La corrupción con la que se manejaron los recursos públicos destinados a la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado durante la segunda parte del sexenio de Miguel Márquez Márquez propició que se presentaran dos denuncias penales por daños al erario por más de 30 millones de pesos.

Ante las investigaciones por la vía penal por las irregularidades que se evidenciaron en investigaciones periodísticas, el exvocero del gobierno marquista respondió con amenazas al periodista Cutberto Jiménez, acción a la que respondió el Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato para exigir que se agregue una nueva investigación a Enrique Avilés, ahora por amedrentar al reportero del diario A.M..

El auditor general del órgano fiscalizador en Guanajuato, Javier Pérez Salazar, confirmó que la primera denuncia penal se presentó por irregularidades detectadas por 8 millones de pesos, y la segunda fue por más de 22 millones de pesos, por la contratación que hizo la Secretaría de Turismo cuando Fernando Olivera Rocha estuvo al frente de la dependencia y con Enrique Avilés Pérez como responsable de Relaciones Públicas, quien luego fue nombrado por Márquez titular de la Coordinación General de Comunicación.

A través de la Secretaría de Turismo, se entregaron contratos a las empresas: News Media, Red Pi Publicidad y Heelix Diseños, pero cuando se solicitaron los entregables de la publicidad pagada con recursos públicos, los auditores de la ASEG detectaron que se editaron las imágenes que se presentaron como prueba ante el órgano fiscalizador.

Aunque el informe de resultados de las auditorías fue aprobado por los diputados hace casi un año, la segunda denuncia por 22 millones de pesos de daño al erario se presentó el miércoles por parte de la Auditoría Superior del Estado.

Mientras los casos de corrupción durante el sexenio de Márquez se denuncian, el que se ha mantenido al margen del tema es el actual gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que llegó al cargo con el apoyo de su antecesor. Incluso, mantuvo a la mayoría del gabinete del sexenio anterior.

Ilustración: Pinche Einnar

Cuestionado sobre las denuncias que ya están en la Fiscalía Anticorrupción por la corrupción en la Coordinación de Comunicación Social durante el sexenio de Miguel Márquez, Diego Sinhue se limitó a responder: "adelante, para eso están las instancias y que actúen y nosotros estaremos siempre respetuosos de estas instancias de fiscalización, que es fundamental que hagan su trabajo".

Rodríguez Vallejo no ha responsabilizado directamente a Miguel Márquez de la corrupción ni la inseguridad heredada, aunque en los discursos habla de que en los primeros meses de su sexenio se "recuperó el estado de derecho" en Guanajuato.

Denuncias contra quien resulte responsable

Javier Pérez Salazar mencionó que las dos denuncias que se han presentado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción son contra quienes resulten responsables, sin especificarse el delito.

Es decir, será la Fiscalía a cargo de Marco Antonio Medina Torres la que determine quién o quiénes son las personas que tendrán que responder por el daño al erario por más de 30 millones de pesos, además de que definirá el delito que se cometió.

“Las personas y los delitos solamente la Fiscalía tiene ese monopolio. Nosotros lo que hacemos es poner a conocimiento de ellos una serie de hechos que nosotros presumiblemente identificamos como delitos, ellos determinarán esos dos elementos”.

Javier Pérez Salazar, auditor general. Fotografía ASEG

Precisó que en las denuncias solo se presenta una narración de los hallazgos que resultaron de la auditoría de situación excepcional promovida por periodistas y activistas, además de la revisión ordinaria que hizo la ASEG al gasto público.

Javier Pérez comentó que la ASEG no determina quién o quiénes son los responsables por la presunción de inocencia que está presente en el sistema jurídico del Estado Mexicano.

“Lo que se narra son hechos, no se vinculan a personas, es contra quien resulte responsable, no tiene denominación de delito, también es parte de una de las reglas que la propia Fiscalía ha establecido”.

Después de que el Pleno del Congreso aprobó los informes de resultados, se regresó el expediente a la ASEG para que el área investigadora siguiera con el proceso para dar oportunidad a las partes de poder solventar las observaciones, pero al no acreditarse se recurre a las denuncias penales.

Para FBM solo denuncia ante el SAT

Mientras las irregularidades a los contratos a News Media, Red Pi Publicidad y Heelix Diseños tendrán que investigarse por la vía penal, los convenios con la empresa FBM Comercializadora, empresa fantasma, solo ameritaron por parte del órgano fiscalizador un aviso al Sistema de Administración Tributaria (SAT), al advertirse operaciones inexistentes.

FBM Comercializadora sirvió para triangular publicidad con la Organización Editorial Mexicana (OEM), durante la segunda parte del sexenio con FBM.

Javier Pérez Salazar dijo que las cuatro empresas señaladas en investigaciones periodísticas ya fueron denunciadas ante el padrón de proveedores que maneja el Gobierno del Estado.

“Yo recuerdo haber revisado FBM. Lo que nosotros detectamos es que sí se acreditaron los servicios que se contrataron a través de una empresa diferente a la contratada, lo que nosotros generamos, fue la posibilidad de algunas incidencias en materia fiscal, el aviso se hizo al SAT”.

El auditor general mencionó que además de las denuncias penales, también se hizo del conocimiento de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas para que se finquen responsabilidades administrativas.

Irregularidades

En la revisión se detectó que en tres contratos con International News Media, empresa que vendió difusión en medios de Estados Unidos, se erogaron 22 millones 613 mil pesos pero no se acreditó la prestación del servicio.

La Secretaría de Turismo no pudo entregar copia de todas las revistas estadunidenses en las que habría aparecido la publicidad de Guanajuato durante los años 2014, 2015 y 2016; además, como parte de la revisión que hizo la ASEG compró revistas a través de Amazon para verificar si existió dicha publicidad y se toparon con que en los ejemplares comprados por internet no venía la publicidad que mostraba Sectur en los entregables, a pesar de tratarse de la misma revista con la misma fecha de publicación.

La ASEG tampoco encontró los espectaculares que venían establecidos en el contrato, y otra de las irregularidades fue la subcontratación que hizo International News Media con las empresas Mini Targeted Media y Clear Channel Out Door.

Los 7 millones 800 mil pesos restantes que se cuantificaron como daño al erario corresponden a contratos entregados a Red Pi Publicidad y Heelix Diseños, quienes para intentar justificar la prestación de servicios por publicidad en medios digitales entregaron a la ASEG testigos fuera de margen en las páginas web, que aparenta que editaron las imágenes.

También se detectó que en la búsqueda de testigos a través de históricos no se encontraron las difusiones, se crearon sitios web para alojar entregables y existen dudas sobre los domicilios fiscales declarados en el contrato.

Periodistas exigen investigación por amenaza

Previo a la presentación de la denuncia por las irregularidades, con Enrique Avilés como responsable de las contrataciones, el diario A.M. anunció que la ASEG llevaría ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción la denuncia, lo que motivó al ex coordinador de Comunicación Social de Miguel Márquez a llamar por teléfono al periodista Cutberto Jiménez para amenazarlo con “romperle la madre”.

En apoyo y respaldo al periodista, el Colectivo por la Libertad de Expresión en Guanajuato, emitió un pronunciamiento donde exigió a la Fiscalía General del Estado que se investiguen las amenazas de Avilés, después de que se publicaran las prácticas de corrupción durante el tiempo que estuvo en la Secretaría de Turismo y la Coordinación de Comunicación Social en el sexenio anterior.

Además, el Colectivo llamó a la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos a que dicte medidas cautelares para Cutberto Jiménez y el resto de los periodistas que han participado en la investigación que reveló la corrupción.

Miguel Márquez y Enrique Avilés. Fotografía del Gobierno del Estado

En el documento del Colectivo también se pide al Consejo Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que hagan un enérgico pronunciamiento porque con la amenaza el exvocero busca la censura.

El desplegado también se recuerda que Enrique Avilés desde la Coordinación de Comunicación Social atentó contra la Libertad de Expresión al buscar imponer criterios editoriales en los medios.

Durante el tiempo que estuvo al frente de la Coordinación el gasto en publicidad se disparó a casi 1 millón de pesos diarios, monto que mantiene el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.