueda para que investiguen y encuentren? ¿Qué mecanismos de supervisión se requieren para que se cumplan los protocolos y leyes que ya existen?

No son ausencias voluntarias. No lo fueron hace 50 años, durante la contrainsurgencia; no lo fueron hace 12 años, con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ni lo son ahora, en el campo de entrenamiento y exterminio localizado en Teuchitlán, Jalisco. En cada registro, hay un rostro. Uno que no está, que no puede ir a las mañaneras a defenderse y decir “no es verdad, no me fui porque quise”. Contra la indolencia de quienes niegan esta tragedia, tenemos la indignación que nos impulsa a seguirles nombrando.

* * *

* César Contreras León es abogado y defensor de derechos humanos, con experiencia en el acompañamiento a familiares de personas desaparecidas en su búsqueda de verdad y justicia. Estudió la Licenciatura en Derecho en la UNAM y ha trabajado en diversas organizaciones de la sociedad civil. También ha formado parte del Equipo Técnico del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Actualmente es colaborador en el área de defensa integral en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización dedicada al acompañamiento y defensa de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. 

Referencias:

[1] Cuando se habla de “ausencias voluntarias” se engloba un fenómeno que es incorrecto describir de esa manera. Son escenarios sumamente heterogéneos. No son simplemente casos de “personas que se fueron por alguna razón de su casa”, como lo afirmó el ex presidente López Obrador. Entre las infinitas posibilidades se encuentran la desorientación de personas adultas mayores; niñas, niños y adolescentes que no encuentran a sus padres; las mujeres que huyen de la violencia intrafamiliar; las personas que sufren un accidente; o las personas que iban a ser víctimas de un delito pero su comunidad y redes de apoyo logran evitarlo. Nada de lo anterior es realmente voluntario. Siempre involucra algún grado de peligro. Por otro lado, en tiempos tan sombríos y con todo lo que sabemos, ninguna forma de reclutamiento del crimen organizado debería ser considerada voluntaria. Cuestionemos qué nombramos “ausencias voluntarias”, qué fenómenos queremos distinguir, cómo podemos nombrar mejor y más dignamente lo que vive la gente.

[2]  Tzuc, Efraín, Contar para no buscar, la paradoja del registro de las desapariciones, 19 de mayo de 2022. Disponible en:
https://adondevanlosdesaparecidos.org/2022/05/19/registro-contador-despariciones-mexico/ 

[3] Véase, por ejemplo: La Vanguardia, ‘Cherry picking’: así se utilizan los vídeos descontextualizados para reforzar el vínculo engañoso entre migración y delincuencia, 04 de mayo de 2026. Disponible en: https://www.lavanguardia.com/vida/verificacion/20260504/11529636/cherry-picking-asi-utilizan-videos-descontextualizados-reforzar-vinculo-enganoso-migracion-delincuencia.html 

[4] La prensa también lo interpretó así. Por ejemplo, La Editorial de La Jornada refirió que “cabe presumir que una importante proporción de quienes quedan por localizar se ausentaron de manera voluntaria y continúan sus vidas apartadas de los familiares u otros vínculos que reportaron su desaparición”. Disponible en:

https://www.jornada.com.mx/noticia/2026/03/28/editorial/desaparecidos-deuda-de-estado

[5] Con índices que se presentan de más del 60% de localización parecerían indicar que tenemos fiscalías y comisiones de búsqueda que reaccionan de manera inmediata, y eso es absolutamente falso y contrario a la experiencia de la inmensa mayoría de las familias. Numerosos gobiernos han recurrido al anuncio grandilocuente de cifras de hasta el 90% de tasas de localización. Tal es el caso de Jalisco:
https://es-us.noticias.yahoo.com/gobernador-mexicano-90-desapariciones-voluntad-223458635.html 

[6] Esto ha sido evaluado en otros lugares del mundo. Por ejemplo, véase: Missing Persons Clearinghouse 2024 Annual Report. Disponible en:
https://www.criminaljustice.ny.gov/crimnet/ojsa/final-2024/FINAL%202024%20Missing%20Persons%20Clearinghouse%20Annual%20Report.pdf 

Foto de portada: Presidenta Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa. Mariana Maytorena/ObturadorMX

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César Contreras León

César Contreras León es abogado y defensor de derechos humanos, con experiencia en el acompañamiento a familiares de personas desaparecidas en su búsqueda de verdad y justicia. Estudió la Licenciatura en Derecho en la UNAM y ha trabajado en diversas organizaciones de la sociedad civil. También ha formado parte del Equipo Técnico del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Actualmente es colaborador en el área de defensa integral en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh),...