Vecinos organizados del residencial Bosque Azul, lograron mediante una demanda de amparo la suspensión definitiva que obliga al municipio de León a sancionar a Grupo Aryba, propiedad del empresario Eduardo Arena Barroso, por el incumplimiento de obras de urbanización a lo largo de 16 años. No obstante, la administración de Alejandra Gutiérrez Campos incurrió en un desacato judicial al negarse a verificar y ejecutar la fianza contra el grupo inmobiliario.

A más de 15 años de que el municipio otorgara los permisos de venta a la inmobiliaria, ésta ha incumplido con obras como la ampliación de camino a Comanja, una barda perimetral y un sistema de almacenamiento de agua interno. Desde las primeras construcciones en Bosque Azul, han transcurrido al menos seis administraciones municipales que han sido omisas en verificar el cumplimiento de las obras de urbanización solicitadas por Desarrollo Urbano. 

“La legislación en la materia no permite dar ese tipo de respuestas cuando se les ordena el cumplimiento, pero el municipio respondió simplemente que no les parece que se le ordene sancionar a un fraccionador”, explicó Juan Pablo Delgado, abogado y secretario de Derechos Humanos de Movimiento Ciudadano. 

Bosque Azul es un residencial construido por Grupo Aryba a orillas de la Presa del Palote, cuyas trazas iniciaron en el año 2007. Los juicios de amparo encabezados por ciudadanos que lograron poner freno al megadesarrollo Reserva Norte, impulsado por Eduardo Arena y el empresario Salvador Oñate Barrón, pusieron en el foco las omisiones de urbanización del desarrollador en Bosque Azul. 

“Nos cansamos como colonos de tratar de negociar, de buscar a los responsables por un medio o por otro, de decirles lo que faltaba y si no lo iban a resolver que nos ofrecieran algo a cambio para subsanar”, reclamó Rodrigo González, vecino de Bosque Azul. 

Pero tras ser demandada, la administración de Alejandra Gutiérrez Campos respondió con una negativa ante la orden de la jueza Indra Rojas, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito, donde se encuentra radicado el expediente con número 1243/2025. El empresario Eduardo Arena forma parte de la asociación Grupo Empresarial, con la que la alcaldesa de León sostuvo una reunión privada el pasado jueves para exponer los motivos de su posible salida de Acción Nacional, en busca del respaldo de este sector. 

De acuerdo con el Código de Desarrollo Urbano municipal, los permisos de venta deberán ser suspendidos al existir un incumplimiento en la ejecución de las obras de urbanización según lo programado. Asimismo, el desarrollador deberá pagar al municipio una garantía mediante efectivo o fianza, que podrá ser cobrada en caso de no cumplir con lo establecido. 

“En todos los casos el monto de la garantía será por el valor de las obras de urbanización faltantes que determine la Dirección, más un 30 por ciento”, así lo enuncia el artículo 256 del Código de Desarrollo Urbano. 

Fue apenas este 8 de noviembre, cuando regidores y titulares de áreas como Obra Pública, Desarrollo Urbano y del Instituto Municipal de Planeación (Implan), participaron en una mesa de trabajo para dar seguimiento al incumplimiento de los compromisos hechos por los desarrolladores inmobiliarios. 

A decir de Juan Pablo Delgado, quien acompaña litigios ciudadanos como Reserva Norte y Bosque Azul, “la omisión deliberada del municipio podría configurar un caso de corrupción”. 

 “No me atrevería a asegurarlo con contundencia, pero sí huele a corrupción, que sea un comportamiento sistemático el no verificar, el no ejercer las acciones que la ley y la reglamentación vigente establecen, es elegir no ejecutar, elegir no cobrar, porque no nada más es un asunto de verificación, la normativa permite el hecho de que si no se cumple se actúe en consecuencia”, declaró Delgado Miranda a POPLab. 

Historial de abusos

La organización vecinal en Bosque Azul no es reciente. Aunque la demanda de amparo impulsada por colonos de distintos residenciales contra el desarrollo Reserva Norte les motivó a acudir a esta vía para reclamar el cumplimiento de las omisiones de Grupo Aryba, no es la primera vez que de manera comunitaria se enfrentan a la inmobiliaria.

Hace alrededor de diez años, Grupo Aryba intentó edificar dos torres de departamentos en lotes que hasta aquel momento no habían sido fraccionados. Sin embargo, al momento de adquirir sus viviendas, el ofrecimiento de la inmobiliaria fue exclusivamente de inmuebles de tipo unifamiliar. 

“Nadie estuvo de acuerdo con ese proyecto. De alguna manera la inmobiliaria lo había dejado muy poco claro, porque tenían bloqueadas algunas manzanas del desarrollo, con esa intención de que con la plusvalía que tenía el fraccionamiento poder construir esas torres, pero esa era una violación al ofrecimiento de venta que se nos hizo”, relató Rodrigo González, vecino del residencial. 

En aquel momento, la presión vecinal logró frenar los planes de la inmobiliaria. Sin embargo, Grupo Aryba no ha dado respuesta a las exigencias de cumplimiento de las obras de urbanización pendientes desde su construcción. Este rezago obligó a la comunidad de Bosque Azul a gestionar servicios de seguridad por su cuenta.

“Se prometieron cosas que no se cumplieron. La barda perimetral que se ofreció, como un residencial privado con seguridad, algo que nunca ocurrió, toda la parte que colinda con el Parque Metropolitano se quedó abierta, eso se revisó con la asociación de colonos: se  reforzó con malla ciclónica y alarmas de movimiento, sensores y cámaras para minimizar el riesgo”, explicó Rodrigo, quien aclaró que estas gestiones fueron solventadas con recursos de los vecinos. 

Administraciones complacientes 

A inicios de la presente administración, integrantes de la comisión de Desarrollo Urbano solicitaron a las dependencias responsables de verificar el cumplimiento de obligaciones de grupos inmobiliarios conocer el estatus de estos compromisos. Transcurrieron casi 11 meses hasta que se pactó la primera mesa de trabajo, en la que se dieron a conocer casos de omisiones, entre los que se encuentra el residencial Bosque Azul. 

A decir del presidente de la comisión, el regidor panista Hildeberto Moreno Faba, la mesa de trabajo no fue instalada de inmediato porque “las agendas de los ediles no empataron”. A la par, el edil argumentó que los desarrolladores que han incumplido obligaciones de urbanización representan solo el 10 por ciento de aquellos que han obtenido permisos de venta por parte del municipio. 

En entrevista para POPLab, la regidora de Movimiento Ciudadano, Dessire Ángel Rocha, explicó que en el caso de Bosque Azul, es inviable la ampliación del camino a Comanja, pues agregar un carril a esta vialidad, requeriría invadir el Parque Metropolitano. 

“Cuando tuvimos la reunión en la que nos presentaron los faltantes de los desarrolladores, dejaron muy en claro que es imposible cumplir una de las partes que implica construir un tercer carril. Mi pregunta es cómo le permitieron esas obligaciones a sabiendas de que eso no se iba a poder cumplir. Es condenable”, cuestionó la regidora. 

La edil reconoció que tras haber “pateado el bote” durante distintas administraciones, la participación ciudadana ha empujado a las distintas dependencias a verificar el cumplimiento de las obligaciones que adquieren los desarrolladores para fraccionar o construir viviendas. De acuerdo con lo expuesto en la mesa de trabajo, las dependencias se declararon rebasadas para dar seguimiento a los compromisos. Al respecto, Dessire reprochó que “no es justificación”. 

“Pareciera que no es solo ausencia de efectividad, parece también una complacencia a los desarrolladores, lo que es igual de condenable. Ahora estamos viendo que la ciudadanía está usando los recursos jurídicos, hacen escuchar su voz y su reclamo, da esperanza que las y los leoneses están reconociendo que el poder es suyo y que la autoridad está para garantizar sus derechos”, sostuvo.