Las extorsiones y el robo de combustible mantienen a Salamanca paralizada, a sus habitantes con constante temor. Ya no hay vida nocturna; cada día suman más negocios que se ven obligados a cerrar ante el miedo o por no poder cumplir con el pago a grupos criminales que encontraron un nuevo nicho en los espacios de esparcimiento y de encuentro familiar.

A pesar de la violenta realidad que se vive en varias regiones del estado, como Salamanca, la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo insiste en el éxito de la estrategia de seguridad. 

Tras el ataque en el campo de futbol Cabañas, en Loma de Flores, en el que murieron 11 personas y 12 más resultaron heridas, la gobernadora sostuvo que hay resultados positivos en materia de seguridad. 

"Una disminución del 60 por ciento en los homicidios, por supuesto que es un resultado. Estamos con las cifras más bajas de homicidios y yo reitero que un hecho como este nos duele, pero no se puede calificar una estrategia por un solo hecho", sostuvo.

Las cifras de la gobernadora Libia García se contraponen no sólo con la percepción ciudadana de inseguridad, sino con estudios que reflejan que no hay mucho que celebrar en el estado: México Evalúa, en un análisis hecho entre enero y noviembre de 2025, exhibió que la disminución de los homicidios dolosos en Guanajuato había sido de apenas el 1 por ciento, comparado con el año 2024.

En el informe que analiza la violencia y la pacificación a nivel local, la organización muestra a Guanajuato como el estado número uno en violencia letal, porque en los primeros 11 meses de 2025 se registraron 7 mil 643 víctimas, aunque solo reporta 2 mil 388 por homicidio doloso, cifra similar a las víctimas reportadas en la categoría de "otros delitos contra la vida", que reportó 2 mil 197 personas. En homicidio culposo hay 1 mil 281 víctimas, 11 feminicidios y 1 mil 766 personas desaparecidas.

De acuerdo con Erandi Bermúdez Méndez, diputado local que preside la comisión de Seguridad en el Congreso del Estado, desde el Gobierno Federal se creó la nueva categoría para maquillar las cifras.

"Es jugar con las cifras y es jugar también con los ciudadanos, es decir a los ciudadanos algo que el gobierno quiere que escuchen, pero el ciudadano día a día en las calles ve otra cosa", sostuvo el legislador panista.

El multihomicidio del 25 de enero pasado en la comunidad Loma de Flores fue el hito que visibilizó la crisis de violencia e inseguridad con la que a diario conviven los habitantes de Salamanca, pero no es el único: una noche antes del ataque, asesinaron a 5 hombres en el camino a la comunidad 4 de Altamira y para ese momento se había reportado la privación ilegal de la libertad de seis personas.

En las últimas semanas, mujeres, hombres, y un adolescente han sido privados de la libertad por grupos armados a plena luz del día mientras trabajan, comen en restaurantes o son sacados a la fuerza de sus hogares. 

El caso más reciente y mediático fue el del empresario y ex candidato del PAN a la alcaldía de Salamanca, Gerardo Arredondo Hernández, quien fue liberado unas horas después. 

Extorsión y el miedo a la denuncia

La extorsión acecha a los habitantes de Salamanca; es una actividad ilícita que no se concentra en una actividad o en determinado nivel de ingresos, sino que se ha extendido a toda la población.

Personas empresarias, comerciantes, profesionistas y jubiladas coinciden en que la extorsión se ha vuelto parte de la cotidianidad en el municipio, aunque eso vaya en detrimento de la economía local.

"Me toca pagar 200 mil pesos al año", contó un comerciante del que se reserva su identidad por seguridad. Del negocio familiar, tiene que ver la manera de poder "apartar" el pago que le impuso un grupo criminal para que lo dejen trabajar.

Comentó que, aunque se resistía a caer en el llamado cobro de piso, finalmente accedió cuando lo amenazaron mostrándole fotografías de su familia, y ahora tiene que entregar la cuota en dos pagos durante el año.

En las últimas semanas, la violencia que se vive en el municipio ha orillado a dueños de bares y restaurantes a cerrar; algunos abiertamente hablan de los problemas de inseguridad, otros solo anuncian a sus clientes que dejan de operar por tiempo indefinido.

"Hoy en día, los negocios que siguen abiertos son porque llegaron a un acuerdo o han corrido con la suerte de que no los han ido a visitar", mencionó un abogado que se resiste a abrir un despacho para ofrecer sus servicios por miedo a ser parte del negocio.

Dijo que él prefiere litigar casos de personas conocidas, porque quiere "trabajar en paz", aunque eso represente que sean menos los clientes que lleguen.

"Las extorsiones no están al cien, están al mil por ciento", contó un empresario que aceptó hablar con POPLab pero pidió no ser identificado.

La extorsión no distingue profesión ni nivel de ingresos; hoy en día, incluso las personas que ofrecen servicios de mantenimiento en los hogares están expuestas al cobro.

"Yo siempre respondía mi celular, a mí me contratan así: a quienes les he hecho un trabajito van pasando mi número porque me recomiendan, por eso yo antes contestaba siempre, ahora ya no. Un día me llamaron, me dijeron que sabían a lo que me dedico y que tenía que pagarles, ya no contesto números que no identifico, aunque eso signifique que deje ir una chamba".

César Raymundo Gómez García, presidente del Observatorio Ciudadano de Salamanca, lamentó que las extorsiones paralicen la economía del municipio.

"Al final de cuentas, la economía está muerta... vas viendo las comunidades, y todo está desierto, no hay economía", mencionó, luego de compartir que hace unos días quiso comprar unos bultos de cemento, pero se encontró con el negocio cerrado y una cartulina con el número de teléfono para hacer pedidos porque los dueños tomaron la decisión de solo vender bajo pedido.

Pero la violencia no sólo ha impactado desde el punto de vista económico, sino también en la vida cotidiana.

Una persona jubilada compartió que desde hace años sale a caminar todas las mañanas, le ayuda a mantenerse activo y se hizo un hábito desde que dejó de trabajar.

En los últimos meses no sale de casa sin un palo y 100 pesos en la bolsa, aunque el recorrido que hace es de solo unas cuadras en las inmediaciones de la colonia en la que vive.

Los 100 pesos los lleva, dice, porque es mejor entregar un poco de dinero si se encuentra con alguien que pretenda asaltarlo que decir que no lleva nada. El palo es por si los 100 pesos no son suficientes para librarse de sus atacantes.

"Como ciudadanos nos sentimos solos, abandonados. Al salir nos persignamos, pero ya cuando siento cerca a un motociclista, pienso que algo me harán".

Sobre la situación que se vive en Salamanca, el presidente del Observatorio Ciudadano admitió que hay cierto grado de normalización de la violencia entre la población que sale de casa con la idea de que pueden sufrir un asalto, una extorsión o hasta un secuestro.

Gómez García reprochó que las autoridades limiten sus acciones a enviar mensajes o condenar hechos, mientras los riesgos para la ciudadanía siguen latentes.

"Hay una pasividad de autoridades, que dan discursos al aire y que no se ven resultados", sostuvo.

En los últimos días, Salamanca no solo ha atraído los reflectores por los niveles de violencia, sino que recientemente, el gobierno municipal anunció el cese de todo el personal de la Dirección de Fiscalización, incluido el titular, Julio César Antonio Gutiérrez.

Sin entrar en detalles de los motivos que llevaron al alcalde, César Prieto, a despedir a todo el personal de Fiscalización, se informó que quedaba como encargado de despacho el secretario del Ayuntamiento, Gonzalo Cano, mientras se contrata nuevo personal.

El presidente del Observatorio Ciudadano de Salamanca reclamó que los comerciantes no solo tengan que cuidarse de los grupos criminales, sino de las propias autoridades.

"Imagínate el mercado, con este tema de la fiscalización, de extorsión. Los piperos, porque Salamanca, no sé si sea bendición o maldición ahorita en estos momentos, pero tenemos la refinería y, por ende, hay muchas empresas que transportan estos combustibles. Pues ya ha habido secuestros de los mismos operadores hacia esas empresas, los bajan y se los llevan", dijo.

Huachicol al alza

El robo de combustible, un delito que fue a la baja entre 2020 y 2021, regresó para colocar a Guanajuato en los primeros lugares a nivel nacional por la cantidad de tomas clandestinas de hidrocarburo.

En 2024, el incremento fue del 57.99 por ciento, comparado con el año 2023, al sumar 850 tomas clandestinas. El robo se concentró en Pénjamo, que fue el segundo municipio más ordeñado del país, con un récord local histórico de 414 perforaciones; sólo fue superado por Cuautepec, Hidalgo, que tuvo 418.

De acuerdo con los informes históricos compartidos por el periodista Axel Chávez, quien ha reporteado el tema del huachicol en México, el año en el que menos tomas se encontraron fue en 2021 con 493 perforaciones clandestinas. Un año antes, en agosto de 2020, había sido detenido por fuerzas federales y estatales José Antonio Yépez Ortiz, "el Marro", identificado como líder del Cártel Santa Rosa de Lima, grupo criminal dedicado al huachicol.

En 2018, previo a la puesta en marcha de la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para combatir el huachicol, Guanajuato reportó 1 mil 906 tomas clandestinas, posicionándose en tercer lugar nacional. El mismo sitio en el ranking lo mantuvo en 2019, aunque el número de perforaciones para robar hidrocarburo se redujo a 1 mil 178. En 2020 fueron encontradas 608, y en 2021 bajó a 493.

Sin embargo, el repunte del delito comenzó a verse a partir de 2022, cuando las tomas clandestinas crecieron 17 por ciento en Guanajuato, al llegar a las 576. En 2023, Guanajuato registró una ligera reducción al reportar 532 tomas, pero para 2024 el estado sumó 850 perforaciones para ordeñar los ductos de PEMEX.

Hasta septiembre de 2025, que es el corte más reciente, Guanajuato había sumado 475 ordeñas y, con ello, ocupaba el tercer lugar en el país, detrás de Jalisco, con 992, e Hidalgo, con 1 mil 247.

En todos los años, Salamanca se mantiene entre los municipios con más ductos en el estado, casi siempre en segundo lugar, mientras el primero se lo disputan cada año Irapuato y Pénjamo.

Aunque las autoridades arrestaron desde 2020 a José Antonio Yépez, recientemente el Departamento del Tesoro de Estados Unidos advirtió que el presunto líder criminal opera desde prisión el cártel que ayudó a crear en Guanajuato.

El secuestro que activó un sistema

La mañana del viernes 6 de febrero, un grupo armado irrumpió en el negocio "Construrama Ángel Arredondo", ubicado sobre la avenida Comunicación Norte, en el municipio de Salamanca. Su objetivo era llevarse a la fuerza al empresario y ex candidato del PAN a la alcaldía, Gerardo Arredondo.

Antes de las 9 de la mañana el secuestro se había concretado, pero la privación ilegal de la libertad del reconocido empresario salmantino activó a todas las corporaciones de seguridad. Se organizó un operativo y fue liberado antes de que transcurrieran 12 horas del secuestro, sin que la familia hiciera pago alguno.

El caso de Gerardo Arredondo fue mediático desde los primeros minutos que se reportó, por tratarse de un empresario dedicado a la industria de la construcción, pero también por la candidatura con la que buscó ser alcalde de Salamanca en 2024, con la coalición que conformó el PAN con el PRI y el PRD.

La Fiscalía General del Estado, que se ha mostrado reacia a informar en otros asuntos como el multihomicidio en Loma de Flores, anunció minutos después de las 19:00 horas que el operativo había dado resultados y el empresario había sido rescatado en Juventino Rosas. El saldo: un presunto criminal muerto y varios detenidos.

Aunque la Fiscalía señaló que había personas detenidas, no entró en detalles.

Solo unos minutos después, la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, confirmó que Gerardo Arredondo se encontraba con su familia a salvo y que habían sido tres los detenidos en este caso de éxito para las autoridades.

Arredondo no fue la única persona privada de su libertad en las últimas semanas, pero sí el más mediático y del único que se conoce públicamente el resultado del operativo de búsqueda y rescate.

17 días del crimen en Loma de Flores y sin avances

La tarde del domingo 25 de enero en el campo Cabañas se disputó la final de la Liga Premiere Loma de Flores. Al final de la tarde, decenas de personas permanecieron en el campo para convivir, pero un comando armado irrumpió en el lugar. Testigos escucharon múltiples detonaciones, más de 100, aseguran quienes estuvieron cerca.

En el lugar murieron Juan Francisco, María del Carmen, Martín, Antonio, Carlos Alejandro, Miguel Ángel, José, Brayan Daniel, María Elena y Luis Alberto, éste último adolescente de 17 años. Alejandro falleció al llegar al hospital del IMSS en Salamanca, mientras otras 12 personas fueron hospitalizadas por las heridas por arma de fuego.

Unas horas después del multihomicidio, desde el C4 de Salamanca, el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona; el fiscal, Gerardo Vázquez Alatriste; y el alcalde, César Prieto, prometían a las víctimas justicia y anunciaban "avances claros" en la investigación. No más. Sin embargo, desde el Gobierno Federal comenzó a circular la línea de investigación que apuntaba al Cártel Santa Rosa de Lima.

Tras la tragedia en Loma de Flores, se hicieron varios operativos en la zona Laja-Bajío, sin conocer resultados, hasta que el día miércoles comenzaron a filtrar a medios nacionales la detención de presuntos implicados.

La Fiscalía de Gerardo Vázquez Alatriste guardó el mismo silencio que mantiene hasta el día de hoy, pero después de varias horas la dependencia que salió a confirmar "al menos tres" personas detenidas fue la Secretaría de Seguridad y Paz a cargo de Juan Mauro González.

Han transcurrido 17 días desde el multihomicidio en Loma de Flores y todavía la población no conoce esos "avances claros" en la investigación que prometieron las autoridades estatales apenas unas horas después del ataque. 

El fiscal Gerardo Vázquez Alatriste se niega a informar, mientras el gobierno de Libia García, a través de Jorge Jiménez Lona, afirma que los detenidos están vinculados a proceso penal.

Mientras la Fiscalía se reserva la información sobre el estatus de los detenidos anunciados por la Secretaría de Seguridad y Paz, el periodista Héctor De Mauleón publicó este día en su columna la versión de que fueron liberados.