En Guanajuato hay una crisis de derechos humanos y el PAN, partido gobernante desde hace 30 años y con mayoría en el Congreso local, eligió como titular de la procuraduría estatal de los Derechos Humanos, el menos preparado entre una docena de candidatos, por favores partidistas.

Por esta razón, uno de los candidatos relegados, Sergio Claudio Arellano Rabiela, presentó un amparo que fue admitido por un Juez, donde pide que se revise el proceso legislativo de elección de Vicente Esqueda Méndez como procurador de los derechos humanos y que se den a conocer los criterios que se tomaron en cuenta para elegir su perfil y no otro.

Lo que se busca al final es que se haga una reposición del procedimiento.

El académico se dijo desilusionado cuando descubrieron "tras bambalinas" que "había línea" del PAN para designar a uno de sus militantes "de manera muy rápida, muy irregular" con opacidad puesto que los medios de comunicación no pudieron estar presentes en un evento de esta envergadura: temas de seguridad, corrupción, impunidad, migrantes, población vulnerable "y ponen a una persona que entre todos los candidatos, era el menos calificado".

Como él, varios activistas y colectivos que abordan el rubro de los derechos humanos consideran que el proceso legislativo fue en realidad una "simulación" para imponer a Esqueda, personaje destacado de la política panista pero con la menor preparación académica en este tema, por lo que propusieron al resto de los candidatos hacer un frente común y buscar impugnar judicialmente la designación.

Vicente Esqueda el día de su nombramiento. Foto: especial

"El principal elemento que vicia el procedimiento de elección es que en la convocatoria jamás se mencionó que iba a haber una evaluación por puntaje a los candidatos", explicó el abogado Roberto Saucedo, "y si observamos, cuando se designa a Vicente, curiosamente él saca la mayor cantidad de puntos posibles pero ¿Con base en qué?, ¿cómo asignaron ese puntaje a qué aspectos?".

Por ello, se iniciaron varios procesos, sin embargo, el de Arellano Rabiela es el único que ha sido admitido hasta el momento por el Juez Sexto de Distrito, por tener interés jurídico; al menos otras siete demandas ya han sido desechadas pero se encuentran de momento en recurso de queja ante tribunales colegiados en materia administrativa a espera que estos resuelvan.

Aún así, por ética, Esqueda debería presentar su renuncia, advirtió.

A mediados de diciembre fue que la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, encargada de calificar los perfiles dio al candidato ganador, Vicente de Jesús Esqueda Méndez, 44 puntos, mientras que a Sergio Claudio Arellano Rabiela dio 34, quedando este en el grupo de los mejores cinco.

Proceso de elección, "un viacrucis": Sergio Claudio Arellano

El académico Sergio Claudio Arellano Rabiela expuso que junto con otros ciudadanos acudió a la convocatoria para el cargo, tras reunir los requisitos solicitados y exhibir experiencia académica y profesional de más de 30 en materia de derechos humanos, así como sus obras publicadas, sin haber militado nunca en algún partido político.

"El Partido Acción Nacional puso a una persona al frente de la PDHEG sin experiencia, a modo y simplemente por el coto de poder que caracteriza a las autoridades, esto es un abuso, un exceso, algo que no podemos permitir", aseguró Sergio Arellano.

Apelando a la objetividad, dijo que había al menos dos o tres perfiles, no necesariamente él, que habrían cumplido dignamente con el cargo por sus talentos, capacidades y experiencia, y aún así, Acción Nacional, "en términos de una política corrupta" estaba de acuerdo con los y las integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso para elegir a la persona menos preparada "porque le debían favores políticos".

Sergio Claudio Arellano Rabiela. Foto: especial.

Esqueda estaba al frente de la asignación de varios puestos en el PAN "cuando uno de los requisitos fundamentales era que no tuviéramos afiliación política", para asegurar que la procuraduría mantuviera su autonomía.

El cuestionamiento, completamente alejado de tintes políticos, va más allá de haber sido "una designación a modo": los diputados eligieron, dijo, a alguien sin un perfil garantista, al menos capacitado, en un contexto de fosas clandestinas, personas desaparecidas y ejecuciones extrajudiciales, además de otras agresiones a los derechos humanos.

Arellano Rabiela reconoció que durante su participación frente al comité de evaluación dijo algo que quizá no agradó: que la PDHEG no puede estar subordinada al Poder Ejecutivo, no es una de sus dependencias, de otro modo su función" pierde esencia y naturaleza".

Por ello, "al ver con tristeza los actos oscuros por parte del Congreso del estado" es que surge la plática con Roberto Saucedo, abogado y experto en temas parlamentarios y de transparencia, sobre la posibilidad de interponer esta demanda de amparo.

También hizo un reconocimiento a la valentía del juez que admitió su demanda de amparo, que entendió que el acto que se reclama no es la potestad soberana del Poder Legislativo de designar a esta persona al cargo, sino exponer por qué se eligió al aspirante menos calificado.

El especialista señaló que el actual Procurador de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, por ética, debe renunciar a su cargo, y que seguirá su queja incluso hasta instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Los alcances de la demanda

El procedimiento jurídico que encabeza Sergio Claudio Arellano bajo la asesoría legal de Roberto Saucedo va dirigido a cuestionar bajo qué criterios el Congreso de Guanajuato emitió sus calificaciones de los candidatos y que los exponga.

En la convocatoria esto no estaba previsto, fue la Comisión al interior del Congreso la que "se inventa" este método de evaluación y "el más aplicado" resulta ser Vicente Esqueda, explicó Roberto Saucedo, por lo que se busca que los diputados respondan de dónde sacaron ese método de evaluación.

El proceso ha avanzado lento debido a la suspensión de actividades en los tribunales debido al semáforo rojo por la pandemia, desde el 21 de diciembre hasta principios de marzo, incluye el envío de la copia de la demanda a la Comisión legislativa que se encargó de la selección, y esta debe contestar y justificar la constitucionalidad de sus actos.

Además, la demanda también se le entregará a Vicente Esqueda, en su carácter de tercer interesado, y él tendrá que entregar una defensa de su nombramiento. Los siguientes pasos son las audiencias y la sentencia.

El abogado lamentó que las integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, excepto uno, Julio Rodríguez Fonseca, declinaran sumarse a esta iniciativa.

Y fue justo Rodríguez Fonseca también participante en la conferencia de prensa quien recordó que las reformas constitucionales ya permitieron sacar al Gobernador del proceso de elección de la ombudsperson, y se ha depositado en los legisladores la confianza para realizar este procedimiento que debe ser imparcial.

"Lo peor que nos puede pasar como sociedad es una procuraduría de los derechos humanos partidizada por el partido en el poder", advirtió Saucedo.

¿QUIÉN ES SERGIO CLAUDIO ARELLANO RABIELA?

Es licenciado y Maestro en Derecho con estudios doctorales en Filosofía. Director de la Facultad de Derecho en la Universidad Anáhuac de 2010 a 2015. Treinta años en la docencia e investigación; columnista en temas de Derecho, Filosofía y Literatura en revistas y periódicos a nivel nacional; consultor de temas de vanguardia en materia de Derechos Humanos en programas de radio y televisión. Presidente del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Director de la Facultad de Derecho en la Universidad de Celaya.