Al presentar ante la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos la queja por las agresiones que sufrieron durante la manifestación feminista del sábado en León, cuatro reporteras y activistas pidieron al organismo que llame al gobierno municipal de Héctor López Santillana para que se implementen acciones inmediatas que garantice la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos que participan y cubren protestas sociales.

Acompañadas de Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres, y la periodista Verónica Espinosa, ambas integrantes del Consejo Estatal de Protección, llegaron a las oficinas de Raúl Montero de Alba para presentar la queja por las violaciones a sus derechos a manos de agentes de la policía municipal de León la tarde-noche del sábado.

El abuso de autoridad y la violación a la libertad de expresión son la base de la queja que presentaron las reporteras un día después de haber interpuesto la denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado.

Fotografía tomada de la cuenta de Twitter de Gamaliel Reyes

Verónica Cruz Sánchez recordó que apenas hace un mes el alcalde, Héctor López Santillana, al igual que los otros 45 alcaldes y alcaldesas, se adhirió a un convenio de colaboración para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Incluso, fue el presidente municipal de León el que habló durante la firma del convenio a nombre de los 46 alcaldes y alcaldesas, donde aseguró que el derecho a manifestarse y expresarse está garantizado en Guanajuato.

Agresiones a reporteras

Documentar la actuación de la policía municipal, así como las detenciones de las feministas que comenzaban a dispersarse tras la manifestación, incomodó a las elementos que respondieron con agresiones contra al menos cuatro reporteras.

Melissa Esquivas, Martha Silva, Alfonsina Ávila y Brenda Orozco recibieron golpes, empujones y amenazas por parte de las policías.

Fotografías de Verónica Espinosa

En el caso de Melissa Esquivas un elemento varón la esposó mientras grababa cómo detenían a una chica. La jaloneó para subirla a la caja de la patrulla, aunque se identificaba como prensa, y fue hasta que policías mujeres pidieron que la liberaran que le quitaron las esposas.

Durante la redada de mujeres en el centro de León la noche del sábado, a Alfonsina Ávila se le pidió en reiteradas ocasiones que dejara de grabar cómo detenían a las manifestantes, después cinco policías la sometieron, y al menos dos la comenzaron a golpearla en el estómago y el vientre. Mientras era agredida gritaba para identificarse como prensa, y una vez que la soltaron siguió documentando cuando golpeaban a otras mujeres.

“Les molestó que documentáramos que las golpeaban en el piso. Le dices que eres prensa y te agreden, nos podría pasar a cualquiera. Me parece grave una saña particular de las mujeres policías a otras mujeres”.

Martha Silva narró que cuando vio que a Alfonsina la golpeaban las policías comenzó a gritar para que la soltaran, identificándola como compañera reportera, pero después fue empujada por las policías, quienes levantaban los brazos para impedir que se grabara cuando golpeaban a una joven que tenían en el piso.

Los jaloneos y empujones en contra de Brenda Orozco iniciaron desde la manifestación, cuando se acercaba para fotografiar.

La primera ocasión, prácticamente al inicio de la manifestación, una policía se acercó y la tomó del brazo, mientras ella forcejeaba para zafarse. Después, cuando caminaron al Arco de la Calzada y presuntamente se dio la primera detención, llegó a tomar fotografías, pero una elemento la tomó por la mochila y la aventó.

Medidas inmediatas

Verónica Cruz manifestó que a la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos se le pedió que, desde ahora, sin esperar a que se emitan recomendaciones, se dicten medidas preventivas para garantizar la seguridad de quienes ejercen su derecho a manifestarse y de las y los periodistas que hacen las coberturas.

La directora del Centro las Libres recordó que hace un mes se firmó el convenio en el que los alcaldes y alcaldesas se comprometieron con la protección de los derechos como las protestas sociales y la libertad de expresión, y fue el mismo Héctor López Santillana el que habló del compromiso como representante de las y los presidentes municipales.

La defensora de los derechos de las mujeres manifestó que las recomendaciones que emita la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos no pueden limitarse a nuevas capacitaciones, sino que alcancen sanciones para quienes participaron en la represión, pero también para quienes dieron la orden de actuación.

“No queremos esperarnos hasta lo que resulta, sino que haya un ejercicio similar al de las denuncias por acoso en la UG: que desde el mismo momento de la queja haya medidas para sentar al alcalde, policías y entender qué pasó y las consecuencias”.

Para Cruz Sánchez deben existir sanciones para elementos que agredieron a manifestantes y periodistas y para los responsables, incluido el alcalde, Héctor López Santillana.

“No queremos capacitaciones, sino cómo desde ahora garantizar las manifestaciones y la cobertura de las manifestaciones”.

No basta el compromiso de palabra

Verónica Cruz y Verónica Espinosa, representantes ante el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, manifestaron que se pretende que el organismo obligue a los alcaldes y alcaldesas a cumplir con el convenio que hace unas semanas firmaron.

Lo anterior porque ante la violencia e inseguridad que se vive en el estado la respuesta de las autoridades a las protestas sociales ha sido la represión.

La directora del Centro Las Libres señaló que en las últimas semanas las manifestaciones en el estado se han distinguido por la represión policial. Primero fue el caso de la protesta de familiares de personas desaparecidas en Guanajuato capital con abuso de autoridad por parte de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, y el caso más reciente el de la protesta feminista en León.

“Queremos obligar al Consejo Estatal de Protección no solo a que se pronuncie, sino a que aprenda. Van dos manifestaciones donde se criminaliza de manera brutal a quien se está manifestando, el estado y particularmente los municipios, León, donde ocurrió el sábado, tienen que aprender, tienen que disculparse, tienen que especializarse para atender, aunque no les guste, la protesta social”.

Verónica Espinosa señaló que el convenio no puede quedar solo en el compromiso de palabra que hicieron las autoridades municipales el 23 de julio.

La periodista recriminó que no se tenga respeto a los derechos humanos de las mujeres periodistas y quienes protestan.

“También tenemos mucho que trabajar para hacer entender a la autoridad que estamos en un momento de vulnerabilidad. En Guanajuato no hemos terminado de estar en riesgo, no puede tampoco vulnerar nuestra actividad”.

La exigencia está dirigida no solo a los municipios, sino a las investigaciones que tendrán que hacer la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos por las denuncias presentadas.

“Que nos sentemos (como Consejo Estatal de Protección) con alcaldes y alcaldesas, que el compromiso no sea solo de palabra, que todos cumplan con la palabra”, dijo Verónica Espinosa.

Promesas discursivas de Santillana incumplidas

“Tengan la certeza que pueden que pueden ejercer libremente su trabajo… Su derecho a manifestarse y expresarse está garantizado”. Fueron las palabras de Héctor López Santillana el 23 de julio, cuando habló a nombre de los 46 alcaldes y alcaldesas, durante la firma del convenio de colaboración por la protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Con la adhesión, los municipios están obligados a emprender acciones y promover políticas públicas que garanticen los derechos y mejorar las medidas para el ejercicio de la libertad de expresión, la promoción y defensa de los derechos humanos.

Firma de convenio del 23 de julio

En aquella ocasión, López Santillana fue el representante de alcaldes y alcaldesas, y su discurso se centró en la convicción del respeto a la dignidad y libertades individuales.

“Los municipios hoy aquí presentes manifestamos que los periodistas cuentan todo nuestro respeto y apoyo en el ejercicio de su profesión, ahí está la verdadera transformación de Guanajuato, una transformación desde la democracia, desde los ciudadanos, no desde los gobiernos”, dijo.

En el discurso, manifestó que el convenio no era solo un papel, sino la unión de voluntades para promover y proteger el ejercicio periodístico y la defensa de los derechos humanos.

Sin embargo, las acciones de represión y abuso de autoridad que se vivieron el sábado no corresponden al discurso y a lo establecido en papel como parte del convenio.