Los movimientos sociales que han surgido en Guanajuato capital en los últimos meses, en defensa del territorio y del derecho a la movilidad, han logrado presionar al Gobierno del Estado de Guanajuato para que revise actos en los que se presume corrupción y favoritismo hacia empresarios cercanos al exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Los casos señalados son el camino a Los Mexicanos y la concesión conjunta de las autopistas Guanajuato–Silao y Silao–San Miguel de Allende.

En cuanto al camino a Los Mexicanos, ubicado en la Sierra de Santa Rosa, este fue escriturado como propiedad de ICREAR, empresa de la familia Webb, con la que el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo hizo negocios como la arrendadora GTO Leasing. Tras una revisión documental, ahora el gobierno estatal ha reconocido que la vialidad es un bien público.

El secretario de Gobierno Jorge Jiménez Lona informó que, después de analizar documentos históricos, se concluyó que el camino pertenece al Estado. Sin embargo, aún no se ha definido el mecanismo jurídico para reincorporarlo formalmente al patrimonio público, debido a que existen escrituras que acreditan a la familia Webb como propietaria.

El otro caso que generó un movimiento colectivo es el de la concesión por 30 años de las autopistas Guanajuato–Silao y Silao–San Miguel de Allende, otorgada por el Gobierno estatal al consorcio integrado por VISE y Rubau, apenas unos días antes de que concluyera el sexenio de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Tras el movimiento de resistencia civil que exige la liberación de la autopista Guanajuato–Silao, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo confirmó que se contratará a un despacho externo para revisar la legalidad de la concesión, mediante la cual un bien público fue convertido en un negocio privado en beneficio de ambas empresas. Una de ellas, VISE, fue una de las principales contratistas durante la administración anterior, al recibir obras por más de 5 mil 700 millones de pesos.

Aunque la gobernadora afirmó estar convencida de la legalidad del proceso, adelantó que en breve se lanzará la licitación para contratar al despacho externo que analizará el procedimiento completo, desde la convocatoria hasta los términos finales de la concesión.

Reconocen estado existencia de camino público en Los Mexicanos

En abril del 2025, el acceso al Camino de los Mexicanos fue bloqueado con rejas al formar parte de una propiedad privada. El cierre provocó la movilización de la comunidad deportiva, organizaciones ambientalistas y sectores de la sociedad civil, ya que afectó el paso para el entrenamiento de atletas de alto rendimiento, incluida la corredora olímpica Laura Galván, conocida como “La Gacela”.

El martes 24, casi un año después del bloqueo del acceso, el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, confirmó la existencia de un camino público e informó que al menos un kilómetro del predio se ubica dentro del Área Natural Protegida (ANP) de la Cuenca de la Esperanza.

El funcionario explicó que la parte del polígono correspondiente al área natural es propiedad estatal, mientras que el resto pertenece a la empresa ICREAR S.A. de C.V. Esto se determinó tras diversas revisiones documentales y levantamientos topográficos.

Jiménez Lona anticipó que no se recurrirá a la extinción de dominio en este caso, debido a que el particular adquirió legalmente el predio; sin embargo, subrayó que el camino debe ser reconocido.

“Hay un camino que hay que reconocer y estamos en eso con el particular. Ya tuvimos una reunión con el propietario. Se le expuso el origen del camino, su reconocimiento y la parte que es estatal, y en eso estamos”.

El secretario detalló que en la reunión se expuso el origen histórico del paso, así como los estudios técnicos efectuados por el gobierno estatal, e indicó que esta información se dará a conocer de manera completa en los próximos días.

Aclaró que el Estado no pretende recuperar la propiedad ni imponer algún tipo de cobro, sino garantizar la conservación del espacio como un sitio de uso común.

“Lo que hemos visto es la posibilidad de que siga abierto, que continúe siendo usado por los guanajuatenses y que se haga también con responsabilidad, porque es un lugar muy bonito que hay que cuidarlo y preservarlo, no ir a tirar basura”, enfatizó.

Añadió que usuarios del lugar han solicitado mantenerlo libre de vehículos, ya que actualmente se utiliza para caminar, hacer ejercicio y realizar actividades recreativas.

El gobierno estatal trabaja en un plan para preservar el entorno natural y reforzar la reforestación en las zonas que lo requieran, utilizando plantas producidas en el vivero cercano a la Presa de la Esperanza, acciones que se sumarían al proyecto iniciado previamente por el particular.

“Vamos a ver cómo colaboramos. El estado de Guanajuato tiene un vivero muy cerca de la presa de la Esperanza y de ahí podemos abonar a mejorar el área natural protegida y cuidar todo ese espacio que es patrimonio de los guanajuatenses”, subrayó.

Sobre la posibilidad de iniciar acciones legales por la escrituración del predio que incluía el camino —procedimiento realizado, de acuerdo con la escritura, por el notario Andrés Guardado Santoyo—, Jiménez Lona explicó que la situación se originó por la falta de reconocimiento del paso en los registros oficiales.

“En los antecedentes registrales no estaba marcado el camino. Tuvimos que investigar en otras fuentes, incluso en dependencias federales, para rescatar esa información”, dijo; sin embargo, subrayó que esto no elimina el carácter público del sendero ni el hecho de que una parte se ubique dentro de un ANP.

Sobre el tema, Laura Galván dijo esperar a que el Gobierno del Estado ofrezca mayor información al respecto y, sobre todo, formalice la preservación del paso, que se extiende por al menos cuatro kilómetros en esta zona de la Sierra de Santa Rosa.

Además, el investigador y activista Jorge Cervantes Jáuregui presentó evidencias de que el predio ocupaba parte del antiguo camino de la Sierra de Santa Rosa, construido en 1887 durante el gobierno de Ponciano Aguilar; es decir, se trata de un sendero cimentado con recursos públicos hace más de cien años.

Acepta gobernadora revisión externa; anuncio no convence a ciudadanos

En respuesta a la exigencia ciudadana de revertir la concesión de las autopistas Guanajuato-Silao y Silao-San Miguel de Allende ante posibles actos de corrupción, el Gobierno de Guanajuato contratará una consultora especializada para revisar el proceso que concretó Diego Sinhue Rodríguez antes de terminar su sexenio.

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo afirmó que el procedimiento realizado por la administración anterior se apegó a la legalidad. No obstante, señaló que, en congruencia con los principios de transparencia, se ordenará una revisión independiente para dar certeza a la ciudadanía.

"Para tranquilidad de todas las personas he determinado que se haga un estudio externo, muy pronto lo daremos a conocer, para que se evalúe todo y que haya claridad. Si hay algo que corregir, que se corrija, y si hay algo que señalar, que se señale, pero al final nosotros tenemos claro que todo está apegado a la norma, que todo está correcto, pero para tranquilidad de todos siempre serán mejor los mecanismos de transparencia".

En Guanajuato surgió un movimiento de resistencia ciudadana que exige la liberación de la autopista Guanajuato–Silao, bajo el argumento de que se trata de una vía que ya ha sido financiada durante tres décadas y que generaba ingresos superiores a 200 millones de pesos anuales para el erario estatal, pero que por decisión del exgobernador ahora los beneficios económicos se quedan para particulares.

La inconformidad se intensificó debido al tráfico en la autopista por las obras de mantenimiento, la falta de señalización, y el cobro de 38 pesos, dos pesos más que la cuota que dejó el Gobierno del Estado en 2024 antes de entregar la carretera.

Además, han señalado incumplimiento por parte del consorcio VISE-Rubau, que durante más de un año ha recibido ingresos por alrededor de 300 millones de pesos, pero no ha cumplido con el compromiso de construir la autopista Silao-San Miguel de Allende.

Sin ofrecer mayores detalles sobre la revisión externa, Libia Dennise García adelantó que en próximas fechas se dará a conocer públicamente el procedimiento y los alcances de la revisión.

"Se va a revisar toda la información: estudios técnicos, convocatoria, avances, las condiciones bajo las cuales se dio la licitación, la incorporación de la caseta, todo se va a estar revisando", aseguró.

La revisión externa la impulsó la propia bancada del PAN en el Congreso local, luego de un encuentro del diputado Juan Carlos Romero Hicks con representantes de las organizaciones sociales que comenzaron con la resistencia civil.

El grupo ciudadano también ha pedido públicamente a la gobernadora una reunión para plantear de manera directa sus peticiones y exponer sus argumentos del por qué debe iniciar un juicio de lesividad que permita que la carretera vuelva a ser un bien público para convertirla en una vialidad libre de peaje.

Sin embargo, Libia Dennise García Muñoz Ledo no ha recibido al grupo ciudadano, incluso, al intentar cuestionarla sobre el encuentro, la gobernadora dio por terminada la entrevista.

Luego de las declaraciones, el grupo de resistencia ciudadana denunció que la gobernadora elude las demandas y cae en contradicciones.

A través de un comunicado de prensa, la agrupación señaló la contradicción cuando la gobernadora habló de la revisión externa con la seguridad de que todo el proceso está apegado a la legalidad.

"Hacemos un llamado respetuoso pero directo a la gobernadora García: es momento de salir de la soledad del palacio de gobierno y dialogar cara a cara con quienes tienen una legítima inconformidad. Los muros del poder no construyen soluciones; el diálogo directo con la ciudadanía, sí. Estamos dispuestos a ese encuentro", dice el comunicado.

Además, precisaron que la revisión no debe limitarse a un estudio, sino a una auditoría, para luego recordar que la transparencia no es un "favor", sino una obligación. "La transparencia no es un privilegio que las autoridades conceden a la ciudadanía, sino una obligación constitucional que deben cumplir. Que el gobierno se esfuerce en respetar la ley no merece reconocimiento especial; merece ser la norma", agrega.

Insistieron en que la exigencia de un acceso digno de libre peaje a la capital del estado no es un capricho, sino una exigencia ciudadana por el respeto al derecho humano a la movilidad.

"Exigimos que se agende a la brevedad posible una audiencia con la gobernadora Libia Dennise García, en la que se aborden sin rodeos las causas que han generado el legítimo malestar de la ciudadanía guanajuatense. El tiempo de las respuestas evasivas ha terminado", concluye el comunicado.