Pese a tener actos de corrupción frente a la cara, la mayoría de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción han evitado involucrarse y presentar denuncias. Según Katya Morales Prado, una de las integrantes de este comité, a ellos les toca buscar los mecanismos para que las denuncias avancen, pero ni una ni la otra.

Los cinco integrantes del comité vieron surgir una denuncia por moches para el otorgamiento de permisos para taxis ejecutivos en la Dirección General de Transporte del Estado y guardaron silencio. Recibieron la solicitud para denunciar corrupción en el Ayuntamiento de Guanajuato por evitar el cobro a la cablera local y no quisieron mover un dedo.

Recientemente, conocieron sobre el descuento que otorgó el municipio de León al Club Campestre y el despojo de un predio que hizo el mismo municipio durante la administración de Héctor López Santillana, para favorecer al empresario Gabriel Padilla y en ambos casos se quedaron callados.

Actualmente, el comité está integrado por Hilda Marisa Venegas Barboza como presidenta, Julio Cesar Rodríguez Fonseca, Katya Morales Prado, Andrea Ludmila González Polak y Giovanni Appendini Andrade. Todos ellos perciben sueldos de 102 mil 381 pesos mensuales, aunque no hay resultados que justifiquen salarios similares a directores generales, si se compara con los niveles tabulares que se manejan en la administración pública estatal.

Ya por este organismo pasaron tres presidentes: Arminada Balbuena Cisneros, Román Méndez Navarrete y Fernando Revilla Guerrero. La intervención más relevante de este comité se dio durante el período de Arminda, obligada por una escandalosa adjudicación directa de una concesión a Grupo México por el gobernador Miguel Márquez Márquez.

No hay claridad sobre la forma en la que se determinó la percepción salarial para los miembros del Comité. A través de solicitudes de acceso a la información, el abogado Roberto Saucedo Pimentel pidió los criterios técnicos, pero resultó que esto no existe. La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración simplemente determinó que ellos debían ganar más de 100 mil pesos mensuales.

SEA sin resultados, existe pero nadie sabe que hace

En casi cinco años de existencia, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción tiene pocos logros que presumir. La falta de acciones relacionadas con el combate a la corrupción han generado dudas sobre la eficacia de este organismo y el compromiso de sus integrantes en el mismo sentido.

En un programa de debate, Katya Morales, presumió como uno de los logros más importantes del comité, la conformación de la Red Ciudadana Anticorrupción, con la intención de realizar un diagnóstico sobre los principales problemas de la corrupción en la entidad, pero además tener eco en la ciudadanía. Esta es solo una de las responsabilidades que establece la ley del sistema.

Nadie sabe con claridad qué actividades realizan los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Se conoce que son parte de una estructura, un Comité Coordinador en el que tiene representación la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, el Poder Judicial a través de un consejero y contralores municipales.

Una ley de 24 hojas establece que este organismo es el encargado de establecer políticas públicas anticorrupción: “El Sistema Estatal tiene como finalidad establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades del estado y los municipios en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos”, señala la legislación.

Katya Morales Prado sostiene que las facultades de denuncia e investigación están en las contralorías de municipios, poderes del Estado y organismo autónomos, pero al mismo tiempo reconoce que estas instancias no funcionan como deberían.

“¿Cuál es mi trabajo? mi trabajo es decir cómo le hago para que las denuncias funcionen, para que las denuncias caminen, porque de qué vale poner una denuncia, dos denuncias, tres denuncias, si no van a caminar. ¿Cuál es mi función? es sacar la antena y decir por qué no están caminando”, detalló.

Sin embargo, no hay hasta ahora un diagnóstico en el que los cinco integrantes del comité hayan logrado explicar la razón de que las contralorías y otras instancias creadas para combatir a la corrupción no funcionan como deberían.

“El sistema tiene un montón de retos, tenemos una montaña de trabajo encima. El otro día una persona me decía, oye estás de acuerdo que están frente a la misión imposible, no me digas eso, dime que estoy ante el monstruo de las mil cabezas...estoy consciente del tamaño del problema que enfrentamos”, agregó al ser entrevistada en un programa.

El comité tiene conciencia sobre el tamaño de la problemática y de algún modo se han excusado a sus soluciones, porque consideran que en la ley hay cosas para las que no están facultados.

El sistema nació con la publicación de la ley en mayo 2017 y la instalación del Comité de Participación Ciudadana fue en diciembre del mismo año, pero hasta hoy ninguna denuncia de corrupción ha surgido ni del comité ciudadano, ni del coordinador integrado por entes públicos. Esto pese a que ciudadanos han solicitado su intervención de forma reiterada.

Frente a terrenos cedidos a empresarios amigos de funcionarios públicos, descuentos millonarios en el pago de prediales, venta de permisos de taxis ejecutivos y designaciones amañadas de notarios auxiliares y los integrantes del comité, hay silencio.

2018, primer reto mal superado

En marzo de 2018, el jueves santo, el Gobierno del Estado publicó el decreto por el que concesionó la construcción del Libramiento de Silao a Grupo México y también su operación durante 30 años.

El gobierno de Miguel Márquez Márquez hizo una adjudicación directa y el Comité de Participación Ciudadana se encontró ante su primer reto. La entonces presidenta del comité, Arminda Balbuena Cisneros, optó por pedir la revisión del proceso y recomendó para ello a la Universidad de Guanajuato, institución que impulsó su candidatura para integrarse al comité

El proceso llevó semanas para concluir en que todo había sido realizado apegado a las normas, pues en aquellos momentos la Ley de Adquisiciones para el Estado permitía que el gobernador pudiera adjudicar obras de manera discrecional.

Sin embargo, los integrantes del comité recomendaron eliminar esta posibilidad de la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios para el Estado y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato y además se estableció que cuando existan inversiones mixtas (aportación estado y particular), el Congreso tendrá que dar su aprobación.

Hubo pocos datos sobre el costo del estudio y el cual tuvo que ser erogado por la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción. Después de esto,Arminada Balbuena terminó su período al frente del comité y tiempo después fue nombrada como directora de Igualdad y Corresponsabilidad Social en la Universidad de Guanajuato.

Ella se fue sin dar respuesta a temas como la contratación de empresas fantasma por parte de Comunicación social del estado, el enriquecimiento inexplicable del compadre del gobernador Márquez y la compra a sobreprecio para construir un estadio de fútbol.

La presidencia de Román Méndez Navarrete transcurrió más opaca que la de Arminda, pocos resultados y hasta una protesta ciudadana en su informe final de actividades. A él le sucedió Fernando Revilla Guerrero, quien se esforzó en proyectar la actividad del organismo y responder a los actos de corrupción surgidos durante su período, pero con poco éxito.

Predican con el mal ejemplo

Dice el refrán que los hechos dicen más que las palabras, pero los integrantes del comité han actuado en sentido contrario. En dos actividades impulsadas para fomentar “el combate a la corrupción”, un concurso de ensayo y otro de spot televisivo, tres de los cuatro ganadores, resultaron con relaciones familiares y laborales con integrantes del comité.

El Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción convocaron a un concurso de spots “para el combate a la corrupción” con un premio de 10 mil pesos. El premio se lo llevó el único participante que resultó ser, casualmente, el hijo de la integrante del CPC, Katya Morales Prado.

En otro concurso para “promover la lucha contra la corrupción”, dos de los tres premios entregados fueron obtenidos por participantes que mantenían en ese momento lazos contractuales con otros dos integrantes del comité de participación ciudadano: Hilda Marisa Venegas Barbosa, actualmente presidenta y con el ex presidente, Román Méndez Navarrete.

Respecto al tema, en su momento, Katya Morales Prado, aseguró que ella estuvo al margen del concurso que ganó su hijo, mientras que Hilda Marisa Venegas explicó que, en el concurso de Ensayo, donde una de las ganadoras fue una becaria de su despacho, se conformó un comité técnico que delineó las bases de la convocatoria, cuya operación quedó en manos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

Facultades decorativas y sin evidencia de su cumplimiento

El artículo 23 de la Ley del Sistema Estatal del Sistema Estatal Anticorrupción establece las atribuciones del Comité de Participación Ciudadana y con claridad señala que pueden proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de recomendaciones no vinculantes.

La mayoría de sus integrantes se han respaldado en este impedimento legal para evitar exponer posturas respecto a presuntos actos de corrupción dados a conocer de forma pública, por medios de comunicación y ciudadanos.

Aunque efectivamente, la ley fue diseñada para otorgarles sólo facultades decorativas, como opinar o proponer sobre la política públicas contra la corrupción, participar en proyectos interinstitucional en materias de fiscalización y control de recursos públicos y proponer mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción.

Además se incluyó la obligación de la elaboración de un registro de organizaciones de la sociedad civil para establecer una red de participación ciudadana, aparentemente esta es la única responsabilidad legal que han cumplido hasta el momento.

El comité también debería proponer instrumentos de medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción, así como para la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de la política estatal, pero no hay información de que haya avance en estas obligaciones legales.

Comité de Selección intervenido

La legislación anticorrupción del estado establece la integración de una Comisión de Selección para la designación del Comité Ciudadano, el cual se ha distinguido desde su primera integración por la intervención de perfiles cercanos a partidos políticos.

Actualmente, esta comisión está integrada por: Ignacio Arcelus de Diego, Alicia Domínguez Bravo, Gerardo Flores Rivera, José de Jesús Frausto Fuentes, Francisco Miguel Mora Sifuentes, Norma Alicia Quintero Tejada, Armando Sojo Arroyo, Edith Valtierra Méndez y Mariela Guadalupe Vázquez Moreno.

La legislación establece que la Comisión de Selección debe estar integrada por nueve ciudadanos guanajuatenses, por un periodo de tres años. El Congreso es el encargado de emitir la convocatoria para instituciones de educación superior y de investigación para proponer candidatos.

El Observatorio Ciudadano encabezado por el abogado Roberto Saucedo considera que es necesario que se transparenten las actividades y perfiles de los integrantes de este comité. Y de hecho, ha emprendido acciones legales que están actualmente en curso.

La designación de un nuevo integrante está en proceso, pero antes el colegiado recibió la inconformidad de la organización Las Libres, por la emisión de una convocatoria en la que no se respetó el principio de paridad de género.

Saucedo Pimentel solicitó los curriculums de los integrantes de la Comisión de Selección al Congreso local, pero estos son inexistentes porque supuestamente no dependen del legislativo.

“Investigamos si a la comisión se le puede hacer consulta de acceso a la información. No se le puede hacer porque no existe, acudimos al IACIP...la Comisión de Selección no es un sujeto obligado”, explicó en una entrevista.

Actualmente hay un litigio en proceso de esta organización civil contra el Instituto de Acceso a la Información para pedir que la comisión abra sus archivos, desde sus currículums hasta los criterios que han empleado para definir la idoneidad de los comisionados ciudadanos, los cuales, de acuerdo con la ley, deben haber destacado por su por su contribución a la transparencia, la rendición de cuenta y el combate a la corrupción.

El último proceso de selección de un integrante del comité se encuentra en su recta final y ha transcurrido en amplia opacidad, pues incluso las entrevistas a los candidatos para ocupar el espacio en el comité se realizaron a puerta cerrada. En convocatorias anteriores, las entrevistas fueron públicas.

Leopoldo Jiménez Soto, el favorito

Los candidatos: el favorito y un pasado ligado a la impunidad

En el proceso de selección del próximo integrante del Comité de Participación Ciudadana hay un favorito y supuestamente es Leopoldo Jiménez Soto, ex contralor municipal de León. Esto pese a que en su gestión en el órgano de fiscalización municipal dejó impunes actos como la venta del terreno del kínder Juan Aldama al empresario Gabriel Padilla Cordero, el millonario descuento de predial al Club Campestre y una amplia lista de casos de acoso denunciados en diversas áreas.

En el listado también están Antonio Olguín Torres (colaborador en el Gobierno del Estado con Juan Carlos Romero Hicks), José Socorro Quevedo Ramírez y Luis Lorenzo Sandoval Ascencio, abogado que fue candidato a diputado federal en León.

También está en el listado Angeles Yúdico Herrasti, hermana de Juan Yúdico Herrasti (presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Celaya), Alejandro Armando Ramírez Zamarripa, Glafira Báez Márquez, Gerardo Alonso Romero, Angel Jossué Morales Villagómez, Rosalía Murrieta González, Isis Galván Zavala y Héctor José Alvarez Rojas.

Los candidatos fueron entrevistados por los integrantes de la Comisión de Selección el pasado 19 y 20 de octubre en el Congreso local, pero las entrevistas se realizaron a puerta cerrada y no hubo transmisión. El próximo 10 de noviembre podría anunciarse el dictamen de la comisión.