La suspensión definitiva que concedió el juzgado decimosegundo de distrito para detener la extinción del Fideicomiso de Administración e Inversión para Financiar Obras, Infraestructura, Proyectos y Acciones Prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública (FIDESSEG), ahonda la fractura del gobierno de Libia García Muñoz Ledo con el sector empresarial del estado.

Organizaciones empresariales promovieron un amparo para impedir que el Gobierno del Estado disponga de los más de 1 mil millones de pesos de la cuenta del fideicomiso, así como para evitar que se dé otro destino el 0.3 por ciento del Impuesto Sobre Nómina.

En las últimas semanas la disputa no solo se ha centrado en los tribunales, sino que ha sido llevada al plano de lo mediático con filtraciones de presuntas irregularidades en el manejo que hicieron del fideicomiso organizaciones de la sociedad civil con el aval empresarial, mientras que impulsores de la iniciativa han recordado que el reparto de los recursos se hizo en conjunto con autoridades estatales, incluido Héctor Salgado Banda, titular de la Secretaría de Finanzas, quien fue ratificado por Libia García.

En la víspera de la Navidad, un tribunal federal concedió la suspensión al grupo empresarial que promovió un amparo contra la extinción del fideicomiso; sin embargo, el Gobierno del Estado mantiene su postura de seguir con el proceso judicial, y una vez resuelto, pueda seguir el trámite para desaparecer el FIDESSEG, creado en 2019 por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, como parte de los compromisos que adquirió con el sector empresarial para que éste administra recursos provenientes del Impuesto Sobre Nómina.

"El gobierno de la gente es respetuoso del Estado de Derecho y de la resolución emitida. Fuimos informados por la autoridad jurisdiccional de que se ha otorgado la suspensión definitiva; sin embargo, esto no cambia nuestra posición, ya que el juicio continúa vigente. Seguiremos trabajando con total respeto a los procedimientos judiciales, siempre en apego a la legalidad y al compromiso con la justicia.", compartió el Gobierno del Estado, luego de darse a conocer la suspensión definitiva.

El Gobierno del Estado y el sector empresarial de Guanajuato, que habían mantenido una estrecha relación en sexenios anteriores al de Libia García, han dejado expuestas sus diferencias políticas desde que la gobernadora anunció la extinción del fideicomiso que permitía a representantes empresariales asignar miles de millones de pesos a organizaciones de la sociedad civil con proyectos enfocados al desarrollo social y a la seguridad.

Cuando Libia García anunció la desaparición del fideicomiso generó movilizaciones entre las organizaciones que habían sido beneficiadas en años anteriores, pero también desde el sector empresarial comenzaron los reclamos.

“La transparencia no ha sido una característica del fideicomiso”, argumentó la gobernadora cuando decidió que los recursos a las organizaciones de la sociedad civil tendrían que entregarse bajo otro modelo, sin la intervención del sector empresarial; sin embargo, fue la propia Libia García la que reservó los comprobables del FIDESSEG cuando estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano en el sexenio anterior.

Portada Juan José Plascencia

Amparos vs filtraciones

La última semana de octubre se publicó el decreto para la extinción del FIDESSEG, en el que se estableció que los recursos que estaban en las cuentas del fideicomiso serían trasladados a la Secretaría del Nuevo Comienzo para poner en marcha el nuevo modelo de reparto de apoyos a organizaciones que llamaron "Tocando corazones".

Las reacciones fueron inmediatas: el sector empresarial promovió un amparo y en noviembre un juez federal concedió la suspensión provisional, aunque la resolución del juzgado llegó unos días después de que el secretario de Finanzas, Héctor Salgado Banda asegurara que se habían hecho los trámites administrativos para que regresaran a las arcas estatales alrededor de 1 mil 490 millones de pesos.

Al momento de la extinción, en las cuentas del FIDESSEG había alrededor de 1 mil 687 millones de pesos, y después de hacer el reintegro al Gobierno del Estado, se quedaron en las cuentas alrededor de 200 millones de pesos porque estaban pendiente de entregar apoyos a organizaciones sociales por 195 millones de pesos. El resto del recurso se utilizaría para pagar a quienes se harán cargo de finiquitar el fideicomiso.

La pugna en los tribunales siguió. Desde el ámbito empresarial exigen al gobierno de Libia García que mantenga los acuerdos que se tomaron con Diego Sinhue Rodríguez para intervenir en la asignación de los recursos que surgen del pago del Impuesto Sobre Nómina, mientras el Gobierno del Estado sostiene que el modelo que impusieron los empresarios no funciona.

Previo a que el juzgado decimosegundo de distrito del Poder Judicial de la Federación resolviera la suspensión definitiva de la extinción del FIDESSEG, el diario nacional Reforma publicó en portada un reportaje que revela los “altos sueldos” que ganan los trabajadores de FE Guanajuato y Actuando por Guanajuato, fundaciones creadas por los empresarios para recibir los proyectos de organizaciones de la sociedad civil que pudieran ser financiados con el fideicomiso.

Además de señalar que los empresarios pagaban con dinero público sueldos de más de 110 mil pesos, el reportaje de Reforma, basado en filtraciones de los resultados de una revisión, señala que con recursos del FIDESSEG se hicieron gastos excesivos en viajes, viáticos, contratación de familiares para la realización de obras y hasta el cobro de moches a las asociaciones que recibían los apoyos gubernamentales.

Una de las primeras decisiones que tomó Libia Garcíacomo gobernadora fue la extinción del fideicomiso. En la fotografía junto a Rosario Corona, secretaria del Nuevo Comienzo

La respuesta empresarial por el reportaje que atribuye a la gobernadora Libia García haberse dado cuenta de las irregularidades, llegó a través de José Arturo Sánchez Castellanos, creador del FIDESSEG cuando fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León.

Sánchez Castellanos publicó en el diario am la columna que llamó "Filtraciones sucias", en la que responsabiliza directamente al gobierno de Libia García del "periodicazo", al hacer uso del "poder y dinero para enterrar este asunto". En las conclusiones del empresario, la filtración se dio en venganza a los empresarios por promover el amparo, o porque en el FIDESSEG, también manejado por autoridades estatales, hay "hoyos negros" sobre el uso y destino de los recursos que el gobierno estatal tomó para otros fines. El gobierno de Diego Sinhue Rodríguez tomó al menos 800 millones de pesos del FIDESSEG para entregar apoyos a empresarios durante la pandemia por COVID-19.

Previo a la publicación de las presuntas irregularidades basado en un informe de resultados del Gobierno Estatal, el juez decimosegundo de distrito otorgó a los empresarios la suspensión definitiva, aunque se dio a conocer hasta el 23 de diciembre.

En el comunicado de prensa enviado por el Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) se exigió "enérgicamente que cese, de inmediato, la campaña de coacción y de difamación cobarde e infundada que se ha desplegado contra asociaciones civiles, fundaciones y organizaciones empresariales y de la sociedad civil, con el propósito de descalificar de quienes defendemos este modelo".

Además, el CCEL recordó que en la autorización, supervisión y auditoría de los recursos asignados por el FIDESSEG intervenían, de manera mayoritaria, representantes del gobierno del estado.

Finalmente, el grupo empresarial insistió en retomar el diálogo con la gobernadora. "Con la plena certeza de que nuestra causa para atender de manera más eficaz y oportuna las necesidades apremiantes de los guanajuatenses más vulnerables, nos requiere a todos de un trabajo comprometido y coordinado".

Alcances de la suspensión

En la resolución 1257/2024, el juzgado décimo segundo requirió a la gobernadora y a Rosario Corona, titular de la Secretaría del Nuevo Comienzo, para que en un plazo no mayor a 48 horas, contadas a partir de la notificación, una copia certificada del proyecto, anteproyecto, o documento oficial que contenga los lineamientos, reglas de operación y objetivos del programa social o política pública que sustituirá al fideicomiso; es decir, del programa "Tocando corazones".

La petición del juzgador federal es para: "verificar el destino y administración de los recursos públicos originalmente asignados a dicho fideicomiso, resulta indispensable conocer las medidas implementadas por la autoridad responsable para garantizar la continuidad de los apoyos sociales previstos".

En el comunicado enviado por el CCEL asegura que la suspensión definitiva de la extinción del fideicomiso no afecta en la entrega de apoyos ya comprometidos a las organizaciones.

“Cabe hacer la precisión que los efectos concedidos mediante la presente determinación no constituyen un obstáculo para que el funcionamiento y objeto del fideicomiso en cuestión sigan operando en los términos en que lo venían haciendo, dado que la suspensión tiene como efecto que no se ejecute la extinción del fideicomiso y que sus recursos no se destinen a la implementación del señalado Decreto.”

La resolución no es vinculante a lo que pudiera surgir del amparo, señaló el abogado Óscar Silva de la organización de abogados independientes de Guanajuato.

"Hay que entender que la suspensión definitiva es una medida cautelar que se dicta para mantener las cosas en el estado que se encuentren. Esto quiere decir que, a partir de que se dictó la medida, no debe afectarse el fondo que haya existido en ese momento, hasta que termine el juicio, pero esto no implica ni presupone que si te otorgaron la suspensión definitiva te van a conceder el amparo".

Silva precisó que la suspensión no tiene efectos retroactivos; es decir, si al momento de que se notificó a la autoridad la resolución y había fondos en el fideicomiso éstos no deben tocarse hasta que se resuelva el juicio de amparo.

El abogado estimó que el juzgado federal podría llevar al menos otros tres meses para resolver el amparo que promovieron los empresarios.

Sin embargo, hizo un llamado a las autoridades estatales para que se aclare el destino de los más de 3 mil millones de pesos que se entregaron a organizaciones de la sociedad civil, así como una medición del impacto que tuvieron los programas y proyectos financiados con recursos del FIDESSEG.