En el discurso, los pueblos indígenas tienen derechos, aunque en la práctica tienen que pelear para que se los reconozcan. Mientras políticos buscan apropiarse de su identidad para obtener candidaturas, las comunidades en Guanajuato reclaman algo más básico: recursos para sus pueblos, servicios públicos y que los gobiernos reconozcan la autoridad indígena.

Así se expuso en la comunidad Cruz del Palmar, en San Miguel de Allende, ante funcionarios estatales y federales, al denunciar el abandono que enfrentan y las trabas que encuentran incluso para ser reconocidos como representantes de sus propias comunidades.

"Es triste estar aquí, 6 o 12 horas, mes con mes, y cuando necesitamos de verdad lo que aquí nos dicen, no nos hacen válidos nuestros derechos", exhibió Francisco Melendez, comisariado ejidal en Cruz del Palmar, donde se realizó la asamblea de consulta por la iniciativa que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para crear la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

En Guanajuato, la sede fue la comunidad de San Miguel de Allende, a la que asistieron alrededor de 107 autoridades de los pueblos otomí, chichimecas y afromexicanos del estado.

El encuentro se extendió durante todo el día por las mesas de trabajo en las que dividieron el análisis de la iniciativa, pero durante el acto de protocolo al que asistieron autoridades federales y estatales, el comisariado ejidal de Cruz del Palmar no dejó pasar la oportunidad para denunciar que, a pesar de los discursos en los que hablan del reconocimiento de los derechos indígenas, todavía cuando llegan a una oficina gubernamental se encuentran con personal que no les reconoce.

"Hemos tenido algunas malas experiencias en donde yo, como autoridad, como representante de un pueblo indígena, llego a una dependencia, pero el detalle es que la dependencia no sabe qué es una autoridad indígena, la dependencia no sabe quién es un comisariado", expuso.

Francisco Meléndez pidió a los representantes del Gobierno Federal, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Senado y legisladores locales y a la enviada de la gobernadora, la secretaria de Derechos Humanos, Liz Alejandra Esparza, capacitar al personal sobre los derechos de los que hablan en cada encuentro que tienen con pueblos y comunidades indígenas.

"Con todo su personal, que les expliquen o que les den una capacitación para cuando llegue uno de mis compañeros, que sepan quiénes somos. Es muy triste que llegues y no te reconozcan, eso ya me pasó personalmente".

Compartió que durante un juicio para defender la tierra de un ejidatario de Cruz del Palmar se encontró con personal que no lo reconocía como autoridad indígena. "Llegamos al Ministerio Público en donde acreditamos que somos dueños de un  territorio, y se lo dieron a la persona que tiene un año en posesión, cuando nosotros tenemos posesión desde 1931", reclamó.

Francisco Meléndez tomó el micrófono para lamentar que, pese a las gestiones que han hecho para que lleguen obras a la comunidad, durante años las autoridades se han olvidado de Cruz del Palmar.

"Tenemos seis años olvidados por el municipio. Lo poco que ven (de obra pública) en Cruz del Palmar, lo hemos trabajado en conjunto con la comunidad", dijo al recordar que el abandono ocurre aunque es una comunidad con más de 5 mil habitantes.

"Ninguna sola obra ha llegado a Cruz del Palmar en seis, siete años, ni del municipio, ni del estado", reclamó el comisariado ejidal.

Ninguna autoridad respondió.

La asamblea de consulta durante las primeras horas sirvió como pasarela política de Morena, a unas semanas de que inicie formalmente el proceso electoral.

Los primeros en llegar fueron dos de los aspirantes a la candidatura para la alcaldía de San Miguel de Allende: Ricardo Ferro Baeza y Osvaldo García Arteaga, el primero salió de las filas del PRI, el segundo de las del PAN. Ambos políticos apenas se saludaron, ambos como espectadores en primera fila desde el momento de la ceremonia en la plaza principal.

Dentro del auditorio de la comunidad, poco importaron las peticiones que hizo Carmen Álvarez Juárez, directora regional en Guanajuato y Querétaro del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), para que los lugares de las primeras filas los ocuparan las autoridades indígenas, a las que buscaban escuchar. Los espacios se llenaron con la clase política para mostrar "músculo".

Una vez más, el mensaje fue el mismo: la prioridad no era escuchar, dialogar y reflexionar sobre la primera Ley General de Derechos de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, sino que se transformó en una oportunidad para el lucimiento de grupos de poder.

En una esquina, el senador Ricardo Sheffield acompañó a Osvaldo García y no dudó en demostrar el apoyo al que considera es el único perfil viable para que Morena gane en San Miguel de Allende. En el centro, estuvo Ricardo Ferro, quien es apoyado por el grupo que lideran la senadora Malú Mícher, el senador Emmanuel Reyes Carmona y el diputado local David Martínez.

Ya cuando estaban a punto de iniciar las mesas de trabajo, llegó la exsenadora Jesusa Rodríguez, quien se ha convertido en la intermediaria entre el Gobierno Federal y los pueblos y comunidades indígenas. Llegó de última hora, pero le dieron la palabra, y ella no dejó pasar la oportunidad para compartir que venía de una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum donde revisaron los resultados del segundo año de gobierno.

Al final, para el trabajo de análisis, solo dos autoridades invitadas se quedaron a participar en las mesas: la senadora Malú Mícher y el diputado David Martínez, el resto pretextó todo tipo de compromisos para irse sin escuchar los puntos de vista y las conclusiones de la iniciativa que pretende presentar la presidenta Claudia Sheinbaum el próximo 12 de octubre al Congreso de la Unión.

Persisten dudas

El documento que revisaron durante una jornada de más de ocho horas se conforma por más de 400 artículos, pero no fue bien recibido por todas las autoridades indígenas de Guanajuato. Algunas evidenciaron que les hicieron la invitación y compartieron la iniciativa con apenas tres días de anticipación.

"No se nos otorgó abiertamente la iniciativa, yo solo vi videos en Facebook de otros pueblos que dicen que están en contra en varios artículos. Yo conseguí la iniciativa por medios electrónicos tres días antes, se convocó a una asamblea en la comunidad, pero las personas no le entienden", reprochó Abigail Torres, autoridad tradicional de Eza'r Chichimeca.

En Guanajuato no ha sido el único estado donde integrantes de pueblos y comunidades indígenas manifestaron su rechazo a la propuesta de la presidenta por considerar que, lejos de dotarlos de autonomía, quedan bajo tutela del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.

"Si quisieran hacer las cosas bien, nos darían más tiempo para analizarla, porque una cosa es lo que dice el papel, otra todo lo escondido que hay porque viene en un lenguaje que no entendemos", insistió la autoridad indígena de Misión de Chichimecas en San Luis de la Paz.

Abigail Torres compartió que en su comunidad recurrieron a un abogado para que les explicara la iniciativa. "Nos dimos cuenta de que en la iniciativa se le da poder al INPI sobre nosotros", comentó sin entrar en detalles.

Comentó que el principal riesgo que advierten es que, al quedar a cargo del INPI, hay autoridades indígenas que no tienen buena relación con quienes actualmente dirigen la institución.

"Les daríamos más armas a aquellos (autoridades del INPI) para no reconocer las lenguas que ahorita existen".

La propia Abigail Torres evidenció que no mantiene una buena relación con Carmen Álvarez Juárez, titular del INPI en la región de Querétaro y Guanajuato.

"La directora ni siquiera nos mandó la invitación, no envió el transporte, pero a otras comunidades sí, realmente nos ha estado pisoteando y nos ha dejado fuera, cuando fuimos la primera comunidad registrada en el estado de Guanajuato, y qué trato recibimos".

Al igual que Abigail Torres, el gobernador pluricultural de Guanajuato, Mauricio Mata, pidió tiempo para poder analizar a detalle la propuesta con personas que les den asesoría.

"Nos están dejando bajo el tutelaje del INPI, entonces, ¿cuándo vamos a estar liberados como pueblos indígenas para opinar y decidir...? Necesitamos tiempo para analizar y proponer".

Usurpación como delito

Entre las novedades que plantea la iniciativa de la nueva ley, destaca la creación de cuatro nuevos delitos:

El etnocidio, que busca sancionar a quienes atenten contra la cultura e integridad de un pueblo indígena.

El robo de patrimonio cultural, enfocado en la protección de los bienes materiales, conocimientos y herencia, frente a los despojos.

La suplantación de identidad indígena, para castigar a quienes se hagan pasar falsamente como integrantes de pueblos y comunidades originarias.

La usurpación, para sancionar a quienes ejerzan de manera ilegal cargos de autoridades indígenas.

Las penas por cada uno de los delitos tendrían que ser establecidas en una reforma secundaria.

Con los nuevos delitos se busca detener la suplantación que ha proliferado desde que, a través de acciones afirmativas, ahora los partidos políticos se ven obligados a postular a representantes indígenas a cargos de elección popular.

En la elección de 2024 causó polémica la postulación de la exalcaldesa de León, Bárbara Botello, como candidata a diputada federal plurinominal que se inscribió como representante indígena; sin embargo, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) rechazó su registro y obligó a Morena a postular a una persona que representara a los pueblos originarios.

Por la medida impuesta por el IEEG es que hoy en el Congreso de Guanajuato está en funciones la primera mujer indígena en ocupar una diputación local: Plásida Calzada Velázquez, representante otomí.

Aunque todavía no inicia el proceso electoral 2026-2027, las denuncias por suplantación y usurpación indígena ya comenzaron en Guanajuato por el proceso que inició la organización Guía Nacional Indígena Originaria (GNIO), que buscaba convertirse en partido político estatal y representar a las personas indígenas.

"No creemos que sean intereses legítimos, toda vez que no son personas integrantes de una comunidad indígena... Se basan más en el engaño de ofrecer despensas y ya las comunidades los han parado. El caso ocurrió en la comunidad La Cuadrilla en San Miguel de Allende, donde pretendían llevar a cabo una asamblea de afiliación a través de engaños", compartió Carmen Álvarez previo a que el IEEG negara el registro.

El órgano electoral no solo frenó la intención de GNIO de convertirse en partido político, sino que acordó pedir a la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del propio Instituto iniciar una investigación porque tuvieron conocimiento del reparto de despensas en Valle de Santiago.

GNIO es una organización que lidera Rafael Tayeupá Ornelas Ramos, quien se ostenta como líder del Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios, y que pretendía convertirse en partido político estatal y dentro de seis años buscar el registro nacional.

El Consejo General del IEEG negó el registro no por las denuncias de entrega de dádivas a cambio de afiliarse, sino por incumplir con los requisitos legales.

Por ejemplo, la organización no acreditó que en asambleas desarrolladas en Santa Catarina y San Luis de la Paz, las personas que se afiliaron conocieron, discutieron y aprobaron los documentos básicos de la organización, como la declaración de principios, los programas de acción y los estatutos, que son las bases que definen la identidad ideológica de la asociación.

Además de no acreditar en asambleas municipales que se informó a los asistentes de los documentos básicos, a la asamblea estatal tampoco llegaron el mínimo de delegados.

Ahora, tendrá que ser el IEEG el que investigue la presunta entrega de despensas que repartían en las comunidades indígenas a cambio de afiliarse a GNIO.