Con argumentos basados en las acciones de inconstitucionalidad resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tratados internacionales y recomendaciones de organismos especializados en Derechos Humanos, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) envió a diputadas y diputados locales una serie de observaciones que concluyen en la necesidad de que en Guanajuato se elimine del Código Penal el tipo penal de aborto y así se garanticen derechos humanos de todas las mujeres.

A propósito de la iniciativa sobre el tema que presentó el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en septiembre pasado, recién iniciada la Legislatura, la presidenta de Inmujeres, Nadine Gasman Zylbermann, mandó un archivo en el que recuerda a las y los diputados de Guanajuato que desde septiembre de 2021 con el voto de 10 ministros, la SCJN resolvió que es inconstitucional criminalizar y penalizar a las mujeres por abortar.

La opinión técnica de la presidenta de Inmujeres quedó fechada el jueves 25 de agosto, aunque fue desde el 18 de enero pasado que la comisión de Justicia que preside la panista Cristina Márquez Alcalá aprobó la metodología de análisis de la iniciativa para despenalizar el aborto, en la que no se incluyó pedir la opinión del Instituto Nacional de las Mujeres, únicamente se pidió su punto de vista al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a Fiscalía General del Estado, a la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado, a la Procuraduría de los Derechos Humanos y al Instituto de Investigaciones Legislativas, instancias locales que en mayo de 2021 abonaron a que se archivaran las iniciativas que había presentado el PRD y Morena en la Legislatura pasada en el mismo tema.

Sin que ninguna autoridad del Legislativo del estado haya solicitado la opinión del Inmujeres, el instituto mandó las observaciones no solo a Guanajuato, sino al resto de los estados donde sus Códigos Penales conservan el delito de aborto. A la fecha solo nueve de las 32 entidades han despenalizado el aborto: Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero y Baja California Sur.

Comunicación de Inmujeres

Para Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres, organización que desde hace décadas lucha por los derechos de las mujeres y particularmente por el aborto legal, seguro y gratuito, Inmujeres reaccionó tarde, porque desde septiembre de 2021 tendría que haber enviado a los estados el documento con los alcances de las resoluciones de la SCJN tanto en el tema del aborto como en el de la objeción de conciencia.

"Es la primera vez que Inmujeres toma un rol protagónico en general, pero respecto al tema, creo que es super importante porque casi siempre los gobiernos federales habían dejado que cada estado decida lo que quiera aunque contravenga la armonización de los estándares más altos que hemos alcanzado en México en materia de Derechos Humanos. Inmujeres debió tomar ese rol protagónico de traducirle a los congresos locales lo que significó la decisión de la Corte".

Despenalización, un paso a la eliminación de estereotipos de género

En el documento de 18 hojas que mandó Inmujeres dirigido a la presidenta del Congreso, la panista Margarita Rionda Salas, pero con copia a las presidencias de las comisiones de Justicia, Igualdad de Género, Derechos Humanos y Salud, recapitula dos resoluciones de la SCJN, la primera en el tema de la eliminación del tipo penal de aborto, la segunda por la objeción de conciencia. Además, explica a las y los diputados las recomendaciones que han hecho desde hace años organismos internacionales respecto al derecho de todas las mujeres sobre su libre desarrollo.

Respecto a la acción de inconstitucionalidad 148/2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la dignidad humana se funda en la idea central de que la mujer y las personas con capacidad de gestar pueden disponer libremente de su cuerpo, de construir su identidad y destino, libre de imposiciones o transgresiones.

Con 10 votos a favor, la Corte declaró inconstitucional la penalización del aborto, tratándose de una votación mayor a 8, se obliga a todos los jueces de México, tanto federales como locales, a determinar la inconstitucionalidad de las normas penales que criminalicen el aborto con sanciones para las mujeres que deciden interrumpir su embarazo.

"...no tiene cabida dentro de la doctrina jurisprudencial de este Tribunal Constitucional, un escenario en el cual la mujer y las personas con capacidad de gestar no puedan plantearse el dilema de continuar o interrumpir su embarazo por un corto periodo de tiempo al inicio de la gestación, pues ello equivaldría a asumir que su dignidad y autonomía personal pueden modularse y restringirse en función de supuestos basados en un constructo social que, antes que personas independientes, las configura como instrumentos de procreación", dice parte de la resolución.

Inmujeres también retoma la acción de inconstitucionalidad 54/2018 que habla de la objeción de conciencia, también resuelta en septiembre de 2021, en donde la SCJN advierte que la Ley General de Salud no establece lineamientos para apegarse al ejercicio de objeción de conciencia sin poner en riesgo los derechos humanos de las personas.

Recuerda que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sostiene que las acciones y omisiones de los Estados que conllevan la negación de los servicios de aborto y obligan a las mujeres, adolescentes y niñas a continuar con un embarazo forzado o a recurrir a un aborto inseguro, poniendo en riesgo su salud y su vida, deben reconocerse internacionalmente como violaciones a los derechos reproductivos de las mujeres.

La opinión técnica-consultiva de Inmujeres destaca que con la penalización del aborto se transmite un mensaje "contundente y estigmatizado, relacionado con el 'castigo ejemplar' contra las mujeres y niñas por decidir sobre su sexualidad y reproducción".

El mensaje también llegó de manera directa a la panista Cristina Márquez Alcalá, presidente de la comisión de Justicia, quien desde el cargo que ocupa ha insistido en que el PAN no avalará ninguna iniciativa que busque la despenalización del aborto porque, como partido político, va en contra de su doctrina.

Inmujeres resume que la criminalización del aborto "es el resultado de estereotipos de género que permean, no solo en el imaginario social, sino en la actuación de las autoridades e instituciones del Estado, y se traduce en violaciones a los derechos de las mujeres".

En mayo de 2021, con Cristina Márquez como presidenta de la comisión de Justicia, se archivaron dos iniciativas que presentaron en la anterior Legislatura con el argumento que la Constitución del Estado reconoce la vida desde el momento de la concepción, un aspecto que también debería reformarse, señala la activista Verónica Cruz Sánchez, por ser contraria a los más altos estándares internacionales a los que está adherido México.

Fotografía archivo

¿Qué derechos se violan con la penalización del aborto?

Inmujeres hace un recuento de los derechos humanos de las mujeres que son violados por los estados que mantienen como delito el aborto en sus Códigos Penales:

• A la igualdad y no discriminación: tanto el Comité de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW -por sus siglas en inglés-), como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), han pedido a los Estados, a través de su jurisprudencia, observaciones y recomendaciones generales, que revisen la legislación nacional a fin de despenalizar la interrupción del embarazo […]. A su vez, el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos han determinado que, en algunos casos, obligar a una mujer a llevar a término un embarazo no deseado equivale a un trato cruel e inhumano.
• A la salud: El Estado debe abstenerse de impedir u obstaculizar el ejercicio y decisiones de las personas en materia de salud sexual y reproductiva. El Relator de las Naciones Unidas para el Derecho a la Salud ha puesto de manifiesto la estrecha relación que tiene la afectación a la salud mental de las mujeres y la criminalización del aborto. Derivado del estigma que rodea la decisión de abortar, que deriva en que las mujeres que desean abortar lo hacen de forma clandestina y en muchas ocasiones en condiciones no reguladas, inseguras e insalubres, aunado a la latente posibilidad de ser sancionada y/o perseguida por las autoridades.
• A una vida libre de violencia: El Comité CEDAW parte de la consideración de la violencia por razón de género como una de las formas de discriminación contra las mujeres, la cual se perpetúa a través de normas sociales relativas a la masculinidad, estereotipos de género, el castigo del comportamiento de las mujeres que se considere inaceptable. Leyes, políticas y prácticas generan y perpetúan la desventaja de las mujeres respecto de los hombres, como la tipificación del aborto.
• Al debido proceso penal: El Comité CEDAW ha desarrollado diversos criterios relacionados con la prevalencia de prejuicios de género en el sistema judicial, que perpetúan de manera profunda la discriminación y violencia en contra de las mujeres. Estos prejuicios son los mismos que determinan que el comportamiento de las mujeres debe girar en torno a la maternidad y, en general, al cuidado de otras personas, y basados en ellos, se repudia y sanciona el hecho de que las mujeres y niñas aborten.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) ha mostrado su preocupación de que varíe entre los estados la legislación para la interrupción voluntaria del embarazo porque afecta "de manera desproporcionada a las mujeres con menores ingresos y pertenecientes a grupos más desfavorecidos y marginados".

La recomendación es que se armonice la interrupción voluntaria del embarazo, eliminando la criminalización de las mujeres, pero que también los estados adopten las medidas necesarias para garantizar el acceso al aborto seguro y haya más información sobre salud sexual y reproductiva.

El documento de Inmujeres termina reconociendo la iniciativa que presentó la fracción del PVEM el 30 de septiembre que busca la despenalización del aborto en Guanajuato.

"Dicha iniciativa es un punto de partida para iniciar el debate y eliminar los elementos normativos que criminalizan a las mujeres que deciden interrumpir voluntariamente su embarazo, por lo que considerar en el análisis y discusión correspondiente los elementos incluidos en la presente opinión, permitirán avanzar en el ejercicio efectivo de sus derechos humanos".

Aunque en la comisión de Justicia desde principios de enero se aprobó la metodología para su análisis, ocho meses después sigue sin avances.

PAN perderá Guanajuato por cerrazón: Verónica Cruz

La cerrazón que muestra el PAN en Guanajuato a despenalizar el aborto y así dejar de criminalizar a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo, le costará perder el gobierno que conserva desde hace más de 30 años, aseguró la activista Verónica Cruz Sánchez.

Al cuestionar sobre qué tanto podría permear en la bancada panista la opinión enviada por Inmujeres, la directora del Centro Las Libres fue tajante: "en nada. Les vale".

Verónica Cruz Sánchez. Fotografía especial

Luego, manifestó que todavía hace 20 años los partidos políticos se mantenían al margen de discusiones como la despenalización del aborto por miedo a perder votantes, pero ahora que más de la mitad del país se ha pronunciado a favor del aborto legal, seguro y grautito, aquellos que se resistan a la discusión podrán perder simpatizantes por ir contra de los derechos de las mujeres.

"Lo he dicho: al PAN con su cerrazón les va a costar el estado el aborto, la función más importante que tenemos es votar o votarlos. Me parece que el aborto va a ser el tema en cuestión en Guanajuato, cuando el PAN pierda Guanajuato será por el aborto, van a tener que pensárselo si quieren seguir con esa cerrazón... a los partidos que se nieguen a despenalizar les va a costar elecciones, les va a costar votos".

Cruz Sánchez insistió en que los Congresos locales de todo México tienen que legislar más allá de sus creencias, en el caso de Guanajuato se tiene que iniciar por reformar el artículo 1 de la Constitución, en el que se reconocen los derechos desde el momento de la concepción.

Finalmente, dijo, que ahora con la resolución de la SCJN es necesario que los sistemas de salud estén listos para proveer los servicios de aborto.