Ante una actitud de hostigamiento de Luis Alberto Villarreal García, alcalde panista de San Miguel de Allende, al parecer convalidada por los directivos de la cadena periodística Organización Editorial Mexicana (OEM) en la entidad, en contra de la reportera María Antonieta Herrera Rubio, personas defensoras de derechos humanos y periodistas se sumaron para exigir a las autoridades y a la empresa que se respeten los derechos no solo laborales de la comunicadora , sino que se garantice su integridad y acceso a la justicia.

La reportera de “El Sol del Bajío” ha estado sometida a acoso laboral por parte de sus superiores inmediatos, que señalan solo transmitir las órdenes directas que envía el director estatal de la OEM, Alejandro Herrera.

El acoso fue catalogado por el Colectivo Libertad de Expresión como una represalia contra la reportera después de un incidente con el alcalde de San Miguel de Allende, el panista Luis Alberto Villarreal.

La reportera Antonieta Herrera también ha sido blanco de bloqueo informativo por parte del gobierno municipal panista de San Miguel de Allende.

En el pronunciamiento promovido por el Colectivo, firmado por ocho organizaciones y otros 60 periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos, se pide a la empresa periodística con presencia nacional a que atienda el acoso laboral, pero también se pide a las instancias como la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado que agilicen los procesos de investigación, derivado de las denuncias que ha presentado la reportera.

“…expresamos nuestra solidaridad y respaldo total a la colega reportera María Antonieta Herrera Rubio, exigimos a las instancias –Fiscalía general del estado, Procuraduría de Derechos Humanos, Mecanismo Federal de Protección y Consejo estatal de protección de personas defensoras y periodistas- que actúen de inmediato en el ámbito de sus competencias para garantizar la integridad y derechos de la periodista, incluyendo los del ámbito laboral, así como su acceso a la justicia”, señala el pronunciamiento.

Agresión de Villarreal

Mientras cubría la manifestación de policías municipales en San Miguel de Allende, Antonieta y Ana Luz Solís, directora de News San Miguel, fueron agredidas por el presidente, Luis Alberto Villarreal García, quien arrebató el teléfono celular a Antonieta mientras hacía una transmisión en vivo.

Fotografías tomadas de la cuenta de Twitter de Luis Alberto Villarreal

En julio pasado los agentes de la policía municipal exigían al gobierno del panista mejor equipamiento, protección y la renuncia del director, en medio de la violencia que se vive en San Miguel de Allende, apenas unos días después de que asesinaran a elementos.

Molesto por la cobertura de Antonieta y Ana Luz, Luis Alberto Villarreal increpó a las reporteras y le quitó a Antonieta el teléfono de las manos.

Tras la agresión e intimidación del presidente municipal, ambas reporteras presentaron una queja ante Derechos Humanos. En el caso de Antonieta también acudió a presentar denuncia a la Fiscalía General del Estado.

La primera reacción del entonces subdirector de “El Sol del Bajío”, Argimiro González, fue eliminar los videos en vivo de la manifestación donde se podía ver cómo Villarreal arrebató el celular de la reportera.

Respuesta de la OEM

Varias semanas después de la agresión, llegó el cambio en la subdirección de “El Sol del Bajío”. Salió Argimiro González, y la dirección nacional de la OEM dio todo su respaldo a la reportera.

Durante unos días estuvo vacante el puesto de la subdirección hasta el nombramiento de Catalina Reyes Colín.

Las semanas siguientes se dio el bloqueo informativo por parte del gobierno municipal de Luis Alberto Villarreal a la reportera, de manera reiterada se negaba información que terminaba boletinada.

A la par del bloqueo de información, llegó el hostigamiento laboral por parte de los superiores inmediatos de Antonieta, con sobrecargas de trabajo, escasos días de descanso.

La última orden tajante ha sido dejar de cubrir el municipio de San Miguel de Allende, con lo que el resultado es una censura efectiva frente al desempeño de un funcionario público, en este caso el alcalde Villarreal.

“En el Colectivo nos congratulamos por el importante respaldo que inicialmente la periodista recibió desde la dirección general editorial tras el incidente en el cual el alcalde Villarreal García emitió expresiones intimidatorias sobre la cobertura que en el tema de la inseguridad prevaleciente en ese municipio realizan medios de comunicación, sin reconocer la problemática existente y pretendiendo que se realice un periodismo “a modo” o a su gusto.

Sin embargo, ese respaldo no se ha traducido en un apoyo real de la compañía periodística para la reportera, quien a partir de ese día ha sufrido un bloqueo informativo por distintos funcionarios del gobierno municipal que encabeza el panista Luis Alberto Villarreal, lo que se ha sumado al acoso laboral por parte de sus superiores inmediatos, que señalan transmitir órdenes expresas del director de la OEM en el estado, Alejandro Herrera”, señala el posicionamiento de periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos.

El caso de Antonieta no es el primero de acoso laboral en la OEM Guanajuato, bajo la dirección estatal de Alejandro Herrera. En el 2016 Josefina Montecillo, reportera de “El Sol de Salamanca”, sufrió acoso laboral y despido injustificado por “juntarse” con una periodista crítica del gobierno del panista Antonio Arredondo

“Esto fue denunciado públicamente en su momento y también se interpuso una queja ante la PEDH, instancia que de manera sistemática ha fallado en la defensa de los derechos de Libertad de expresión y la preservación de la integridad de periodistas ante actuaciones arbitrarias de diversas autoridades, según consta en sus propios expedientes, particularmente de los últimos años. La PEDH ha ignorado absolutamente la perspectiva de género en la atención de estos casos.

Por todo lo anterior, expresamos nuestra solidaridad y respaldo total a la colega reportera María Antonieta Herrera Rubio, exigimos a las instancias –Fiscalía general del estado, Procuraduría de Derechos Humanos, Mecanismo Federal de Protección y Consejo estatal de protección de personas defensoras y periodistas- que actúen de inmediato en el ámbito de sus competencias para garantizar la integridad y derechos de la periodista, incluyendo los del ámbito laboral, así como su acceso a la justicia”.

Como Colectivo, el pronunciamiento fue dirigido a Martha Citlali Ramos Sosa, directora general editorial de la OEM, en donde se recuerda la corresponsabilidad que tienen las empresas en velar por el respeto a los derechos de las y los periodistas, de acuerdo con los Relatores para la Libertad de Expresión de la ONU y CIDH.

“Los dueños y directivos de los medios de comunicación no pueden sustraerse de su responsabilidad, no sólo en el ámbito de los derechos laborales de sus trabajadores, sino también en que éstos cumplen órdenes de trabajo derivadas de las líneas editoriales que representan, por lo que una vulneración a su labor afecta también el ejercicio periodístico del medio y, por ende, de quienes se informan a través del mismo”.

DRA. MARTHA CITLALI RAMOS SOSA
DIRECTORA GENERAL EDITORIAL DE LA ORGANIZACIÓN EDITORIAL
MEXICANA, OEM.

C. ALEJANDRO HERRERA
DIRECTOR DE EL SOL DEL BAJÍO.

MECANISMO FEDERAL DE PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS Y PERIODISTAS.

CONSEJO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS
Y PERIODISTAS DE GUANAJUATO.

A LA OPINIÓN PÚBLICA:

Quienes suscribimos, integrantes del Colectivo por la Libertad de Expresión de Guanajuato y organizaciones, colectivos, periodistas y personas defensoras abajo firmantes, expresamos una enérgica condena por el acoso laboral del cual es víctima nuestra colega reportera María Antonieta Herrera Rubio, como una evidente acción de represalia después del incidente ocurrido a fines de julio pasado con el presidente municipal de San Miguel de Allende, el panista Luis Alberto Villarreal García.
En dicho incidente, el alcalde Villarreal García le quitó el teléfono celular e interrumpió la transmisión de una cobertura informativa que ella realizaba y la increpó sobre su labor periodística, molesto porque se abordaba una manifestación de policías municipales que reclamaban mejores condiciones de trabajo.
En iguales circunstancias, Villarreal García arremetió también contra la periodista Ana Luz Solís, directora del portal digital News San Miguel.
Por estos hechos, Antonieta interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, que dio inicio a la carpeta de investigación 78439, y ambas interpusieron una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado, que inició el expediente 61/19.
En el Colectivo nos congratulamos por el importante respaldo que inicialmente la periodista recibió desde la dirección general editorial tras el incidente en el cual el alcalde Villarreal García emitió expresiones intimidatorias sobre la cobertura que en el tema de la inseguridad prevaleciente en ese municipio realizan medios de comunicación, sin reconocer la problemática existente y pretendiendo que se realice un periodismo “a modo” o a su gusto.
Sin embargo, ese respaldo no se ha traducido en un apoyo real de la compañía periodística para la reportera, quien a partir de ese día ha sufrido un bloqueo informativo por distintos funcionarios del gobierno municipal que encabeza el panista Luis Alberto Villarreal, lo que se ha sumado al acoso laboral por parte de sus superiores inmediatos, que señalan transmitir órdenes expresas del director de la OEM en el estado, Alejandro Herrera.
La última orden tajante ha sido dejar de cubrir el municipio de San Miguel de Allende, con lo que el resultado es una censura efectiva frente al desempeño de un funcionario público, en este caso el alcalde Villarreal.
Herrera cuenta ya con un antecedente similar de acoso laboral y el despido injustificado de la reportera Josefina Montecillo en El Sol de Salamanca en el año 2016, con el argumento de que “se juntaba” con una periodista crítica de la administración del entonces alcalde, el también panista Antonio Arredondo Muñoz.
Esto fue denunciado públicamente en su momento y también se interpuso una queja ante la PEDH, instancia que de manera sistemática ha fallado en la defensa de los derechos de Libertad de expresión y la preservación de la integridad de periodistas ante actuaciones arbitrarias de diversas autoridades, según consta en sus propios expedientes, particularmente de los últimos años. La PEDH ha ignorado absolutamente la perspectiva de género en la atención de estos casos.
Por todo lo anterior, expresamos nuestra solidaridad y respaldo total a la colega reportera María Antonieta Herrera Rubio, exigimos a las instancias –Fiscalía general del estado, Procuraduría de Derechos Humanos, Mecanismo Federal de Protección y Consejo estatal de protección de personas defensoras y periodistas- que actúen de inmediato en el ámbito de sus competencias para garantizar la integridad y derechos de la periodista, incluyendo los del ámbito laboral, así como su acceso a la justicia.
A la directora general editorial de la OEM, le recordamos lo señalado expresamente por los Relatores para la Libertad de Expresión de la ONU y la CIDH en su informe de la situación en México presentado en el 2018: “Los Relatores especiales instan a las empresas de medios a actuar con urgencia para mejorar las condiciones de trabajo (…), el rol de las empresas de medios complementa la obligación del Estado de prevenir los delitos contra los periodistas y garantiza su seguridad”.
Los dueños y directivos de los medios de comunicación no pueden sustraerse de su responsabilidad, no sólo en el ámbito de los derechos laborales de sus trabajadores, sino también en que éstos cumplen órdenes de trabajo derivadas de las líneas editoriales que representan, por lo que una vulneración a su labor afecta también el ejercicio periodístico del medio y, por ende, de quienes se informan a través del mismo.

PEDH recomienda tres gobiernos panistas por agresión a periodista

Luego de la agresión por parte de elementos de policía municipal que vivió el corresponsal de La Jornada en Guanajuato, Carlos García Balandrán, al salir de un concierto en el Parque Bicentenario en Silao, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado emitió una serie de recomendaciones a tres gobiernos municipales del PAN: Guanajuato, Silao y León

Las recomendaciones se dirigieron a los alcaldes: Alejandro Navarro, Héctor López Santillana y Antonio Trejo Valdepeña.

El inicio de procedimientos administrativos en contra de elementos fue la recomendación que se giró a los tres municipios, cuyos elementos participaron en el operativo que terminó en agresión.

Para el gobierno de Antonio Trejo Valdepeña se dirigieron la mayor cantidad de recomendaciones, con cuatro:

La primera recomendación es para que el director de Seguridad Ciudadana envíe por escrito al periodista una disculpa, reconociendo la responsabilidad institucional y las garantías para la no repetición.

En la recomendación dos, la Procuraduría de los Derechos Humanos pide que se inicien procedimientos administrativos en contra de cuatro elementos de la Policía Municipal, por la agresión física en contra del periodista.

La tercera recomendación es que se resarza el daño ocasionado a Carlos García, pagándose los gastos por las lesiones que resultaron de la golpiza que recibió de los agentes de policía.

Finalmente, la cuarta recomendación es que el gobierno municipal de Trejo Valdepeña diseñe e imparta un curso enfocado en la prevención de actos relacionados a las detenciones, para que se respete la integridad de las personas.

En julio pasado, al salir del concierto de Molotov en el Parque Bicentenario, Carlos García fue agredido por los elementos cuando orilló el vehículo en el que viajaba para revisar los limpiaparabrisas por la intensa lluvia.

Además de la queja presentada en Derechos Humanos, el periodista también presentó una denuncia por las lesiones ante la Fiscalía General del Estado.