La tortura existe como práctica de la investigación judicial en Guanajuato, pero no se investiga o se hace de forma incipiente. El Poder Judicial de Guanajuato registró al menos ocho casos en los que se ordenó la aplicación del Protocolo de Estambul, un instrumento del que México es signatario, para investigar presuntos actos de maltrato por parte de autoridades, de ellos ninguno ha derivado en causas judicializadas.

A la existencia de al menos 65 expedientes de la Procuraduría de Derechos Humanos por “violaciones a la integridad física” por parte de corporaciones preventivas y la policía ministerial del estado, se suman los ocho expedientes de los que da noticia el Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

Los jueces de Guanajuato se encuentran capacitados para observar la ley, los tratados internacionales y el debido proceso, asegura la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la magistrada Claudia Barrera Rangel, cuando se le pregunta sobre la posible existencia de casos de tortura detectados en los procesos penales en los que intervienen los funcionarios judiciales de Guanajuato.

“Si el juez advierte que no se llevó adecuadamente un proceso, va a ordenar violaciones en el procedimiento y no va a emitir una resolución favorable a lo que espera una de las partes”, afirma enfática la funcionaria.

Claudia Barrera Rangel

Hay tortura detectada, pero no carpetas judicializadas

Sin embargo, de las ocho situaciones que han ameritado un registro por causa de tortura, solo en una se dio inicio a una carpeta de investigación. Se trata de un caso de robo, posesión de droga y de armas de fuego de uso exclusivo del ejército, ocurrido en marzo de 2018 en Acámbaro, donde el juez de control dio vista al Ministerio Público para que iniciara una investigación y aplicara el Protocolo de Estambul. Este es “un manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.”

De acuerdo a organizaciones de defensa de los derechos humanos, la aplicación del PE permite “establecer líneas básicas con estándares internacionales en derechos humanos para la valoración médica y psicológica de una persona que se presuma o haya sido víctima de tortura o algún mal trato.”

Sin embargo, en el caso señalado, aunque se dio inicio a la carpeta de investigación 34102/2018, a la fecha no se ha judicializado como delito de tortura.

De acuerdo a la presidenta del STJ, “el juez va a tomar una decisión fundada en la legalidad. Hay igualdad procesal, respeto a los derechos humanos y dar a cada quien lo que les corresponda, eso es una garantía”.

Sin embargo, en por lo menos seis de los casos de detección de tortura y maltratos físicos en el transcurso de un procedimiento judicial, las actuaciones de los jueces se limitaron a dar vista a las autoridades ministeriales, entre las que se encuentran ministerios públicos, fiscalías especializadas e incluso un subprocurador, a fin de que ellos dieran trámite a la apertura de carpetas o a la aplicación del protocolo contra la tortura, sin que ello diera lugar a posteriores procedimientos.

Al preguntarle a la magistrada Barrera si existía algún tipo de retroalimentación entre el Poder Judicial y la Fiscalía del Estado, antes Procuraduría de Justicia, para revisar este y otros procedimientos que los involucran, señaló que se tienen intercambios: “Debemos ser muy respetuosos, yo hablo por mis jueces… hacemos conversatorios con la defensoría pública, la fiscalía y académicos, para ubicar dónde está el conflicto… la interpretación en material penal no es tan amplia como en la materia civil o familiar.”

Ilustración: Pinche Einnar.

La Procuraduría se investigaba a sí misma

Sin embargo, a la vista salta la incongruencia de que la misma dependencia que comete el presunto delito, la tortura, debe investigarse a sí misma, quizá eso explique que las investigaciones no prosperen y que la fecha, no obstante las señalas claras de que persiste la tortura como “método” y práctica de elementos policiales, no haya nadie procesado por este delito.

Quiza también allí se encuentre la razón de que elementos ministeriales reincidan en esas conductas, como lo han documentado diversas recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos, de acuerdo a la investigación realizada por la periodista Carmen Pizano para POPLab:

“Pese a los llamados de la Procuraduría de los Derechos Humanos para que se revise la actuación de elementos ministeriales, hay algunos que aparecen de manera recurrente en las recomendaciones del organismo. Dante Álvarez González y Carlos Alberto Mata Torres están incluidos, cada uno, en tres de las 23 recomendaciones a la Procuraduría de Justicia que emitió la oficina de Derechos Humanos durante 2018.

Otros elementos de la Policía Ministerial que aparecen en dos recomendaciones son: Julio Daniel López Arenas, Juan Diego Chía Palacios, Juan José Silva Rodríguez y Juan Aguirre Casas.”

Al preguntarle a la magistrada Barrera si con estos casos podría considerarse que la tortura es un foco rojo en la procuración de justicia de Guanajuato, su respuesta es ambigua:

“Hay que observar que la ley se cumpla… Si no, debemos emitir una determinación diciéndolo… Pero el juez no puede emitir una determinación en base a opiniones, sino sobre pruebas objetivas y sólidas”.

Más poder a Carlos Zamarripa

Así, entre los sesenta y cinco casos detectados por la Procuraduría de los Derechos Humanos y los ocho que registra en sus controles el Poder Judicial de Guanajuato, el tema de la tortura queda en la cancha de los diputados de Guanajuato que están por aprobar una ley que simplemente adecúa lo legislado a nivel nacional, sin hacer un estudio concienzudo de la realidad del estado.

Por ello, se disponen a crear, así lo contempla la iniciativa ya ingresada a comisiones, una Fiscalía Especializada que dependerá de la Fiscalía General del Estado, para que investigue las denuncias de tortura que se presenten.

Como ya ocurre ahora, la Fiscalía de Carlos Zamarripa se investigará a sí misma, con lo que seguramente la situación que ya vemos, de cero casos judicializados por el delito de tortura, continuará en las mismas.

Tortura normalizada desde la cúpula del poder

Esta actitud de normalización de la tortura como práctica de investigación de delitos o de construcción de culpables encuentra su correlato en la complacencia con la que se le ve desde otras instancias.

La responsable de una Unidad de Estrategia para la Seguridad Ciudadana, Sophia Huett, creada de forma exprés por el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez, externó su opinión sobre la existencia de los sesenta y cinco casos de tortura detectados en expedientes de la PDHEG y clasificados como “violaciones a la integridad física”:

“En el tema de la función policial siempre hay riesgos porque están en situaciones complicadas, siempre es una condición susceptible. No se quema el cocinero que no entra a la cocina”.

De acuerdo a esta visión de una alta funcionaria del estado, la tortura aparece como un simple riesgo de trabajo, lo que la normaliza y la justifica. Contrario al espíritu de los convenios internacionales firmados por el país, de la propia Constitución y de la doctrina humanista del partido gobernante, la declaración de Huett no rechaza la práctica de la tortura sino que la admite como una fatalidad de la función policial.

Por si algo faltara, la funcionaria que viene de desempeñarse en la Policía Federal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, hace recaer la responsabilidad de la denuncia de tortura en los ciudadanos y no en el compromiso del estado para erradicarla como práctica.

Esa actitud también puede explicar mucho de lo que hoy pasa en Guanajuato y nos aleja de la construcción de una sociedad en paz.