La Fiscalía General del Estado de Guanajuato fue negligente en el levantamiento de los cuerpos y en la determinación de las causas de muerte de los cinco trabajadores fallecidos en el Módulo de Desbaste de SAPAL el pasado 13 de noviembre de 2020. Así lo denunciaron las familias en rueda de prensa, donde además evidenciaron las irregularidades, omisiones y tratos inhumanos por parte del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) desde el día del accidente.

Las familias Briseño Rangel, Silva Zúñiga y Afanador Martínez junto con la organización Acción Colectiva Socioambiental exigieron la destitución inmediata de Jorge Ramírez Hernández y Enrique de Haro Maldonado, respectivos presidente del Consejo Directivo y Director General de SAPAL.

Enrique Pérez Ramos, maestro en ciencias forenses de amplia trayectoria en el estado de Guanajuato, quien acompaña a los familiares desde hace varias semanas, denunció que el Ministerio Público no cumplió con el protocolo de necropsia, siendo incluso un chofer del Servicio Médico Forense quien se encargó del levantamiento de los cuerpos el día del accidente.

"¿Quién hizo el levantamiento del cadáver? Dicen los cánones que el levantamiento del cadáver es la parte central de una investigación de esta índole. ¿Y quién la debe de realizar? El perito médico legista. La debe de realizar el fiscal investigador, estando presentes en el escenario. Y en este caso, ¿quién hizo el levantamiento del cadáver? El chófer del anfiteatro", dijo Pérez Ramos.

Los familiares señalaron que SAPAL y la Fiscalía han entorpecido su acceso a la justicia, a la reparación del daño y han puesto trabas para el esclarecimiento de los hechos. Incluso, a pesar de haber tenido numerosas reuniones con funcionarios de SAPAL para solicitar una reunión con Jorge Ramírez y de haber solicitado en varias ocasiones una audiencia con Héctor López Santillana y con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, no han tenido éxito alguno.

"Nos insisten en que tomemos el finiquito como el seguro de vida, y terminemos con esto", dijo Juan de Dios Hernández Araiza, representante legal de las familias de Alberto de Jesús Silva Zúñiga y José Salvador Afanador Martínez.

Escucha al abogado Juan de Dios Hernández

"Periplo en búsqueda de justicia"

Las familias de Alberto y José Salvador, junto con su abogado Juan de Dios Hernández, detallaron todos los obstáculos administrativos y judiciales que han tenido que enfrentar para intentar conseguir justicia. "Las familias han recorrido un periplo de instancias para buscar obtener justicia", dijo Gustavo Lozano, miembro de Acción Colectiva.

Además de buscar a los altos funcionarios de SAPAL, al alcalde de León y al gobernador de Guanajuato, solicitaron la ayuda del Sindicato de Trabajadores de SAPAL, también sin respuesta. De parte de Enrique de Haro Maldonado, director de SAPAL, solo han recibido la sugerencia de tomar los finiquitos, de 50 mil 900 pesos en el caso de José Salvador y de 31 mil pesos en el de Alberto.

"Es lo único que yo quiero: justicia. Y los de SAPAL, siempre nos hablan y es lo mismo. Quieren que firmemos su finiquito por 50 mil 900 pesos. Se me hace injusto que los trabajadores den el cien por ciento por ellos. Trabajaron turnos de mañana, tarde, noche, llegaban con la ropa impregnada, olía horrible. No tenían ni cinco minutos en el cuarto cuando se apestaba el cuarto del olor del que ellos olían ahí", dijo Milagros, viuda de José.

Escucha a Milagros

Y agregó: "Yo se lo dije a Enrique de Haro, que se me hacía injusto que ellos no se pusieran en nuestro lado y que nos trataran de la misma manera que los trabajadores que estuvieron ahí".

Escucha a Milagros

No existen avances en la investigación. El viernes 26 de febrero la Fiscalía les prometió conocer la causa de muerte. Sin embargo, en una reunión con Laura Edith Ortega Pérez, Directora Ministerial de Apoyo y Gestión Institucional, se les dijo que aún no era posible saber qué sustancias tóxicas terminaron con su vida.

Enrique Pérez Ramos, perito y maestro en ciencias forenses, estudió con detalle los protocolos de necropsia elaborados por el Ministerio Público de la FGE. En la rueda de prensa informó que el peritaje de los cinco trabajadores muestra las mismas irregularidades y omisiones.

Poniendo como ejemplo, el de Víctor Briseño, dijo que "la posición final del cadáver de Víctor, que inclusive fue mal descrita en el peritaje de necrodisección que presentó la Fiscalía, puesto que no se presentó aquí en este sitio, no se presentó ninguna autoridad".

Además de que el levantamiento del cadáver estuvo a cargo del chofer del SEMEFO, "tampoco les interesó dar fe ministerial de la pérdida de la vida de un ser humano", pues no asistió a la escena del accidente ningún médico legista, agente ministerial o fiscal investigador. El que haya acudido el chofer, dice Pérez Ramos, "significa una falta muy grande, a la ignorancia total del protocolo".

El levantamiento estuvo mal hecho, pues se embaló el cuerpo en bolsas de plástico y no en papel estraza. No hubo descripción detallada de la vestimenta ni de la antropometría. "Esos son los detalles que hacen que se dificulte la impartición de justicia", explicó.

Señaló que al documento le faltan dos hojas, la 10 y la 11. "No aparecen, no están, no las tiene el Ministerio Público. ¿Y eso qué dice? Bueno, el sobre interés que están desempeñando en el cumplimiento de su trabajo". Finaliza el documento del FGE diciendo que resta "dictaminar cuál fue la causa de muerte e intoxicación de origen a determinar".

"Y la causa de muerte sigue sin determinarse. Sigue sin poder establecerse. —añadió Enrique Pérez—Pero yo creo que no es difícil determinar la causa de muerte. Fue intoxicación por medio de sustancias citotóxicas, por eso es que está irritada toda la mucosa de la boca, de la garganta, del esófago, del estómago. Todo lo que son vísceras están contaminadas por un químico, y eso produce simple y sencillamente la muerte. Así de simple".

Deterioro y negligencia provocan la muerte de trabajadores

Desde agosto de 2020 la organización Acción Colectiva Socioambiental A.C. informó sobre los desperfectos en el funcionamiento y operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y el Módulo de Desbaste (MD) de SAPAL, organismo a quien se señaló de ser cómplice y permisiva con la contaminación del Río Turbio por parte de la industria curtidora en la ciudad.

Acción Colectiva presentó dos denuncias de entonces a la fecha, una ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y otra ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la cuales dejaron ver los vacíos administrativos en los que durante 20 años operó la empresa concesionaria de la planta de tratamiento, ECOSYS III, con la anuencia de SAPAL y en beneficio de la industria.

"La disputa esencial entre ambas entidades gira en torno a los daños causados en la infraestructura del Módulo de Desbaste debido a que las empresas de la industria curtidora envían agua residual de calidades distintas a las pactadas para su saneamiento y la incapacidad del SAPAL de ordenar a los curtidores", dice el comunicado que Acción Colectiva presentó la mañana de este martes.

Durante meses ECOSYS III, SAPAL y la industria de la curtiduría se señalaron mutuamente de ser los responsables de las afectaciones al sistema de saneamiento y al franco deterioro de las instalaciones de la PTAR y el MD.

Sin embargo, dos meses después de que SAPAL recibió la planta para operarla por sí mismo, la noche del 13 de noviembre de 2020 murieron los trabajadores por intoxicación, sin que hasta el día de hoy, y a cuatro meses del accidente, se conozcan las causas y los responsables.

"A los hechos denunciados en agosto pasado, que en sí mismos constituyen un crimen contra la sociedad y el medio ambiente, se suma ahora un comportamiento negligente que acabó con la vida de cinco jóvenes, accidente que pudo evitarse si SAPAL hubiera realizado una transición ordenada para tomar el control y dirigir la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales (PTAR) y su Módulo de Desbaste (MD) y si, en cumplimento a sus obligaciones, hubiera capacitado a sus trabajadores y observado los protocolos de seguridad laboral correspondientes."

Escucha al papá de Alberto de Jesús Silva Zúñiga

El descontento de familiares apunta también a que SAPAL no capacitó a los trabajadores para operar el Módulo de Desbaste. Alberto de Jesús Silva Zúñiga, por ejemplo, solo duró 52 días en la planta. Su padre dice que lo aceptaron únicamente con el certificado de secundaria, pese a que sabían que iba a manejar materiales químicos.

Víctor Ricardo, el padre de Víctor Briseño, también fallecido y jefe de los otros cuatro trabajadores, dijo que su hijo pasó varios días dando aviso a sus superiores del deterioro de las instalaciones del Módulo de Desbaste por medio de chats de Whatsapp sin ser escuchado.

Escucha a Luis Ángel Briseño

Esas comunicaciones son pieza fundamental para comprender la causa de la muerte, pero no han sido tomadas en cuenta por la Fiscalía en la investigación. "Ni siquiera ha sido abierto el celular", dijo también Luis Ángel Briseño, hermano de Víctor.

"Mi hijo tenía cinco días reclamándoles que había fugas de ácido sulfúrico, que las tuberías estaban a punto de romperse, que estaba pasando esto,, que había que cerrar válvulas. Y ellos mandaron a personas externas, según a hacer mantenimiento. Sin guantes, sin nada de protección. Mi hijo, como era ingeniero químico, les dijo: "Señores, no pueden ustedes trabajar así. No cuentan con guantes, no cuentan con protección. Estos tubos no son de agua, son de ácido. Sí les puede pasar algo", agregó el padre de Víctor.

Escucha a Ricardo Briseño

Las familias responsabilizan a SAPAL, quien no ha podido "centrar u ordenar a los curtidores", cuyas "descargas no están cumpliendo con los parámetros establecidos, ni por las normas de SEMARNAT, ni por el mismo reglamento interno de SAPAL", lo que pudo ocasionar una reacción química al entrar esas aguas residuales a la planta, dijo Luis Ángel, provocando la muerte de su hermano y sus compañeros, quienes solo transitaban el Módulo de Desbaste para una supervisión de rutina.