Tras meses de disputa, reiniciaron las obras hidráulicas que el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) realiza en las inmediaciones de la comunidad de El Malacate. La administración municipal del alcalde panista Leonardo Montañez Castro resolvió modificar el proyecto para evitar su paso por la comunidad, pero las y los habitantes permanecen inconformes por la falta de información sobre cuánta agua se extraerá de la zona, hacia dónde será conducida y cuáles serán las afectaciones.

En medio de la discusión, la Clínica de Litigio en Derechos Humanos del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) iniciará un proceso legal —el primero en su especie en el estado— para que El Malacate sea reconocida como una comunidad equiparable a los grupos indígenas o afromexicanos. Con ello, cualquier tipo de proyecto que se pretenda realizar en la zona deberá ser previamente consultado con las y los habitantes del lugar.

Un proceso similar se realizó en el Altiplano Potosino, donde en 2018 un grupo de habitantes del municipio de Santo Domingo lograron detener la construcción de un basurero tóxico en un predio conocido como “Palula”. Entre otras organizaciones, el caso fue acompañado por la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

“El artículo segundo constitucional, que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, establece la figura de la comunidad equiparable, que es el caso de comunidades vulnerables que tienen las mismas condiciones en términos de desigualdad estructural, pobreza y vulnerabilidad, por lo tanto gozan de los mismos derechos. Nosotros queremos impulsar que se haga un proceso de consulta ligado al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y al Acuerdo de Escazú, que plantean la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada. La comunidad de El Malacate no puede dar su consentimiento porque no tienen toda la información”, explica Óscar de la Torre, coordinador de la Clínica de Litigio en la UAA, que no descarta la presentación de amparos y de solicitar la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ante la falta de respuesta de la Comisión local.

De la Torre participó en el proceso realizado en San Luis Potosí, cuando colaboraba con la Clínica de Litigio de la UASLP.

MIAA solicitó a la comunidad permitirles concluir la obra debido a que se realiza con recursos federales provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), que deben ser ejercidos antes de que concluya el año, de lo contrario deben regresarlos a la federación.

“Ellos insistieron mucho en eso, en que si no lo ejercen lo tienen que regresar y por lo tanto tienen prisa en realizar el proyecto. Lo que nos preocupa es que sea un desvío de un recurso para obra social, destinado hacia intereses privados. No tenemos documentos que hablen sobre el destino de esa agua y cuánta se va a extraer, por lo tanto no sabemos si el beneficio sea social o privado”, dice de la Torre.

El paro de la obra en El Malacate comenzó a inicios de agosto pasado. Desde entonces el municipio capital y la comunidad permanecen en disputa por la extracción del agua. El conflicto escaló cuando el 28 de octubre la autoridad decidió enviar a policías municipales a la zona, entonces tanto la personas que habitan ahí, como organizaciones civiles en defensa del medio ambiente y los derechos humanos —el Observatorio de Violencia Social y de Género y Conversa Sur, entre otras— denunciaron hostigamiento.

Imagen publicada en las redes sociales del Observatorio de Violencia Social y de Género el pasado 28 de octubre

Derivado de la queja 547/24 presentada por la comunidad ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDHA) por la falta de información sobre el proyecto; el primero de noviembre MIAA ofreció algunos datos en el oficio DG/2448/2024, donde señala que los trabajos consisten en la construcción de tres líneas de conducción y el suministro e instalación de equipamiento de dos pozos, el P-058 y el P-191, y que el proyecto se había modificado para evitar su paso por El Malacate.

Imagen del documento de información entregado por MIAA a la comunidad. La comunidad asegura que es insuficiente

En el documento se explica que dicha modificación consiste en la eliminación de un tanque de almacenamiento y rebombeo que se proyectaba construir en la comunidad. La dependencia también indicó que el pozo que la abastece es el P-096, el cual, aseguraron, no se intervendrá.

Extracto del oficio DG/2448/2024 entregado por MIAA a la comunidad

Modificación del proyecto. Imagen entregada por el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA)

“Nos sigue generando la duda de en dónde están los estudios. En el documento que nos mostraron, ellos están en la postura de que como ya cambiaron el proyecto, ya lo pueden hacer, pero siguen sin aclarar la obra, de qué se trata, cuánta agua se va a sacar, a fin de cuentas es el mismo acuífero, queremos saber sobre esos estudios para conocer el impacto que habrá en nuestra comunidad”, dice Abril Vera, representante de El Malacate.

En respuesta al oficio de MIAA, el 11 de noviembre la Clínica de Litigio de la UAA respondió con una carta enviada a Yessica Pérez Carreón, titular de la CEDHA, donde señala que la información ofrecida por la dependencia sigue siendo insuficiente, pues no se les han entregado documentos oficiales que detallen el volumen de agua que será extraída de la zona, su destino final y los impactos ambientales.

“Esta información es fundamental para la comunidad, ya que incluye detalles sobre el suministro de agua a fraccionamientos, desarrollos inmobiliarios, industria u otros sectores, y es clave para comprender el impacto potencial en los recursos hídricos de la región. (...) Pese a (las) adaptaciones, la comunidad se mantiene en desacuerdo, argumentando que no se han tomado en cuenta todos los impactos posibles ni los derechos de los habitantes al acceso a un ambiente sano y a la gestión autónoma de sus recursos hídricos”, se lee en el documento.

Fragmento de la carta enviada por la Clínica de Litigio en Derechos Humanos del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA)

“Lo que hicimos fue solicitar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que de alguna manera interviniera, pero nos han ignorado, no nos han respondido a la solicitud. Ahora queremos ir a la Comisión Nacional a hacer el mismo planteamiento”, dice Óscar de la Torre. Hasta la publicación de este texto la CEDHA no respondió a la solicitud de entrevista.

Roberto Barretero, director de Planeación de MIAA, dijo en entrevista con POPLab que el proyecto se planeó desde hace tres años, cuando “empezó a nacer la percepción de la necesidad (de falta de agua) porque la población crece y la demanda crece”, y que los pozos fueron perforados en 2023. También dijo que la modificación no tendrá ningún impacto presupuestal y aseguró que se ha entregado toda la información solicitada.

“La comunidad está inquieta por el tema del agua. Llega de repente una dependencia como nosotros y empieza a hacer cierta obra pública, es de llamar la atención y lo entendemos. El Proyecto de El Malacate es un proyecto integral, nosotros como organismo operador tenemos que garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos y mantenerla, y no solo ahí, a todo el municipio, y para garantizar la prestación de los servicios tenemos que hacer proyectos de infraestructura hidráulica. Decidimos hacer ahí el proyecto porque hay agua y la topografía es la adecuada. (...) El Malacate, El Relicario, y Cobos son zonas de atención prioritaria susceptibles de recibir el recurso (del FAISMUN)”, explicó.

De acuerdo con datos del área de comunicación de la dependencia, el agua será destinada a 11 fraccionamientos y/o comunidades: El Malacate, El Relicario, Lomas del Ajedrez, Villas del Ajedrez, Fundadores, Lomas del Mirador, Lomas de Vista Bella, Periodistas, Mujeres Ilustres, Reencuentro y Lunaria, este último construido por Grupo San Cristóbal, una de las mayores desarrolladoras privadas de vivienda en la entidad. Ambientalistas han denunciado un tratamiento no adecuado de las aguas provenientes de ese fraccionamiento, lo que afecta ambientalmente al Bosque de Cobos, una reserva ambiental cercana a donde se ubica El Malacate.

"Hemos estado registrando y denunciando en la Profepa que Lunaria, el fraccionamiento de Grupo Cristóbal que está arriba del que pretenden construir y que está a punto de terminarse, tiene su propia planta tratadora de agua, pero no funciona, vierte aguas mal tratadas con espuma", declaró en 2023 Sofía González, activista ambiental que junto con otras organizaciones lograron detener, el mismo año, la construcción del fraccionamiento Villa Portia, de la misma empresa y en la misma zona.

El área de comunicación de MIAA también informó que el agua que se extraerá de los nuevos pozos construidos, el P-058 y el P-191, es de 40 y 27 litros por segundo. Mientras que del pozo ubicado en El Malacate, el P-096, se extraen 43 litros por segundo. Sin embargo, pese a que se solicitó no se entregaron los documentos donde estén establecidas dichas cantidades, tampoco los estudios en materia ambiental que debieron realizarse.

“En una reunión celebrada el 29 de octubre (Jesús) Vallín (director de MIAA) nos repitió que se van a sacar 110 litros de agua por segundo, y que a la comunidad solamente se le da un litro. Y cuando vamos a la Comisión de Derechos Humanos el ingeniero Barretero nos comentó que el pozo de El Malacate da 40 litros por segundo y la comunidad abarca de tres a cuatro, nos impacta que las cantidades sean tan distintas, no sabemos realmente cuánta agua se va a extraer”, se queja Abril Vera.

Aunque por ahora las obras reiniciaron, la comunidad no descarta volverlas a detener. El proyecto, de acuerdo con Roberto Barretero, deberá terminarse este año y el próximo comenzará la extracción de agua.

Reinicio de obra en la comunidad de El Malacate. Foto: Mónica Cerbón

Según información de la dependencia, la obra tiene un costo de 70.3 millones de pesos distribuidos en ocho contratos a las siguientes empresas: LM Ingenieros (24.7 mdp), Ateco (13.8 mdp), Zitum Desarrolladores (9.8 mdp), Construcciones y Conducciones Sigma (8.1 mdp), Bombeo Electrificación y Servicio Adame (7.2 mdp) y Codepro Construcciones (3.9 mdp).