El silencio institucional tras el asesinato de la buscadora Patricia Negrete Tafoya, ocurrido en Pénjamo el pasado 23 de junio, fue roto por el secretario de gobierno, Jorge Jiménez Lona, quien quien se anticipó a la investigación y afirmó ante los medios de comunicación que el crimen no está vinculado la labor de la mujer como defensora de derechos humanos e integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir. 

Aunque más de un centenar de organizaciones, entre ellas la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato y el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (Centro Prodh) han urgido a las autoridades estatales a evitar discursos revictimizantes y de criminalización ante asesinatos y desapariciones de personas buscadoras, la narrativa del estado ha mantenido la línea en los casos más recientes, en los que incluso se les ha señalado como figuras no activas en los colectivos.

Ante el silencio de las autoridades estatales, más de un centenar de colectivos y organizaciones, exigieron a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y al fiscal Gerardo Vázquez Alatriste presentar un informe público con resultados, líneas de investigación y posibles responsables.

Este martes, tras la presentación del programa del Festival Internacional Cervantino en Guanajuato capital, el secretario de gobierno, quien se ha mostrado como una figura cercana con los colectivos, aseguró que el asesinato de Patricia Negrete está relacionado a su actividad personal. No obstante, dijo que no podía revelar detalles de la investigación, que corresponde a la Fiscalía General del Estado.

“Sin cerrar ninguna línea de investigación, pero la línea más contundente es que fue por un tema personal, no relacionado con la actividad de búsqueda”, declaró tras ser cuestionado por el contexto de riesgo para los colectivos, y que ha derivado en los asesinatos de cuatro buscadoras en lo que va del año en los municipios de Salamanca y Pénjamo. 

Asimismo, adelantó que los casos de crímenes contra personas buscadoras serán expuestos ante el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras y Periodistas. 

“Estos mensajes que se mandan desde la autoridad habla de la incapacidad que tienen para verdaderamente investigar, sobre todo considerando que se dan de manera adelantada y sin tener ningún tipo de investigación que sostenga sus aseveraciones. Pero también creo que habla de la de la incapacidad que hay y de la falta de compromiso que hay en materia de prevención y de protección”, señaló Alexia Martínez Montalbán, abogada del área internacional del Centro Prodh.

Horas antes de que hablara el secretario de gobierno, el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste declaró a los medios de comunicación que el asesinato de la buscadora “se ha investigado bien”, aunque sin detallar ninguna línea de investigación, y agregó que estos ataques “son un fenómeno a nivel nacional”. 

Con el caso de Patricia Negrete, Guanajuato acumula 15 casos de personas buscadoras que han sido asesinadas y desaparecidas desde 2018, manteniéndose en el primer lugar con este tipo de agresiones a nivel nacional. 

Martha Patricia buscaba a su hermana Laura Angélica Negrete, quien desapareció en enero de 2021. Es la segunda integrante de ese colectivo víctima de homicidio. La primera fue Teresa Magueyal, en mayo de 2023. Se trata de la cuarta mujer buscadora asesinada este año en la entidad. Cecilia García, del colectivo Unidos Buscando Desaparecidos, fue localizada sin vida en abril en Salamanca, tras permanecer dos semanas desaparecida.

En ese mismo municipio, el 9 de mayo fueron asesinadas a balazos Patricia Acosta Rangel y su hija Katia Citlali Jáuregui, que pertenecían al mismo colectivo. Se unieron al grupo tras la desaparición de su hijo y hermano, Miguel Ángel Jáuregui Acosta, ocurrida en febrero de 2025. En ambos casos, autoridades estatales negaron que fueran buscadoras en activo.

Crímenes contra buscadoras ponen en la mira a Guanajuato

Tras el asesinato de Patricia, colectivos y buscadoras independientes encabezaron un posicionamiento que fue suscrito por más de 165 organizaciones y personas defensoras a nivel nacional. En el escrito, difundido el 25 de junio, evidenciaron la revictimización institucional, la indiferencia social y las agresiones provenientes de grupos criminales. 

Asimismo, las familias señalaron que las autoridades no han informado de manera suficiente sobre el avance de las investigaciones relacionadas con los asesinatos, desapariciones y agresiones contra integrantes de colectivos. Por ello, exigieron a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y al fiscal Gerardo Vázquez Alatriste presentar un informe público con resultados, líneas de investigación y posibles responsables.

“El vacío de información y justicia ha generado un ambiente de impunidad y zonas de silencio que dificulta la búsqueda, y profundiza la incertidumbre y la exposición a riesgos de quienes sobrevivimos a la violencia”, señala el pronunciamiento. 

Asimismo, rechazaron la criminalización de las personas desaparecidas y de sus familiares, y pidieron que este fenómeno sea abordado desde una perspectiva integral que considere factores como la desigualdad, el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado, el desplazamiento de comunidades y la posible colusión entre autoridades y grupos delictivos.

El  26 de junio, la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos, Andrea Bolaños Vargas, se sumó al llamado de organizaciones locales al Estado mexicano para investigar el asesinato de Patricia Negrete con perspectiva de Género y a dar atención urgente a la violencia contra defensoras buscadoras. 

Al llamado de justicia y no repetición se sumó el Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, que en una imagen que circuló en sus redes sociales, reiteró el papel de las personas buscadoras como una respuesta legítima ante la ausencia del Estado. 

Asimismo, el Sistema Universitario Jesuita exigió a la Fiscalía estatal y a la sautoridades involucradas investigar el asesinato de Patricia con un enfoque de derfechos humanos, en el que se considere como línea prioritaria la labor de la víctima como persona buscadora y defensora de derechos. 

Plataforma por la Paz advierte de ataques sistemáticos contra personas buscadoras en Guanajuato

Los asesinatos y desapariciones de personas buscadoras en Guanajuato ya no pueden entenderse como hechos aislados, sino como parte de un patrón de violencia sistemática favorecido por la impunidad y la falta de protección institucional, afirmó Fabrizio Lorusso, académico e integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia.

Al referirse al reciente pronunciamiento de organizaciones civiles, Lorusso señaló que en la entidad se han documentado 15 víctimas entre personas buscadoras: nueve asesinadas y seis desaparecidas en los últimos ocho años, lo que convierte a Guanajuato en el estado más afectado por este tipo de agresiones.

"Ya no es casualidad ni son casos aislados, estos ataques se transforman en una violación a derechos humanos en el momento en que se vuelven sistemáticos, seriales e impunes", advirtió en entrevista para POPLab.

El investigador consideró que, además de la violencia criminal, existe un contexto de desprotección institucional que favorece la repetición de los delitos. Lorusso señaló que, aunque existen mecanismos estatales y federales de protección para personas defensoras de derechos humanos, éstos no responden a las condiciones particulares que enfrentan las personas buscadoras.

"No se considera la doble o triple jornada laboral de estas personas y la exposición pública de ellas, independiente de si todavía estaban en un colectivo, al realizar búsquedas independientes o desde un colectivo. Son mujeres visibles en comunidades, en espacios ya de por sí muy violentos y con múltiples vulnerabilidades”, explicó. 

El académico también criticó la respuesta de las autoridades estatales, al considerar que persiste una tendencia a criminalizar o revictimizar a las víctimas y a ignorar el contexto estructural en el que ocurren los ataques. Aunque por otro lado, afirmó que las autoridades mantienen una interlocución que, en ocasiones, privilegia la construcción de una narrativa de atención por encima de la solución de los problemas de fondo.

"El estado de Guanajuato ha tratado de normalizar el fenómeno y sus luchas o ha tratado de darles atención, entre comillas, en lugar de la resolución de los problemas en sus bases", dijo.

Violencia contra buscadoras envía un mensaje de impunidad, advierte Centro Prodh

La escalada de agresiones contra personas buscadoras en Guanajuato refleja un contexto de violencia e impunidad que se ha agravado en los últimos meses y exige investigaciones integrales, así como medidas efectivas de protección, advirtió Alexia Martínez Montalbán, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Al respecto, señaló que el incremento de asesinatos de mujeres buscadoras en la entidad resulta especialmente alarmante. Martínez Montalbán consideró que estos crímenes deben entenderse dentro de un contexto más amplio de violencia que atraviesa el estado y que afecta directamente a quienes buscan a sus familiares desaparecidos.

"La situación de Guanajuato es particularmente preocupante por la reincidencia de agresiones, sobre todo de asesinatos cometidos en contra de mujeres buscadoras", afirmó la defensora.

Explicó que las mujeres buscadoras realizan una labor que corresponde al Estado, muchas veces en condiciones de mucha violencia, de mucha inseguridad, poniendo en riesgo su integridad e incluso su vida. 

“Esto da un mensaje de impunidad, de indolencia y también un poco de desincentivar la búsqueda, y creo que también es importante el mensaje que también manda la falta de respuesta de las autoridades hablando de la impunidad, de la falta de protección, del no reconocerlas como personas defensoras de derechos humanos, ese también es un mensaje muy claro para ellas”, sostuvo. 

En ese sentido, agregó que las propias instituciones encargadas de atender la crisis de desapariciones no garantizan condiciones seguras para que los colectivos realicen su labor, debido a deficiencias en la coordinación, la protección y el acceso a recursos.

Finalmente, advirtió que desvincular los asesinatos del contexto de búsqueda contribuye a normalizar la violencia que vive Guanajuato.

"No hay que descontextualizar que una mujer buscadora es asesinada. No es espontáneo, no viene de la nada, sino que es necesario leer el asesinato de Patricia y de todas las mujeres buscadoras asesinadas en Guanajuato en el contexto en el que se dan", concluyó.