El gobierno de Libia Dennise García hace a un lado el “nuevo comienzo” en la compra de medicamentos para el estado, pues serán las mismas empresas que han recibido contratos del gobierno durante los últimos años las que volverán a hacerse cargo del abastecimiento de los insumos durante 2025, con una asignación por dos mil millones de pesos.

Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico S.A. de C.V. (Dimesa) cumplirá más de una década como proveedora del gobierno estatal, pues desde 2013, cuando Miguel Márquez Márquez era gobernador, comenzó el suministro a través de esta farmacéutica.

Mientras que Pharmajal Servicios Integrales Farmacéuticos S.A. de C.V. tendrá, por tercer año consecutivo, un contrato millonario con el gobierno del estado. Esta empresa apareció como proveedora en 2022, después de que otra empresa, Intercontinental de Medicamentos, S.A. de C.V. quedó descartada de las licitaciones por la inhabilitación que le impuso la Secretaría de la Función Pública.

Tanto Intercontinental como Pharmajal fueron constituidas en Jalisco y varios de sus trámites han sido llevados por el mismo notario.

El fallo de la licitación pública bajo la cobertura de los tratados internacionales No. 40004001-024-24 para la adquisición de medicamentos, materiales de curación y servicios de administración y dispensación del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG) se emitió el pasado 30 de diciembre. El dictamen fue validado por un Comité integrado por cuatro personas suplentes. La presidenta está como interina desde 2019, de acuerdo con el número de oficio y la fecha que se cita en diversas actas.

La mejor oferta en cuanto a costos unitarios fue presentada por Dimesa, por un total de dos millones 363 mil 296 pesos. Debido a esto, la farmacéutica pudo seleccionar la zona de cobertura, y sus representantes eligieron el abastecimiento de la zona norte, que incluye municipios como León, Silao, Guanajuato y San Miguel de Allende, entre otros.

Foto: Yajaira Gasca reunión de fallo realizada el 30 de diciembre

Pharmajal será responsable de la proveeduría en la zona sur, en municipios como Celaya, Irapuato y Salamanca. Además, deberá ajustarse al costo unitario que ofreció Dimesa, pues la oferta económica presentada durante la licitación fue por dos millones 444 mil 877 pesos. En ambos casos, deberán brindar servicio a más de 300 unidades médicas.

El monto propuesto debe sujetarse al techo presupuestal máximo dispuesto por el ISAPEG para la prestación del servicio contratado, que, según el coordinador general de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, Fernando Reynoso Márquez, es de dos mil millones de pesos para este año.

El gasto en esta materia aumentó en 350 millones de pesos, pues el año pasado, en el último período de gestión del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el presupuesto fue de mil 650 millones de pesos.

El presupuesto general 2025 del ISAPEG, de acuerdo con la Ley del Presupuesto General de Egresos, es de 18 mil 255 millones 581 mil 841 pesos.

Dominio que no acaba: el monopolio de los medicamentos

La Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico acumula ya 11 años como proveedora de medicamentos del Gobierno del Estado de Guanajuato. Se consolidó en esta posición en 2013, durante el gobierno de Miguel Márquez Márquez, continuó en la administración de Diego Sinhue Rodríguez y, ahora, en la era del "nuevo comienzo", que encabeza la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, mantiene este privilegio.

Junto con la empresa Intercontinental de Medicamentos, Dimesa acumulaba hasta 2020 contratos por un total de 10 mil millones de pesos. Sin embargo, hasta la fecha, las ganancias de Dimesa sumarían otros 3 mil millones de pesos adicionales, además de lo que añadirán para finales de 2025.

En 2017, la distribuidora fue señalada, junto con Intercontinental por haber obtenido ganancias indebidas por un monto de 5.5 millones de pesos debido a la sustitución sin aviso de la "insulina garglina" al Instituto de Salud.

Este cambio fue responsabilidad directa de Intercontinental de Medicamentos. No obstante, la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas solicitó el reembolso del recurso a ambas proveedoras.

Foto: Yajaira Gasca

Para 2025, Dimesa tendrá la responsabilidad de distribuir medicamentos, materiales de curación y servicios de administración y dispensación en 319 unidades de la zona norte del estado, que incluye los municipios de León, Silao, Guanajuato, San Miguel de Allende, Manuel Doblado, Xichú, San Luis de la Paz, Victoria, San Felipe, San Francisco del Rincón, Dolores Hidalgo, Tierra Blanca, Romita, Santa Catarina, San José Iturbide, San Diego de la Unión, Doctor Mora, Atarjea y Ocampo. Dimesa fue vetada durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por considerar que la empresa ejercía un monopolio en la venta de medicinas, esto en contra del artículo 28 de la Constitución.

En 2021, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por tres años a Intercontinental de Medicamentos.

Cuando la empresa fue sancionada, tenía un contrato vigente con el gobierno del estado y ya había acumulado contratos millonarios. La Función Pública acusó a Intercontinental de falsear información y actuar con dolo, además de presentar facturas por más de 15 millones de pesos para cobrar un servicio que no prestaron durante más de 4 meses en clínicas del Seguro Social. Esto ocurrió durante el período contratado de 2017 a 2020.

Las coincidencias

Un año después de esta resolución de la SFP, surgió otra empresa, Pharmajal Servicios Integrales Farmacéuticos, como participante en las licitaciones.

La empresa obtuvo un fallo a favor, compartido con Dimesa, para el período del 4 de marzo al 31 de diciembre, con un techo presupuestal de mil 650 millones de pesos.

Según el Registro Público de Comercio, Pharmajal se constituyó como sociedad anónima en 2014, siendo su administrador único Manuel Moreno Moreno. El fedatario de este acto fue Pablo González Vázquez, con registro en Zapopan, Jalisco.

El mismo notario público aparece dando fe de distintos procedimientos para la empresa Intercontinental de Medicamentos a partir del mismo año y en períodos subsiguientes. Esto consta en actas de asambleas del Registro Público de Comercio de la distribuidora, constituida en 2020 en Jalisco.

Este será el tercer año consecutivo en que la empresa suministre medicamentos y equipo médico al estado, ya que en 2022 obtuvo su primer contrato y lo renovó con un fallo a favor en la licitación de 2023.

El año pasado tuvo la responsabilidad de prestar servicios en la zona norte del estado, y ahora deberá hacerlo en la zona sur, que incluye los municipios de Celaya, Irapuato, Salamanca, Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Acámbaro, Cortázar, Comonfort, Juventino Rosas, Tarimoro, Villagrán, Coroneo, Jerécuaro, Salvatierra, Santiago Maravatío, Tarandacuao, Jaral del Progreso, Moroleón, Uriangato, Valle de Santiago, Yuriria, Abasolo, Cuerámaro, Pénjamo y Pueblo Nuevo.

El fallo emitido por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios de la Administración Pública Estatal, el 30 de diciembre, establece que la empresa deberá ajustar el costo unitario que originalmente ofreció al gobierno del estado, conforme a la propuesta presentada por Dimesa, ya que fue la más baja y la mejor.

Ilustración: Juan José L. Plascencia

El período de contratación es del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025. La empresa está sujeta al techo presupuestal máximo establecido por el ISAPEG, considerando que se trata de un tipo de abastecimiento simultáneo, es decir, conforme a la demanda de los usuarios del sistema de salud.

En una entrevista para el periódico AM, el coordinador general de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud, Fernando Reynoso Márquez, aseguró que el techo presupuestal para 2025 será de dos mil millones de pesos, lo que representa un aumento de 350 millones de pesos respecto al de 2024, que fue de mil 650 millones de pesos.

A las empresas se les compromete a entregar una fianza del 30% del monto máximo a contratar, conforme a las bases de la licitación. Esta fianza debe entregarse y pagarse a la Secretaría de Finanzas, y permanecerá a su resguardo durante la duración del contrato y dos meses adicionales.

También deberán presentar una póliza de seguro por daños de 5 millones de pesos, a través de la cual se obligan a indemnizar pérdidas, daños y responsabilidades civiles, para que como proveedoras puedan responder de manera inmediata ante cualquier siniestro o eventualidad en la prestación de sus servicios al Estado. La firma del contrato se realizó el pasado 3 de enero en la Dirección de Adquisiciones y Suministros.

Delegan funcionarios responsabilidad de compras millonarias a suplentes

La resolución sobre la millonaria compra que realizará el gobierno del estado en materia de salud fue validada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones de Servicios de la Administración Pública Estatal, en el que la presidenta, el secretario y las dos vocales son suplentes.

Blanca Verónica Castañeda Díaz es presidenta suplente, según un oficio fechado en 2019 con el número 459. El secretario suplente es Gabriel Bravo Gutiérrez, y las vocales suplentes, de acuerdo con las actas de la licitación, son Karina García Barbosa y Cintya Torres Caudillo, quienes cuentan con oficios fechados en 2024.

El artículo 31 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas para el Estado de Guanajuato de la Administración Pública Estatal señala que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios está compuesto por un presidente, quien debe ser el subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas, y un secretario, quien debe ser el director de Adquisiciones y Suministros de la misma dependencia.

Además, como vocales deben participar un representante de la Procuraduría Fiscal del Estado, es decir, la Auditoría Fiscal del Estado; un representante de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría, y un representante del área normativa, de acuerdo con la naturaleza del bien o servicio a contratar, en este caso, el ISAPEG.

Según el Directorio de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo, el presidente titular del comité es David Alejandro Gómez Hernández, subsecretario de Administración, mientras que el secretario titular es Alejandro Abundez Yebra, Director de Adquisiciones y Suministros de la Secretaría.

Este último funcionario ocupaba anteriormente el cargo de coordinador de procesos complementarios y mejora continua de la Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Catastro. Ascendió cuando Jesús Torres Barajas pasó a ser subsecretario de Auditoría Fiscal y Comercio Exterior.

La normativa establece que, como vocales titulares, deberían participar en las reuniones del comité un representante de la Auditoría Fiscal, área encabezada por Felipe de Jesús Villegas Aguilar, y un representante de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, a cargo de José Luis Cuéllar Franco. Sin embargo, todos los integrantes actuales del comité son empleados de esta última instancia.

Blanca Verónica Castañeda Díaz, presidenta suplente, es coordinadora operativa de Comités; el secretario suplente, Gabriel Bravo Gutiérrez, es coordinador de Compras, y las dos vocales que firman el acta, Karina García Barbosa y Cintya Torres Caudillo, ocupan los cargos de ejecutiva de compras y coordinadora jurídica, respectivamente. Los servidores públicos que encabezan las reuniones del comité tienen niveles salariales entre 14 y 10, mientras que los titulares, quienes no asisten a estas asambleas, tienen niveles salariales entre 18 y 15.

El reglamento establece que cada miembro titular del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataciones puede designar a sus suplentes, especificando que estos deben ser servidores públicos adscritos a la unidad administrativa correspondiente.

La compra de medicamentos del Gobierno del Estado para 2025 tiene un techo presupuestal de dos mil millones de pesos.