Por delitos contra la biodiversidad, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una imputación ante un juzgado federal contra los dos administradores únicos de La Cucursola, fraccionamiento ubicado en la Sierra de Santa Rosa, lo que marca un precedente en el estado en materia de procuración de justicia ambiental.

El abogado y activista de la organización Acción Colectiva, Gustavo Lozano, explicó que en la audiencia inicial el Ministerio Público realizó la imputación contra ambos administradores, pero, a solicitud de la defensa, se concedió la duplicidad del plazo constitucional, por lo que será el próximo 7 de enero cuando se lleve a cabo una nueva audiencia en la que el juez podría determinar la vinculación a proceso.

“Yo particularmente, en el estado de Guanajuato, nunca había tenido la oportunidad de asistir a una audiencia de esta naturaleza. Hasta donde entiendo, no ha habido muchas imputaciones y vinculaciones a proceso por delitos ambientales, y nos da mucho gusto que la Fiscalía General de la República le ponga el ejemplo a la Fiscalía General del Estado y se haya desahogado esta audiencia”, detalló el activista.

La audiencia de imputación deriva del operativo realizado en julio del año pasado en el desarrollo inmobiliario, construido presuntamente sin las autorizaciones correspondientes en terrenos forestales y con dolo, pues las autorizaciones municipales solo contemplaban la tala de dos árboles y se desforestó una gran área. Desde mediados del año pasado, el predio fue asegurado por la Fiscalía General.

Durante la diligencia, el juez de control, Efraín Frausto Pérez, ordenó respetar la presunción de inocencia, por lo que se prohibió mencionar públicamente los nombres de las personas imputadas. No obstante, se permitió referir a la empresa Loma de Irapuato S.A. de C.V., la cual no está imputada como persona moral, sino únicamente sus dos administradores únicos, como personas físicas.

El caso no se limita al fraccionamiento, sino que abarca dos proyectos previos promovidos por la misma empresa: el acceso al hotel del mismo nombre y el bardeo perimetral, ambos autorizados de manera indebida por autoridades municipales y estatales. La acusación contempla los daños materiales ocasionados al ecosistema y la falta de permisos para desarrollar estas obras.

Terrenos asegurados y ventas bloqueadas

Gustavo Lozano recordó que, desde el operativo realizado en julio, los terrenos del fraccionamiento se encuentran asegurados y dicha medida está inscrita en el Registro Público de la Propiedad, lo que impide cualquier operación de compraventa. El juez ratificó esta disposición, por lo que está restringida cualquier obra en el lugar o la venta de terrenos.

Acción Colectiva Socioambiental presentó la querella el 9 de febrero de 2023 por la probable comisión de delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, previstos en el Código Penal Federal. 

De acuerdo con un comunicado difundido por la organización en julio del año pasado, después del operativo federal también fueron señalados como responsables el expresidente municipal Alejandro Navarro Saldaña y Juan Carlos Delgado Zárate, exdirector general de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del municipio.

Para Gustavo Lozano, la audiencia representa un paso relevante, pues en Guanajuato son escasos los procesos penales por delitos ambientales y, en este sentido, la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) sienta un precedente.

Subrayó que el mensaje va más allá de este caso en particular: busca advertir a otros desarrolladores inmobiliarios que durante años han construido sin permisos, apostando a pagar multas y regularizarse después.

“Estamos tratando de enviar un mensaje también a otros desarrolladores, en el sentido de que para llevar adelante sus proyectos tienen la obligación de respetar las normas que nos hemos dado para una buena convivencia, porque bien sabemos que en muchos casos los desarrolladores en Guanajuato prefieren ‘aventarse’ a construir sin obtener las autorizaciones, acaban pagando la multa que se les impone y luego se regularizan”, lamentó.

Lozano reconoció que el proceso penal actual alcanza únicamente a los particulares, pese a los señalamientos por autorizaciones indebidas y omisiones de autoridades municipales, estatales y federales. Sin embargo, adelantó que se prepara una nueva acción legal para que todos los actores involucrados, incluidas las autoridades, rindan cuentas de manera integral.

“Estamos por cerrar la última acción legal en torno a este asunto. Pronto la estaremos anunciando”, anticipó. No reveló la estrategia, pero aseguró que en cuanto se presente el recurso se dará a conocer públicamente.

La resolución sobre la vinculación a proceso de los administradores del fraccionamiento podría definirse en una nueva audiencia el próximo 7 de enero. Esto ocurre casi seis años después de que comenzó la construcción del fraccionamiento en la Sierra de Santa Rosa, a finales de 2019.