La resolución de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato por el caso del asesinato del joven migrante Leonardo Reyes Cayente a manos de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, ha quedado a deber tanto a la familia como a personas defensoras de Derechos Humanos que analizaron la resolución que llegó de la oficina de Raúl Montero de Alba 15 meses después del homicidio del joven.

El documento publicado por Derechos Humanos incluyó siete recomendaciones para el secretario de Seguridad Pública, tres para el fiscal general y una mención para la Secretaría de Gobierno.

Sin embargo, la familia todavía espera que exista una disculpa pública por parte del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, y de la comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategias para la Seguridad, Sophia Huett López, después de haber criminalizado al joven que tenía unos días de haber llegado a su natal San Miguel de Allende para pasar las fiestas decembrinas.

Mientras el secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, anunciaba que aceptaría las siete recomendaciones, Raymundo Sandoval, defensor de derechos humanos, consideró que las endebles recomendaciones evidencian que existió una negociación desde la oficina de Raúl Montero de Alba con el Gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado.

En entrevista con Alvar Cabeza de Vaca, confirmó que un día después de que les notificaron la resolución tuvieron comunicación con la Procuraduría de los Derechos Humanos para exponerle errores como el nombre de la madre de Leo, además de que una recomendación iba dirigida a toda la corporación, cuando solo seis elementos participaron en el operativo.

“Tuvimos la oportunidad de aclarar con la procuraduría de los derechos humanos un punto resolutivo porque aparece el nombre de una mujer que no está vinculada a la investigación, consideramos que fue un error de dedo, nos mandan una fe de erratas estableciendo…También se corrige, modifica, con una fe de erratas en una recomendación, donde inicialmente establecía que capacitación especializada en manejo de armamento y derechos humanos a toda la corporación, ya nos notificó la Procuraduría que solo es para los seis elementos recomendados”.

A pesar de que la Procuraduría de los Derechos Humanos manifestó que la Fiscalía General del Estado ha sido lenta en la investigación, lo que constituye una violación al derecho a la justicia para la familia, Carlos Zamarripa Aguirre negó la lenidad de los agentes del Ministerio Público; sin embargo, tuvo que ser a solicitud de los abogados ante un juez que se ordenó a la Fiscalía ya presentar la judicialización o no del caso. La audiencia está programada para el 2 de marzo.

Fotografías de Juan José Plascencia

Exigen disculpa pública

Apenas unas horas después de que se hicieron públicas las recomendaciones, el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dijo desconocer los detalles del caso, por lo que no podía adelantar si se aceptarían o no las recomendaciones de Derechos Humanos.

Las primeras declaraciones del gobernador lastimaron a la madre de Leo Reyes, según confirmaron sus abogados durante la conferencia de prensa a la que también asistió la señora Guadalupe Cayente, quien por estar afónica no pudo expresarlo directamente.

“Lastimó a la señora las declaraciones (de Diego Sinhue) porque en lugar de decir que no conocía los detalles técnicos de la resolución, se encargó de decir que denegaba la atención a sus secretarios de esa recomendación, para luego señalar que las Fuerzas son de las mejores del país, la declaración del gobernador sí lastimó a la señora, es un desatino político… esperamos que se atiendan las recomendaciones y se enmiende el desatino político del señor gobernador”.

A través de los abogados, la familia insistió en la necesidad de que exista una disculpa pública de las autoridades por la actuación de los elementos y la criminalización del joven.

A pesar de que agradecieron la resolución de la Procuraduría de los Derechos Humanos, dos de los objetivos de la lucha de la familia Reyes Cayente son: justicia y limpiar el nombre de Leo Reyes.

Familiares que estuvieron presentes en la conferencia de prensa, denunciaron que la actuación de las autoridades no solo terminó con la vida del joven migrante, sino que afectaron a toda la familia.

Reprocharon que después de 15 meses no exista una disculpa por parte de las autoridades estatales que salieron a declarar que Leonardo era un delincuente que fue abatido por policías.

“Se pide una disculpa pública porque están diciendo que él era un delincuente, pero no ven cómo nos perjudicaron a todos. Somos una familia que se ha esforzado en tener lo que tiene, una familia que lucha, que se va de migrante”.

Mencionaron que después de más de un año esperaban una resolución de todas las autoridades, con los responsables de la muerte de Leo pagando una condena, el gobernador los atendiera personalmente.

“El gobernador nos dice una cosa, en conferencia dice otra, ni siquiera se ha hecho presente con la señora (Guadalupe). Dice (Diego Sinhue) que no sabe, cuando esto fue público desde el principio, nunca se ha escondido”.

La cuñada de Leo también recordó que, desde hace un año en el consulado de Dallas, Texas, se le planteó el caso al gobernador, quien prometió apoyar para esclarecer lo sucedido la madrugada del 13 de diciembre de 2018.

“A él le quitaron mil dólares más cinco mil pesos que yo le acababa de entregar, dónde están los mil dólares, dónde están los cinco mil pesos. ¿Quién se los quedó? Ella dijo (Sophia Huett) que era un delincuente, entonces el dinero. Si ellos (policías) no son delincuentes ¿por qué no apareció el dinero, por qué no apareció una cadena valor que le regaló su novia? ¿por qué el gobernador está diciendo esto (que no tiene conocimiento del caso) si mi suegra lo confrontó en Dallas?”, se preguntó la cuñada de Leo.

Sin que la recomendación de Derechos Humanos incluyera una disculpa pública, los abogados recordaron que la resolución firmada por Raúl Montero de Alba es impugnable.

“Seguimos con la solicitud por parte de la familia que se emita la disculpa pública, creemos que con las recomendaciones va por añadido la disculpa pública. La primera en criminalizar a Leo fue la comisionada (Sophia Huett López), pero por este medio se exige la disculpa pública por las autoridades”.

No hubo abuso de fuerza, insiste Alvar

Contrario a lo que señala el documento de resolución que emitió la Procuraduría de los Derechos Humanos, el secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, insistió en que no hubo uso excesivo de la fuerza por parte de los elementos que dispararon y mataron a Leo Reyes.

Incluso, Cabeza de Vaca sostuvo que en la recomendación de Raúl Montero de Alba no hay un señalamiento contra los seis elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública por disparar las armas, tampoco los vincula por homicidio.

“Los elementos de fuerza actuaron con racionalidad de fuerza, no hay imputación de homicidio, o por privación ilegal de la libertad, ni siquiera hay imputación por uso excesivo de la fuerza, se basa en dos cuestiones donde considera que los seis elementos requieren de mayor capacitación, pero no uso excesivo de la fuerza”.

Sin embargo, en la resolución la Procuraduría de los Derechos Humanos estableció lo siguiente:

“…se pone en duda el uso legítimo de la fuerza empleada con el joven migrante. La privación de la vida de la víctima derivó de un uso excesivo de la fuerza”.

El secretario de Seguridad Pública adelantó que aceptarán las recomendaciones de Derechos Humanos, pero dijo, tienen 15 días naturales para dar respuesta con los elementos técnico-jurídicos, aunque el plazo legal establecido es de solo cinco días.

Fotografía de la Secretaría de Seguridad Pública

Alvar Cabeza de Vaca salió en defensa de la corporación, al señalar que están capacitados tanto en el manejo de armas como en derechos humanos, por eso la misma Procuraduría rectificó una de las recomendaciones para que la capacitación solo este dirigida a los seis elementos implicados en el asesinato de Leo.

“Yo creo que el presupuesto es equivocado, no señalan a la Secretaría, es a seis elementos, como jefe a mí se me hace llegar, no hay recomendación para el secretario ni para la Secretaría, es solo para seis elementos”.

El funcionario estatal confirmó que los elementos señalados en la recomendación siguen en activo y continuarán en los operativos hasta que haya una resolución de la Comisión de Honor y Justicia.

“Los elementos tienen su derecho, la consecuencia es que los seis elementos pasen al proceso ante Honor y Justicia. Tienen sus derechos de audiencia, presentar pruebas, esperemos a que se lleven los procedimientos”.

Zamarripa niega dilación

Aunque en 15 meses no ha judicializado el caso del asesinato de Leo Reyes, el fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, negó que exista retrasos en la investigación, lo que ha provocado que la familia no tenga acceso a la justicia.

En entrevista, dijo que todavía analizan si se aceptarán o no las recomendaciones de Derechos Humanos.

“La recomendación es para nuestro Ministerio Público, habla de alguna dilación para la resolución dentro de la carpeta, lo cual hemos venido integrándola. La mejor prueba de ello es la carpeta y la secuencia, y congruencia de las fechas, de todos los datos y registros que ocurren en la misma. Por ello lo evaluaremos la recomendación que nos hacen”.

La tardanza no solo ha sido señalada por la Procuraduría de Derechos Humanos, sino por un juez que ya concedió como plazo límite el 2 de marzo para que la Fiscalía General del Estado presente ante un juzgado la investigación.

Sophia Huett y Carlos Zamarripa. Fotografía de archivo

Así lo confirmó uno de los abogados de la familia de Leo Reyes, durante la conferencia de prensa que ofrecieron después de que se publicaran las recomendaciones de Derechos Humanos.

“Esa fue la solicitud que se hizo a finales de enero, se solicitó una resolución de MP para que determine si se judicialice o se archiva”.

Recomendaciones estuvieron pactadas: Sandoval

Tras asegurar que la resolución de la Procuraduría de Derechos Humanos es insuficiente, al no cumplir con los estándares internacionales, el activista Raymundo Sandoval expuso que las recomendaciones pudieron haber sido negociadas con las autoridades.

Los argumentos de Sandoval para presumir la negociación es que la oficina de Raúl Montero de Alba se limitó a señalar que los seis elementos del grupo táctico de la Secretaría de Seguridad Pública fueron omisos al no llamar a grupos de emergencia para que atendieran a Leonardo Reyes cuando estaba herido.

Además, expuso que la Procuraduría de Derechos Humanos tiene atribuciones para señalar que la ejecución fue extrajudicial porque los policías estatales detonaron las armas, no solo por la falta de capacitación, sino que fue una ejecución intencional que debió reconocerse como una responsabilidad penal y no solo administrativa.

“La Procuraduría de Derechos Humanos se alinea a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía para evitar reconocer la ejecución extrajudicial como tal, solamente señala que hace falta capacitación al personal, un proceso administrativo para los policías y dos agentes del Ministerio Público”.

Raymundo Sandoval enfatizó en que las medidas administrativas y de restauración no resultan suficientes, porque los seis policías siguen en la calle.