Una definición de periodista en concordancia con los estándares internacionales, transformar el Consejo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos a mecanismo, el fortalecimiento de la Secretaría Ejecutiva y consultar las medidas de protección con las personas involucradas, son algunos de los aspectos que el gremio de periodistas pide que se incorpore a la legislación local.

Obligada por un grupo de personas comunicadoras, la comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables en el Congreso de Guanajuato convocó a mesa de trabajo para analizar reformas a la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos enviadas por la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz.

Aunque inicialmente la comisión no socializó las iniciativas con personas defensoras de derechos humanos y periodistas, un grupo de personas interesadas hicieron llegar al Congreso un escrito con 106 firmas en el que evidenciaron que el paquete de reformas enviadas por la gobernadora no habían sido consultadas ampliamente.

"Por ello, solicitamos respetuosamente al H. Congreso del Estado que corrija esta grave omisión con un acuerdo del Pleno que permita devolver el paquete de reformas a la comisión de Justicia, a fin de que se someta a mayor discusión pública y se garantice una participación más amplia del gremio periodístico y de las personas defensoras de derechos humanos", dice el escrito que fue entregado al Congreso el mismo día que el Pleno votó la mayoría de las reformas.

El 5 de junio el Congreso aprobó reformar el Código Penal para sancionar con hasta seis años de prisión a las y los servidores públicos que agredan a periodistas y personas defensoras. También se aprobó una reforma a la Ley de Seguridad Pública del Estado para crear una unidad especializada dentro de las Fuerzas de Seguridad Pública para la protección de periodistas.

La única comisión que aceptó la reunión para escuchar al gremio fue Derechos Humanos, aunque pretendía aprobar el mismo día de la mesa de trabajo el dictamen que será enviado a Pleno.

"Me parece bastante grave que quieran agotar, con esta mesa donde no hay participación ni de defensores, buscadoras, ni de todo el gremio, un posible dictamen... Con los recursos que tiene el Congreso y agotando los términos de máxima publicidad y transparencia que sean escuchados todos los actores que somos beneficiarios de esa ley", señaló la periodista Alfonsina Ávila frente a la comisión.

A pesar de que las reformas involucran también a las personas defensoras de derechos humanos, a  la mesa de trabajo solo asistieron dos representantes: Martha Cruz, buscadora, y Germán Estrada, ambos integrantes del Consejo como defensores. 

Martha Cruz, madre buscadora de León, apuntó que es necesario que la legislación reconozca a las personas que buscan a sus seres queridos como defensoras de derechos humanos, aspecto que se incluyó de manera original en la propuesta de la gobernadora, pero que también se proteja a hijas e hijos de personas desaparecidas o asesinadas. 

En el orden del día, como nunca ocurre en el Congreso a menos que se pretenda votar el mismo día, se estableció que después de la mesa de trabajo se convocaría a un receso para luego aprobar el dictamen.

"No hay urgencia, preferimos que se aguante un poco el dictamen, pero que se haga arrojando todo lo que hemos detectado", expresó la periodista e integrante del Consejo de Protección, Gabriela Montejano.

Ante los comentarios de periodistas que reclamaron un verdadero ejercicio de escucha para que las opiniones impacten en el dictamen, la comisión encontró como salida el decretar un receso por tiempo indefinido.

Periodistas también expusieron la necesidad de que las consultas se amplíen por regiones para que periodistas de todos los municipios de Guanajuato puedan participar, además de que se busque la opinión de organismos internacionales como la ONU.

Sin respuesta clara ante esas peticiones, la comisión se declaró en receso para presentar un nuevo dictamen.

Las propuestas

Las periodistas Yajaira Gasca y Melissa Esquivias plantearon la necesidad de incorporar el concepto de periodista bajo los estándares internacionales, al señalar que con la definición actual las autoridades evitan investigar agresiones ligadas al ejercicio periodístico si la víctima tiene otra actividad.

Además, expusieron que es necesario plantear en la legislación la obligación de que la persona, periodista o defensora de derechos humanos, conozca y opine sobre las medidas de protección que se determinan para su caso, porque actualmente únicamente se les informa.

De manera conjunta José Meza, Carlos García y Sofía Negrete, los periodistas que, recientemente, terminaron su periodo como consejeros, presentaron propuestas para fortalecer la Secretaría Técnica. Como consejeros ya habían participado de manera directa con la gobernadora al momento de elaborar la propuesta.

Para fortalecer la Secretaría Técnica, se propuso crear tres áreas: tres unidades: dirección de recepción de casos, dirección de seguimiento y la dirección de prevención, lo que implicaría un impacto económico porque incluye la contratación de personal, por lo que, señalaron que es necesario hacer un estudio sobre el monto que implicaría, lo que representaba que el mismo miércoles no podía aprobarse el dictamen.

Jorge Escalante, integrante del consejo, expuso que era necesario reducir el número de días para que el Consejo sesione. Actualmente son cada 90 días, y la propuesta es que se reduzca a 30 días. La propuesta también fue apoyada por otras periodistas.

Al reconocer que las necesidades de las personas periodistas no son las mismas para todas las regiones del estado, el periodista Antonio Velázquez, pidió que se socialice la propuesta con el gremio de todo el estado, además de que habló de la urgencia de que el Estado facilite abogados para asesorar y acompañar jurídicamente a periodistas cuando son denunciados.

Desde su experiencia, señaló que en el pasado proceso electoral él se vio obligado a pagar abogados por las denuncias contra su medio de comunicación. "Estaban enfocados en desgastar al medio de comunicación", sostuvo el periodista del noreste del estado.

Por su parte, el activista Raymundo Sandoval, cuestionó a diputadas y diputados que hayan aprobado crear un nuevo tipo penal para sancionar a servidores públicos que agreden a periodistas, sin antes haber hecho una evaluación del impacto que tiene la legislación vigente.

"Es fundamental antes de discutir un tipo penal nuevo, hablar del contexto de impunidad en Guanajuato, hablar de la falta de aplicación ya existente desde 2019 que es agravar los delitos, especialmente de lesiones cuando se comenten contra periodistas, porque la fiscalía no ha hecho uso de esa figura".

También recomendó pedir la opinión de la ONU, luego de que hace unos días representantes del Alto Comisionado se reunieron con el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, para hablar sobre las agresiones a periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el estado.

Otra de las propuestas fue transformar el Consejo de Protección a un mecanismo, similar al que se maneja a nivel nacional, para que tenga mayor capacidad de atención y recursos económicos suficientes. Durante años, el presupuesto del consejo no rebasa los 2 millones de pesos. 

Al final de la reunión, y tras varios comentarios de periodistas por las limitaciones en la consulta de las iniciativas, la presidenta de la comisión, Plásida Calzada anunció el receso indefinido para revisar las propuestas puestas en la mesa, pero no se expresó algún compromiso sobre los foros regionales propuestos por el gremio periodístico.