(Con información de Carmen Pizano)

Lo que ninguna autoridad quiso admitir en México, lo dijo Estados Unidos. El Departamento del Tesoro acaba de desmontar el relato oficial: la detención de José Antonio Yépez "El Marro" nunca descabezó al Cártel de Santa Rosa de Lima. El operativo que Diego Sinhue Rodríguez presumió como su mayor logro en seguridad resultó ser una victoria de papel. La organización criminal no solo sobrevivió, sino que se fortaleció. Hoy opera con otros cárteles en el tráfico transnacional de combustible y drogas. Y Guanajuato, según Washington, es "uno de los estados más peligrosos de México".

Pero el presidente estadunidense Donald Trump había puesto su atención en Guanajuato desde su primer periodo. Aún antes, el gobierno de ese país estableció una amplia colaboración con recursos, capacitación, tecnología e intercambio de información con una instancia local, la Procuraduría de Justicia, luego Fiscalía general del estado, y de manera directa con quien fue su titular durante 15 años, Carlos Zamarripa Aguirre.

Desde que fue procuraduría y posteriormente Fiscalía, instancias como el Departamento de Estado o el FBI tuvieron relación con Zamarripa. Además, se hicieron varias visitas de representantes como Christopher Landau, quien fue embajador de E.U. en México en la primera gestión de Trump y actualmente es el Subsecretario de Estado de ese país.   

La constante fue una: elogios a Carlos Zamarripa, así como reconocimientos mutuos. En 2020, en ocasión de una visita de Landau, el entonces gobernador Diego Sinhue dijo que la colaboración entre el gobierno estadunidense y el de Guanajuato servía “para avanzar en la ruta del progreso, de la paz y de la tranquilidad”. 

Por el contrario, en el sexenio de Diego Sinhue y la larga gestión de Carlos Zamarripa, el CSRL creció y robusteció sus redes criminales. El gobernador y el fiscal dejaron sus cargos sin cumplir con ese compromiso hecho a las y los guanajuatenses y con un estado en llamas. 

Un año después, con Libia García como gobernadora y nuevos titulares en la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad y Paz, el diagnóstico del gobierno estadunidense es contundente. Así lo señala un comunicado emitido el 17 de diciembre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los E.U.:

Además de ser una organización criminal transnacional cuya principal fuente de ingresos es el huachicol, el CSRL disputa el control territorial del estado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) “por el control del combustible y el petróleo en Guanajuato”. Para ello hizo un pacto con otros cárteles como el de Sinaloa y el Golfo, lo que ha convertido al estado en “uno de los más mortíferos de México”. 

El CSRL ha reclutado a exmilitares y paramilitares de Colombia, todo en busca de ganar terreno al Nueva Generación, según los informes del gobierno de E.U. 

Estas alianzas, según el comunicado, fueron operadas por el propio José Antonio Yépez, porque éste ha logrado mantener operaciones desde el Centro Federal de Readaptación 1, el CEFERESO del Altiplano. Desde que fue capturado en agosto de 2020 permanece en dicho centro penitenciario.

Por primera vez, al menos de manera pública, el gobierno estadunidense puso la mirada en los activos del CSRL y del Marro, ordenando sanciones a través de la OFAC con el propósito de frenar su participación en el mercado negro de energía transfronterizo con el huachicol obtenido en esta entidad.

El comunicado cita declaraciones del secretario del Tesoro de E.U., Scott Bessent, quien señaló que bajo sus órdenes dicha instancia “está desvinculando enérgicamente a estos criminales del sistema financiero estadunidense. Sin importar dónde ni cómo los cárteles generen y laven dinero, los encontraremos y los detendremos”. 

El panorama en el estado tampoco ha cambiado mucho tras un año de la salida de Zamarripa y el cambio de gobierno y estrategia, ahora bajo el nombre de CONFIA y liderada no desde la fiscalía, sino desde la Secretaría de Seguridad y Paz. Las autoridades estatales y federales hablan de la disminución de homicidios, pero Guanajuato no ha salido del top de asesinatos y otros delitos como el robo de autos, el narcomenudeo o la extorsión.

Los colectivos de búsqueda de personas localizan con regularidad fosas clandestinas.

Como ejemplo está Irapuato. Datos de la Plataforma por la Paz y el programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana León, señalan que en 2025, por lo menos se documentaron cinco hallazgos forenses en fosas masivas en la zona entre las comunidades de Rancho Nuevo del Llanito, La Calera, Hacienda de Guadalupe, Molino de Santa Ana y San Diego el Grande. En ellos se habrían localizado los restos de 75 personas. 

Zamarripa, aliado del fracaso

El enérgico anuncio hecho por el Departamento del Tesoro estadunidense fue noticia internacional el 17 de diciembre. Pero la historia quedaría incompleta si se desconoce la amplia colaboración que hace por lo menos 15 años se formalizó entre el gobierno de E.U. y el de Guanajuato, primero con el exgobernador Miguel Márquez y después con su sucesor Diego Sinhue Rodríguez, todo a través de un personaje clave: Carlos Zamarripa Aguirre.

En 2012, Márquez viajó a Estados Unidos en una sorpresiva gira de la que no informó sino hasta su regreso. Se reunió con Janet Napolitano, entonces secretaria de Seguridad Interior. Márquez iba acompañado por Carlos Zamarripa, quien había ostentado ante algunos reporteros su estrecha relación con instancias de seguridad de ese país, incluyendo al FBI, de cuya academia en Quántico es egresado.

Miguel Márquez prácticamente dijo haber ido por “consejo” y el visto bueno del gobierno de E.U. para instaurar el programa Escudo, contratado a la empresa Seguritech con un contrato sin licitar que costó alrededor de 2,700 millones de pesos.

Después de eso todo fue miel sobre hojuelas. Zamarripa presumió en distintos informes que la Fiscalía recibió recursos tanto a través de la Iniciativa Mérida como del programa de Entendimiento Bicentenario. 

En octubre de 2020, ya en el primer mandato de Trump y con Diego Sinhue Rodríguez como gobernador, el entonces embajador en México Christopher Landau acudió a la Fiscalía estatal a inaugurar el edificio de los Servicios de Investigación Científica. En él se instalaron 11 laboratorios de diversas especialidades (como forense y genética) que fueron construidos y equipados con recursos de E.U. y que recibieron una certificación internacional por este motivo.

En los años posteriores la colaboración prosiguió y llevó incluso a premiar a Zamarripa y a su mancuerna en la Secretaría de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, con un reconocimiento por parte del Departamento de Estado de E.U. por ocupar el primer lugar nacional en el acceso al sistema e-Trace para combatir el tráfico de armas. 

Lo mismo ocurrió con las visitas al imponente complejo central de la Fiscalía guanajuatense. Lo hizo Ken Salazar en marzo de 2022 y del subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos, (INL) Christopher Landberg, en abril de 2024, poco antes de que Diego Sinhue concluyera su sexenio.

Ese año marcó también el final de 15 años con Carlos Zamarripa como cabeza de la procuración de justicia en el estado.

Cuando Zamarripa debió renunciar por solicitud de la actual gobernadora Libia Dennise García, en un video que se difundió entre el personal de la Fiscalía se afirmó que gracias a sus resultados la Fiscalía de Guanajuato “se convirtió en uno de los principales socios beneficiarios del programa Entendimiento Bicentenario, obteniendo capacitaciones, equipamiento, binomios y herramientas avanzadas”.

El “Triángulo de las Bermudas”

Tras un año de la salida de Zamarripa, el Departamento del Tesoro de E.U. describió a detalle las diversas actividades criminales, alianzas y delitos transfronterizos que al día de hoy realizan el Cártel Santa Rosa de Lima y su líder El Marro:

“El CSRL se dedica principalmente al robo de combustible y petróleo, llegando incluso a declararle la guerra al CJNG en octubre de 2017 por el control del robo de combustible y petróleo en el llamado "Triángulo de las Bermudas", un conjunto de municipios de Guanajuato donde se ubican una refinería y varios ductos de Pemex”.

Dicho “Triángulo de las Bermudas”, de acuerdo con un mapa de la propia OFAC, abarca una franja del territorio del estado de este a oeste, que incluye a todas las ciudades del corredor industrial. Los municipios incluidos son los del Rincón, León, Guanajuato capital, Irapuato, Salamanca, Villagrán, Celaya, y termina en los Apaseos, el Grande y el Alto.  

“En agosto de 2025, las autoridades mexicanas detuvieron a miembros del CSRL e incautaron 164,000 litros de hidrocarburos robados, además de tanques, camiones cisterna y un dispositivo clandestino para interceptar ductos”, señala el informe de la OFAC. 

Y revela un dato que hasta ahora ninguna autoridad del gobierno del estado o de la federación habían señalado: que el CSRL ha estado involucrado en el tráfico de narcóticos a los Estados Unidos, incluida la heroína.

También destaca que debido a la confrontación que mantiene con el CJNG, el de Santa Rosa es responsable del repunte de la violencia y los homicidios en Guanajuato, “uno de los estados más peligrosos de México”.  

De igual manera, se incluye en este reporte al líder de este grupo delictivo, José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, quien “antes de su arresto en 2020 era uno de los criminales más buscados de México debido al robo de petróleo a escala industrial” como líder del cártel.

Yépez cumple una condena de 60 años por secuestro, luego de su captura en un rancho de la comunidad de Tavera, Juventino Rosas, en un operativo conjunto de autoridades estatales y federales que el entonces fiscal Zamarripa dijo haber encabezado.

Con todo y las autoridades dijeron tener en su contra, a la fecha El Marro sólo ha recibido sentencia por secuestro, acusado de ser responsable de la privación de la libertad de una mujer empresaria que fue encontrada en el lugar donde el criminal fue capturado.

En su contra, siguen abiertos procesos por crimen organizado, lavado de dinero, extracción ilegal de combustible e intento de homicidio, entre otros. 

Con todo y que permanece recluido en el CEFERESO de alta seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, El Marro “continúa activo en el CSRL desde dicho centro penitenciario, enviando instrucciones y órdenes a sus colaboradores a través de sus abogados y familiares”, y desde allí ayudó a establecer la alianza con el cártel del Golfo. 

“Las actividades del CSRL también contribuyen a facilitar un mercado negro de energía transfronterizo, socavan a las compañías estadounidenses legítimas de petróleo y gas natural y privan al gobierno mexicano de ingresos críticos”, dice en reporte.

Al anunciar las sanciones contra el CSRL y El Marro, el Departamento del Tesoro señala que los bienes e intereses de éstos que se encuentren en ese país quedarán bloqueados y deberán reportarse a la Oficina de Control de Activos Extranjeros, lo mismo que aquellas personas o empresas que sean socios o compartan la propiedad de bienes con el grupo delictivo y su líder.

En caso de que no se cumpla con esta sanción, el gobierno estadunidense puede imponer sanciones civiles y penales a ciudadanos de ese país o extranjeros, incluyendo a ciudadanos de México, según la advertencia del secretario del Tesoro Scott Bessent.