Después de 9 meses de conflicto, los empresarios inconformes con el FIDESSEG regresaron a tener participación en las decisiones sobre la aplicación del fondo, al establecer una tregua con la gobernadora Libia Dennise García. Sin embargo, subsisten factores de discordia como el reintegro de 200 millones de pesos observados por la Auditoría Superior del Estado (ASEG) al fideicomiso que manejaron hasta hace unos meses.

Los empresarios recobraron el protagonismo que perdieron en el inicio del sexenio del "Nuevo Comienzo", cuando la gobernadora anunció la extinción del FIDESSEG, pero a nueve meses de que inició la pugna, se dieron acuerdos: los empresarios retiraron los amparos para frenar la extinción del fideicomiso creado por Diego Sinhue Rodríguez como parte de los compromisos que adquirió con el sector.

A cambio, Libia García permitió que representantes de la iniciativa privada participen en las decisiones para la asignación de recursos a las organizaciones y se comprometió a presentar una iniciativa de reforma para que quede en ley la obligación del Estado de asignar el 0.3 por ciento del Impuesto Sobre Nómina para proyectos enfocados en el desarrollo social, la prevención de la violencia y el fortalecimiento a las instituciones de seguridad pública.

Luego de fallidos intentos de diálogo encabezados por Rosario Corona, titular de la Secretaría del Nuevo Comienzo, finalmente la gobernadora Libia García se reunió con representantes de las cámaras empresariales.

Sin embargo, en los acuerdos no se incluyeron los recursos legales que presentaron ante la justicia federal las organizaciones que fueron observadas por la ASEG por irregularidades en el gasto de 214 millones 409 mil 074 pesos.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, Roberto Novoa Toscano, confirmó que los amparos con los que buscan frenar el reintegro ordenado por la ASEG siguen vigentes, tanto de las fundaciones FE Guanajuato y Actuando por Guanajuato (creadas por los empresarios) como de las organizaciones sociales.

"Evidentemente las auditorías todavía se tienen que solventar, ¿no?. Y como sabes tú, hay amparos, no solamente de parte de las fundaciones, sino también amparos de algunas organizaciones de la sociedad civil ante esto que fue el resultado de las auditorías. Entonces, lo que sí es que cada institución está buscando cómo solventar el tema. Y yo creo que se va a llegar a poder esclarecer", dijo en entrevista para POPLab.

Otro de líder empresarial que confirmó que la pelea en los tribunales sigue por los resultados de la auditoría fue Juan Carlos Usabiaga del Moral, presidente de Actuando por Guanajuato, al asegurar que los proyectos presentados por las asociaciones no fueron únicamente avalados por el sector empresarial, sino que en el comité técnico del fideicomiso participaron funcionarios de la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría del Nuevo Comienzo y de la Secretaría de Transparencia.

Una de las primeras decisiones que tomó Libia García como gobernadora fue la extinguir el Fideicomiso de Administración e Inversión para Financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública para el Estado de Guanajuato (FIDESSEG).

Con el anuncio que hizo la gobernadora el 14 de octubre pasado para extinguir el FIDESSEG, fideicomiso en el que el sector empresarial tuvo voz y voto durante el sexenio de Diego Sinhue Rodríguez, se fracturó la alianza histórica que había conservado el PAN con el sector empresarial.

En la última semana de octubre la gobernadora publicó en el periódico oficial el decreto para extinguir el FIDESSEG, y desde entonces iniciaron movilizaciones de organizaciones de sociedad civil beneficiadas y la lucha en tribunales por los amparos que promovieron tanto las asociaciones como los consejos empresariales.

En medio de la pugna entre empresarios y el gobierno estatal quedaron decenas de organizaciones que durante los primeros siete meses del año ven limitadas sus operaciones por la falta del apoyo gubernamental.

La justicia federal concedió suspensiones a los actos del Gobierno de Guanajuato por los recursos promovidos, lo que mantuvo en la congeladora más de 1 mil millones de pesos etiquetados para apoyos a organizaciones de la sociedad civil que trabajan por el desarrollo social y la prevención de la violencia y la delincuencia.

"La transparencia no ha sido una característica del fideicomiso", dijo la gobernadora Libia García el 14 de octubre cuando anunció la extinción del FIDESSEG.

El anuncio se acompañó de la presentación del programa "Tocando Corazones", que llegaría a sustituir al fideicomiso y que pretendía dejar fuera de la toma de decisiones a los empresarios que exigían conservar la voz y el voto del destino final de los recursos provenientes del 0.3 por ciento del Impuesto Sobre Nómina.

El litigio ha provocado que los más de 1 mil millones de pesos del porcentaje del impuesto estatal se mantengan en el banco, pero con el acuerdo pactado entre la gobernadora y empresarios está por salir la convocatoria para que las organizaciones puedan participar con proyectos para obtener apoyos económicos.

Mejoras a corporaciones de seguridad municipales agrupa observaciones de ASEG

Ante los constantes señalamientos de Morena de presunta corrupción en FIDESSEG e iniciado el gobierno de Libia García, el Congreso del Estado aprobó el 24 de octubre ordenar a la Auditoría Superior del Estado una revisión financiera y al cumplimiento del fideicomiso. 

Aunque los apoyos a la seguridad municipal desde el FIDESSEG comenzaron a darse en 2022, la Auditoría Superior no había advertido irregularidades en la revisión anual, sino que fue hasta que se hizo una auditoría financiera y de cumplimiento desde 2020 (fecha en que arrancó operaciones) hasta el cierre de 2024.

Más del 50 por ciento del monto observado por la ASEG como irregularidades en el manejo de los recursos del FIDESSEG se vinculan a los apoyos económicos que recibieron las corporaciones de seguridad de tres municipios del estado: León, Celaya y San José Iturbide.

De los poco más de 214 millones de pesos que, para la ASEG, representan gastos irregulares, 112 millones 173 mil pesos se concentraron en proyectos para fortalecer los C4 de los tres municipios. El recurso fue gestionado por organizaciones de la sociedad civil.

Celaya fue el primer municipio que recibió el apoyo para el fortalecimiento y modernización del C4 por 38.5 millones de pesos, recurso gestionado por el Consejo Empresarial Ciudadano de Celaya.

Juan Carlos Usabiaga, presidente de Actuando por Guanajuato, fundación empresarial encargada de validar los proyectos de organizaciones enfocados en la seguridad, señaló que Celaya fue el primer municipio en recibir recursos para su C4, aprobado por funcionarios y representantes del sector empresarial, sin que se advirtiera ninguna irregularidad en las reglas de operación.

Sin embargo, en la auditoría integral que hizo la ASEG se señaló como irregularidad la entrega de los apoyos para la compra del equipamiento por ir contra "las disposiciones que regulan la evaluación y selección de proyectos". En la valoración de la Auditoría Superior del Estado le toca a los gobiernos municipales la planeación y presupuestación de estos proyectos por Ley.

"Todos los proyectos fueron autorizados por unanimidad del gobierno, a nuestro parecer no había ninguna regla de operación que impidiera llevarse a cabo estos proyectos, ya que solo fue apoyo en equipo, nunca se hicieron acciones de seguridad. Es por esta razón que las asociaciones decidieron meter un amparo en contra de las observaciones de la ASEG", precisó Usabiaga.

Después de Celaya, los Bomberos Voluntarios de San José Iturbide presentaron el proyecto para la actualización tecnológica del sistema de emergencias 911. Del FIDESSEG se entregaron poco más de 39 millones de pesos y ahora la Auditoría también señala la entrega como irregular, pues indica que es competencia del municipio presupuestar y planear con recursos propios este tipo de proyectos.

El otro municipio que recibió apoyo a través de una organización para la implementación de tecnología en 40 puntos de monitoreo fue León. Las gestiones las hizo la organización León Agradecido por 34.6 millones de pesos, y la conclusión de la ASEG es la misma que en los dos casos anteriores.

León Agradecido tiene otras dos observaciones por las gestiones que hizo para bajar recursos del FIDESSEG en beneficio de la Secretaría de Seguridad del municipio de León:

Entre 2022 y 2023 consiguió otros 22 millones 296 mil pesos para dos proyectos. El primero fue por 17 millones 996 mil pesos y consistió en el fortalecimiento de la infraestructura en equipamiento de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana. El segundo de 4 millones 300 mil pesos fue para fortalecer con el equipamiento de 11 aulas el aprendizaje y habilidades de los cadetes y elementos de la Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León.

En las conclusiones de la ASEG, las tres organizaciones que gestionaron recursos para las áreas de seguridad municipales tienen que hacer el reintegro en especie de los recursos observados.

Para evitar regresar el equipo que ahora tienen las corporaciones de seguridad, las organizaciones promovieron amparos que todavía están en los tribunales de la justicia federal.

Aunque los proyectos pasaron por la aprobación de representantes del gobierno estatal, la ASEG no hizo ningún señalamiento a las dependencias gubernamentales, sino que se canalizaron a las organizaciones y fundaciones que participaron en la evaluación de los proyectos.

Otras de las observaciones de la ASEG a las fundaciones FE y Actuando por Guanajuato, además de varias organizaciones de sociedad civil, es porque un miembro o familiar obtuvo pago como proveedor o prestador de servicios. También porque no acreditaron el total de entregables de los proyectos autorizados.

"Nosotros como Consejo Coordinador Empresarial, la postura que tenemos es que si alguien hizo algo mal, o si se determina un autobeneficio o lo que fuese, pues que se tenga que reintegrar o lo que dictamine la autoridad", dijo Roberto Novoa Toscano.

Libia y empresarios liman asperezas

La noche del martes 22 de julio la gobernadora se reunió con líderes empresariales para concretar acuerdos.

Empresarios aceptaron retirar las demandas de amparo contra la extinción del fideicomiso, mientras el gobierno estatal se comprometió a mantener la participación de la iniciativa privada en la asignación de los apoyos y dejará en Ley la reserva del 0.3 por ciento del Impuesto Sobre Nómina para proyectos sociales y de seguridad.

"Para garantizar su permanencia más allá del término de una administración, la Gobernadora enviará una iniciativa de ley al Congreso del Estado que canaliza de manera clara y permanente el 0.3% del impuesto sobre la nómina al bienestar de Guanajuato", dice el comunicado de prensa conjunto que lanzaron los consejos coordinadores empresariales de los municipios con el gobierno estatal.

El 0.2 por ciento se va a destinar a proyectos de inversión con fines de Desarrollo Social y la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, a través de Tocando Corazones, mediante proyectos liderados por las organizaciones de la sociedad civil.

El 0.1 por ciento es para proyectos de inversión para el fortalecimiento de la Seguridad Pública del Estado, directamente operado por la Secretaría de Seguridad y Paz.

En el nuevo modelo que va a sustituir al FIDESSEG se pretende conformar un Grupo de Especialistas que evaluará el cumplimiento de los requisitos y el impacto social de los proyectos. El esquema estará respaldado por un Consejo Estratégico que va a incluir a representantes del gobierno, empresariado y organizaciones de la sociedad civil.

Se van a crear cuatro subcomités especializados con representación ciudadana y empresarial: subcomité de Niñas, Niños y Adolescentes; subcomité de Infraestructura; subcomité de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia; y el subcomité de Desarrollo Social.

"La relación con el gobierno del Estado está en los mejores términos, y el sector empresarial siempre estará dispuesto a trabajar con nuestro gobierno, porque lo que queremos es que a nuestro gobierno le vaya bien para que nos vaya bien a todos", declaró en entrevista Roberto Novoa, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL).

Luego de la reunión con Libia García y tras los fallidos intentos de acercamiento con Rosario Corona, el presidente del CCEL evitó hablar del por qué no hubo un acuerdo antes con la titular de la Secretaría del Nuevo Comienzo.

"Yo lo único que te puedo decir es que hoy tenemos un acuerdo, estamos contentos, estamos a la espera de que la iniciativa (para distribuir el 0.3 por ciento del Impuesto Sobre Nómina) pase. Yo creo que aquí lo más importante es ver por los más vulnerables, para atrás ni para agarrar vuelo", concluyó.

La convocatoria para asignar 1 mil 167 millones de pesos sale el 6 de agosto próximo a través de Tocando Corazones, mientras que otros 1 mil millones de pesos van para financiar proyectos de inversión para el fortalecimiento de la seguridad pública.