Con información de Edith Domínguez

Al argumentar que los policías están expuestos a riesgos, la comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia del Gobierno del Estado, Sophia Huett López, justificó que los elementos incurran conductas como la tortura, mientras el procurador de los Derechos Humanos, Raúl Montero de Alba, no pudo responder qué criterios siguieron para clasificar como violaciones a la integridad física las 65 quejas que terminaron en recomendación porque "hay que ver cada caso en específico, cada expediente en lo individual".

Contraria a la postura de las autoridades que optan por disfrazar los casos de tortura, el ex procurador de Justicia del Estado y abogado, Juan Miguel Alcántara Soria, aseguró que ha resurgido la tortura para conseguir la confesión.

Para la vocera en temas de seguridad del gobierno panista de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, la tortura no es tema que deba preocupar, pues aseguró, hay una Procuraduría de Derechos Humanos que ha reportado quejas a la baja en los últimos años.

La oficina de Montero de Alba reportó en el 2018 apenas cuatro casos de tortura que se contrastan con las 65 recomendaciones por “violaciones a la integridad física y/o personal”, aunque en los expedientes de éstas últimas se habla de prácticas como los golpes, intentos de asfixia y choques eléctricos.

“No se quema el cocinero que no entra a la cocina”, justifica Huett

Tras afirmar que la tortura no representa un “foco rojo” para Guanajuato porque “todos trabajamos en respeto a los derechos humanos”, la comisionada de la Unidad Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana, Sophia Huett, argumentó que los policías están expuestos a cometer prácticas que representan violaciones a los derechos humanos.

“En el tema de la función policial siempre hay riesgos porque están en situaciones complicadas, siempre es una condición susceptible. No se quema el cocinero que no entra a la cocina”.

Además, Huett repartió responsabilidades por los excesos de los policías, al señalar que como sociedad también tienen que denunciar porque solo así se pueden “cuidar las instituciones policiales”.

Para sostener la tesis de que la tortura no representa un problema en Guanajuato, la vocera en temas de seguridad pidió a los reporteros revisar las recomendaciones que ha emitido la Procuraduría de los Derechos Humanos, incluso presumió que los casos documentados en las quejas han ido a la baja.

“Lean las recomendaciones de derechos humanos, es un tema que requiere un buen análisis de comparativo con otros estados, no es un foco rojo”.

Huett pidió a los medios de comunicación no manejar términos como “depuración de las policías” para erradicar la tortura, al asegurar que al manejar la palabra depurar significaría que en el estado existen policías descompuestas. “Y no es por ahí”, acotó.

También afirmó que los protocolos que deben seguir los policías no son modificables, porque están establecidos en una legislación.

Niega Montero omisiones

Raúl Montero de Alba negó omisiones de la Procuraduría de los Derechos Humanos en la clasificación de las quejas que se presentan, evadió en tres ocasiones responder por qué no se consideraron tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes los casos que, de acuerdo a la relatoría expuesta en las recomendaciones, encuadran en el delito que describe el artículo 264 del Código Penal.

En entrevista, el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos resbaló en sus respuestas cuando se le cuestionaba sobre la actuación del organismo en la atención a las quejas, al declarar que la tortura “es un derecho humano”.

POPLab: ¿Ha sido omisa?

Raúl Montero: No, la tortura es un derecho humano muy grave, no podemos permitir que exista la tortura, hay que trabajar para eliminar la misma.

Para el procurador de los Derechos Humanos, responsable de todas las recomendaciones que salen del organismo, se analiza a detalle cada queja que se presenta antes de clasificarla.

"En aquellos donde encontramos áreas de oportunidad emitidos la recomendación correspondiente para que la autoridad trate de mejorar sus políticas públicas y que esos actos no se repitan más en Guanajuato".

Incluso, aseguró que es gracias a la transparencia que se conoce cada expediente de recomendación que emite el organismo.

"Qué bueno que está revisando la información, es una información pública que está en el portal, información en el informe de actividades que año con año es la obligación rendir el informe, es un ejercicio democrático".

Luego de evadir de manera reiterada las preguntas del cómo establecen los criterios para la clasificación de las quejas que terminan por disfrazar la tortura, aseguró que las recomendaciones que se dirigen a las autoridades son integrales, velando por la reparación del daño, sin que los documentos publicados en la página de la Procuraduría contemplen medidas para la reparación y la no repetición de los actos violatorios de los Derechos Humanos.

Montero de Alba no tuvo respuestas para los cuestionamientos sobre las ligeras recomendaciones a las instituciones de seguridad que se limitan a procedimientos de tipo administrativos o disciplinarios para los elementos que violaron los derechos humanos de las personas denunciantes, tampoco hubo respuesta por parte del vocero del organismo, Martín Guardián, con quien se comprometió Montero a enviar resoluciones ejemplares.

"Hay que analizar cada caso en particular, cada punto violatorio de cada resolución, atendiendo a ello tratamos de ampliar. Le pido que revise otras donde atendemos de manera integral la reparación, si me lo permite, le voy a pedir a Martín (vocero) hacerle llegar algunas para que también conozca aquellos casos donde emitimos recomendaciones con una reparación integral para que no se repitan los casos".

El ombudsman intentó evadir entrevistas, después de asistir a la sesión solemne a la que convocaron los diputados locales para celebrar la hermandad de Guanajuato con Japón, saliéndose por la parte trasera.

Un Raúl Montero nervioso intentó cortar la entrevista cuando se le cuestionó por tercera ocasión por qué las recomendaciones vienen clasificadas como violaciones a la integridad física y no como tortura, argumentando que llevaba prisa; sin embargo, ante la insistencia permaneció dos minutos más en los que continuó evadiendo las preguntas.

Regresó la tortura

Aunque una confesión obtenida mediante tortura no tiene validez ante un juez, en los últimos años en Guanajuato ha resurgido esta práctica y “se les da eficacia a las confesiones”, aseguró Juan Miguel Alcántara Soria, extitular del Sistema Nacional de Seguridad Pública y exprocurador de Justicia en Guanajuato.

“No sólo existe en este seis decenas de recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos del año pasado por tortura por parte de cuerpos, de policías municipales, estatales y la Procuraduría no sólo no han desaparecido, luego se le da eficacia a confesiones obtenidas de tortura” explicó.

El también abogado, informó que lleva dos casos en la zona de Acámbaro y Salvatierra, donde defiende a los imputados de haber participado en secuestro, es un caso la tortura fue desmedida.

“No participaron y en uno de esos casos el nivel de tortura, el daño psicológico y biológico por parte de elementos de la policía ministerial me confirman que esta práctica subsiste en Guanajuato, y las leyes, sistemas que ahí están para proteger a las personas, su integridad, no se aplican por la autoridad y la cadena termina cuando incluso los juzgados convalidan confesiones obtenidas a través de esta práctica deleznable”.

En un caso ha obtenido una resolución favorable en juzgados federales y fue liberado, “por la violación a los derechos fundamentales ”. El abogado sugirió a la familia presentaran queja en los Derechos Humanos, pero la gente ya no confía en la institución.

“Es necesario que a la luz pública se ventilen los casos de tortura para que paguen las autoridades el precio, el desgaste que tienen que pagar por validar la práctica, (pero) la gente tampoco confía mucho en la Procuraduría de los Derechos Humanos, la sienten y con mucha razón, muy consecuente, cercana a la Fiscalía General del Estado y al gobierno del estado, las designaciones en esa institución han afectado la credibilidad y el prestigio de la Procuraduría”

El problema es de “carácter político”, no es por falta de protocolos, “el no tener convicción (por parte de) los responsables de la conducción de esos cuerpos policiales de que los gobernados tienes derechos fundamentales y no se pueden violentar, menos a través de la tortura”.

Juan Miguel Alcántara. Fotografía de Edith Domínguez

En su época de Procurador en el Gobierno de Carlos Medina Plascencia, Alcántara Soria desapareció el grupo que hacía espionaje y realizó cursos de los derechos humanos al personal, pero hoy los cursos “por lo que sé no están diseñados, implementados, correctamente”.

En las capacitaciones había que incluir a los mandos para formar conciencia, porque por la presión social en delitos de alto impacto buscan “inventar chivos expiatorios”. Además deben revisar el ambiente laboral del agente, no enviar a los policías a capacitación al salir del horario laboral. Los cursos deben ser de 120 horas, de comprensión, sensibilización, derechos humanos en la Constitución, en los tratados y comisiones internacionales, además de los mecanismos de protección de esos derechos y las sanciones para las autoridades quienes violen los derechos fundamentales.

Lo que no se nombra parece que no existe

Respecto a la clasificación que ha dado la Procuraduría de Montero a las quejas, la diputada panista Libia García Muñoz Ledo señaló que todo lo que no se reconoce tiene tintes de encubrimiento, por lo que comentó que se revisará desde la comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables el trabajo del organismo.

Libia García Muñoz. Fotografía Especial

La legisladora adelantó que en la nueva ley para prevenir la tortura que será revisada a partir de la iniciativa que presentó el PAN, tendrá que establecerse de manera clara cómo prevenir y clasificar las violaciones a los derechos humanos.

“Siempre lo he dicho: lo que no se nombra parece que no existe, pareciera que estamos encubriendo conductas que pueden tipificarse o establecerse como prácticas de tortura”.

A decir de la diputada integrante de la comisión de Derechos Humanos, desde el Legislativo se procurará que se clasifique de manera correcta las prácticas como la tortura o los tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Libia García mencionó que, aunque no existe una legislación vigente en el tema, la oficina de Raúl Montero de Alba está obligada a cumplir con lo que marca la Ley General.

“Guanajuato se ha quedado rezagado en regular este tipo de conductas, creo que ha quedado claro y por eso se presentan iniciativas al respecto, hemos quedado atrás de lo ya legislado, marcar el paso en los temas”, concluyó.