La criminalización y represión que se vivió durante la protesta feminista en el centro de León, en respuesta a la agresión sexual que sufrió Evelyn una semana antes a manos de elementos de la policía municipal, y los ataques a periodistas que cubrían la manifestación, activó la alarma de colectivos y organizaciones defensoras de derechos humanos de todo el país.

Al tiempo que surgieron los pronunciamientos para exigir que se investigue a la policía de León y reprobar las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, el gobierno municipal que encabeza el panista, Héctor López Santillana, envió un comunicado de prensa en el que informa que se inició una investigación “para garantizar que la actuación de la autoridad se hizo bajo el estado de derecho”.

Por el abuso de autoridad, los tratos de tortura y la violencia sexual contra mujeres detenidas la noche del sábado en León, activistas de todo el país condenaron la actuación de la Secretaría de Seguridad Pública de León y exigieron la renuncia del titular, Mario Bravo Arrona.

Desde la noche del sábado existieroninconsistencias en la información oficial que salió de la Secretaría de Seguridad Pública de León sobre el número de personas detenidas.

Mientras organizaciones feministas hacían sus propias listas de mujeres que estaban en calidad de desaparecidas, sin poder confirmar si se encontraban en alguna delegación de policía, la dependencia municipal cambió cifras de las detenidas.

El sábado a las 22:29, la cuenta de Twitter de la Secretaría de Seguridad Pública de León informó que había 25 mujeres detenidas y un hombre, pero solo 30 minutos después bajó el número a 22 mujeres y un hombre. 90 minutos después dio a conocer los nombres de las personas detenidas.

El Instituto Municipal de las Mujeres de León ofreció a las víctimas atención “digna e integral”, además del compromiso de incidir con perspectiva de género en el esclarecimiento de los hechos ocurridos la noche del sábado en el centro de la ciudad.

Aunque en los posicionamientos de activistas se señala también la participación de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública, desde el Gobierno del Estado no ha existido ningún pronunciamiento.

La única aparición en redes sociales del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, durante el domingo estuvo dedicada a hablar del Festival Internacional Cervantino. Los comentarios sobre la represión de unas horas antes inundaron el post del gobernador.

POPLab insistió hablar durante este domingo con la directora del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG), Anabel Pulido López, por la serie de violaciones y agresiones cometidas por la policía municipal, pero no hubo respuesta.

Violencia tras manifestación

Una vez que concluyó la manifestación y las mujeres comenzaron a dispersarse, la policía municipal de León comenzó con las detenciones de manifestantes, en redada se llevaban a las jóvenes; además, cuatro reporteras que documentaban las agresiones fueron golpeadas, esposadas, jaloneadas y amenazadas.

En videos difundidos en redes sociales se ve que a las manifestantes las someten, ahorcan y a una de ellas comienzan a patearla cuando está en el piso.

Durante dos horas la policía municipal “paseó” a las detenidas antes de presentarlas ante el juez cívico. Los 120 minutos que fueron eternos para sus familiares y activistas que recorrían cada delegación de policía de León preguntando por ellas.

A las 23:40 horas salió la primera mujer detenida, una menor de edad, quien denunció que durante el trayecto de dos horas hasta CEPOL Norte sufrió violencia sexual, física y verbal.

Foto: Alonso Merino

La policía también recorrió paraderos del transporte público para detener mujeres, sin explicar los motivos, también lo hicieron a una mujer que transitaba en bicicleta.

Cada acto de criminalización y represión contra las mujeres fue condenado por la Red de Movimientos Feministas de Guanajuato y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos.

Tras la narrativa de lo que sucedió la tarde-noche del sábado, el pronunciamiento detalla ocho exigencias a las autoridades de León.

· Que las autoridades respeten los espacios ya establecidos legalmente para la resolución de las demandas que originan las protestas sociales y termine con las narrativas estigmatizantes, la criminalización y la deslegitimación de las demandas feministas.

· Que los protocolos vigentes de actuación de las fuerzas de seguridad en protestas sociales sean apegados a los máximos estándares de derechos humanos en la materia.

· Que las autoridades investiguen el caso de violencia sexual en contra de Evelyn cometida por parte de los policías municipales y sean sancionados de acuerdo a la ley.

· Que se investiguen y sancionen las violaciones a derechos humanos de las manifestantes que acudieron ayer a la marcha así como de las periodistas que la cubrieron (detenciones arbitrarias, uso indebido de la fuerza, incomunicación y violencia sexual).

· Que se dispongan las medidas necesarias para asegurar y proteger la vida e integridad de las mujeres.

· Que se generen las condiciones adecuadas para que se pueda realizar de manera segura la labor de las y los periodistas, de las personas defensoras de los derechos humanos y las feministas.

· Exigimos sanciones inmediatas y ejemplares a los miembros de la Secretaría de Seguridad Pública de León, así como de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado que intervinieron en las detenciones y que pudieron haber cometido abuso sexual contra las compañeras feministas detenidas, algunas de ellas menores de edad.

· Exigimos la renuncia del Secretario de seguridad pública en vista de su mal manejo de la situación.

El Colectivo por la Libertad de Expresión Guanajuato publicó un pronunciamiento para evidenciar los ataques a las feministas, pero también a cuatro reporteras que documentaron los golpes y las detenciones.

La organización local recordó que Artículo 19 documentó18 agresiones a periodistas en la entidad cometidas durante 2019 y en la última década se han acumulado 99 ataques a la libertad de expresión en Guanajuato.

Por lo anterior, se exigieron cuatro acciones, incluida la renuncia del secretario de Seguridad Pública de León.

· Exige la renuncia del Secretario de Seguridad Pública de León, Mario Bravo Arrona por tolerar violencia sexual, represión a movimientos sociales y ataques a periodistas.

· Pide se sancione a los funcionarios responsables de las agresiones, se repare el daño y se implementen medidas de no repetición. !Ni un periodista más debe ser agredido en Guanajuato!.

· Solicita a la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato realice una pronta y expedita investigación sobre ambos ataques.

· Exige que el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas emita un enérgico rechazo público a estos actos represivos. Es una burla que el municipio de León firme Convenios para la protección de periodistas con el Gobierno estatal y ataque de esta manera a periodistas.

A las muestras de rechazo se sumó la Universidad Iberoamericana de León, y recordó que no es la primera ocasión en la que los policías violentan a las mujeres, aunque han existido recomendaciones de Derechos Humanos.

Para NIMA, Centro de Promoción de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes de Guanajuato, lo que se vivió en León es una muestra de un estado represor, así como el nulo respeto a los Derechos Humanos, por lo que exigieron no solo la investigación, sino una disculpa pública y reparación del daño a las víctimas.

Respuesta del municipio de León

Sin hacer referencia a los golpes y los jaloneos documentados en videos, tampoco sobre la violencia sexual contra dos menores de edad detenidas, el gobierno municipal de León emitió un comunicado de prensa en el que informó sobre la investigación que inició por la actuación de la policía.

La investigación quedó bajo el expediente 305/20-POL, como parte del protocolo que tiene la Secretaría.

A decir de la administración de Héctor López Santillana se “garantiza” la libertad de expresión, aunque en los videos se aprecia a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública agrediendo a reporteras que se identificaban como prensa.

Finalmente, en el comunicado se asegura que existe la disposición para colaborar con los medios de comunicación con “apertura y transparencia”, así como en el trabajo que realice la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos.

El Instituto Municipal de las Mujeres en León aseguró que desde la noche del sábado se puso a disposición de las víctimas y sus familias el apoyo legal y psicológico, previo a que salieran libres de CEPOL Norte.

Fuerza pública se usa para agredir a mujeres, reclama Malú Mícher

En un estado que está inmerso en la violencia y la inseguridad por la falta de actuación de las autoridades estatales y locales, la fuerza pública se usa para detener, atacar y agredir sexualmente a las mujeres que salen a las calles a exigir seguridad para todas, reclamó la senadora por Guanajuato, Martha Lucía Mícher Camarena.

La senadora de Morena manifestó que la actuación de la policía municipal de León durante el sábado es violatoría a lo que establece el artículo 27 de la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza.

"Sin mediar denuncia alguna o investigación sobre esas supuestas “infracciones administrativas” la policía municipal de León arremetió contra las manifestantes incluso cuando ya había terminado la concentración".

Además, reprobó las agresiones sexuales por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de León contra dos menores de edad que fueron arrestadas, y las amenazas y golpes a cuatro reporteras. Como senadora de la República exigió a las autoridades del gobierno municipal de León, a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y a la Fiscalía General del Estado lo siguiente:

• La suspensión temporal inmediata de los policías que presuntamente agredieron a “Evelyn” en las inmediaciones de la Plaza del Expiatorio el pasado 14 de agosto de 2020
• La sustanciación de sendos procedimientos en el Consejo de Honor y Justicia contra estos elementos con la plena participación de la víctima, de sus familiares, de sus asesores jurídicos y de los organismos públicos de defensa de los derechos humanos para evitar que ese procedimiento se desarrolle “en lo obscurito” como sucede siempre, asegurando la incorporación de la perspectiva de género.
• La revisión de los videos y de los testimonios de las detenciones arbitrarias del día 22, para iniciar los procedimientos legales de naturaleza administrativa correspondientes a las y los policías aprehensores por violar lo dispuesto en el Artículo 4, fracción IV, artículo 5, Artículo 6 fracción I, II, III, IV y V, 21, 22, 23 y 27 de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, así como por haber incurrido en claros actos de abuso de autoridad y uso desproporcionado de la fuerza.
• A la Fiscalía General, el inicio de las Carpetas de Investigación correspondientes por las denuncias públicas sobre abusos de autoridad, violencia sexual e incluso por tortura sexual, pues a partir de la noticia criminal que se ha conocido en redes sociales y en medios de comunicación, pueden iniciar dichas indagatorias.
• Asegurar en la integración de las Carpetas de Investigación la participación de las víctimas, de sus asesores jurídicos, así como de instancias de protección de los derechos humanos para asegurar el debido proceso y la incorporación de la perspectiva de género.
• Finalmente, a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y a la Procuraduría de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes les solicito respetuosamente dar seguimiento a estos procesos legales, así como acompañar a las víctimas en sus procesos de denuncias, para evitar cualquier acto de re victimización, de estigmatización o de criminalización por parte de las propias autoridades denunciadas.

De la Cámara de Diputados Federal, a través de la comisión de Igualdad de Género, también llegó la condena por la actuación de la policía local.

Exigieron investigación para todos los servidores públicos involucrados en la represión que se "disfrazó de operativo de contención".

Se pronuncian Artículo 19 y otras organizaciones

Las organizaciones que conforman el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), entre las que se encuentra ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, se sumaron a las expresiones de rechazo a actos de violencia y abuso de la fuerza ejercidos por las corporaciones municipales y estatales contra mujeres manifestantes en el marco de la protesta #JusticiaParaEvelyn, hechos se dan a un mes de que el FLEPS documentara agresiones similares contra colectivos y familias de personas desaparecidas.

"Esto habla de un patrón de abuso de las autoridades tanto de la municipalidad de León, como del estado de Guanajuato. El FLEPS reitera que la protesta social es un derecho que está garantizado por la normativa mexicana y por estándares interamericanos. El uso de la fuerza de manera arbitraria contra manifestaciones para criminalizar a quienes ejercen su derecho a la protesta y se apropian del espacio público es una violación a los derechos en una democracia"

Artículo 19 y el resto de las organizaciones que integran el FLEPS:

• Exige a la Secretaría de Seguridad Pública de León, y a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato se abstengan de reprimir movimientos sociales, evitando hacer un uso desproporcionado de la fuerza en estos contextos.
• Exige la investigación y sanción tanto administrativa, como penal, de los elementos de la policía estatal y municipal que abusaron de la fuerza pública y cometieron detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, incluyendo los mandos quiénes estuvieron a cargo del operativo.
• Llama a la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato a realizar las investigaciones de violaciones a derechos humanos ocurridas en el marco del operativo en el marco de la queja que inició por los hechos, asegurando la participación de las víctimas.

Mientras que la organización Comunicación e Información dde la Mujer AC (CIMAC) la red Nacional de Periodistas (RNF), y la Red nacional de Defensores de los Derechos Humanos (RNDDHM), mediante un pronunciamiento sobre el caso, denunciaron la violencia institucional y graves violanciones a los derechos humanos (uso indebido de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, tortura y violencia sexual contra mujeres, restricción a la libertad de expresión y el derechos a comunicar) de activisas, reporteras y manifestantes.

Por ello, exigieron al Gobierno del estado de Guanajuato que reconozca y respete la labor periodística de las mujeres así como de las defensoras de derechos humanos en la Entidad y condene la represión ocurrida el pasado sábado, mientras que exigió sanciones inmediatas y ejemplares para los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de León, así como a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, que intervinieron en las agresiones, amenazas, detenciones arbitrarias y actos de tortura anteriormente descritos, así como respetar los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad en protestas sociales incorporando los estándares internacionales de derechos humanos en la materia.

Su exigencia también fue para la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) dé trámite exhaustivo al expediente de queja, a la Fiscalía del Estado, para que, investiguen el caso de violencia sexual en contra de Evelyn Lizet Valdéz Virgen cometida por parte de los policías municipales, así como contra las cuarto reporteras agredidas la noche del sábado y otras exigencias con carácter de protección con enfoque de género, tanto al Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, como al gobierno municipal de León.