Reconstruir la autonomía de la Fiscalía General de Guanajuato mediante un proceso de reposición deliberativo y abierto que incorpore la participación de ciudadanos, es la propuesta de un grupo de diez académicos y activistas de entidades como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.

Carlos Zamarripa rindiendo protesta como fiscal general. Foto: Congreso de Guanajuto

Un grupo de académicos y activistas de instituciones nacionales presentó un “amicus curiae” (amigos de la corte), ante la jueza Gabriela Elizeth Almazán Hernández, titular del Juzgado Tercero de Distrito con sede en León, para un amparo por las violaciones constitucionales en las que incurrió el Congreso de Guanajuato al otorgar el cargo por pase automático al procurador Carlos Zamarripa Aguirre, quien llevaba en ese puesto 10 años.

La reflexión fue realizada mediante la institución jurídica conocida como “los amigos de la corte”, mediante la cual terceros que no tienen una legitimación procesal en un juicio “promueven de manera voluntaria una opinión técnica de un caso que involucra aspectos de trascendencia social o aportan elementos jurídicamente trascendentes, para efecto de que el juzgador pueda tomarlos en cuenta al dictar una resolución.”

Entre los firmantes se encuentran los doctores Luis Daniel Vázquez Valencia, Carlos Pelayo Moller, Pauline Capdevielle, María de Jesús Medina Arellano, Pamela Rodríguez, María de Guadalupe Salmorán Villar, Alethia Fernández de la Reguera, todos ellos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; además, la doctora Rachel Sieder, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS); la abogada Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; y Miriam del Carmen Estrada Rivera, secretaria general de la Central de Estudiantes Universitarios de la UNAM.

La exposición hace énfasis en el hecho de que las designaciones de fiscales generales autónomos tenían como objetivo “refundar los órganos con autonomía política, con capacidades técnicas y sin estructuras burocráticas y corruptas que corroen cualquier posibilidad de justicia en México.”

Esa situación se encuentra completamente vulnerada en el caso de Guanajuato “donde Carlos Zamarripa Aguirre, que se desempeñaba como procurador desde el año 2009, ha sido designado en los hechos de forma automática como Fiscal General por 9 años más, contraviniendo los parámetros y garantías debidas para este tipo de designaciones que buscan fortalecer la autonomía institucional.”

La preguntan que se hace la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho Democrático al presentar el amicus curiae en su página y sus redes sociales, es: “¿Cómo se puede desarrollar la autonomía política de una fiscalía recién creada, si la persona a cargo es la misma que previamente había sido designada por el gobernador en turno?”

En el escrito presentado a la juzgadora, se cuestiona esencialmente el papel del Poder Legislativo de Guanajuato al haber optado por el pase automático para resolver el trámite del nuevo Fiscal General:

Los “pases automáticos” según el cual un Procurador General de Justicia en funciones podría ser designado como Fiscal General, o la reelección de procuradores nombrados con las reglas del viejo régimen son un obstáculo en la construcción de la autonomía de las nuevas fiscalías. No puede esperarse que un procurador que fue sujeto a una designación directa desde el Poder Ejecutivo, garantice la autonomía e independencia esperados al transitar hacia un modelo de Fiscalía General.

Además, no solo se cuestionó la formalidad legislativa, sino también la ausencia de “estándares de idoneidad” para designar al fiscal, así como la ausencia de una política para generar un debate público sobre el tema.

Imágenes de la sesión del 20 de febrero, en la que diputados tomaron protesta a Zamarripa como fiscal general.

La falta de participación de los ciudadanos en la selección del fiscal general atenta contra sus derechos en dos sentidos, argumenta el escrito: primero como medio, pues los ciudadanos tienen el derecho legal de participar en la decisión de los asuntos públicos, especialmente aquellos de gran relevancia para su propia circunstancia, como lo es la seguridad, el combate a la impunidad y el acceso a la justicia; en segundo lugar, como fin, pues la participación ciudadana es la mayor y principal garantía para la defensa de la autonomía y la independencia de las fiscalías.

Al respecto, subrayan:

Lograr y asegurar la autonomía de las instituciones y la independencia de sus operadores no depende solamente de reformas legales o de reingeniería institucional, sino también de la selección y designación rigurosa, abierta y participativa, que se realice de sus titulares. El punto de partida para poder garantizar que un fiscal sea autónomo es el proceso de selección.

La flagrante ausencia de opinión y participación de ciudadanos en la designación de un fiscal y sus efectos en la autonomía constituyen la mayor amenaza a la que sería una de las principales tareas del nuevo órgano: el abatimiento de la impunidad, señalan los académicos.

La falta de autonomía histórica de las procuradurías en México es una de las causas directas de la alta impunidad que registra el sistema penal, superior al 90 por ciento en todas las entidades del país.

Las fiscalías sin autonomía producen una justicia politizada que abona a la impunidad y que se convierta en el principal incentivo para una mayor delincuencia, se subraya.

Ilustración: Pinche Einnar

La histórica falta de autonomía produce los mayores males que afronta la justicia en México, señalan y citan a la especialista Ana Laura Magaloni:

La procuración de justicia en México no ha cumplido su función en la persecución penal, sino que ha fungido como un aparato coactivo del régimen político que ejerce de manera inadecuada su poder contra detractores del régimen o enemigos del mismo. Funciona con grandes márgenes de discreción y manipulación política, con un cuerpo de servidores públicos incapaces de oponerse a dicha manipulación.

El amicus curiae concluye solicitando a la jueza Almazán Hernández que tenga por presentado el instrumento; que resuelva “ordenando se establezca un mecanismo efectivo de participación en el proceso de selección del Fiscal de Guanajuato, de conformidad con los principios del parlamento abierto”; que “se establezca una comisión con partipación de la sociedad civil y la academia para coadyuvar en el diseño del mecanismo efectivo de participación en el proceso de selección del Fiscal de Guanajuato como parte de la ejecución de la sentencia”; y, finalmente, que “se reponga el procedimiento de selección del actual Fiscal de Guanajuato.”

Permanencia sin mayor oposición

Con el aval del PAN en el Congreso local, el impulso del nuevo gobernador Diego Sinhue Rodríguez y una oposición que limitó el rechazo a Carlos Zamarripa Aguirre a declaraciones y discursos, en la sesión del 20 de febrero se consumó la permanencia ahora con el título de fiscal.

En 2017, en medio de la “batalla” que inició el entonces dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, en contra de la imposición de un “fiscal carnal” desde el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, en Guanajuato la mayoría panista del Congreso local aprobaba la reforma constitucional con el artículo transitorio que le daba a Zamarripa el pase automático para convertirse en fiscal.

Las críticas por la incongruencia panista con el discurso federal y el que manejaban sus militantes en Guanajuato, Miguel Márquez Márquez como gobernador presentó una iniciativa para reformar el transitorio y eliminar el pase directo.

A la iniciativa de Márquez se sumaron otras similares de la fracción del PRI y del PVEM, pero las tres propuestas fueron enviadas a la “congeladora” legislativa durante el proceso de campañas en el 2018, también lo hicieron durante los últimos meses del año.

Finalmente, a finales de noviembre de 2018 el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de Guanajuato, Jesús Oviedo Herrera, anunciaba lo que ya se presumía: los diputados de Acción Nacional se pronunciaban en contra de reformar la eliminación del pase automático.

Libia Denisse García Muñoz Ledo, presidenta de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, fue la encargada de torear las críticas, y aunque al inicio dijo estar a favor de reducir el periodo del fiscal de nueve a cuatro años, como sugerían especialistas, finalmente decidió unirse al resto de la bancada del PAN a favor de Zamarripa: pase automático y un periodo de nueve años como fiscal.

En la sesión del 20 de febrero, ciudadanos se dieron cita en el Palacio Legislativo para externar el rechazo a la imposición que estaba por concretarse. Mientras Zamarripa rendía protesta, en el área de Pleno donde se ubican los diputados de Morena podía verse solo una pancarta para recordar la violencia que se había recrudecido en Guanajuato.