La batalla por los recursos de una sobretasa del impuesto a nóminas, acordado entre empresarios y gobierno del estado el pasado sexenio, se encona en tribunales y mantiene en la parálisis los recursos destinados a organizaciones de la sociedad civil, quienes solicitan diálogo en una carta a la gobernadora Libia Dennise García, sin ser atendidas hasta el momento.

Esta disputa político empresarial por la extinción del Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública para el Estado de Guanajuato (Fidesseg), ha marcado el primer tramo del gobierno de Libia García Muñoz Ledo.

El gobierno encabezado por la panista no ha alcanzado un punto de coincidencia con las cámaras empresariales que impulsaron el fideicomiso en 2019, ni con las ya debilitadas fundaciones que administraron el recurso hasta octubre pasado. Mientras tanto, las asociaciones civiles -principales beneficiarias- han sido arrinconadas sin acceso a los fondos necesarios para echar a andar sus proyectos, en medio de una discusión que escaló al plano judicial.

POPLab obtuvo una carta firmada por la Coordinadora de Asociaciones de Sociedad Civil (Cosoc) el 8 de abril pasado, en la que esta coalición —que agrupa a 104 organizaciones de todo el estado— solicita a la gobernadora Libia García y a la secretaria del Nuevo Comienzo, Rosario Corona Amador, información sobre el estado actual del Fidesseg, y de los 188 millones de pesos que aún no han sido asignados a proyectos de la sociedad civil

Hasta el cierre de esta nota, la Cosoc no ha tenido respuesta de la mandataria estatal ni de la titular del Nuevo Comienzo.

“Hay mucha información que no se comparte, hay mucha información a medias, al menos esa es la percepción de muchas de las organizaciones. En todo este proceso ha habido una comunicación no nula, pero sí con muchas complicaciones entre las organizaciones y el gobierno, y por supuesto ahora que no están las fundaciones es más difícil entablar esta comunicación”, declaró Belem Mercado Calderón, presidenta de la Cosoc y representante de la Comunidad Loyola A.C.

El más reciente acuerdo, emitido por el Juzgado Noveno de Distrito el pasado 13 de marzo, ordenó al director general del Fidesseg, Mauricio Hernández Zepeda, reinstalar el Comité Técnico del fideicomiso para reanudar su operatividad y así garantizar la entrega de recursos. No obstante, una nueva suspensión definitiva otorgada por el Juzgado Décimo Segundo frenó las modificaciones que, desde la administración estatal mediante un decreto gubernativo con fecha del 1 de abril, se hicieron a la integración de dicho comité y a las reglas de operación del fideicomiso.

El primer acuerdo obedece al amparo presentado por la Fundación Actuando por Guanajuato, que fungía como intermediaria para la evaluación, entrega y fiscalización de los recursos del Fidesseg. La suspensión otorgada por el Juzgado Doceavo, responde a otro juicio iniciado por el Consejo Coordinador Empresarial de León.

En un comunicado difundido la noche de este miércoles 23 de abril, a unas horas de la sesión de reinstalación del Comité Técnico del Fidesseg que tendría lugar en el Instituto de Innovación, Ciencia y Emprendimiento para la Competitividad, el gobierno estatal anunció la suspensión de la modificación de este cuerpo colegiado, y con ello, la cancelación de la primera sesión ordinaria, que señaló como resultado de la ampliación de demanda promovida por el Consejo Coordinador Empresarial de León y un representante del Consejo Coordinador de Irapuato.

“Hoy, una vez más, la posibilidad de que esos recursos lleguen a donde más se necesitan ha sido suspendida de manera provisional a costa del bienestar colectivo. Lamentamos profundamente que por segunda ocasión se suspenda la sesión del Comité Técnico, frenando el avance de una nueva etapa del Fidesseg basada en reglas claras, participación equitativa y absoluta transparencia”, señala el escrito.

Reveses judiciales

El pasado 28 de marzo, el Consejo Coordinador Empresarial de León, que ha impulsado un amparo contra la extinción del Fidesseg en conjunto con los consejos de Irapuato y Celaya, hizo de conocimiento público el acuerdo y reconoció la decisión de la Jueza “para evitar los daños irreversibles” que ocasionaría la desaparición definitiva del fideicomiso.

Aunque la gobernadora Libia García aseguró que el acuerdo de la Jueza Karla Macías sólo vincula al director del Fidesseg, Gonzalo Mauricio Hernández Zepeda , la orden judicial pide dar cumplimiento a la suspensión definitiva del decreto de extinción y “a efecto de reanudar la operación del fideicomiso”.

“La suspensión definitiva, por tanto, busca restablecer las condiciones que permitan al Fidesseg operar, garantizando que las asociaciones civiles ejerzan su derecho a participar en la asignación de dichos fondos. En este sentido, la operatividad del Fidesseg exige que el Comité Técnico, como máximo órgano de gobierno y administración del fideicomiso conforme al artículo 9 del Decreto Gubernativo 21, reanude sus funciones”, señala el acuerdo.

La respuesta del gobierno estatal llegó en día feriado, el sábado 12 de abril, con el anuncio de las modificaciones de las reglas de operación del fideicomiso, entre las cuales se encuentra la creación del Subcomité de Niñas, Niños y Adolescentes para destinar un porcentaje específico del presupuesto a proyectos que beneficien a este sector de la población.

Asimismo, se separó a las fundaciones Actuando por Guanajuato y FE Guanajuato de las funciones de evaluación y ejecución de las organizaciones participantes. Ésto significa mayor representación gubernamental en los comités y subcomités del fideicomiso.

En el acuerdo, ligado al amparo con número de expediente 1210/2024 presentado por la Fundación Actuando por Guanajuato, la Jueza Karla Macías expone que la operatividad del Fidesseg “no se limita a la mera conservación de su existencia formal, sino que implica su funcionamiento efectivo para cumplir los fines establecidos en su constitución, lo que incluye permitir el acceso de las asociaciones civiles a los recursos destinados a proyectos de desarrollo social y seguridad pública”.

Además de vincular a la subsecretaría a llamar a sesión del Comité, el acuerdo ordena que se incluya en el orden del día la emisión de la convocatoria para la presentación de nuevos proyectos de asociaciones civiles, el análisis de las prórrogas solicitadas para la ejecución de proyectos en curso, así como la discusión y decisión sobre la renovación de contratos de fundaciones.

El peso de la orden judicial recae también en el secretario de Finanzas, Héctor Salgado Banda, quien preside dicho comité y tiene el voto de calidad en las discusiones. De acuerdo con la Jueza, el funcionario deberá “velar porque la asignación de los $188,000,000.00 se realice de manera que se prioricen proyectos viables técnica y económicamente, con impacto social medible y en beneficio de zonas de atención prioritaria, conforme a los criterios establecidos en las Reglas de Operación. Dicho monto corresponde al presupuesto asignado por el estado para el proyecto de la Secretaría del Nuevo Comienzo denominado Tocando Corazones.

En su página web, la fundación Actuando por Guanajuato, presidida por Juan Carlos Usabiaga del Moral, solicita que desde el día 28 de marzo, las asociaciones dirijan todas sus consultas y reportes con Gonzalo Mauricio Hernández Zepeda, titular del Fidesseg.

Tras el decreto de extinción del fideicomiso, impulsado por la gobernadora Libia García en octubre pasado (cuando acusó a las fundaciones de un manejo opaco y discrecional de los recursos), el 31 de diciembre el Juzgado Décimo Noveno de Distrito concedió una suspensión definitiva al amparo promovido por la fundación Actuando por Guanajuato, a fin de evitar que los recursos del Fidesseg fueran trasladados al programa Tocando Corazones o un fin distinto a los proyectos sociales.

De acuerdo con Juan Carlos Usabiaga, presidente de la fundación, actualmente existen 188 millones de pesos en la cuenta del fideicomiso que deben ser ejercidos en proyectos pre aprobados por el subcomité técnico.

Cuestionada al respecto, la gobernadora Libia García replicó que, más que garantizar la permanencia del fideicomiso, el acuerdo sólo pide sesionar y reiteró que existe una relación de respeto entre su gobierno y el gremio empresarial que impulsa un amparo paralelo por la permanencia del Fidesseg. La mandataria aseguró ante medios de comunicación que actualmente no hay asignaciones de recursos pendientes.

Previamente, la jueza Karla Macías estuvo detrás de la orden judicial al gobierno estatal para dirigir 188 millones de pesos a la cuenta del Fideicomiso, equivalentes al recurso destinado por la Secretaría del Nuevo Comienzo al programa sustituto “Tocando Corazones”. No obstante, el recurso ha permanecido congelado desde hace más de 3 meses.

Tras la publicación del acuerdo que ordena la reinstalación del Comité Técnico, la gobernadora declaró que “en este momento” se analizarán las prórrogas pendientes, pero que sólo habrá una nueva convocatoria para bajar recursos cuando así lo determine el proceso.

Asimismo, reiteró que desde el gobierno estatal se implementó el proyecto Tocando Corazones, que ya cuenta con reglas de operación y representa un modelo diferente para las asociaciones, pero no descarta que el juzgado conceda el amparo a las fundaciones y consejos empresariales.

“Puede pasar que tengamos que hacer que permanezca el fideicomiso como tal, pero algo es claro, que el modelo no puede seguir como está. Tenemos que incorporar mecanismos de transparencia, de mayor inclusión de organizaciones de otros municipios, la propia jueza en las resoluciones que ha emitido señala que hay conflicto de interés y señala que se tiene que conservar la rectoría del estado en la asignación de los recursos”, declaró.

En diciembre pasado, la gobernadora y la secretaria del Nuevo Comienzo, Rosario Corona Amador, protagonizaron una reunión con representantes de organizaciones civiles para dar a conocer las alternativas ante la extinción del Fidesseg. Aunque en aquel momento hubo una recepción positiva de lo propuesto por el gobierno, las asociaciones han transitado en el primer trimestre de 2025 sin acceso a subvenciones del estado.

Durante su comparecencia en el Congreso, como parte del primer informe del gobierno encabezado por Libia García, Rosario Corona Amador informó que, además de los 188 millones de pesos que fueron transferidos a raíz del juicio de amparo, actualmente la cuenta tiene 238 millones 178 mil pesos, sumando el recurso previamente destinado para las asociaciones o para proyectos que se encuentran activos en 2025.

Rosario Corona precisó que, con el decreto de extinción, se hizo una reversión parcial de los recursos a la hacienda pública por la cantidad de 1 mil 490 millones 880 mil 420 pesos, que fueron depositados por parte de la institución fiduciaria en noviembre pasado en una cuenta de Banco del Bajío. Con los rendimientos financieros, el recurso ha aumentado a 1 mil 524 millones 638 mil 639 pesos.