La mañana del jueves 6 de febrero, en la sala 1 de la sede de los Juzgados de Oralidad Penal de Salamanca, tuvo lugar una audiencia en la que comparecieron cuatro agentes ministeriales adscritos a la Fiscalía general del estado.

Esta vez, los agentes ministeriales no estuvieron en el lado destinado a la Fiscalía, que ante un juez tiene la función de defender a las víctimas de cualquier delito.

Los cuatro fueron presentados en el lado opuesto, el de los acusados. Se les imputaron los probables delitos de abuso de autoridad y concusión, de acuerdo con lo referido en la Causa penal 1P2720-31 radicada en ese juzgado en Salamanca.

Un juez del Supremo Tribunal de Justicia del estado escuchó la exposición de la propia Fiscalía en la que presentó los datos de prueba, y consideró que se le brindaron los elementos suficientes para vincularlos a proceso por ambas conductas delictivas.

Así, quedaron vinculados a proceso como probables responsables de este delito los agentes Julio César Giles Gallardo, José Martín Sarabia, Luis Gerardo González Sepúlveda y César Eduardo Gutiérrez Vázquez.

El juez que presidió esta audiencia decidió dictar como medida cautelar la prisión preventiva. Los cuatro permanecerán recluidos en un centro de reinserción estatal durante el tiempo que dure este proceso.

Imagen que promociona la ceremonia del primer informe del Fiscal. Foto: FGE

El delito de abuso de autoridad, dice el Código penal del estado en su artículo 253, establece: “El servidor público que dolosamente, con motivo de sus funciones exceda el límite de sus potestades o atribuciones, en detrimento de un particular o de la función pública, se le impondrá de dos a ocho años de prisión y de veinte a ochenta días multa”.

Mientras que en el caso del delito de concusión, éste se encuentra tipificado en el artículo 249 del mismo código:

“Al servidor público que, con tal carácter, exija por sí o por medio de otro, dinero, valores, servicios o cualquier otra cosa que sepa no ser debida o en mayor cantidad que la señalada por la ley se le aplicará de uno a ocho años de prisión y de diez a ochenta días multa. Si lo exigido indebidamente se convirtiera en provecho propio o de un particular, la pena será de tres a nueve años de prisión y de treinta a noventa días multa”.

La detención, la consignación y la vinculación a proceso de los cuatro agentes de la Fiscalía general del estado ocurrieron en medio de un sigilo total por parte de dicha autoridad.

Nada se informó públicamente; entre el par de comunicados que a diario emite la FGE sobre las aprehensiones, procesos, sentencias, no figura mención alguna de por qué estos agentes de la Fiscalía fueron detenidos y puestos a disposición de un juez que determinó vincularlos a un proceso penal.

Aunque en general, desde que tenía la figura de Procuraduría de Justicia, antes de su transición a raíz de las reformas legislativas que le dieron autonomía en la letra, esta instancia ha sido reacia para transparentar los actos de corrupción o indebidos que comete alguno de sus agentes o personal, así como los procesos a que son sometidos y las sanciones que habrían o no recibido.

Ya como Fiscalía este rubro permanece intocado, y así lo muestra el documento del informe que el titular Carlos Zamarripa Aguirre presentó el viernes a los tres poderes del estado y al que dará lectura este lunes en una ceremonia en el suntuoso complejo “Miguel Hidalgo y Costilla” de la FGE en Cervera.

Aunque el documento consultado incluye apartados sobre la capacitación y profesionalización, así como sobre el órgano de control interno de la Fiscalía, únicamente figura un apartado sobre los procesos administrativos instaurados.

En un año se iniciaron 153 procedimientos administrativos de investigación -no se precisa por qué conductas indebidas o anomalías- de los cuales se concluyeron 112.

En el 13 por ciento de esos 112 “se definió responsabilidad administrativa y su consecuente sanción”. Es decir, en 14 de esos casos, sin que se informe de qué áreas o a qué niveles corresponden las y los funcionarios que recibieron un castigo administrativo.

Al final de ese apartado, en el documento se afirma:

“Se proyecta una postura puntual de no tolerancia y de exclusión a conductas impropias en el desempeño de la función hacia todo el personal, mientras que a la ciudadanía se le ofrecen los mecanismos para verter los reclamos que le pudiera causar el equivocado actuar de una servidora o servidor público de la FGE, con lo que se evita la sobrevictimización y se afianza la cultura del respeto debido al público”.

Ilustración: Pinche Einnar

Por otra parte, esto dice el informe sobre la capacitación que recibió el personal ante la transición de la Procuraduría de Justicia a Fiscalía general:

“Dada la relevancia que guarda el cambio paradigmático de la actual FGE, de la que se desprende la asunción de nuevas responsabilidades a partir de específicas atribuciones por parte de todas las áreas que la conforman, se consideró necesario operar acciones de difusión y sensibilización que permitieran conocer y entender a cabalidad esa mudanza de la naturaleza institucional, lo que así se hizo a fin de evitar deslices en las tareas asignadas y en su debido enfoque.

“Bajo dicha consideración se llevaron a cabo 6 conferencias dirigidas a personal diverso, cuyo objeto fue contextualizar en lo relativo, así como en su regulación y formas de trabajo a derivar. Fueron sujetos de este proceso 501 servidoras y servidores públicos que generaron 1,515 horas capacitación”.

Sobre la certificación en control y confianza, el documento del informe del primer año de la Fiscalía dice que al cierre del ejercicio, el 99.19 por ciento del personal cuenta con la evaluación del Centro de control y confianza -de la propia institución- y la certificación nacional.

La última renovación de acreditación fue el 23 de septiembre.