Tratos indignos, humillaciones verbales y cargas de trabajo desequilibradas se convirtieron en prácticas recurrentes cometidas por la titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Rosario Rodríguez Flores, funcionaria adscrita a la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León. Así fue sostenido por al menos cuatro personas servidoras públicas subordinadas a la funcionaria, mismas que denunciaron las supuestas agresiones ante la Contraloría municipal.

Con la llegada de Alejandra Gutiérrez Campos a la presidencia municipal, Rosario Rodríguez fue presentada como titular de la mencionada dirección. En el segundo trienio de Héctor López Santillana, la funcionaria ocupó la dirección de Asuntos Contenciosos en la misma dependencia. Según su currículum público, es licenciada en derecho y maestra en ciencias jurídico penales por la Universidad de Guanajuato.

Además, la funcionaria es hermana de la tesorera Graciela Rodríguez Flores, quien anteriormente ocupo la dirección general de ingresos en el gobierno municipal.

Desde 2006 ha ocupado cargos públicos en la Procuraduría Fiscal del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado.

María del Rosario Rodríguez Flores

Según lo narrado en las denuncias en poder de POPLab, la violencia laboral ejercida por Rosario Rodríguez comenzó en 2018, cuando se desempeñaba como titular de Asuntos Contenciosos. Pese a un amplio historial interno de presuntos abusos, fue ratificada en la recién creada Dirección de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, la cual depende de la figura del comisionado de Atención y Protección Ciudadana, ocupada por Víctor Aguirre Armenta.

“Está súper capacitada, tiene cuatro maestrías que tienen que ver con el área de seguridad y ya tiene conocimiento, actualmente es la directora de lo contencioso, conoce de pe a pa toda la problemática”, festejó la entonces alcaldesa electa, al presentar a su gabinete de seguridad en octubre pasado.

Según lo declarado por Alejandra Gutiérrez en octubre pasado, la reintegración de Rosario obedece a la “reestructuración” de la secretaría, junto con la creación de la figura del comisionado de Atención y Protección Ciudadana, daría un enfoque derecho humanista a la dependencia municipal.

Son al menos cuatro los testimonios que meses atrás fueron vertidos a través de una denuncia en la Contraloría municipal, encabezada por Viridiana Márquez Moreno, sin que al día de hoy existan sanciones administrativas contra Rosario Rodríguez Flores.

Esto, pese a que ha sido la propia presidenta Alejandra Gutiérrez quien ha manifestado una política de cero tolerancia contra cualquier tipo de violencia y corrupción al interior de su administración. Como ocurrió en el caso revelado por la alcaldesa en enero pasado, en el que tras una denuncia interna, un funcionario municipal que permanece en el anonimato fue destituido por supuesto acoso sexual.

A decir del secretario de Ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona, la continuidad de Rosario Rodríguez en el nuevo cargo fue consecuencia de la ratificación de Mario Bravo, quien es responsable directo de la funcionaria de su nombramiento.

Este medio intentó consultar el estatus de las denuncias en la Contraloría a través del titular de Comunicación Social del municipio, Edmundo Meza García, quien pese a las solicitudes, no facilitó el contacto con la contralora Viridiana Márquez. Desde su nombramiento como encargada de despacho en octubre de 2021, la titular del órgano fiscalizador no cuenta con un enlace de comunicación que facilite el contacto con la prensa, pese a su independencia del gobierno municipal.

Tras varios intentos, Edmundo Meza informó a esta reportera que la contralora se encuentra imposibilitada de pronunciarse por el caso “por el principio de presunción de inocencia'', pese a que la información solicitada era acerca del estatus de los expedientes.

“Ésto sobrepasa el miedo”

“Por este medio deseo comunicar las conductas inapropiadas e insolentes que he estado sufriendo desde el año 2018 por mi jefa inmediata, la licenciada María del Rosario Rodríguez Flores”, enuncia uno de los testimonios externados en formato de denuncia a la Contraloría. Fue en enero de este año cuando Fabiola* decidió romper el silencio y desenmascarar los abusos cometidos por su superior.

A decir del testimonio, la violencia ejercida por la funcionaria comenzó apenas llegó a la dirección de Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Seguridad municipal, durante el segundo trienio de Héctor López Santillana, cuando a la cabeza de la SSPL se encontraba Luis Enrique Ramírez Saldaña.

Uno de los actos cometidos por Rosario Rodríguez que quedó en la memoria de Fabiola* ocurrió en julio de 2020, cuando entre la modalidad de home office, los roles asignados le hicieron acudir de manera presencial al área de trabajo. Ahí, mientras se encontraba realizando sus labores, su jefa se acercó para cuestionarle “si ya había terminado”, que no se “estuviera haciendo mensa”.

Fabiola también precisó que en otras ocasiones, Rosario Rodríguez Flores ha citado al personal fuera del horario laboral en su espacio de trabajo, para después de horas de esperarla “decirnos que no va a regresar”.

“He permanecido así, sin decir nada, porque tengo la necesidad de mi trabajo y por las represalias que pudiera haber en mi contra, al grado de despedirme”, denunció la víctima.

Instalaciones de la SSPL

En octubre de 2021, días después de que Rosario Rodríguez Flores asumió la Dirección Jurídica y de Derechos Humanos, Fabiola* enfermó de COVID-19. La respuesta de su superior fue ignorar los mensajes y llamadas en los que su subordinada le notificó del contagio, para posteriormente marcar como injustificadas al menos dos inasistencias. Desesperada, Fabiola ha solicitado a la contraloría ser colocada en otra área de la Secretaría lejos de su agresora, pues el maltrato ha derivado en desmotivación para acudir a su trabajo y afectaciones emocionales.

“Se ha vuelto cada vez más hostil en su trato, al grado de estar perturbando el ejercicio de mis funciones laborales y el ambiente laboral, situación que me ha afectado emocionalmente, ya llego con miedo a mi trabajo”.

Al igual que Fabiola, su compañera Georgina* fue forzada a trabajar con síntomas de COVID-19 en octubre de 2020. A pesar de que ya tenía un diagnóstico positivo e incapacidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, la trabajadora fue contactada por Rosario Rodríguez Flores, quien le informó que le enviaría trabajo para hacerlo desde casa.

“Hice de su conocimiento que tenía incapacidad, y a pesar de ello tuve que arriesgar a mi familia por salir del cuarto donde me resguardaba para hacer uso de la computadora y contestar las demandas que me asignó”, dice el testimonio.

Georgina advirtió en su denuncia el “trato desigual” por parte de Rosario Rodríguez hacia otros compañeros contagiados de covid, que aunque enfermaron en las mismas fechas, fueron incapacitados “con todo el apoyo y sin enviarles trabajo a su domicilio”. “Ésto tuvo un efecto devastador en mi salud, confianza, moral, en agravio a mi derecho a la salud”, argumenta en su denuncia.

Víctor Aguirre Armenta, Rosario Rodríguez Flores y Mario Bravo Arrona. Imagen: Pinche Einnar

Entre las manifestaciones de desigualdad laboral por parte de la directora del área, Georgina relató cómo fue privada de sus vacaciones de fin de año y de una promoción laboral a manera de “castigo”, a causa de una negligencia que se comprobó fue cometida por un tercero.
“Me quedé callada porque no alcanzaba a tener conciencia de la violencia de género que ejercía hacia mi perona y la discriminación que yo sufría”, reiteró.

La experiencia de Alberto* con Rosario Rodríguez no fue distinta. El funcionario adscrito a la Dirección de Asuntos Jurídicos liderada por Rodríguez Flores se sumó al grito de auxilio de sus compañeras al denunciar los malos tratos en enero de 2022. Fue en noviembre de 2021, a un mes de que la ex directora de Asuntos Contenciosos pasó a dirigir Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, cuando un archivo traspapelado le costó a Alberto una agresiva reprimenda en la que no faltó el maltrato verbal.

“Harto del maltrato verbal de esta persona, le dije con todo respeto que no era la forma de decirme las cosas. No era la primera vez que dicha funcionaria se conducía de esa manera cuando nos cuestionaba sobre nuestro trabajo (...) Ya me sentía mal de salud debido al mal ambiente laboral, lo que incluso ha creado una desmotivación para trabajar”.

El temor a sufrir represalias, como a sus dos compañeras, significó para Ángel solicitar como medida precautoria el cambio de adscripción durante el desahogo de la investigación que involucra a su jefa directa.

Al menos tres de los cuatro testimonios recalcaron en su denuncia que los malos tratos ejercidos por Rosario Rodríguez Flores han ocurrido desde su llegada a la Dirección de lo Contencioso, en 2018, y se han mantenido impunes hasta la fecha.

Piden “acelerar” investigación en Contraloría

Jorge Jiménez Lona, secretario del Ayuntamiento leonés, aseguró que tras ser enterado de las denuncias y solicitar información, confirmó que la conducta de Rosario Rodríguez contra el personal a su cargo ha sido constante desde 2019 y se mantuvo pese al home office durante la contingencia por la pandemia. Por ello, manifestó que solicitó a la contralora Viridiana Márquez Moreno “poner el acelerador” en los dos expedientes de investigación generados por las cuatro denuncias, “y si hay alguna responsabilidad, pues que lo asuma”.

Contralora Viridiana Márquez Moreno. Foto: Melissa Esquivias

Cuestionado por este medio acerca de la política de cero tolerancia al acoso que ha abanderado la administración de Alejandra Gutiérrez, el secretario de Ayuntamiento precisó que la atención se ha focalizado en las denuncias por acoso sexual “porque es un tema mucho más sensible y urgente”. Además, declaró que pese a que la primera edil tiene conocimiento de las denuncias contra Rosario Rodríguez, no ha existido un acercamiento con las víctimas.

“Los casos de acoso sexual los ha atendido ella (Alejandra Gutiérrez) todos. En el caso del acoso laboral trae los números pero no ha habido un trato directo con las víctimas. Actualmente sabe que están los procesos abiertos pero no se ha reunido con las personas, estamos esperando a que la contraloría dictamine”, declaró.

Jorge Jiménez precisó que respecto a las peticiones de las víctimas de ser adscritos a un área distinta por temor a represalias, el responsable de acatar la solicitud es el secretario de seguridad Mario Bravo Arrona, jefe directo de la funcionaria señalada.

“Si a él le están haciendo alguna solicitud como medida precautoria, él tiene que estar al pendiente y cuidarlos, ¿cómo dejas a una persona que denunció acoso con su acosador aquí?”, sostuvo.

POPLab solicitó al área de comunicación de la Secretaría de Seguridad Pública el estatus de las solicitudes de cambio de adscripción de al menos tres servidores públicos a cargo de Rosario Rodríguez. En respuesta, el enlace de comunicación de las Secretaría informó que el secretario Mario Bravo Arrona ha tenido contacto personal con los cuatro denunciantes , “pero no tenemos el conocimiento de que se haya solicitado un cambio de área, tampoco tenemos algún mandato u orden de la Contraloría para cambiar a alguna persona”.

Los nombres de los denunciantes fueron reemplazados por motivos de seguridad