Un autobús del Sistema de Transporte Público de León, perteneciente a una flotilla del empresario y concesionario Fernando García Murguía, se vio involucrado en otro homicidio culposo de una ciclista, quien perdió la vida por la presunta imprudencia del operador que, tras el hecho, intentó fugarse del lugar del atropellamiento. 

Martha Hernández era madre de tres hijos y vecina de la colonia Las Trojes. En la última década de su vida, convirtió a la bicicleta en su medio de transporte para desplazarse a su trabajo y hacer mandados. De acuerdo con Carlos, el menor de sus hijos, aquel jueves 18 de junio la mujer regresaba a su casa luego de ir a visitar a uno de sus nietos en la colonia Carmona.

Sin embargo, en su trayecto, Martha fue atropellada por el conductor de un autobús auxiliar circuito X-58, propiedad de la empresa Sociedad Integradora del Transporte Público General Francisco Villa, S.A. de C.V. En lo que va del año, este caso es el séptimo en el que un ciclista es privado de la vida por un vehículo de motor en el municipio de León. 

Colectivos ciclistas y por la movilidad sustentable señalaron que, durante 2026, León encabeza el registro nacional de muertes derivadas de siniestros viales, una situación que, consideraron, exige que la seguridad vial sea atendida como una prioridad por parte del gobierno municipal. Así lo advirtieron en un posicionamiento difundido tras encabezar una rodada y colocar una bici blanca en memoria de Martha la tarde de este sábado en la colonia Las Trojes

“Exigimos que la alcaldesa, Alejandra Gutiérrez Campos, y el gobierno municipal de León pongan en marcha un proceso estructural y transparente que garantice la no repetición ante los siniestros viales que involucran a peatones y ciclistas. Cada vida perdida representa una falla del sistema y una deuda con quienes seguimos transitando la ciudad. No queremos más muertes viales evitables”, señala el posicionamiento. 

De acuerdo con el acta constitutiva, el socio mayoritario es Fernando García Origel, nieto del empresario Fernando García Murguia, quien en las últimas dos décadas ha construido un monopolio en el servicio del transporte público, pero también transporte de alquiler, mediante la empresa Taxitel.

Testimonios recabados por reporteros en el lugar del accidente relataron que el conductor habría evadido la luz roja del semáforo y que, tras pasar por encima de la mujer, continuó la marcha y fue detenido por los propios pasajeros 300 metros más adelante. No obstante el acto deliberado de haber huido sin auxiliar a la víctima, el operador fue puesto en libertad horas más tarde por un juez de control. Así lo confirmó a POPLAb la Fiscalía General del Estado.

En entrevista, Laura Orozco Marín, abogada penalista que ha acompañado distintos casos de homicidio culposo cometidos por operadores del transporte público, señaló que, de existir riesgo de fuga, el Ministerio Público puede solicitar prisión preventiva justificada, de acuerdo con los hallazgos en las investigaciones preliminares de la Fiscalía. 

De acuerdo con el Código Penal del estado de Guanajuato, el homicidio culposo cometido por una persona que preste un servicio de transporte de personas amerita de 2 a 8 años de cárcel. 

En enero pasado, POPLab publicó el caso de Eulalio García Castillo, ciclista que murió atropellado en febrero de 2023 por una unidad de transporte público operada por la empresa Garmex de León SA de CV, cuyo presidente es también Fernando García Origel, en sociedad con su abuelo, Fernando García Murguía. Tanto Garmex como Transporte Francisco Villa forman parte de Corporativo Transporta, que agrupa además a las empresas concesionarias como Taxitel, Wigo y la paquetería Dardo. 

Para Laura Orozco, abogada de la familia de Eulalio, este caso exhibió no solo omisiones en las concesiones del transporte público en León que impidieron que se garantizara el apoyo económico inmediato a las víctimas de accidentes, sino también los esfuerzos de los empresarios por prolongar los litigios y no cumplir con las indemnizaciones mínimas. 

Hasta el cierre de esta nota, ni los representantes legales de la empresa Francisco Villa ni autoridades municipales han tenido un acercamiento con la familia de Martha Hernández. 

“Lo que esperamos es que se haga justicia por mi mamá; estamos a la espera de la información de los peritajes y de los videos, queremos saber si en realidad tuvo la culpa el camionero y que se haga responsable. En realidad, ni todo el dinero nos va a regresar a mi mamá; solo queremos que se haga justicia”, declaró a POPLab su hijo Carlos. 

León, primer lugar en muertes viales: Colectivos

A través de un posicionamiento difundido en redes sociales, colectivos como URBE León, Bici Escuela y Bici Azul sostuvieron que muertes como la de Martha Hernández “no deben entenderse como incidentes aislados, sino como el reflejo de un problema estructural” vinculado con la forma en que se diseña y gestiona la movilidad en la ciudad.

Los colectivos señalaron que, durante 2026, León encabeza el registro nacional de muertes derivadas de siniestros viales con 51 decesos, siete de los cuales son personas que viajaban a bordo de una bicicleta. 

Entre las medidas que plantean se encuentran la evaluación y adecuación de la infraestructura vial, la intervención en cruceros con alta incidencia de accidentes, el fortalecimiento de la operación del transporte público y la puesta en marcha de estrategias orientadas a proteger a peatones, ciclistas y demás usuarios vulnerables del espacio público.

Tras la presión de las organizaciones, el municipio de León convocó a una reunión el próximo 2 de julio en la que estarán presentes integrantes del ayuntamiento, como la regidora Dessire Ángel Rocha, así como el titular de la Dirección de Movilidad, Leopoldo Mora Flores, y el secretario de Infraestructura, Israel Martínez Martínez. 

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En la sesión de ayuntamiento de este jueves, el regidor morenista, Gabriel Durán, hizo un llamado a los concesionarios del transporte público y a la Dirección de Movilidad a fortalecer las capacitaciones para los operadores “antes de solicitar un incremento al transporte público”.

En respuesta, la alcaldesa, Alejandra Gutiérrez, sostuvo que, mediante la reunión con los colectivos ciclistas, el municipio mantendrá la escucha para con las necesidades de los usuarios de las ciclovías y aseguró que “se dará seguimiento a la investigación iniciada por la Fiscalía General del Estado”.

“Una de las cosas que también se ha estado revisando son los cruces, pero los usuarios lo viven todos los días y hay que seguirlos escuchando, por eso es importante esta reunión”, declaró. 

Irresponsabilidad de los concesionarios, la constante: Abogada

En entrevista para POPLab, la abogada Laura Orozco Marín explicó que los sectores más afectados por este tipo de accidentes son las personas de menores ingresos, al ser quienes utilizan cotidianamente el transporte público, o se trasladan en medios de transporte alternos como la bicicleta, por lo que llamó a revisar el actuar de los concesionarios y el nivel de supervisión que ejercen las autoridades sobre el servicio.

En ese sentido, criticó la actuación de las autoridades municipales, al considerar que existe una falta de vigilancia deliberada sobre el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios.

“Nos hemos dado cuenta de que los concesionarios, independientemente de que no cumplan con los estatutos de la concesión o que no sean socialmente responsables, son los patrocinadores oficiales de las campañas políticas del PAN. Lo que yo veo es que el Municipio se ha hecho de la vista gorda en temas de responsabilidad y eso les ha dado ventaja", declaró.

Asimismo, afirmó que existe tráfico de influencias y corrupción que favorece a los concesionarios en procedimientos administrativos y judiciales, además de cuestionar recientes nombramientos dentro del Poder Judicial, como el del magistrado Christian Cruz Villegas, al considerar que han beneficiado determinados intereses ligados a Acción Nacional.

 El ex secretario general del Congreso, Christian Cruz Villegas, fue designado como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato (STJE) a propuesta de la gobernadora, Libia García Muñoz Ledo en octubre de 2024. Actualmente, su sala está a cargo del caso de Eulalio García Castillo contra Garmex. 

Con cerca de 18 años de experiencia en litigios relacionados con hechos de tránsito y transporte público, la abogada señaló que anteriormente algunas empresas, en particular la línea Francisco Villa, propiedad de Fernando García Murguía, mantenían una política distinta frente a este tipo de casos.

No obstante, señaló que los concesionarios del transporte público de León han modificado la forma en que atienden los accidentes en los que sus operadores se ven involucrados, al asegurar que actualmente existe una menor disposición para contactar a las víctimas y reparar los daños de manera inmediata.

"Francisco Villa siempre era la excepción. Sus ajustadores o apoderados eran los primeros en contactar a los ofendidos. He visto que han retraído los pagos y han dejado de hacer ese contacto que antes existía con las víctimas. Antes había un tema más de responsabilidad social; ahora ya no lo veo de esa manera", sostuvo.

Finalmente, Orozco Marín indicó que las víctimas requieren abogados especializados en derecho penal, reparación integral del daño e indemnizaciones para enfrentar litigios que, según dijo, pueden verse afectados por presuntas redes de influencia. Desde su experiencia, los mecanismos gratuitos de atención a víctimas proporcionados por el Gobierno del Estado “difícilmente” garantizan una reparación adecuada.