Organizaciones ciudadanas que se oponen al proyecto del Acueducto Solís-León solicitaron a los módulos de riego de Acámbaro y Salvatierra revocar la cesión de derechos de volúmenes de agua aprobada por las anteriores mesas directivas. Estos derechos fueron otorgados a partir de la firma de un convenio de colaboración, en marzo de 2025.

El documento contempla la terminación anticipada por tres motivos: incumplimiento del objeto del convenio; previo acuerdo entre las partes o por declaración judicial; así como la rescisión por alguna de las partes. Esto se establece en su cláusula décima primera.

El acuerdo, que fue testificado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, plantea la recuperación de hasta 120 millones de metros cúbicos anuales de agua, volumen que posteriormente sería cedido para garantizar el abastecimiento de agua potable para cinco municipios del corredor industrial: León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya.

Integrantes de la Red de Asociaciones y Colectivos del Sureste del Estado en Defensa de la Presa Solís entregaron esta petición a Joel Moreno Brito, presidente del Módulo de Riego de Acámbaro, y a Javier Raya Martínez, de la misma organización en Salvatierra. Ambos dirigentes fueron electos después de las movilizaciones sociales contra el acueducto: Joel Moreno sustituyó a Alejandro Acevedo y Javier Raya a Rigoberto Paredes.

"Lo que les solicitamos es que lleven a cabo la revocación de la cesión de derechos de volúmenes de agua que las dos anteriores mesas hicieron el primero de marzo del año pasado", señaló Juan Manuel Ayala, integrante de la Red de Asociaciones y Colectivos del Sureste.

La Ley General de Aguas Nacionales, publicada en diciembre de 2025, estableció como regla general la no transmisibilidad entre particulares de los derechos de explotación, uso o aprovechamiento amparados en concesiones y asignaciones, imponiendo una restricción a la cesión o transferencia de concesiones.

Además, facultó a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para asignar volúmenes o emitir nuevos, priorizando, por ejemplo, el derecho humano al agua, la seguridad alimentaria y el desarrollo nacional.

Mientras la solicitud espera la respuesta de los representantes de los módulos de riego, la Red de Asociaciones y Colectivos del Sureste del Estado en Defensa de la Presa Solís sigue creciendo y actualmente está integrada por 22 organizaciones, entre comités de colonos, barrios y comunidades ribereñas; además, rechazan la postura gubernamental con relación a la politización del movimiento.

Convenio origen que busca revertir proyecto 

La solicitud de las organizaciones se basa en el convenio de colaboración para la tecnificación del Distrito de Riego 011 Alto Río Lerma, suscrito el 1 de marzo de 2025 por autoridades del Gobierno de Guanajuato, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y representantes de los módulos del Distrito de Riego 011.

El acuerdo formalizó una alianza entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y los usuarios agrícolas para modernizar la infraestructura hidráulica del distrito mediante obras de entubado de canales, instalación de sistemas de medición, equipamiento de plantas de bombeo y la tecnificación parcelaria con sistemas de riego por goteo, aspersión y microaspersión en más de 10 mil hectáreas de Guanajuato.

De acuerdo con el documento, el objetivo es recuperar hasta 120 millones de metros cúbicos de agua al año a partir del ahorro generado por una mayor eficiencia en el uso del recurso en el campo. Dicho volumen sería destinado exclusivamente al abastecimiento de agua para uso público-urbano y doméstico en los municipios de León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya.

Sin embargo, la cesión de hasta 120 millones de metros cúbicos no sería automática, sino que dependería de la generación efectiva de los ahorros derivados de la tecnificación. La Conagua sería la instancia responsable de medir y verificar los volúmenes recuperados mediante infraestructura automatizada de medición y la supervisión de los puntos de control dentro del distrito.

La cuantificación se realizaría conforme avance la ejecución de las obras y en función de los planes de riego que los productores presenten en cada ciclo agrícola, por lo que el volumen destinado al abastecimiento urbano dependería del ahorro efectivo.

Según el convenio, los estudios y las licitaciones debieron concluir a finales de junio del año pasado; la ejecución de las obras físicas debió haber comenzado también el año pasado y el plazo máximo para la finalización de todos los trabajos no podrá exceder el mes de diciembre de 2030.

La inversión conjunta que se contempla por parte del Gobierno Federal y el Estado sería superior a los 6 mil 400 millones de pesos. Se ejecutaría de forma gradual hasta el año 2030.

El convenio sostiene que la tecnificación responde a la crisis hídrica que enfrenta Guanajuato. Como justificación, se argumenta que el 97 por ciento de la población del estado se concentra en la región Lerma-Chapala, donde existe poca disponibilidad de aguas superficiales, mientras que los 20 acuíferos presentan distintos niveles de sobreexplotación.

Asimismo, señala que el sector agrícola concentra el mayor consumo del recurso hídrico, al utilizar el 98 por ciento del agua superficial y el 83 por ciento del agua subterránea disponible en la entidad, por lo que incrementar la eficiencia en el riego permitiría liberar volúmenes para atender la demanda urbana sin reducir la producción agrícola.

Cabe resaltar que el convenio se firmó previo a la aprobación, en el Congreso de la Unión, de modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, en diciembre de 2025. La actualización de la norma contempla, principalmente, cambios en la transmisión de concesiones y volúmenes de agua, el uso del agua e impone nuevas disposiciones a las inmobiliarias.

Organizaciones esperan respuesta de los módulos

La Red de Asociaciones y Colectivos del Sureste del Estado en Defensa de la Presa Solís hizo la petición solo a dos de los 11 firmantes de las organizaciones civiles de los módulos de riego del Distrito 011.

Juan Manuel Ayala, integrante del movimiento y vocero del Observatorio Acambarense por los Derechos Humanos "Fray Raúl Vera López" -una de las organizaciones integradas a la Red- dijo que en Acámbaro el documento fue entregado en la oficina del presidente del módulo, Joel Moreno Brito. Debido a que no se encontraba presente cuando entregó el oficio, no ha habido un acercamiento formal con el representante.

En Salvatierra, explicó, sostuvieron una reunión con el presidente del módulo, Javier Raya Martínez, quien les informó que la solicitud será presentada en una próxima asamblea de delegados para su análisis.

Las organizaciones esperan que ambas asambleas decidan revertir la cesión de derechos de agua y emprender las acciones jurídicas necesarias para impedir la continuidad del proceso de tecnificación.

Los presidentes de ambos módulos fueron sustituidos tras darse a conocer el convenio de colaboración. En Acámbaro, la directiva del módulo renunció tras protestas reiteradas de los usuarios, quienes posteriormente eligieron a la nueva mesa directiva. En Salvatierra, igualmente se convocó a una elección, en la que resultó electo Javier Raya.

Durante la entrevista, Juan Manuel Ayala también respondió a los señalamientos del Gobierno del Estado, que ha atribuido la oposición al acueducto a intereses políticos.

El representante ciudadano rechazó esa versión y aseguró que ninguno de los integrantes del movimiento busca contender por un cargo de elección popular. Hasta el momento, el grupo integra a 22 organizaciones ciudadanas.

"Hemos dicho pública y abiertamente que nadie de los que participamos aspira a un puesto de elección popular. No queremos que una lucha tan auténtica y generosa como la defensa del agua se contamine con cuestiones partidistas", expresó.

Añadió que, aunque algunos integrantes pertenecen a partidos políticos, se les ha solicitado mantener separada su militancia de las actividades del movimiento para evitar que se desacredite la causa.