Las agresiones policiacas contra manifestantes que exigen castigo a feminicidios y la violencia contra las mujeres han escalado: el capítulo más reciente ocurrió el pasado 9 de noviembre, cuando policías municipales de Cancún, Quintana Roo, agredieron a golpes y dispararon contra participantes en una protesta por el asesinato de una joven conocida como Alexis. La presión incluso internacional obligó al cese de dos mandos policiacos en las horas siguientes y a que la autoridad estatal y municipal fijaran postura al respecto, algo que no ocurrió en Guanajuato luego de un episodio similar en agosto pasado.

Ese día, sábado 22 de agosto, una veintena de jóvenes feministas fue detenida por policías municipales de León cuando ya había concluido la marcha convocada por varios colectivos para denunciar un caso de violencia sexual que involucraba justamente a policías; los arrestos perpetrados no se hicieron en flagrancia, se realizaron con exceso de fuerza y en franca violación a derechos humanos. Las detenidas, algunas menores de edad, fueron liberadas a las pocas horas sin cargos. Denunciaron haber recibido golpes, amenazas e incluso agresiones sexuales. Fue noticia nacional.

No obstante, en Cancún el impacto por el operativo con el que se reprimió la manifestación por el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado fue mayor: provocó el despido del secretario de seguridad pública estatal y el del director de policía municipal.

Además, tanto la presidenta municipal de Benito Juárez-Cancún, Mara Lezama, como el gobernador Carlos Joaquín González, tuvieron que salir pronto a hablar del tema, cosa que en Guanajuato no pasó: el alcalde Héctor López Santillana tardó 4 días en salir a explicar el por qué de la represión policiaca, pero Diego Sinhue Rodríguez ni habló ni se comprometió de alguna forma para resolver el problema, lamentó la directora del centro Las Libres, Verónica Cruz.

El cuerpo de Alexis, de 20 años, fue encontrado mutilado y con rastros de tortura en bolsas de basura. Foto: especial

La activista considera que "lo que estamos viviendo, el tamaño de las expresiones diversas del movimiento feminista en grupos en protestas, manifestaciones y marchas, tiene que ver con el tamaño de la indignación por la no actuación del Estado Mexicano, tanto el federal, el estatal y los municipales que no están previniendo y ni atendiendo la violencia contra las mujeres".

Allá en Cancún hubo ceses inmediatos, pese a que las autoridades "se echaron la pelotita" y aunque no hay la certeza de quién dio la orden del operativo, esa fue la manera en cómo "resolvieron" políticamente el problema, que ojalá se investigue, porque dijo, "la justicia se alcanza cuando hay un debido proceso, cuando las partes tienen la misma oportunidad de defenderse y ahí se conoce la justicia: cuando se conoce quién dio la orden, quién cometió un delito".

Y advirtió: "No hay justicia si se violan los derechos de otras personas para salir políticamente bien librados".

Autorides reaccionan con enojo a señalamientos

Verónica Cruz dijo que como se ve, cada asesinato de una mujer, cada feminicidio está desatando una indignación tal porque es la forma en que el feminismo contemporáneo, el de esta época, está encontrando para llamar la atención del Estado, que ni previene ni sanciona adecuadamente, ni se elimina la violencia contra las mujeres, donde no se está realizando el trabajo necesario pese a la urgencia.

"Entonces la sociedad en voz de las feministas, está reclamando justicia llamando la atención tanto de la población para que deje de tolerar esta violencia contra las mujeres y prefiera proteger los monumentos históricos, pero sobre todo hacia la autoridad, haciendo que volteen hacia el problema para que, esperemos ahora sí, empiecen a resolverlo".

Por el otro lado, el Estado, enojado, instrumentaliza la violencia contra las manifestantes vía las y los policías molestos porque creen que se les agrede en las marchas, que no se saben contener y agreden, cuando no es así, solo se pide justicia. Y luego, hay altos mandos léase Gobernador, Presidente Municipal, Secretario de Seguridad Pública, que dan la orden de reprimir a las manifestantes porque están hartos de las protestas o de que la sociedad en voz y expresión de las feministas estén reclamando justicia y exijan que hagan su trabajo.

El amargo recuerdo de la Marcha por Evelyn

recordó que además de las denuncias penales, hay una queja ratificada en Derechos Humanos por parte de los cuatro grupos de personas involucrados en las agresiones por parte de los policías municipales tras la protesta del 22 de agosto: por un lado las cuatro mujeres periodistas, luego el grupo de manifestantes que estuvieron en la marcha y fueron detenidas, un tercer bloque de mujeres que acudían al término de la manifestación y que fueron detenidas pese a no participar en la protesta, y un cuarto bloque de personas que ni siquiera sabían de la manifestación y aún así, fueron arrestadas.

Imagen tomada de videos de los hechos

Consideró que a más de dos meses de los hechos y de que las diferentes investigaciones están en etapa de cierre, es cuestión de pocas semanas para que haya resultados y sanciones, no obstante, en lo que esto ocurre, debe continuarse el trabajo de prevención.

Las mesas de trabajo entre Municipio y quejosas han permitido ya avances, como que el gobierno de Héctor López Santillana haya reconocido la falta de protocolos de actuación policiaca, específicos para León no solo para las protestas feministas sino para las de cualquier tipo, algo en lo que ya se trabaja, sobre todo, ante fechas inminentes como la del próximo 25 de noviembre, en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y que sin duda convocará manifestaciones, donde se espera que se sepa contener a sus fuerzas policiacas de más abusos.

Esto sería mediante una guía en la que ya se trabaja, con agentes especializados, con grupos de observadores tanto de sociedad civil como de instituciones confiables.

Denuncias ante DDHH

Sobre el estado de la queja presentada ante la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, la institución informó que está en proceso de cierre la etapa de la investigación, puesto que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ya entregó tanto los videos y terminó de entrevistar a todos los involucrados. Quedaría pendiente analizar los testimonios de la queja con los informes que entregó la autoridad.

Verónica Cruz. Foto: @biojurmediij / UNAM.

La activista mencionó que es muy probable que la PDHEG emita una recomendación o una serie de recomendaciones que será muy relevante en cuanto a violaciones a los derechos humanos, tanto en el rubro de libertad de expresión como el derecho a la manifestación, esto por la ya mencionada falta de protocolos de actuación.

No obstante, se están realizando mesas de trabajo entre el Municipio, la Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto Municipal de las Mujeres y las personas denunciantes por los hechos del 22 de agosto, las cuales se encuentran asesoradas, algunas por colectivos feministas como Las Libres u otras, y las periodistas agredidas son acompañadas por el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Avance de la denuncia penal

Verónica Cruz dijo que en lo que respecta a las quejas presentadas ante la Fiscalía General del Estado, una la tiene la Unidad de Atención Integral a la Mujer y la otra, la Fiscalía Especializada contra la Libertad de Expresión, esta última carpeta, con el asunto de las cuatro periodistas agredidas, que está en la etapa final de investigación, para ver si hay elementos para una judicialización y pasar al juez.

En el caso de la carpeta por el abuso de autoridad y agresiones por parte de las policías hacia las manifestantes, se están desahogado las pruebas testimoniales de las oficiales señaladas por las ofendidas. Ahí también se espera que haya una vinculación a proceso por parte de las y los oficiales que participaron en las agresiones.

En Contraloría

En cuanto a la investigación sobre el desempeño de los funcionarios públicos involucrados en el caso, el Municipio también está cerrando la carpeta, con lo cual, en términos administrativos, se conocerá quiénes participaron activamente en los hechos y sobre todo: quién dio la orden.

La directora del Centro las Libres y también integrante del consejo estatal de protección tanto de periodistas como de activistas por los derechos humanos, informó que tanto la FGE como la PDHEG investigan el asunto de los delitos y agresiones a DDHH, mientras que tanto la PDHEG como el Municipio van sobre el tema de la falta de protocolos y de cuerpos policiacos especializados para atender este tipo de manifestaciones en un contexto de violencia e inseguridad y hacia el desempeño de los mandos.

Hay que apelar a la colaboración: Inmujeres

Cuestionada sobre el tema de la represión policiaca en marchas de mujeres, que tuvo otro capítulo indignante tras lo ocurrido en Cancún, la directora general del Instituto Municipal de las Mujeres (INMUJERES) en León, Mónica Maciel Méndez Morales, dijo lo que toca es generar vínculos en estos procesos de manifestación, donde se garanticen los derechos humanos de los participantes y que desde esa perspectiva se visibilice.

"Como institución tenemos el compromiso y la atribución de en todo momento garantizar los derechos humanos de las personas, de las mujeres, entre los que está el derecho a la apropiación del espacio público", dijo.

La funcionaria apeló a la colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil, los colectivos, los grupos de mujeres manifestantes con el municipio para garantizar los derechos humanos.

Respecto al proceso de las denuncias presentadas por jóvenes que fueron agredidas y detenidas tras la marcha por Evelyn el pasado 22 de agosto en esta ciudad, dijo que el proceso de investigación continúa así como el trabajo conjunto con especialistas, reporteras y el consejo estatal de protección a periodistas.