En sesión del Congreso de Guanajuato, Morena y Movimiento Ciudadano reclamaron al PAN haber obstaculizado la reforma para eliminar las sanciones que criminalizan a las mujeres por abortar y acusaron un uso electoral del tema, mientras colectivas feministas se presentaron para recordar a las y los diputados que el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no fue atendido dentro de los 90 días establecidos.

El plazo venció el 30 de septiembre sin que el Congreso local modificara los artículos del Código Penal señalados por la Corte. El reclamo abrió un nuevo frente entre las bancadas de oposición y el PAN, cuyos legisladores respondieron que Morena y Movimiento Ciudadano desconocen los alcances jurídicos de la resolución.

Mientras el debate político se concentraba en el incumplimiento legislativo, las organizaciones feministas llevaron a la sesión de pleno otro dato: Guanajuato se mantiene entre las entidades con mayor número de egresos hospitalarios por aborto, pese al estigma y a la criminalización que persisten alrededor de la interrupción del embarazo.

De acuerdo con el Observatorio de Aborto Seguro (Observas), que concentra información de la Secretaría de Salud federal sobre los egresos hospitalarios relacionados con abortos, Guanajuato ocupó en 2024 el segundo lugar nacional, con 5 mil 222 casos, únicamente por debajo del Estado de México, que registró 7 mil 128. Los datos fueron actualizados en marzo de 2025.

La activista e integrante de la Red de Acompañantas de León, Nayely Tello, presentó el dato en el Congreso y sostuvo que, aunque el PAN se resista a la despenalización, la eliminación de las sanciones llegará por mandato de la Suprema Corte. Ahora, señaló, corresponde al Poder Ejecutivo preparar al sistema estatal de salud para garantizar la atención.

"El Gobierno del Estado sí tiene que capacitar a todas sus unidades públicas de salud para brindar servicios de aborto digno y seguro, independientemente de la causa que haya fundamentado ese aborto".

Nayely Tello comentó que actualmente existen tres hospitales en Guanajuato que cumplen con los lineamientos federales para ofrecer abortos seguros: dos pertenecientes al ISSSTE y uno a cargo de PEMEX.

La activista también informó que, al cierre del tercer trimestre del año, la Red de Acompañantas de León había realizado 350 acompañamientos a mujeres de distintos municipios de Guanajuato que decidieron interrumpir su embarazo. La mayoría, indicó, tiene entre 15 y 35 años.

Las feministas acudieron al Congreso precisamente cuando se cumplía el plazo impuesto por la Corte. Desde el pleno, recordaron a las y los legisladores que la fecha límite para modificar el Código Penal había llegado sin que la reforma se concretara.

Tello advirtió además que la resistencia a modificar la legislación no detendrá el proceso de despenalización y lanzó un mensaje directo a los panistas,

“Que panistas vayan preparando sus estómagos, sus corazones, para recibir la noticia. Eventualmente llegará, las personas que les hicieron el cálculo político, en julio lo veremos, pero de aquí a julio tendrán que hacer otras estrategias, repartir tinacos, no sé, porque claramente la dilación por la despenalización ya no les va a dar”.

PAN defiende postura; Morena y MC acusan cálculo electoral

La discusión dejó de ser sólo jurídica y se convirtió en un choque abierto de convicciones políticas.

Durante la primera sesión de Pleno, tras el vencimiento del plazo dado por la Corte, cuatro panistas prepararon argumentos del por qué mantienen su rechazo a la despenalización del aborto: los principios de Acción Nacional, sus convicciones personales y, en uno de los casos, un argumento técnico-jurídico preparado por escrito.

Rolando Alcántar Rojas llegó con un guión jurídico bajo el brazo para responder a las diputadas María Eugenia García y Sandra Pedroza, a quienes señaló por una supuesta "falta de conocimiento jurídico".

El panista sostuvo que el vencimiento del plazo no implica un desacato y defendió que su partido tiene una postura definida respecto a mantener la penalización.

"El vencimiento del plazo por sí mismo no convierte la falta de reforma en un desacato; este tema resulta falso, infundado y evidencia la falta del conocimiento jurídico. La decisión del PAN estima que la tipificación del aborto en el Código Penal es correcta, por ello decidió no ejercer su potestad legislativa para modificarla".

La defensa panista continuó con María Isabel Ortiz Mantilla, quien llevó el debate al terreno de los principios partidistas y sostuvo que la agenda de Acción Nacional tiene como eje el "derecho a la vida".

"Para nosotros el derecho a la vida va ligado con el derecho del hijo y de la madre. Los derechos de las mujeres son una agenda mucho más amplia, tenemos muchos retos en este estado y país, y hablar que el aborto los va a resolver es tener una visión muy miope".

Noemí Márquez también utilizó la tribuna con un discurso centrado en la postura histórica del PAN. Recordó que, desde 1940, el partido estableció entre sus principios la protección de la vida humana.

"Para el humanismo político en Acción Nacional la persona es el principio, el centro y fin de toda acción pública. La vida no es una concesión del Estado, ni una prerrogativa sometida a voluntades individuales, es derecho inherente a la persona".

La cuarta defensa panista corrió a cargo de Itzel Mendo, diputada que llegó al Congreso postulada por el PVEM con respaldo de Morena y que, durante la discusión de hace un año, modificó su postura para respaldar primero la posición panista con su voto y posteriormente incorporarse a Acción Nacional.

Del otro lado de la tribuna, Morena acusó al PAN de utilizar el tema del aborto como una decisión electoral. La diputada María Eugenia García sostuvo que la resistencia a despenalizar responde al temor de perder votos en el proceso electoral del próximo año, incluso frente a problemas que afectan a niñas y mujeres en Guanajuato.

"Tenemos un problema grave de embarazos a temprana edad: más de 4 mil menores de edad son madres en Guanajuato, pero ustedes insisten en mirar para otro lado. Si una mujer no tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, entonces, ¿a qué tenemos derecho?", cuestionó.

García Oliveros fue más allá y advirtió a los panistas que las decisiones tomadas desde el Congreso tendrán consecuencias electorales.

"Es cuestión de tiempo para que pierdan sus curules en este Congreso, ya en el 2030 pierden también la gubernatura. Gracias a Dios".

La diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pedroza Orozco, centró su intervención en cuestionar el discurso de Guanajuato como un estado "provida". Sostuvo que, mientras el PAN defiende la protección de la vida desde la concepción, persiste una realidad de violencia contra mujeres y niñas.

Pedroza señaló que actualmente existen más carpetas de investigación iniciadas por aborto que por feminicidio y enumeró distintos indicadores de violencia contra las mujeres en Guanajuato.

"Cada día una niña menor de 14 años es obligada a convertirse en madre.  Somos el primer lugar nacional en corrupción de menores y homicidios dolosos de mujeres.  Segundo lugar en lesiones dolosas cometidas contra mujeres y en violación a la intimidad sexual. Cuarto lugar en violencia familiar y de pareja. Quinto lugar en violaciones".

Y desde la tribuna respondió directamente al discurso panista:

"Entonces no, Guanajuato no es provida; es proparto que es distinto, es antiderechos, machista, misógino y feminicida", sostuvo Sandra Pedroza.

La emecista también dirigió parte de su intervención a las colectivas feministas que han acompañado durante años la exigencia para eliminar las sanciones contra las mujeres que abortan.

"Gracias por su lucha, por su acompañamiento y respaldo, por no dejar nunca de alzar la voz, de insistir, resistir y sobre todo, por no desistir. Les aseguro que nada ha sido en vano, porque hay victorias, como esta que muchas veces no se alcanzan con votos, sino con la historia que construimos para que se pudieran concretar".

Ante la resistencia legislativa, Pedroza pidió a la Suprema Corte acelerar el procedimiento para emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad y retirar del Código Penal las sanciones contra las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.

"A las ministras y ministros les pido, que no nos dejen solas, que no sean indiferentes ante la criminalización, la persecución y el miedo que vivimos las mujeres, niñas y adolescentes en Guanajuato. Y que declaren ya la inconstitucionalidad de los artículos que penalizan nuestro derecho a decidir como ya lo han hecho con varios de los 24 estados donde ya se ha despenalizado".