El pago de 280 millones de pesos para la compra de un terreno y su posterior venta a plazos a una sociedad privada para la construcción de un nuevo estadio en León no tuno ningún problema para el Congreso del Estado y la Auditoría Superior de la entidad, los organismos encargados de supervisar la pulcritud y la atingencia del gasto público. En cambio, lo que sí constituyó un problema fue la divulgación de la auditoría donde ambas instancias exoneraban al ex gobernador Miguel Márquez de cualquier responsabilidad.

En el Congreso del Estado ha resultado más importante indagar sobre filtraciones de resultados de auditorías que el contenido de los propios informes. Así se comprobó con la investigación que inició el órgano de control interno del Poder Legislativo, por la publicación en medios de comunicación de la absolución al gobierno de Miguel Márquez Márquez, en el proceso de compra-venta de los terrenos para la construcción del nuevo estadio del León.

Luego de que se aprobara por la comisión de Hacienda y Fiscalización los resultados de la revisión que hizo la Auditoría Superior del Estado (ASEG), el portal Zona Franca publicó una nota informativa donde se expuso que en el proceso de compra que hizo el gobierno de Miguel Márquez de 12 hectáreas por 280 millones de pesos no habían detectado irregularidades, pese a que investigaciones periodísticas previas exponían la compra a sobreprecio por alrededor de 66 millones de pesos.

La publicación de los resultados de la auditoría, previo a que pasara por el Pleno del Congreso, provocó que la presidenta de la comisión, la panista Alejandra Gutiérrez Campos, anunciara que se pediría a la Contraloría que investigara las filtraciones de los informes de resultados.

Fotografías del Congreso del Estado

La auditoría a la compra-venta de los terrenos para el nuevo estadio salió a la par de la que realizó la misma ASEG al gobierno municipal de Guanajuato por las omisiones de administraciones municipales en el cobro por la colocación del cableado a la empresa Telecom; sin embargo, hasta el momento solo se ha requerido a un medio de comunicación por la revisión que involucra al gobierno de Márquez.

Sin respeto a la Ley del Secreto Profesional del Periodista del Estado de Guanajuato, la Contraloría del Legislativo envió un requerimiento al portal Zona Franca, en el que le pide que revele la fuente que le pasó el informe de resultados antes de que se aprobara por el Pleno.

Para Roberto Saucedo Pimentel, abogado y activista por la transparencia, el derecho a la información y a reservarse las fuentes está por encima de los ordenamientos en los que basó la Contraloría la solicitud de información, como la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Diputados absuelven a Márquez y Sinhue

La actual Legislatura, a través de la comisión de Hacienda que preside la panista Alejandra Campos Gutiérrez, no solo dejó pasar la presunta compra-venta de terrenos a sobreprecio durante el sexenio de Miguel Márquez, sino que además se pronunció en contra de que se revisara al fideicomiso del estadio que llegó a su fin en el 2008, pero que provocó que se perdiera la propiedad.

En mayo de 2019 se dio a conocer que la ASEG no había encontrado ninguna irregularidad en el proceso de compra-vente de las 12 hectáreas en donde se pretende construir el nuevo estadio para el Club León, que será propiedad del Grupo Pachuca.

En el avalúo del predio que hizo en el 2017 la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, se omitió incluir la existencia de dos ríos que ponen en riesgo la topografía de la zona, pero aún así se pagaron los 280 millones de pesos.

La historia sobre la presunta corrupción en la adquisición de los terrenos que hizo el gobierno de Miguel Márquez se reveló cuando el empresario Luis Felipe Valdovino, quien aseguró ser intermediario en el proceso, denunció que fue excluido de la compra por instrucciones del entonces gobernador dejándolo sin cobrar sus honorarios que superarían los 24 millones de pesos.

Tras revelarse la compra a sobreprecio, en octubre de 2018 los actuales diputados aprobaron que se revisara todo el proceso por la adquisición del inmueble ubicado en Los Ángeles y Medina en León.

Ocho meses después de iniciada la auditoría, el informe de resultados que entregó la ASEG a la comisión de Hacienda resolvió que no había irregularidades en la compra del terreno que se dio después de que en tribunales el municipio perdiera el actual estadio del Club León.

En el 2007, el ayuntamiento de León decidió extinguir el fideicomiso, que años después provocó que se perdiera el estadio y que las autoridades judiciales ordenaran que se entregara a los empresarios Roberto Zermeño y Héctor González.

La auditoría que dijo la panista Alejandra Gutiérrez no se podía realizar para fincar responsabilidades por los actos del Ayuntamiento de León, habría involucrado al actual gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Como regidor, el ahora gobernador estuvo de acuerdo en la desaparición del fideicomiso del estadio.

12 años después, finalmente se tuvo que entregar el inmueble a los empresarios el inmueble.

Alejandra Gutiérrez llegó a la conclusión de que era inviable revisar la actuación de las autoridades en el caso del fideicomiso del estadio porque ya habían pasado más de cinco años.

Atentan contra el secreto profesional

Como parte de la investigación que pidió Alejandra Gutiérrez por la filtración de los resultados de auditoría en el caso de la compra de los terrenos para el nuevo estadio, la Contraloría del Legislativo envió un documento al portal Zona Franca, en el que le pide que colabore con la investigación para dar con quienes hayan sido responsables de enviar a medios de comunicación los resultados del informe sin que se hayan aprobado por los diputados.

El documento con fecha del 21 de octubre pide al medio de comunicación explique cómo obtuvieron la información en la que basó la nota informativa que fue publicada en mayo de 2019.

“Diga la fecha en que se allegaron de la información publicada y de ser posible diga cómo le fue proporcionada”.

En el artículo 5 fracción II de la Ley del Secreto Profesional señala que ninguna autoridad podrá requerir a un periodista

“Que el periodista no podrá ser requerido por las autoridades judiciales o administrativas, para informar sobre los datos y hechos de contexto que por cualquier razón no hayan sido publicados o difundidos, pero que sean parte de la investigación periodística, con el propósito de obtener la identificación de la o las fuentes de información;”.

Fue el 31 de octubre cuando el director del portal entregó por escrito la respuesta al Congreso del Estado, en donde se negaron a dar información, además de que se exigió el respeto a la actividad periodística.

"La gravedad que resaltamos radica en la evidente inconstitucionalidad de su requerimiento y el claro hostigamiento que ello constituye a este medio de comunicación y a la labor periodística que desempeñamos, así como la intimidación a nuestras fuentes", señala el medio de comunicación en el escrito entregado al Congreso.

Después de que se denunciara el atentado a la libertad de expresión, la respuesta del contralor interno del Congreso, Rafael García Ríos, aseguró que no se trató de un requerimiento, sino de una petición para que "coadyuvara" el medio con la investigación.

"Si ustedes así lo desean colaborar con esa invitación a fin de que la unidad investigadora verifique si existe alguna responsabilidad de algún servidor público”.

Primero el derecho a la información

En entrevista con el abogado y activista Roberto Saucedo Pimentel expuso que el requerimiento al medio de comunicación por la publicación de resultados a auditorías en los que se exhonera a autoridades panistas representa un hostigamiento.

Detalló que en derecho el medio de comunicación tiene tutelados sus derechos a la publicación, al tratarse de intereses colectivos el contenido de las auditorías.

“Si un medio de comunicación estima que es nota, cuando ya le llegó la información, el órgano interno de control del congreso no tiene facultades para requerir al medio de comunicación para que dé a conocer la fuente”.

Saucedo Pimentel apuntó que la revisión para conocer quién filtró los documentos debe salvaguardar los derechos de los periodistas.

“Si analizamos los derechos, creo yo que el derecho del medio de comunicación está por encima porque es de interés público, es dar a conocer a la sociedad lo que está pasando, sobre todo en un tema tan delicado”.

Roberto Saucedo también fue amagado, luego de que compartiera en un chat con periodistas los resultados de la auditoría al gobierno municipal de Guanajuato por la omisión al cobrar a Telecom.

En notas publicadas por la televisora propiedad de Jorge Antonio Rodríguez Medrano, se aseguró que la Contraloría abriría una investigación en contra del activista; sin embargo, a la fecha el órgano de control interno no le ha hecho ninguna notificación oficial.

Alerta de Artículo 19

La organización internacional Artículo 19 emitió una alerta, en la que advierte que el Congreso del Estado atenta contra la libertad de expresión y el libre desarrollo del periodismo, al solicitar a un medio de comunicación que revele la fuente que le hizo llegar los resultados de la auditoría.

La exigencia que lanzó la organización que vela por la libertad de expresión se dirigió a la Contraloría para que: “se abstenga de participar en cualquier acto que tienda a someter a las y los periodistas para que develen la identidad de sus fuentes de información”.

Además, hizo un llamado al gobierno estatal para que se respete el pleno ejercicio de la libertad de expresión y el libre desarrollo de la labor periodística en Guanajuato.