Productores agrícolas y ciudadanos organizados que se oponen a la construcción del acueducto Solís–León advirtieron que se manifestarán en el Congreso del Estado para dialogar con las y los diputados locales, a fin de pedirles que no aprueben la deuda solicitada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo en el proyecto de presupuesto estatal 2026, destinada a financiar el proyecto hídrico.

El anuncio se hizo durante una movilización realizada el pasado domingo en Acámbaro, donde los inconformes reclamaron la falta de estudios de riesgo relacionados con la construcción del acueducto. Además, alertaron que el proyecto forma parte de una apuesta por centralizar el manejo del recurso hídrico, la cual —según señalaron— coincide con las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales que actualmente se discuten a nivel federal.

“Vamos a ir a Guanajuato, a la Cámara de Diputados, donde se quiere aprobar una deuda, una deuda económica para hacer esta maligna obra. Vamos a dialogar con los diputados para que sepan y entiendan, para que escuchen a esta región”, advirtió Amadeo Hernández, líder de productores campesinos de la zona durante la manifestación.

Señaló que, antes de comprometer recursos públicos mediante endeudamiento, el Poder Legislativo debe escuchar a las comunidades afectadas y revisar alternativas técnicas que no perjudiquen a productores ni a zonas rurales.

“Vamos a ir a la Cámara de Diputados a exigirles que no aprueben el endeudamiento para nuestras generaciones futuras y para una obra maligna que no le beneficia en nada a este sureste del estado. Vamos de pie a defender el agua de la presa Solís”, recalcó el también dirigente nacional de la Central Campesina Independiente.

El pasado 25 de noviembre, la gobernadora entregó al Congreso del Estado el Paquete Fiscal, que incluye la Iniciativa de Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato; la Iniciativa de Ley del Presupuesto de Egresos; la autorización de financiamiento por 4 mil millones de pesos para proyectos de inversión pública productiva en municipios; y la autorización de financiamiento por 4 mil millones de pesos para el proyecto del acueducto Solís.

“Yo estoy confiado en que se va a realizar el acueducto, pero, como se pregunta, si en el remoto caso de que no se llevara a cabo, este recurso es solo para eso; no va a ser para otra cosa”, sostuvo el secretario de Finanzas, Héctor Salgado Banda, en rueda de prensa tras la presentación de la propuesta de ley el pasado 25 de noviembre.

Un llamado a la unidad y a la defensa del agua 

Durante la manifestación, Amadeo Hernández, dirigente campesino convocó a la población del sureste de Guanajuato a mantenerse unida y firme en la exigencia de cancelar el acueducto Solís–León, al que calificó como “un proyecto temerario y que ponen en riesgo a las futuras generaciones”.

Hernández reprochó que tanto el gobierno federal como el estatal han impulsado la obra sin consultar a las comunidades afectadas ni presentar estudios de impacto ambiental e hidrológico. Advirtió que la ausencia de estos análisis podría traer consecuencias graves para la flora, la fauna y el abastecimiento de agua en los municipios que dependen de la presa Solís.

“El gobierno fue insensible, se equivocó, pasándose por alto la máxima voluntad del pueblo, a quien lo ignoró y nunca lo consultó. Por ello es importante estar de pie. No realizaron y nunca realizaron un estudio del impacto ambiental hidrológico, que sin ellos nos están condenando a padecer grandes consecuencias de escasez de agua, de flora y de fauna que ponen en riesgo a los pueblos y sus futuras generaciones de estos municipios del sureste del estado. Todos dependemos social y económicamente, y sobre todo vivimos de lo que se produce con el agua de la presa Solís”, recalcó. 

El dirigente dijo que mientras el proyecto es considerado ambicioso y bondadoso por algunos, para la población del sureste es un “atropello” y en este sentido llamó a la ciudadanía a asumir un papel activo en la defensa del recurso hídrico y del patrimonio común. 

“El agua de la presa Solís es nuestro patrimonio, es lo único que tenemos y es lo que debemos defender. Por ello, el gobierno debe ser humilde para dialogar y entendernos. El gobierno no puede imponer lo que el pueblo no le beneficia. El pueblo no puede obedecer ni callar y menos agachar la cabeza ante cualquier injusticia”, indicó. 

Amadeo Hernández adelantó que en los próximos días emprenderán nuevas acciones de protesta y reiteró que acudirán al Congreso del Estado para pedir a las y los legisladores que rechacen el endeudamiento destinado al acueducto. Sin embargo, no se precisó el día en que se llevará a cabo esta manifestación. 

Apoyos condicionados a “nuevas concesiones”

Por otro lado, el líder de la comunidad de Obrajuelo, Carlos Piña, cuestionó el proceso de tecnificación del campo impulsado por las autoridades, pues aunque dijo que se anuncia como una inversión histórica, los apoyos están siendo condicionados a la cesión de derechos de agua para uso urbano.

El ingeniero también acusó la falta de análisis de riesgo y de estudios de impacto ecológico, ambiental, hídrico, social y económico, razón por la que dijo el proyecto es una amenaza no solo para la agricultura, sino para el abasto de agua de toda la zona. De manera extraoficial, se conoce un estudio de Impacto Ambiental que contiene el membrete de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, pero oficialmente las autoridades no han presentado ningún análisis de este tipo. 

El representante alertó que el acuífero del valle de Acámbaro, que abastece a municipios como Tarandacuao, Acámbaro, Jerécuaro, Salvatierra y Tarimoro, se encuentra en “condiciones de severa escasez” y dijo que cualquier alteración en los niveles de la presa Solís podría agravar la situación. 

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Explicó que las recargas subterráneas dependen de la infiltración del agua en suelos volcánicos fracturados, propios de la región que forma parte de una faja volcánica. Añadió que la recarga del acuífero proviene del vaso de la presa Solís y de las montañas que delimitan el valle, como la Sierra de Puruagua y la Sierra de los Agustinos, esta última decretada como área de uso sustentable, por lo que la extracción de volúmenes significativos de agua podría disminuir los niveles de los pozos y alterar el flujo subterráneo que sigue el curso del río Lerma.

El líder denunció que funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente han minimizado los posibles impactos ecológicos, pese a reconocer que los agricultores serían los más afectados en épocas de sequía. 

Señaló que esta postura “refleja ineficiencia” por parte de la autoridad, especialmente cuando guardabosques de la Sierra de los Agustinos, quienes trabajan diariamente en el territorio, han alertado sobre daños potenciales a la flora y fauna de la región.

Recordó que la presa Solís funciona como refugio de aves migratorias y forma parte de un sistema ecológico que incluye zonas bajo programas de restauración ambiental. Por ello, pidió a las autoridades que expongan públicamente la información técnica que respalda el proyecto y expliquen cómo se persuadió a representantes de los módulos de riego para ceder derechos de agua.

En su discurso, el dirigente cuestionó la afirmación estatal de que no se otorgarán nuevas concesiones de agua provenientes de la presa, pero al mismo tiempo se estarán destinando millones de litros de agua a León y a otros cuatro municipios de Guanajuato. 

“A León le cederán seis millones de metros cúbicos. ¿Cómo se le denomina a este volumen de agua si para ustedes no es una nueva concesión?”, agregó. 

El representante pidió a todos los productores de otros módulos del Distrito 011, como Salvatierra, Jaral, Valle, Cortazar y Corralejo, sumarse a la causa, pues alertó que para ellos no está prevista la tecnificación en parcela, sino solo en canales. 

“A la presa Solís no le sobra agua. La recuperación que sus estudios les arroja pueden utilizarla para la superficie de temporal que sigue existiendo en Acámbaro, Salvatierra, Jerécuaro y Taranda. Según se preocupan por la recuperación del agua agrícola y lo único que hacen es criminalizar su uso con un discurso doble moral, que el destino de esta recuperación es el consumo humano, El agua utilizada en la agricultura de una manera directa se transforma en consumo humano, ya que se utiliza para la producción de alimentos que satisfacen a las personas”, concluyó. 

Exigen al campo transformación, pero no cambian ciudades 

“Quieren que tecnifiquemos el campo, ¿pero por qué ellos no tecnifican sus ciudades?”, cuestionó el ingeniero Ricardo Amezcua al referirse a un uso desigual y profundamente injusto del agua en el país y en Guanajuato.

Durante la manifestación, recalcó que mientras se exigen cambios drásticos al campo, no se promueve la transformación de los centros urbanos y la responsabilidad social de la industria, que anualmente deja de pagar millones de pesos por el uso del agua. 

Afirmó que muchas empresas que tienen un alto consumo de agua no cuentan con sistemas de reciclaje y que aun así mantienen actividades altamente demandantes de agua, como el riego de jardines y campos de golf o el lavado constante de vehículos. De hecho, en días previos, el Observatorio Acambarense por los Derechos Humanos dio a conocer un listado de empresarios que tienen concesiones de agua en Guanajuato. 

Algunos de esos empresarios firmaron un pronunciamiento de apoyo a la gobernadora que fue publicado en un diario de circulación estatal, en el que destacaron la necesidad de que se realice la obra en beneficio de la ciudadanía. 

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El ingeniero advirtió sobre lo que consideró una tendencia global hacia el control del agua como un recurso estratégico. Sostuvo que el líquido se ha convertido en “el petróleo del siglo veintiuno” y que consideró que algunas políticas gubernamentales buscan concentrar su manejo, lo que podría traducirse en control sobre la producción de alimentos y, en consecuencia, sobre la población.

Este escenario lo relacionó con las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, al afirmar que estas podrían criminalizar prácticas tradicionales como la captación de agua de lluvia en parcelas. 

Calificó estas posibles implicaciones como “injustas” y “absurdas”, y llamó a la población a investigar y mantenerse alerta sobre los efectos que dijo, ya se observan en otros países.

El habitante de Acámbaro cuestionó que el agua esté siendo tratada como una mercancía sujeta a precios internacionales, lo que —afirmó— podría derivar en un futuro donde solo quienes tengan recursos económicos suficientes puedan acceder al líquido. 

La maestra Maribel Corral Hernández habló sobre la inexistencia de estudios de riesgos para la región sureste, pese a que autoridades insisten en que el proyecto es para beneficio de la entidad en un largo plazo. 

“Yo les preguntó: ¿qué gana Acámbaro?, ¿qué gana la región sureste del estado?, ¿qué ganamos nosotros?, ¿qué beneficios heredaremos a nuestros hijos?”, cuestionó. 

Consideró que contrario a representar beneficios para la región, implica más bien poner en riesgo el futuro de las próximas generaciones y todo el equilibrio ecológico del que dependen comunidades y ecosistemas.