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Reaparece el Padre Pedro; busca reabrir Ciudad de los Niños, aunque subsisten indicios de ilegalidades
Justifica adopción irregular de menores porque gobernadores se lo pedían; no obstante, subsisten todas las responsabilidades de la sentencia de la jueza Karla Macías
Con información de Edith Domínguez y Kennia Velázquez
El sacerdote católico Pedro Gutiérrez Farías, conocido como "El padre Pedro", reapareció ante la opinión pública la tarde de este jueves, cuando ofreció una conferencia de prensa para intentar explicar su situación jurídica y la del albergue "La Ciudad de los Niños".
Arropado por su abogado y por otros religiosos, "El Papi" aseguró que "aún no hay pruebas" en su contra por abusos contra varios menores bajo su tutela. No obstante lo dicho por el padre, no está exonerado de las violaciones graves a los derechos de la infancia que incluían castigos, maltrato físico y abuso sexual en agravio de niñas, niños y adolescentes que habitaban el inmueble y subsisten todavía las responsabilidades emitidas en la sentencia del juicio de amparo indirecto emitido por la jueza Karla Macías Lovera, que tendrían que ser investigadas por la autoridad persecutora de delitos, lo que no ha ocurrido.
Así lo señala la nueva sentencia que ha sido utilizada para plantear una virtual "exoneración": “no corresponde al órgano de amparo determinar si se cometió o no la violación al derecho humano, por lo que aunque existan suficientes evidencias de dicha violación, el órgano de amparo debe limitarse a hacer llegar dichas evidencias a la autoridad competente."
Pedro Gutiérrez sugirió que retomará el funcionamiento del albergue y que para la rehabilitación del inmueble necesita 2 millones de pesos, para lo cual espera recibir donaciones de la feligresía, después que al cerrar el albergue hace dos años, dejó de recibir los apoyos económicos.
Sin embargo aún queda sin aclarar lo que ha recaudado en trece años de actividad filantrópica: 45 millones 267 mil 91 pesos, más dos vehículos y cuatro terrenos. Los recursos que recibía no eran auditados, un ejemplo de ello tiene que ver con los planes de instalar en 2008 una planta empacadora de cacahuate que daría cierta independencia económica a los albergues y a los jóvenes los capacitaría en un oficio. El gobierno estatal donó 2.7 millones de pesos y el municipio de Salamanca puso otros 1.2 millones de pesos. La planta nunca se echó a andar, pues no contaba con proveedores, clientes, ni plan de negocios. No se le pidieron explicaciones del destino final del dinero público.
Una investigación periodística reveló que Gutiérrez Farías, quien no percibe sueldo y sólo vivía de donativos, cuenta con ocho propiedades: siete en Salamanca y una en Irapuato entre casas y terrenos, uno de ellos con una superficie de 17 hectáreas. Además las asociaciones de las que es representante legal y presidente, son propietarias de cuatro inmuebles en las ciudades de Salamanca, Moroleón y Tarímbaro.
Amparo no exonera presuntas violaciones a derechos
Pese al optimismo mostrado por el padre Pedro Gutiérrez Farías, el caso de los abusos en el albergue Ciudad de los Niños continúa turnado a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Fiscalía General del estado de Guanajuato para que lo revisen y se pronuncien al respecto.
Fue el segundo Tribubal Colegiado en materia penal el que ordenó a la FGR y la fiscalía de Guanajuato que revisen el caso donde se acusa al padre Pedro Gutiérrez Farías por los delitos de abusos psicológicos, físicos y sexuales en contra de los menores de la Ciudad de los Niños de Salamanca.
La tarde de este jueves, en rueda de prensa en las instalaciones de la Ciudad de los Niños, donde ahora viven los jóvenes que vivían en la Ciudad Juvenil, Gutiérrez Farías se refirió a una de las acusaciones: aseguró que los funcionarios del Registro Civil acudían directamente a la sede de la Ciudad de los Niños para registrarlos porque eran enviados por los gobernadores en turno, a quienes (el padre) les solicitó su ayuda y "se las dieron de esa manera".
Jesús Centeno Carrillo, abogado del padre, informó que al conceder el amparo que presentó Gutiérrez Farías, hasta el 11 de abril no había pruebas para vincular o imputar los delitos contra el sacerdote.
"El tribunal resolvió conceder una revisión al padre Gutiérrez Farías, aparejada una acusación de actos indebidos en esta casa, está determinado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal (el) Amparo en revisión 327/2017, se analizó el cumulo de constancias, declaraciones, documentos y determina que el hecho de considerar al Pedro Gutiérrez Farías responsable de un hecho de ninguna manera hay elementos, hay prueba alguna (hasta el 11 de abril del 2019) para determinar alguna responsabilidad penal" por los delitos de abuso psicológico, físico y sexual, dijo.
"A la postre deviene de una manera clara que los actos, hechos y acontecimientos que venían a permear la honorable institución y algunas otras como la casa juvenil y ciudad infantil determinan que no existe ninguna prueba para que se cierre la Ciudad de los Niños y menos para procesar o hacer una imputación contra de Pedro Gutiérrez Farías", argumentó también.
Al dar vista a la FGR y la fiscalía del Estado para que revisen el caso y se pronuncien, tras el análisis respetivo "por lo que se refiere actos ilícitos, abusos y todos los que se han mencionado. La Fiscalía General de la República tiene conocimientos ya por orden del Tribunal Colegiado, eso le da vista, tú eres el competente incluso y deben de conocer de este asunto, ellos tienen la obligación de revisar el expediente y no han encontrado ninguna cuestión". Aunque señaló también que no hay fecha para la pronunciación final.
El abogado explicó que en caso que encuentren "algún dato (delito), nosotros haremos frente a ellos con toda transparencia".
Gobernadores enviaban a personal del registro civil, justifica
El padre Pedro, al defenderse de las acusaciones por haber cambiado las identidades de muchos de los niños que tomó bajo su cuidado, aseguró que les dio el apellido a los 130 menores porque los gobernadores en turno así lo sugirieron, incluso les enviaban directamente al albergue al personal del Registro Civil. Ello luego que se le cuestionó si obligaba a los padres a cederles los derechos paternales.
"Jamás, jamás se le obligó a alguien a que hicieran eso, ¿qué sucedía?, yo fui con todos, ya me da miedo (decir) pero fui con todos los gobernadores y les pregunté 'qué hago con estos niños que son espositos' (abandonados), no tiene sus documentos para entrar al kínder, qué hago, ustedes dicen quien les dan el apellido, si les dicen que den el apellido -la respuesta fue-, padre pues déselos usted... con eso termino, porque eso es peligroso. Aquí venían los funcionarios del Registro Civil, aquí venían a la casa a registrarlos, yo les pedí a todos los gobernadores que me apoyaran y me ayudaron porque había que yo no tenía el interés de robarles la identidad", dijo Pedro Gutiérrez.
Se le cuestionó si durante los 40 años que permaneció el albergue, los gobernadores en turno lo apoyaron y señaló, "De una manera o de otra venían a hacer las diligencias necesarias para que (los menores) vinieran y entraran a la escuela, pero yo no obligué a ninguna mamá en ninguna manera" (a ceder derechos sobre sus hijos) explicó.
El abogado argumentó que los menores llegaban sin documento alguno, "ante esta situación, el registro era de la autoridad hacia él, la autoridad (era) la que hace el trámite, él no obligaba a ninguna autoridad al registro", justificó.
Incluso señaló que una menor demandó la nulidad del acta y el padre Pedro no se opuso, porque era un derecho de la madre, incluso negó que (a los niños) se les prohibiera convivir con los padres.
"El Papi" busca recuperar a los menores
Gutiérrez Farías aseguró que buscará recuperar a los 74 menores que fueron recogidos del albergue, entre ellos, niños "malitos"(sic), con discapacidades (mudos, sordos, epilépticos), aunque a esta fecha desconoce el paradero de todos ellos "porque no nos han dejado… queremos verlos porque son nuestros hijos".
Dijo también que una juez de Salamanca le autorizó ver a los menores cuando estaban en la Ciudad de los Niños, por 40 minutos, acudió al inmueble y él estaba en la calle para verlos por fuera de la reja, los niños por dentro. Comentó que los abrazó y besó, pero "no nos dejaban (estar con ellos), vimos cómo los jalaban, los maltrataban” los funcionarios que evitaban que estuvieran con el sacerdote, por lo que mejor se retiró y optó por no regresar.
Explicó que originalmente la autoridad le dijo que les dejarían una parte del centro, pero luego esta cambió de opinión y tuvo que salir del albergue.
Y aunque vino toda la fuerza del gobierno, "si hubieran encontrado algo nos hubieran castigado, si ahorita encuentran algo que me castiguen, no me han encontrado nada, ¿por qué me castigan?", cuestionó.
El sacerdote atribuyó la investigación a que hubo mano negra.
"No sé, sinceramente no le puedo contestar (¿por qué?), fueron fuerzas media raras, manos negras o yo no sé que serían, color de rosa, pero nos vino el problema y lo aceptamos, porque no sé".
Abren albergue con muchachos de la Ciudad Juvenil
El abogado explicó que cinco jóvenes se ampararon y uno, al alcanzar la mayoría de edad, decidió regresar a la Ciudad de los Niños, un segundo decidió regresarse con su familia y los tres restantes están en la espera que les resuelvan el amparo.
Explicaron que el rentar el inmueble de la Ciudad Juvenil al municipio de Salamanca para la estadía de los agentes de la Marina, les permitió tener recursos por 40 mil pesos mensuales; los jóvenes ahora viven en el inmueble de la Ciudad de los Niños, lugar que ya está abierto al público e incluso ofician misas los domingos; el próximo domingo celebrará una misa por "el milagro", donde estará una banda, los feligreses donaron juegos y habrá comida.
El abogado explicó que van en un 90 por ciento de avance en los permisos que requieren para la reapertura del albergue, pues aunque la intención principal es recuperar a los menores "sus hijos", se requiere volver a abrir el albergue, para recibir ahí a los menores. Por ello, cuentan con el permiso de Protección Civil, salubridad, uso de suelo e ingresaron documentos al DIF estatal para que les otorguen el certificado y "estar en regla".
"No podemos operar esta ciudad bajo o en contra de la ley, vamos a estar bajo y al amparo de la ley", aseguró.
Sentencia del Colegiado sólo aplica para niña de manos quemadas
Pese a que los partidarios del sacerdote Pedro Gutiérrez Farías han insistido que la resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito lo declaró inocente, en realidad resolvió en cuatro sentidos, entre ellos continuar con las carpetas de investigación que se encuentran abiertas y que incluyen al cura director de la Ciudad de los Niños.
Lo que el Colegiado resolvió consisten en una modificación prácticamente de todo lo que dijo e hizo la jueza. También sobreseó, es decir quedó igual la sentencia de amparo en lo relativo a llevarse a la menor de edad de la Ciudad de los Niños y enviarla por 72 horas a la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, esto por ser un acto consumado que no se puede cambiar. También resolvió no amparar a la menor de edad a la que se le quemaron las manos que pedía regresar al albergue. Tanto la jueza Macías como los magistrados observaron elementos para considerar que no es un lugar óptimo para ella. El Colegiado estima que hay elementos suficientes para considerar, en lo que respecta sólo a ella, que en atención a su interés superior y a efecto de garantizar sus derechos humanos y fundamentales debe ser puesta en otro albergue distinto al del Padre Pedro. Y finalmente, poner en conocimiento al Fiscal General de la República, los hechos que integran la carpeta de investigación donde se desprende que la menor sufrió tocamientos y que le quemaron la mano.
Esta sentenciase resolvió el 29 de abril de 2019 sobre el recurso de revisión 327/2017 derivado de la sentencia del juicio de amparo indirecto 475/2016-VIII emitido por la Jueza Noveno de Distrito, Karla Macías Lovera.
La sentencia del Colegiado sólo aplica para la menor de edad a la que le quemaron las manos por robar plastilina, debido a que los magistrados consideran que el amparo sólo tiene efectos para quien lo promueve por lo tanto deja fuera al resto de niños y niñas que habitaron el albergue. Por ello consideran que la jueza Karla Macías se excedió en sus facultades al haber determinado que el amparo debía proteger al resto de la población de los albergues, dejando a más de 100 niñas, niños y adolescentes en desamparo.
El Tribunal señaló que aún cuando las y los operadores de justicia conozcan de alguna violación a derechos humanos, no pueden actuar de oficio, sino que se debe esperar a que la persona que sufre la violación vaya y solicite la justicia y amparo, sin importar que sean niños y niñas o personas adultas en estado de vulnerabilidad.
Finalmente el Colegiado refiere que no hay fundamento legal en México que permita otorgar el tipo de reparaciones que la jueza otorgó y que eso fue parte de los excesos.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito resolvió por mayoría de votos de los magistrados Arturo Rafael Segura Madueño y Ricardo Garduño Pasten, con el voto en contra del magistrado presidente Samuel Meraz Lares.
Los argumentos del magistrado presidente Samuel Meraz Lares para votar en contra de la resolución son que la jueza no se excedió pues “era un imperativo legal analizar el entorno en el cual se desarrollaba” la menor y que extender la resolución a favor de los otros niños, niñas y adolescentes tenía un “interés legítimo”.
También ve como “trascendental”, “el ejercicio argumentativo desplegado por la juez” el magistrado ve “una serie de premisas enlazadas unas con otras, que van dando sentido y solidez a la conclusión, de modo que resulta incorrecto que la autoridad de origen sólo controvierta el resultado final sin desacreditar cada uno de las fases por las que transcurrió la argumentación”. Por lo que considera que los “agravios son inoperantes porque el Ministerio Público de la federación no controvirtió el cúmulo de consideraciones que por su estructura lógica sustentan la sentencia recurrida”.
La revisión a la sentencia del amparo fue interpuesta tanto por Pedro Gutiérrez Farías, como por el director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Alfonso Borja y por la Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas y Corrupción de Menores.
Políticos, cantantes y empresarios, amigos de Ciudad de los Niños
El expresidente de la República Vicente Fox Quezada, el exgobernador y hoy diputado federal Juan Carlos Romero Hicks, el exgobernador Juan Manuel Oliva Ramírez, todos de Acción Nacional, algunos empresarios y líderes sindicales como Carlos Romero Deschamps, políticos locales y artistas como Marco Antonio Solis "El Buki" (de quien ha circulado una fotografía del día de su boda con el padre Pedro) fueron visitantes asiduos al albergue, incluso apadrinaban a menores de edad.
Además de apadrinar, también realizaban donaciones en especie y en efectivo para los menores.
El padre se aleja del PAN para aliarse con Morena
Antes de las campañas políticas de 2018, el sacerdote buscó en varias ocasiones al gobernador Miguel Márquez Márquez, incluso hacía antesala por horas buscando ser atendido por el panista, ante la negativa del entonces gobernador, dejó de insistir y por mensajería, Pedro Gutiérrez le envió una carta a Márquez donde cortó relaciones con él y reprochaba el poco o nulo apoyo que le brindó.
Lo anterior, originó que Gutiérrez Farías se reuniera con la panista Beatriz Hernández Cruz quien al estar molesta porque no fue tomada en cuenta para la candidatura a la diputación federal o la candidatura a la alcaldía, renunció a la militancia panista para unirse a las filas de Morena, posteriormente fue designada candidata a la alcaldía.
El sacerdote apoyó a Hernández Cruz en campaña, incluso realizaba reuniones con personajes destacados para pedir el apoyo y voto para la morenista, quien finalmente ganó la alcaldía al panista Antonio Arredondo que buscaba la elección consecutiva. Así terminaron décadas de gobiernos panistas en Salamanca.
En octubre 2018 durante su toma de posesión, la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz hizo distinción por la presencia del padre Pedro Gutiérrez, a quien le agradeció el apoyo; incluso, lo señaló como "su mentor".
La edil ha señalado que nunca se violentaron los derechos de los menores de Ciudad de los Niños y habría que devolverle su honorabilidad al sacerdote. Incluso, en abril del presente año, la alcaldesa integró al consejo del DIF municipal a cuatro allegados a Gutiérrez Farías.
No obstante, la protección no parece ser por consigna: en diciembre de 2018 la senadora de Morena por Guanajuato, Antares Vázquez Alatorre, solicitó que se protejan los derechos de las niñas y niños del albergue y que se detuviera el amparo que promovió el sacerdote.
Alcaldesa paga renta por la Ciudad Juvenil
Con la llegada de la Marina a inicios del mes de mayo, el municipio de Salamanca rentó al padre Pedro Gutiérrez las instalaciones de la Ciudad Juvenil, ubicada a unos metros de la Ciudad del Niño, para que los elementos federales pernoctaran.
El edificio, según la inspección que realizó el DIF estatal en el 2014, contaba con 80 dormitorios individuales, cocina, baños, gimnasio abandonado y no contaba con agua potable.
La alcaldesa lo único que confirmó es que desde el mes de mayo de este 2019 el municipio rentó el espacio, pero la primer edil no supo explicar cuánto paga de renta el municipio al padre Pedro.
"Buscamos un espacio donde tener a la Marina y ahí (Ciudad Juvenil) se encuentran, es una obligación de nosotros, nos comprometimos con la Marina, fue una petición expresa desde México" explicó.
La historia previa
La construcción de la Ciudad de los Niños en Salamanca inició en 1977, con las donaciones de feligreses, políticos de todos los niveles y empresarios cercanos al sacerdote Pedro Gutiérrez Farías. Además de este, integraron la directiva las religiosas Hortensia Jiménez Cruz y Xóchitl Chávez Sánchez, y tres personas más.
El objetivo inicial fue darles un lugar para vivir a menores de edad en situación de calle. Sin embargo, autoridades y sociedad serían quienes posteriormente llevaban a los menores al albergue. Padres o familiares por decisión propia dejaban a niños, niñas y adolescentes en el lugar, algunos habrían sido obligados a renunciar a sus derechos paternales, pues firmaban una hoja de papel a favor de Gutiérrez Farías.
Así, el sacerdote adoptaba a los menores dándoles el apellido "Gutiérrez", y tres religiosas que colaboraban con él también les compartirían el segundo apellido.
En julio de 2016, después de una denuncia anónima al DIF Estatal por supuestos abusos, sus funcionarios ingresaron al albergue para hacer la inspección de las condiciones en las que se desarrollaban los menores de edad; ahí detectaron quemaduras en las manos de una niña de 5 años, quien les contó que era el resultado de un “castigo” impuesto por una monja que le puso las manos en la estufa porque había “robado plastilina”. Por este hecho la hoy Fiscalía General de Guanajuato inició la carpeta de investigación 13682/2016.
Para evitar que la niña dejara la Ciudad de los Niños, Gutiérrez Farías promovió un amparo en el mes de julio de 2016. La juez del Juzgado Noveno de Distrito del Poder Judicial Federal calificó de improcedente la petición y dictó varias medidas para proteger no solo a la menor que tenía las manos quemadas, sino al resto de los menores de edad que vivían en el albergue, por violaciones graves a los derechos de la infancia que incluían castigos, maltrato físico y abuso sexual en agravio de niñas, niños y adolescentes que habitaban el inmueble.
Estos abusos y maltratos que relataron los menores quedaron asentados en la carpeta de investigación; sin embargo, demandas presentadas por adolescentes y familiares de los residentes no tuvieron éxito porque "el padre Pedro era poderoso".
Sin embargo, la sentencia obligó al DIF estatal a hacerse cargo de 63 menores de edad que se encontraban en el albergue de Salamanca.
Tras 40 años de servicio, la Ciudad de los Niños cerró sus puertas en agosto de 2017.
El padre Pedro Gutiérrez Farías dejó el inmueble y vivió en una casa en Salamanca, aunque la mayor parte del tiempo estuvo refugiado en el albergue que opera en la ciudad de Morelia, Michoacán.
Las autoridades detectaron además que al menos 134 menores fueron reconocidos como hijos de Pedro Gutiérrez y tres de las religiosas que los cuidaban, entre ellas Hortensia Jiménez. El trámite se realizó en el Registro Civil del municipio de Salamanca.
El 6 de septiembre de 2018, el DIF Estatal argumentó que al sacar a los menores para llevarlos al albergue del estado ya no tendría caso tener a su resguardo las instalaciones de la Ciudad de los Niños, pero que tampoco se regresaría el inmueble al sacerdote.
19 de julio de 2019, 06:14
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