El nuevo informe Publicidad Oficial 2024, elaborado por ARTICLE 19 y Política Colectiva, revela un cambio estructural en la manera en que se gasta el presupuesto destinado a comunicación social. Mientras tanto, la concentración del gasto en unos cuentos medios de comunicación, sin criterios claros de asignación, sigue siendo una constante. 

Entre 2018 y 2024, el gasto total —federal y estatal— cayó 45 por ciento, pero cambió de manos. En efecto, los gobiernos estatales concentran más del 70 por ciento de todos los recursos públicos asignados a publicidad oficial durante el sexenio pasado. Lo que antes era un sistema de control mediático encabezado por el Gobierno Federal, ahora se ha descentralizado hacia los estados, donde la falta de reglas claras y transparencia permite que las viejas prácticas de censura indirecta se agudicen.

En 2018 el Gobierno Federal gastaba más que las 32 entidades juntas; seis años después, cuatro de cada cinco pesos en comunicación social provienen de los estados. El fenómeno tiene implicaciones profundas, puesto que mientras la federación opera bajo cierta vigilancia y con datos públicos disponibles, en los estados reina la opacidad.

El informe documenta que 24 gobiernos estatales gastaron más de lo que tenían autorizado en sus presupuestos de egresos. Algunos, como Puebla, Veracruz o el Estado de México, superaron en más de mil por ciento las cifras originalmente aprobadas. En 2024, Guanajuato, Quintana Roo, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León encabezaron el ranking nacional, acumulando más de tres mil 300 millones de pesos, es decir, más de un tercio del gasto total del país.

A nivel federal, el discurso de austeridad ha servido para reducir, pero no transformar el gasto en publicidad oficial. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el presupuesto en este rubro cayó 70 por ciento respecto al de Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, el recorte no vino acompañado de una política que garantice equidad o pluralidad. Al contrario, la concentración persiste. Entre 2009 y 2024, los 10 medios que más recibieron concentran el 46 por ciento del gasto, mientras los mil 003 restantes recibieron el 54 por ciento. Entre los cuatro medios más beneficiados (Televisa, La Jornada, TV Azteca y Medios Masivos Mexicanos) recibieron más del 33 por ciento del gasto total entre 2019 y 2024. Es decir, menos dinero, pero en las mismas manos.

Por otro lado, llama la atención que en 2024, año electoral, el gasto federal repuntó 40 por ciento respecto al año anterior. Ello indica que la publicidad oficial sigue siendo un instrumento de control de la narrativa política, una herramienta flexible que se expande o se retrae según la coyuntura.

El informe muestra con claridad que la transparencia es desigual. Mientras Coahuila, Querétaro o Chihuahua publican la mayoría de sus contratos, otros como Quintana Roo y San Luis Potosí apenas transparentaron el 2 por ciento o menos del gasto reportado. En la Ciudad de México, sólo el 44 por ciento de los montos aparece en contratos accesibles. La transparencia en la publicidad oficial no es un tema menor, es la condición mínima para evitar que el dinero público se convierta en censura a costa del erario.

Este partón de uso discrecional de la publicidad oficial persiste pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró en 2021 -al resolver un amparo de Artículo 19- que la Ley General de Comunicación Social es inconstitucional porque no establece criterios claros ni límites al gasto. Ordenó al Congreso reformarla antes de septiembre de 2024, pero esa urgente reforma no ocurre.

El Congreso sigue omiso y mantiene vigente una ley que permite la discrecionalidad, fomenta la autocensura y socava la pluralidad informativa. Hoy, además, con la mayoría de los gobiernos locales en manos del mismo partido, la reproducción de un sistema de control mediático desde lo estatal es evidente.

La publicidad oficial no es sólo un gasto más, sino una forma de poder blando. Quien controla el presupuesto para los medios, controla el flujo de la información pública. Desafortunadamente en México se usa el dinero de comunicación social bajo la premisa de “No pago para que me peguen”. Por eso urge una nueva ley que ponga fin a la discrecionalidad, establezca criterios objetivos de asignación, garantice transparencia total de los contratos y sancione el uso de estos recursos para premiar o castigar voces críticas.

La democracia mexicana no se mide sólo en votos, sino en la capacidad de la prensa para hablar sin miedo y sin dependencia de poderes formales y fácticos. Mientras los gobiernos sigan comprando silencio con dinero público, la libertad de expresión seguirá siendo, como ahora, un caro privilegio.