La historia de las iniciativas legislativas en materia de reconocimiento de los derechos de las poblaciones de la diversidad sexual y de género en Guanajuato ya la conocemos: la oposición presenta, la prensa cubre, las organizaciones y activistas se emocionan, y Acción Nacional congela, archiva y censura. Sin embargo, con el paso del tiempo, la emoción de organizaciones y activistas se ha consumido gradualmente ante la aparente perpetuidad del mismo partido político en el poder.

Ante este escenario, en el marco de la Mesa de Trabajo para los Derechos de las Personas de la Diversidad Sexual, espacio creado por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, esta institución ofreció en mayo pasado a activistas y organizaciones de la entidad una alternativa que ha rendido frutos anteriormente para el fortalecimiento de la normativa local hacia otros grupos de población que han sido históricamente vulnerados.

Éste fue el caso de la propuesta de armonización normativa sobre derechos de personas con discapacidad presentada por la Procuraduría ante el Congreso del Estado el pasado 10 de diciembre de 2018. En esa oportunidad, organizaciones y activistas integrantes de la Mesa de Trabajo para los Derechos de las Personas con Discapacidad colaboraron en la propuesta que se entregó a la actual legislatura.

Con posterioridad al ofrecimiento de la Procuraduría, la recientemente creada Coalición Guanajuato LGBT+, conformada por diversas activistas, colectivas y organizaciones locales, se dio a la tarea de elaborar un pliego petitorio que provee de contextos situacionales y textos de propuesta de reforma de leyes, aspirando a que el ejercicio desarrollado en conjunto con la Mesa de Trabajo para los Derechos de las Personas con Discapacidad se repita.

Ilustración: Pinche Einnar.

Este documento fue entregado en la sede la Procuraduría el miércoles 14 de octubre, por lo que ahora el balón está en la cancha del Ombudsman. Hablando a título personal, estimo que pecaría de ingenuo pensando que por el simple hecho de ser presentadas por el Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, estas iniciativas tendrán una consecuencia diferente a las anteriores. Sin embargo, el abanderamiento firme de nuestra causa por una institución pública en el contexto guanajuatense no tiene precedentes y posiblemente elevaría la conversación a un nivel diferente.

Personalmente, celebro el ofrecimiento de la Procuraduría y deposito mi confianza en que la actual administración actuará en consecuencia previo a la finalización de su periodo en noviembre próximo. El organismo ha acertado, entre otras, en entablar diálogos constantes con los activismos locales y en apoyar actividades de promoción; sin embargo, es momento de mostrarse como una aliada decidida porque, como dije, a estas alturas las buenas intenciones y las emoción no bastan.