En un juicio abreviado que no tardó ni un mes en resolverse y por un acuerdo entre sus defensores y la representación de la Fiscalía general del estado, tres policías ministeriales que robaron dinero a un ciudadano en Salamanca y además le exigieron otra cantidad por devolverle su automóvil, recibieron una sentencia de 3 años y 11 meses de prisión

La pena que se impuso a los ahora ex agentes José Martín Sarabia, Luis Gerardo González Sepúlveda y César Eduardo Gutiérrez Vázquez, también por acuerdo entre sus defensores y el representante de la FGE (institución de la que formaban parte), es de menos de la mitad de la sentencia máxima de prisión que establece la ley por cada uno de los dos delitos de que fueron acusados, abuso de autoridad y concusión.

Por eso, los tres podrán gozar del beneficio de la semi libertad condicionada al momento de cumplir su sentencia, según lo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Esto quiere decir que tienen tres opciones para cumplirla: podrán estar en prisión sólo los fines de semana hasta que cumplan la sentencia, y el resto de la semana fuera; salir los fines de semana y quedarse en reclusión el resto, o dormir en el Cereso y pasar el día fuera.

El cuarto agente ministerial, Julio César Giles Gallardo, a quien se encontró responsable de haber liderado estos actos en contra del ciudadano que los denunció recibió por ello una sentencia mayor, de cinco años y seis meses, por lo que no gozará del beneficio de sus ahora ex compañeros y deberá cumplir con esa pena en prisión.

Carlos Zamarripa. Foto: Juan José Plascencia.

En dicho Código, dentro del procedimiento abreviado (o juicio abreviado) se establece que es el Ministerio Público (es decir, el representante de la Fiscalía general) el que solicita al juez la realización de dicho procedimiento en lugar de desahogar el juicio ordinario, y es el mismo Ministerio Público el que solicita la sanción o la pena para los acusados.

“No podrá imponerse una pena distinta o de mayor alcance a la que fue solicitada por el Ministerio Público y aceptada por el acusado”, dice al respecto el artículo 206 del Código Nacional.

Con una pena menor a cuatro años como la que recibieron los tres agentes ministeriales, el Código penal del estado prevé que tienen derecho a la semilibertad condicionada, cumpliendo con estos requisitos: haber pagado la reparación del daño, multa y la caución fijada por el juez; haber observado buena conducta tres años antes de la comisión del delito; tener un modo honesto de vivir y que sea la primera vez que cometan un delito doloso o hayan pasado 10 años de una condena por otro delito.

El proceso contra los agentes ministeriales es parte del 9 por ciento del total de las carpetas de investigación iniciadas por la Fiscalía que turnaron a jueces en su primer año, según los datos que consignó la reportera Carmen Pizano en la revisión del informe que el titular Carlos Zamarripa entregó al Congreso del estado.

“Emblemas vivientes de fortaleza pública”

POPLab dio a conocer el 1 de marzo que estos cuatro agentes ministeriales fueron detenidos por una acusación de concusión (exigir una cantidad de dinero indebidamente) y abuso de autoridad y vinculados a proceso en una audiencia judicial celebrada el 6 de febrero pasado en una sala de oralidad de Salamanca.

El proceder de los cuatro agentes fue ocultado por la Fiscalía General del Estado. Los hechos ni siquiera ameritaron mención en el informe del primer año del ex procurador y ahora fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, con todo y que las conductas indebidas de sus colaboradores derivaron en una denuncia y un proceso judicial.

Foto: Colectivo Sembrando Comunidad.

El 28 de marzo, ya pública la situación legal de los cuatro funcionarios de la Fiscalía, esta instancia difundió un comunicado sobre la sentencia:

“La FGE a través de la Unidad Especializada en Investigación de delitos Patrimoniales y Robo de Vehículos, concluyó investigación en contra de cuatro ex policías ministeriales acusados de abuso de autoridad y concusión.

“Los ex funcionarios públicos han sido sentenciados e inhabilitados para desempeñar cargos públicos. La Fiscalía General del Estado deja en claro que no hay cabida para aquellos elementos que hayan actuado en forma desleal e indebida en contra de la sociedad guanajuatense.

“Los ex policías ministeriales son acusados de abuso de autoridad y concusión, delitos comprobados por el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de delitos Patrimoniales y Robo de Vehículos”.

Fue por ese comunicado, por cierto, cuando se conoció en parte la situación por la que los cuatro agentes ministeriales habían sido acusados:

“Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación al recibir una denuncia interpuesta por un particular, quien acusó a los hoy sentenciados, anunciando que el 30 de enero de 2020, lo despojaron de dinero en efectivo que llevaba en su cartera, además de que le exigieron otra suma de efectivo para devolverle el vehículo en que circulaba”.

La fiscalía comprobó la entrega del dinero exigido por los cuatro. “Se solicitó a un Juez de Control una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal y los indiciados llevados a proceso por los delitos de abuso de autoridad y concusión”.

Ilustración: Pinche Einnar

El delito de abuso de autoridad, dice el Código penal del estado en su artículo 253, establece: “El servidor público que dolosamente, con motivo de sus funciones exceda el límite de sus potestades o atribuciones, en detrimento de un particular o de la función pública, se le impondrá de dos a ocho años de prisión y de veinte a ochenta días multa”.

Mientras que en el caso del delito de concusión, éste se encuentra tipificado en el artículo 249 del mismo código:

“Al servidor público que, con tal carácter, exija por sí o por medio de otro, dinero, valores, servicios o cualquier otra cosa que sepa no ser debida o en mayor cantidad que la señalada por la ley se le aplicará de uno a ocho años de prisión y de diez a ochenta días multa. Si lo exigido indebidamente se convirtiera en provecho propio o de un particular, la pena será de tres a nueve años de prisión y de treinta a noventa días multa”.

La Fiscalía confirmó en ese comunicado lo que reveló POPLab sobre la audiencia de vinculación en la que los cuatro agentes fueron imputados de esos delitos el 6 de febrero, cuando quedaron en prisión preventiva.

Según la FGE, el 28 de marzo “se llevó a cabo el juicio por procedimiento abreviado, imponiéndose sentencia condenatoria”, con las penas ya mencionadas.

Además, la institución anunció que los ahora ex agentes fueron también inhabilitados para ocupar algún cargo en el servicio público, aunque no se precisó si esto será definitivo o por un tiempo determinado.

Al final del comunicado, la Fiscalía cerró con este párrafo:

“La Fiscalía General del Estado sostiene que un agente de investigación criminal es un profesional en la investigación de delitos y encarna los fines más nobles de esta institución pero también es un emblema viviente de fortaleza pública frente a la delincuencia, por lo tanto tiene un alto compromiso con los ideales que avivan esta institución, y no hay espacio para conductas deshonestas”.

Con todo y esa afirmación tan contundente, la institución optó por aceptar la celebración de un juicio abreviado que, aún cuando implicó la admisión de responsabilidad por parte de los ministeriales, les brindó la posibilidad de recibir una pena menor a la mitad de la máxima (en el caso de tres de ellos, por lo menos) y cumplirla en semi libertad.