En medio del repunte de la inseguridad que vive Salamanca, particularmente de las extorsiones a comerciantes, robos, asaltos, homicidios dolosos, desapariciones de personas y acoso, truena otra crisis en la Dirección de Seguridad Pública municipal, evidenciada por el coronel retirado de la Fuerza Área Mexicana Alejandro Flores Jiménez, quien al dejar la corporación denuncia la falta de apoyo de la administración del morenista César Prieto pero también abusos con los que no estuvo de acuerdo, como “extorsiones con las multas”.

Para la Dirección de Seguridad Pública de Salamanca esta es en realidad una crisis que inició desde el 2018, con la última administración panista a cargo de Antonio Arredondo, y que las administraciones sucesivas no han podido solucionar.

Alejandro Flores Jiménez, Coronel retirado de la Fuerza Aérea Mexicana, es el segundo director general de policía que deja la corporación en la administración de Cesar Prieto. A finales de agosto presentó su renuncia al alcalde, pero hasta el viernes 1 de septiembre trascendió la separación del cargo.

La administración ese día negó la renuncia, horas después se desdijo y aceptó la separación del funcionario, aunque la versión oficial de su salida fue “por motivos personales”.

Sin embargo el jueves 7, antes de ingresar al (C4), inmueble que alberga las dependencias de seguridad en la que cerraría su ciclo laboral, el exdirector denunció que las verdaderas razones por las que dejó el cargo fueron la falta de apoyo del gobierno municipal, reducción de recursos, la falta de colaboración de algunos de los directores que no estaban trabajando al 100% y el encubrimiento a funcionarios.

“Dejé de ver apoyo por parte del municipio hacia seguridad pública, esa es la verdad; no había garantías como para seguir al mando de la dirección general” comenzó así a exponer sus motivos, mismos que le entregó por escrito al alcalde César Prieto.

Alejandro Flores Jiménez, Coronel retirado de la Fuerza Aérea Mexicana

Recriminó que no compraran un dron en el 2022 y dijo no entender por qué, si la seguridad es el eje rector del gobierno morenista, hubo reducción del presupuesto a pesar de las necesidades. “En el año 2023 hubo una reducción considerable al presupuesto de Seguridad Pública, y en el 2024 lleva la misma tendencia” aunque no pudo proporcionar cifras al respecto, pues reconoció que en las últimas reuniones donde se revisaba el presupuesto para el siguiente año ya no se presentó.

Presentó un Plan Maestro para modificar las instalaciones de la Academia de Seguridad Pública pero, dijo, no “se llevó a cabo” a pesar de que la academia no tiene instalaciones apropiadas para formar debidamente al personal, “sin ese proyecto no se pueden hacer muchas cosas” dijo.

Expuso que algunos de los directores de áreas a su cargo no trabajan y puso como ejemplo a la directora de Seguridad y Protección, Teresa Cacho. “Es un área donde hay mucha omisión para el flujo de la adquisición del equipamiento, hay mucho retraso, apatía, falta de compromiso, de interés” y no realizan las compras necesarias para el funcionamiento. Incluso, dijo que en la última graduación de cadetes de la policía en agosto “no les compraron uniformes (en) los seis meses, los que están próximos a salir tampoco tuvieron dotación”.

El ahora exfuncionario también habló sobre los dos suicidios que se registraron al interior de los separos de seguridad pública; el primero el 18 de noviembre de 2022, cuando un hombre detenido por faltas administrativas utilizó una sábana para privarse de la vida, el segundo caso se registró el 17 de febrero del 2023.

“Se me responsabiliza mucho de los suicidios en barandilla, pero cada uno (de los directores) tiene una responsabilidad; barandilla tiene un responsable, se supone que los detenidos están custodiados por policías, (y) la policía tiene una Comisaría, un responsable de turno”. Aunque siguen las investigaciones que determinarán si hubo o no omisiones, reconoció que sí hubo “una deficiencia…hay una dirección que depende de esa área y donde está la directora (Teresa Cacho)” a quien le compete directamente, sostuvo.

El coronel retirado dijo que otro tema que influyó en su renuncia es que no está de acuerdo en que “se extorsione” a los salmantinos con las multas.

“Yo no estoy muy de acuerdo de estar sacando provecho de la ciudadanía, de multarlos, de extorsionarlos, ese tipo de cuestiones es algo que a mí no me parecía y siempre manifesté mi inconformidad”, y es que dijo son prácticas “que se llevan a cabo” y que el hecho de haberlo expresado “no (le) fue gustando al municipio”.

El coronel también acusó un presunto encubrimiento de la administración municipal al director de vialidad, Luis Daniel Pérez Sequera, que en julio pasado, tras un accidente de tránsito de una patrulla de policía contra un vehículo, golpeó a una mujer policía y hasta el momento no hay resolución de la Contraloría Interna, aunque sí se investiga al Coronel porque la agente presentó denuncia penal.

La patrulla de policía, explicó Flores Jiménez, acudió a un reporte de robo en una gasolinería, donde la unidad tuvo un percance vial con otro vehículo. Al lugar llegó “el director de vialidad y golpeó a una mujer policía; (la) muchacha levantó una denuncia en el ministerio público y después se me estaba investigando a mí por parte del municipio, que si yo la había obligado (a) que levantara la denuncia, y no fue así. Fue una decisión personal de ella”, señaló.

Según el coronel, supo que después el municipio mandó llamar a los policías involucrados “para negociar esa situación”, pero como director general no lo tomaron en cuenta.

De todo lo que denunció públicamente le informó al alcalde, pero “no hubo ninguna acción”, por lo que, dijo, no se sintió respaldado.

Flores Jiménez señaló que al no tener una gran plantilla de policías se tuvo que pedir ayuda a la Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) “para dar cumplimiento”a los salmantinos, “pero si no le dan la importancia a la seguridad con recursos, más elementos, no solucionarán el problema de seguridad”. A su decir, en el 2022 hubo una reducción notoria en los delitos patrimoniales, no así en los homicidios, pero ésto, justificó, “no es competencia directa de la policía municipal”.

El Municipio niega todo

Obligado ante la presión de los representantes de los medios de comunicación, Jesús Guillermo García Flores, secretario de Ayuntamiento, salió a defender el trabajo de la administración ante las “desafortunadas declaraciones” y negó la disminución de recursos y apoyo, “nosotros no estamos abandonando la seguridad”.

Tras desearle “éxito” en su nueva encomienda al coronel, dijo que la administración “no se va aprestar para que se esté haciendo un juego” y que “no se vale” desacreditar el trabajo del ayuntamiento. Señaló que en el 2022 se destinaron 109 millones 291 mil pesos y para el 2023 se autorizaron 127 millones 598 mil pesos. Además, aseguró que en la participación del fondo estatal hubo un incremento de más del 1.8%.

Jesús Guillermo García Flores, secretario de Ayuntamiento

El funcionario no supo explicar por qué no se compró el dron; “habría que revisarlo con la parte de compras. El dron si pudiera ser una herramienta, sin embargo eso significa que se estén incrementando los delitos o algún tipo incumplimiento” dijo. Y arremetió contra el exdirector por no asistir a las mesas de trabajo para el presupuesto del siguiente año, que según aseguró, aumentará en un 15%.

En el caso de la Academia de Seguridad Pública, el secretario del ayuntamiento habló de un próximo incremento en el salario y de que llegará equipamiento.

Pero el funcionario interrumpió abruptamente sus explicaciones justo cuando se le planteó lo del presunto encubrimiento al director de Movilidad por la agresión en contra de una agente de la Policía.

Pero posteriormente, el propio alcalde César Prieto salió a hablar sobre las declaraciones del exdirector de Seguridad Pública.

“Cuando uno se va se va con dignidad, no trata de generar una novela” recriminó Prieto, quien sí se refirió a las acusaciones en contra del director de Movilidad, que tachó de falsas y sostuvo que el funcionario no será destituido.

“Quiero terminar esta novela porque se ha convertido en un chisme, un tema sin sustento y si lo tiene que lo sustente, pero que no traten de hacer un circo mediático para tratar de dañar la administración” afirmó el alcalde.

Atribuyó las declaraciones del Coronel a “conflictos personales” con sus propios colaboradores, con miembros del ayuntamiento y de las diferentes dependencias.

Corporación en permanente crisis y seguridad en vilo

En la actual administración se han graduado 50 policías. Según datos del Observatorio Ciudadano Unidos por Salamanca, la corporación de policía cuenta con alrededor de 115 agentes; divididos en 3 turnos, cada turno tendría 38 agentes, mientras Salamanca cuenta con más de 273 mil habitantes y es el cuarto municipio más importante en Guanajuato por el número de habitantes.

La crisis de la corporación inició el último año de la administración 2015-2018 del panista Antonio Arredondo, quien decidió disolver la corporación en el 2018, después de la privación ilegal de la libertad de tres policías que luego fueron encontrados muertos y del asesinato de seis agentes de tránsito municipal.

Esto implicó que las Fuerzas de Seguridad Pública asumieran la responsabilidad de la seguridad de los salmantinos, al adherirse al mando único. Sin policías municipales llegó la primera administración de Morena con Beatriz Hernández, quien terminó su trienio uniéndose a las filas del Partido del Trabajo (PT) dejando un “legado” de seguridad pública con el asesinato del periodista Israel Vázquez, sumado a masacres, atentados, robos, extorsiones a comerciantes, asaltos y una corporación de 127 policías.

Mientras tanto, en Salamanca como en el estado, la incidencia delictiva se disparaba.

Aunque los gobiernos federal y del estado reportan una reducción en homicidios, hay municipios como Salamanca donde se registran repuntes. Mientras de agosto de 2021 a julio de 2022 se reportaron 156 homicidios dolosos en Salamanca, en el mismo periodo entre 2022 y 2023 se reportaron 203 asesinatos.

Por el miedo, los comerciantes del mercado Tomasa Estevez no quieren hablar, miran a todos lados antes de decir alguna palabra, y es que no saben quién los puede escuchar. Algunos mandan decir que las cosas no están nada bien, pero no dicen más, pues hay un temor a sucumbir a las extorsiones.

De acuerdo con Data México del gobierno federal, en el mes de julio del presente en Salamanca se presentaron 507 denuncias por delitos, de las cuales la mayoría fueron por robo, con 120; otras 80 más por diversos delitos del fuero común, 73 por violencia familiar.

Y en comparación con julio del 2022, se registró un incremento de 300 por ciento de las denuncias por extorsión, por falsificación un 267% más y por abuso de confianza un 200%.

Desde la administración de Beatriz Hernández se conoció abiertamente la extorsión en contra de los comerciantes del mercado y del centro histórico de Salamanca, así como algunos empresarios fueron desplazados.

Por parte de la Mesa Ciudadana de Seguridad, Oscar Macías Jasso, representante de empresarios, lamentó las declaraciones del Coronel porque “nunca lo puso en la mesa”, y espera que contraten al mejor perfil, porque los salmantinos están destinando un recurso económico adicional para cuidar de su patrimonio.

Las autoridades en materia de seguridad, dijo, están rebasadas; ello obligó a los empresarios a destinar más dinero para comprar cámaras de videovigilancia, cercas electrificadas y contratar personal de seguridad privada para sus empresas. Ese “costo adicional que antes no lo realizábamos” la sociedad en general también lo está pagando, porque cada vez más fraccionamientos están cerrando calles con rejas, contratan circuito cerrado y personal de seguridad.

“Todo mundo construye la seguridad”, señaló.

El Consejo se ha reunido con comerciantes para dar pláticas “de cómo cuidarse y cómo también ellos hagan su seguridad”. Por ello, agregó, es necesario que se contrate para la Dirección de Seguridad a un experto en seguridad, “que tenga los conocimientos necesarios” y tenga una coordinación con el Estado y Federación. “Nos toca hacerle frente y trabajar con lo que se tiene”.

La corporación no se ha podido recuperar “van poquitos policías, no son suficientes para el tamaño de la ciudad…había 300 policías (antes de disolver la policía), Beatriz (Hernández) lo dejó como con 80 policías, ahorita va un poquito más de 100” recordó.

Macias Jasso dijo que en los cinco años del gobierno federal, el presupuesto “se ha reducido en todos los sentidos, no solo en seguridad…pero se sigue adelante” y agregó que “no se vale que ya cuando salgas te quejes de lo que no tuviste o no pudiste hacer. Alguien no trabajó, hay que investigar quién no cumplió”, tema que pondrá sobre la mesa.

Para Raymundo Gómez, del Observatorio Ciudadano Unidos por Salamanca, es necesario mejorar los salarios de los policías porque los 13 mil pesos al mes no son suficientes y además se necesita equipar a la corporación.

Gómez afirmó que en los últimos meses la incidencia delictiva “en todos los rubros” ha aumentado, lo que refleja que “no se está haciendo bien el trabajo”.

Lamentó que después de cinco años de que fue desaparecida y después de su reactivación, la corporación siga en el rango de contar con entre 110 y 115 policías, “pero si no das buen salario, si no das condiciones laborales atractivas o si el puesto no es muy solicitado (hay que) hacerlo atractivo”.

El Observatorio Ciudadano, señala, se ha acercado con la administración morenista a través de regidores para trabajar juntos en las mesas de trabajo donde toda la sociedad esté involucrada, pero no se les ha tomado en cuenta.

Raymundo Gómez expuso que actualmente, el delito de la extorsión es del que más adolecen los salmantinos. “Está gravísimo, vete al mercado y casi el 90% de los comerciantes son extorsionados. Hay una cifra negra porque tienen miedo a denunciar, (y) ese comportamiento que hace (la autoridad) no nos da garantías” señaló. Los homicidios dolosos, el robo a casa habitación, a negocios, a transeúnte, están elevados y la autoridad no tiene un programa para combatirlo, “si quieren ser alcaldes, funcionarios, es una responsabilidad que afecta a todos los ciudadanos; no puede haber pretextos, entonces para qué quieren elegirse” recriminó Gómez.

El Observatorio trabaja con la Guardia Nacional en el tema de proximidad que llevan a colonias y comunidades ante la negativa del municipio a atender sus propuestas, concluyó.

Por su parte, el colectivo feminista la Regla Rota de Salamanca solicitó al alcalde César Prieto la destitución de Luis Daniel Pérez Sequera, director de vialidad, además de que esperan que exista una investigación de la Contraloría Interna y el Instituto de la Mujer en el municipio por la agresión en contra de la elemento de Policía Municipal.

“¿Cuándo las mujeres vamos a ser importantes para este municipio?. ¿En manos de quién estamos las mujeres de Salamanca? exigimos la destitución inmediata porque no es posible que un hombre que es agresor tenga (un) puesto público”, expusieron.

También hicieron un llamado para que intervenga el Instituto de la Mujer Guanajuatense y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) por la violencia institucional.

El colectivo también informó que han visto un aumento en las privaciones ilegales de la libertad de mujeres, pero por lo delicado del tema no quisieron abundar.

El acoso callejero contra las mujeres en lugares públicos, explicaron, también ha ido en aumento y aunque presentaron las propuestas a la administración de “asientos rosas” libres de acoso en el transporte público y el de “negocio seguro” donde las mujeres en situación de riesgo pudieran llegar a pedir ayuda, la autoridad desechó estas y otras propuestas.

Por ello, dijeron que es necesario que se active en Guanajuato la Alerta de Género, pues consideran que esto obligará al municipio a cuidar a las mujeres.