Con información de Martha Silva

Ensimismado en el discurso oficial de la parcial disminución de homicidios dolosos en el estado, presumiendo reconocimientos y el respaldo político de Diego Sinhue Rodríguez, Carlos Zamarripa Aguirre presentó su segundo informe como fiscal general del estado con la captura de "el Marro" como su mayor logro y sin mencionar siquiera las fosas localizadas en este año en varios municipios de la entidad.

Como lo establece la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, y que sirvió de pretexto para que los diputados locales del PAN aseguraran que no le daban "un cheque en blanco" cuando decidieron ratificarlo como fiscal, Zamarripa presentó un informe en el que se cuidaron los términos para evitar hablar de problemáticas como las fosas clandestinas encontradas durante el último trimestre de 2020.

Solo unas horas después de que colectivos que realizan búsquedas en las fosas encontradas en la comunidad El Sáuz, Celaya, denunciaran tratos indignos por parte de la Fiscalía, Carlos Zamarripa recorrió la sede de los tres Poderes para entregar el informe en el que, asegura, todo el personal es "sensible" y está capacitado para la atención a víctimas.

El mismo día que Carlos Zamarripa llevó al Congreso local el documento de 194 páginas que contiene el informe correspondiente al año 2020, la fracción de Morena se pronunció porque Diego Sinhue Rodríguez Vallejo inicie con el proceso de remoción del fiscal, al asegurar que el contenido solo intenta "maquillar" la realidad que se vive en el estado.

Fotografías especiales

Los diputados locales que son los responsables de analizar los resultados del fiscal, optaron por hacer una mesa de trabajo a distancia con Zamarripa programada para el 5 de marzo, donde cada diputada y diputado tendrá solamente cuatro minutos para poder entablar diálogo con el fiscal, cuestionar y reformular preguntas.

En el informe evadió el término "fosa clandestina" para referirse a ellas como "hallazgos", de donde se han exhumado más de 200 cuerpos, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, pero que en la presentación de Zamarripa se expuso que solo 27 cuerpos han sido identificados y entregados a sus familias.

A semanas de que cumpla 12 años como responsable de la procuración de justicia en el estado, Carlos Zamarripa aseguró que la detención más importante de los últimos años que se ha hecho en Guanajuato fue en agosto pasado: la de José Antonio Yèpez, El Marro, líder criminal que fundó el Cártel de Santa Rosa de Lima.

El fiscal presumió que además del Marro, en el segundo semestre de 2020 se detuvieron a otros criminales que asumieron el liderazgo del primer cártel delictivo originario de Guanajuato.

Fosas fuera del informe

La Fiscalía de Carlos Zamarripa se sigue resistiendo al reconocimiento de la existencia de fosas clandestinas en Guanajuato, prueba de ello es que quedaron fuera del informe 2020, aunque es precisamente este problema uno de los que cobró mayor relevancia durante el año anterior por la presión que hicieron los colectivos de búsqueda.

Limitándose a nombrarlos como "hallazgos", el documento de la Fiscalía hace referencia a las fosas que se localizaron en El Conejo, Irapuato; Rancho Nuevo, Salvatierra; Cañada de Caracheo, Cortazar; y Leona Vicario, Acámbaro.

Sin precisar el número de cuerpos exhumados, el fiscal informó que se han identificado a 27 personas y entregado a sus familiares, aunque de acuerdo con el informe presentado hace unas semanas por la Comisión Nacional de Búsqueda, tan solo de Acámbaro, Salvatierra y Cortazar se exhumaron 204 cuerpos que se encontraban en 103 fosas, cifra que llevó a Guanajuato a posicionarse en el segundo lugar a nivel nacional.

En el documento también se informa que en 2020 se iniciaron 3 mil 096 carpetas de investigación por desaparición de personas, con un registro histórico de 19 mil 590 carpetas de investigación, aunque a decir de Zamarripa el 90 por ciento de las personas han sido localizadas.

Caso similar es el que ocurre con la activación de Alerta Amber, para los menores de edad desaparecidos. Durante el año anterior se activaron 316 alertas y se localizó a 230 menores de edad.

Zamarripa dijo que durante el año se realizaron 27 reuniones con familiares de personas desaparecidas para hacer la canalización de apoyos económicos y psicológicos, para notificar con "sensibilidad y empatía" de la localización sin vida y para las jornadas de búsqueda en imágenes del Servicio Médico Forense (Semefo).

Indolencia de la Fiscalía

Contrario al discurso plasmado en el informe de Carlos Zamarripa, colectivos de familiares de personas desaparecidas denunciaron públicamente malos tratos por parte de los peritos de la Fiscalía que acudieron a la comunidad El Sáuz en Celaya.

En un comunicado, el colectivo "Hasta Encontrarte" dio a conocer que en tres días de trabajo para "exhumar con nuestras propias manos y palas" tenían detectadas al menos nueve fosas de las que habían sacado 16 cuerpos.

Señalaron que las actitudes indolentes por parte del personal de la Fiscalía son recurrentes, pero volvieron a mostrar falta de respeto a las víctimas durante los trabajos en las fosas de Celaya, al negarse a hacer exhumaciones y concretarse en los sondeos.

"Exigimos al personal de la Fiscalía un trato digno a las víctimas y que se acate el protocolo de Minessota, así como la normativa nacional e internacional en materia forense, que establece el respeto de la dignidad de las víctimas fallecidas".

Otro aspecto en el que no coinciden las versiones de las víctimas con los resultados que presume Zamarripa en el informe tiene que ver con la entrega de los cuerpos identificados.

Según la Fiscalía General del Estado, "la agilidad, eficiencia y rigor científico del flujo del trabajo impuesto garantiza la identificación o destino final de cada cadáver o restos humanos no identificados en menos de 31 días".

Sin embargo, entre los casos más recientes está el de la maestra Lupita Barajas, cuyo cuerpo fue uno de los 79 exhumados de las fosas de Salvatierra entre el 20 de octubre y el 20 de noviembre del año pasado, pero a sus familiares les dieron a conocer que habían identificado los restos casi tres meses después de que fue hallada.

Frente a la exigencia de los colectivos para que se pida el apoyo de organismos internacionales para la identificación forense, la Fiscalía General respondió con la creación de un panteón forense, a donde mandan los cuerpos que no están identificados, pero de los que ya tienen los perfiles completos para no saturar Semefo.

"La búsqueda de toda persona desaparecida y la identificación de los cuerpos o restos óseos y su entrega digna a familiares, son objetivos prioritarios para la superlativa pretensión significada en su hallazgo; en principio, con el deseo y el ánimo de encontrarlo con vida pero, en paralelo, sin mermar en el esfuerzo, entre personas fallecidas no identificadas".

Homicidios ¿a la baja?

Previo al informe de Carlos Zamarripa, el gobierno del estado publicó un comunicado de prensa en el que asegura que los homicidios dolosos disminuyeron en un seis por ciento comparando enero 2020 con enero 2021, aunque no se precisaron más datos.

El comparativo para asegurar que los homicidios dolosos van a la baja está basado en un análisis que hizo Causa Común.

Sin embargo, en cifras presentadas por los Observatorios Ciudadanos de León e Irapuato, refleja que en el último año el homicidio doloso por cada 100 mil habitantes aumentó en un 20.15 por ciento, mientras que el descubrimiento de fosas clandestinas en la entidad representan la pérdida del control de ciertos territorios por parte de las autoridades.

El reporte, Cómo Vamos, se enfocó en una comparativa entre las carpetas de investigación abiertas por número de habitantes entre 2019 y 2020, evidenciando el crecimiento del homicidio doloso, el secuestro y principalmente, el narcomenudeo.

Y aunque Guanajuato cuenta con una de las mejores fiscalías en cuanto a capacitación, tecnología y procesos, “eso no ha logrado impactar en beneficio de los ciudadanos”, advirtió Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, participante durante el informe.

“No puede existir una fosa clandestina donde hay un control del territorio; si hay un control radical de nuestro territorio, entidad, municipio, difícilmente puede haber alguien que se dé a la tarea de privar de la vida a una persona y aparte generar una fosa clandestina”.

Este tema trasciende a la Fiscalía y a la Secretaría de Seguridad, dijo Rivas, incluye otras instancias de gobernanza y gobernabilidad, como Desarrollo Urbano, pues indica que hay una parte en el territorio donde no lo controla la autoridad sino los delincuentes, que han penetrado en la entidad. Implica la colaboración con las autoridades de otras entidades y con el gobierno federal, sobre todo, ahora que hay un “colapso de confianza” entre las diferentes áreas.

Se suma que en promedio, un ministerio público se encarga de resolver unas 250 carpetas de investigación, “no da la vida”, se requieren otras instancias. El director del Observatorio Ciudadano también exhortó a la Fiscalía de Guanajuato a “que reconozca sus deficiencias” en términos de ese control territorial, algo evidente con relación a las fosas clandestinas que se han descubierto en los últimos tiempos.

Aumentos delictivos

En total, Guanajuato pasó de 2 mil 793 carpetas por homicidio doloso a 3 mil 378. Es decir, pasó de 46.60 pesquisas por este delito en 2019, a 55.99 en 2020, muy por encima del promedio nacional, que fue de 23.40 carpetas por cada 100 mil habitantes, lo que se traduce en un alza de más del 20%.

Las ciudades del corredor industrial que presentaron los mayores aumentos en este delito fueron Celaya, Guanajuato, León y Salamanca.Destaca que por estas más de 3 mil carpetas hay 4 mil 510 víctimas, un promedio aproximado de 1.5 víctimas por carpeta, lo que puede interpretarse como la participación mayoritaria de la delincuencia organizada en este tipo de delitos.

Además, la incidencia del narcomenudeo creció 57.13%. Este delito aumentó en cinco municipios: Celaya, Guanajuato, León, Salamanca y Silao.El secuestro, por otra parte, pasó de 10 a 12 carpetas de investigación entre un año y el otro, un alza del 17.40 por ciento.

Hubo bajas en homicidio culposo, extorsión, violación, lesiones dolosas. Y si bien, el delito de la violencia familiar reportó un decremento de 10.53% en las carpetas de investigación, la titular del OCL, Rocío Naveja, llamó a realizar un análisis más profundo de este fenómeno, puesto que el alza en las llamadas de auxilio al 911 no se reflejaron en la apertura de investigaciones.

El reporte completo del Observatorio Ciudadano de León y el de Irapuato, Cómo Vamos, puede consultarse en este enlace.

Espaldarazo de Diego

Apenas una hora después de que Carlos Zamarripa presentó el informe ante el Congreso del Estado, la fracción de Morena insistió en exhortar al gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, a que inicie el proceso de remoción del fiscal general.

El argumento de los diputados Raúl Márquez Albo, Ernesto Prieto y de la diputada Magdalena Rosales para hacer la petición es que el informe no está basado en evidencia, sino que se trata de un documento en el que se maquilló la situación real de Guanajuato en materia de procuración de justicia.

A nombre de la fracción, el legislador Márquez Albo señaló que el cambio de Procuraduría a Fiscalía no tuvo cambios significativos, pues se mantiene el discurso de negación a la realidad como en el tema de las fosas clandestinas.

“La Unidad de Transparencia de la Fiscalía que encabeza Carlos Zamarripa Aguirre ha negado la presencia de fosas clandestinas a través de los años, lo cual se confirma con el hecho de que en la entidad no existe un registro estatal de fosas, ni la Secretaría de Gobernación ni la Comisión Nacional de Búsqueda han recibido datos actualizados de fosas por parte de la Fiscalía”, dijo Márquez Albo.

Al pronunciamiento del diputado de Morena no hubo respuesta de ningún grupo parlamentario. La sesión se desahogó en menos de dos horas para que los diputados que fueron invitados pudieran asistir al mensaje de Carlos Zamarripa en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.

En respuesta al llamado que hizo la fracción de Morena, durante el informe Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dio su espaldarazo al fiscal general al asegurar que los diputados locales hicieron lo correcto al ratificar a Zamarripa como fiscal general.

"Vemos cómo van funcionando todas las instituciones de justicia en el estado, desde la llamada al 911, la detención y abatimiento de un criminal, desde la detención y sentencia condenatoria. El fiscal es pieza clave en la búsqueda de la paz y justicia en Guanajuato… decirles a los diputados que no se equivocaron en ratificar a Carlos Zamarripa porque hay un equipo profesional detrás de él que está haciendo las cosas bien".

Incluso el mismo Zamarripa manifestó que la solución a los problemas de inseguridad y violencia que se viven en Guanajuato están ajenas a "posicionamientos políticos".

Cuatro minutos por legislador

Para cumplir con la obligación que tienen los diputados y las diputadas de analizar el informe presentado por el fiscal general, la Junta de Gobierno y Coordinación Política aprobó que se realizará una mesa de trabajo a distancia, en la que cada legislador tendrá hasta cuatro minutos para cuestionar a Carlos Zamarripa.

Sin atreverse a llamarlo a comparecer, las diferentes fuerzas políticas representadas en el Legislativo decidieron que harán una mesa de trabajo, pero previo enviarán por escrito preguntas al fiscal que podrá responder en la primera parte del encuentro, luego cada legislador tendrá hasta cuatro minutos para entablar un diálogo con Carlos Zamarripa.

La coordinadora de Morena, Magdalena Rosales Cruz, sostuvo que no confían en las cifras presentadas por Zamarripa, porque ven cómo ha quedado "obsoleta" la Fiscalía frente a la violenta realidad.

"No esperamos que él conteste con objetividad, nosotros vamos a incomodar. Yo solo les pedí (a los integrantes de la Junta) que no se gaste el tiempo en tanta lisonja".

La coordinadora del PVEM, Vanessa Sánchez Cordero, insistió en que uno de los temas que tendrá que abordar el fiscal general es el programa de trabajo anual al que está obligado por la Ley, pero que ni los propios legisladores conocen.

"Ver cuáles son los temas y objetivos que se cumplieron en procuración de justicia, otro tema que es importante es lo que ha pasado con las fosas, los hallazgos, la identificación de los cuerpos".

Por su parte, el diputado priista Héctor Hugo Varela Flores, reconoció que la metodología que se utiliza para el análisis del informe limita la participación de los legisladores.

"Que sea en un formato diferente, no como el que hacemos con preguntas por anticipado, porque el fiscal responde lo que quiere y no tenemos derecho de replica. Busca cómo esquivar la respuesta".

La cita para la mesa de trabajo es el próximo 5 de marzo, donde los 35 diputados y diputadas podrán participar.