Por Raymundo Sandoval *

El pasado 15 de junio de 2022 se llevó a cabo una mesa de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Guanajuato con organizaciones de la sociedad civil con la intención de revisar el informe de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) relativo a 2021.

¿Cuáles son las preocupaciones que se pueden plantear sobre el trabajo que realiza el órgano no jurisdiccional de derechos humanos de Guanajuato?

Primero que nada, es pertinente preguntarse si la Procuraduría es realmente un mecanismo efectivo para la protección de los derechos humanos. El sistema no jurisdiccional deriva de los Principios de París, que señala que, la composición de estos órganos debe contar con garantías de independencia y pluralismo, que no existen en Guanajuato.

Foto: especial.

En términos textuales, se considera que el nombramiento de las personas titulares deberá “ajustarse a un procedimiento que ofrezca todas las garantías necesarias para asegurar la representación pluralista de las fuerzas sociales (de la sociedad civil) interesadas en la promoción y protección de los derechos humanos, en particular mediante facultades que permitan lograr la cooperación eficaz o la participación”. Es notorio que este Procurador es de la misma filiación del partido en el Gobierno, por lo que carece definitivamente de independencia de grupos de poder.

La Procuraduría de Derechos Humanos inició 736 quejas cuando en 2019 se iniciaron mil 118, más del 30% menos, lo que para el propio fiscal general Carlos Zamarripa significa que “hay menos violaciones a derechos humanos en la Fiscalía de Guanajuato” lo que también puede interpretarse como falta de confianza en la Procuraduría. ¿Por qué hay menos quejas presentadas cuando Guanajuato vive su peor crisis de violencia de su historia?

En el informe de 2021 se señala que se iniciaron sólo 4 quejas por oficio. ¿Cómo se explica que en una entidad en la que todos los días se suman las masacres y los homicidios dolosos en los medios de comunicación NO se inician quejas?, sólo en el caso de una institución alejada de la realidad social.

El panista Vicente Esqueda presentó en su plan de trabajo inicial que su administración sería de “Prevención y Modernización” lo que hasta el momento no ha sucedido, ya que su gestión ha sido totalmente alineada al gobierno de Guanajuato. Está pendiente que se inicie el servicio profesional de carrera, que limitaría el escándalo sobre la “emPANización” (inclusión de panistas en la Procuraduría), ¿Qué espera Esqueda para modernizar al personal de la institución?

¿Qué pasa con el estándar de las recomendaciones que sigue siendo muy bajo? ¿Por qué emite “Propuestas Generales” que no son equivalentes a Recomendaciones Generales?

Hay que reconocer que la Procuraduría tardó más de un año en crear la Unidad especializada en derechos de la niñez como mandatan tanto la Ley General como la Ley local de derechos de esta población. ¿No sería buena idea que el Congreso hiciera una reforma integral que fortaleciera sus facultades y que creara unidades especializadas en migración y víctimas de la violencia, al menos?

Estoy seguro que, a medio camino, este Procurador panista debe despedirse de una eventual ratificación.

* Raymundo Sandoval es profesor universitario, doctor en ciencias políticas y sociales, defensor de derechos humanos, integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato