Juan Hernández, el titular de la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional (SMEI) de Guanajuato es selectivo con los casos de víctimas migrantes a quienes ofrece apoyo institucional con fines de autopromoción. Durante meses, Jorge y Patsy García y su familia, originarios de Pénjamo, han solicitado, sin respuesta, apoyo de parte de la SMEI contra un crimen de odio racial perpetrado en su contra en agosto de 2020.

En días pasados, Hernández anunció que, por instrucciones del gobernador Diego Sinhue Rodríguez, se daría respaldo al caso de los familiares de Nancy Citlaly Zamudio, originaria de Yuriria, quien junto con sus hijas falleció en Chicago durante el incendio de su domicilio el 27 de enero de 2021. El traslado de la familia, financiado por la SMEI, fue promocionado en medios de comunicación y por Juan Hernández mismo. Sin embargo, persiste en ignorar la situación de Jorge y Patsy, paisanos víctimas de la violencia racista.

De acuerdo con Laura García, hermana de Jorge, el apoyo prestado por la SMEI a la familia de Uriangato no va a ser lo único que necesiten, pues faltaría el soporte legal. "En el caso de mi hermano no supieron cómo actuar porque los actos de racismo es algo de lo que no se quiere hablar. No saben cómo afrontarlo, y menos cómo solucionarlo", dijo.

Ilustración: Pinche Einnar

Por su parte y luego de meses de comunicaciones con autoridades, el único respaldo que han recibido Jorge y Patsy ha sido del Consulado Mexicano y la Cancillería. Según explican Laura García y Omar Silva, la cónsul general Lilian Ferrer y el cónsul de protección, José Manuel Briseño, dan seguimiento al caso.

"Juan Hernández, el secretario del migrante en Guanajuato, habla de que tiene una lista de abogados, yo no sé en dónde y en qué materia. Esas casas del migrante se tienen que transformar, porque independientemente de que haya pandemia, el rastreo de los casos, el seguimiento, la atención es deficiente. El comportamiento de Juan es el mismo: es un comportamiento deficiente, arrogante, intolerante y no se diga el gobernador Diego Sinhue Rodríguez", dijo Omar Silva.

Además agregó que "el gobernador habla de que hay política pública de atención a los migrantes, yo no entiendo cuál, si este caso lo único que ameritaba exactamente era darle seguimiento para que las autoridades dieran empuje a las oficinas de investigación, en este caso de la Oficina del Sheriff en Stockton, en el Condado de San Joaquín".

Apenas el 03 de febrero, la Comisión de Atención al Migrante del Congreso del Estado de Guanajuato, junto con Juan Hernández, discutieron iniciativas para reformar la Ley para la Protección y Atención del Migrante y sus Familias del Estado de Guanajuato y así mejorar la situación de los 500 mil guanajuatenses que se encuentran en los Estados Unidos. Pero casos como el de Jorge y Patsy no figuran en la agenda de la SMEI.

Por otro lado, la pareja de migrantes, su hermana y el activista Omar Silva, han mencionado que tampoco han obtenido el apoyo de los senadores por Guanajuato, Erandi Bermudez (PAN) y Antares Vázquez (MORENA), con todo y que se han comunicado con ellos directamente.

Apoyo para la foto

Juan Hernández respondió de forma inmediata al caso de Nancy Citlaly Zamudio y sus hijas, un día después del accidente en Chicago, Illinois, empleando medios de comunicación para difundir el respaldo institucional a sus deudos en EUA y Uriangato, Guanajuato.

El apoyo que brindaron a la familia radicada en Uriangato consistió en la adquisición de las visas humanitarias, el pago de los boletos de avión y de los pasaportes para que pudieran viajar a los Estados Unidos.

La cobertura se extendió desde la salida del Aeropuerto Internacional de Guanajuato hasta Chicago, donde la Oficina de Enlace de la secretaría compartió fotos de su llegada por medio de redes sociales. El ingreso fue promocionado también, con la familia de Citlaly Zamudio a las afueras de las puertas de abordaje en el aeropuerto en Silao.

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Crimen de odio por motivos raciales

Foto: GoFundMe, Jorge Garcia & Patsy Burn Victims Fund

La pareja García Hernández espera que su caso pueda ser tratado como crimen de odio. Larry Galicinao, el agresor, se enfrenta a la justicia norteamericana por al menos diez cargos graves en su contra y con una fianza por 4 millones de dólares, pero aún sin el reconocimiento de haber cometido un delito por motivos raciales.

Hace cinco meses que los migrantes originarios de los estados Guanajuato y Guerrero luchan por sus vidas contra las secuelas de las quemaduras en más del 85 por ciento de su cuerpo. Las versiones sobre la agresión se tensan entre aquella de las autoridades de justicia norteamericanas y la que sostienen los migrantes, su familia y organizaciones de derechos humanos.

Retomando la primera versión del sheriff del condado de San Joaquín, lo cargos que se le imputan al agresor se vinculan a un pelito vecinal o riña callejera por un lugar de estacionamiento como origen del crimen.

Sin embargo —dice Omar Silva, abogado y activista por los migrantes—, "las autoridades no quieren reconocer el crimen de odio en contra de Patsy y Jorge por ser mexicanos. Si Jorge hubiera sido la persona que prende en fuego al afroamericano, ahorita tuviéramos una revolución de organizaciones afroamericanas y de movimientos como el Black Lives Matter, y yo te aseguro que a Jorge lo estuvieran juzgando exactamente como un criminal de odio en el aspecto racial. Queremos que esto sea tratado igual".

Covid-19 expulsa de hospital a los migrantes

El 11 de enero de 2021 Jorge y Patsy García fueron dados de alta del hospital en el que se encontraban internados en la ciudad de Sacramento, capital del estado de California en los Estados Unidos. Su salida de la institución se debió al incremento de los contagios y pacientes de COVID-19 que saturaron el servicio de atención médica y no a que estén recuperados de sus lesiones, dijo Laura García, hermana de Jorge.

Las quemaduras han cambiado sus vidas física y psicológicamente. "Lo peor es el trauma", dice Patsy, quien junto con su esposo, Jorge, por primera vez ha comenzado a hablar con medios de comunicación después del ataque. Ahora pasan su recuperación en casa, sin asistencia profesional y con un largo camino de mejoría por delante. La hermana, madre y cuñado de Jorge se hacen cargo de ambos desde su salida del hospital.

Foto: Especial

Tienen limitaciones para comer, agacharse, caminar y dormir. Están en espera de más cirugías; Patsy necesita cuatro de reconstrucción y Jorge una operación más. Les dijeron que iban a tener seguimientos en un hospital más cerca en Orange County, pero la institución "apenas los miró y dijeron que todavía van a esperar para volverlos a operar", agregó Laura.

"El seguro de Jorge y Patsy dura un año. Ellos tienen que tratar de hacer todas sus cirugías y todo antes del año. En caso de que no, les va a tocar a ellos pagarlas. Esto de la pandemia está atrasando todo".

Temen regresar a Stockton por las represalias en su contra. Además, el incendio consumió su casa y pertenencias. "Perdimos todo, prácticamente tenemos nada. No sé qué fuera de nosotros si mi hermana y mi cuñado no nos estuvieran ayudando", comenta Jorge.

Organizaciones y activistas empujan el caso

"¿Por qué los inmigrantes nos tenemos que quedar callados por estas situaciones que pasamos?", se pregunta Laura García, luego de explicar que su caso ha sido retomado por dos organizaciones de renombre en los Estados Unidos: LULAC (Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos) y ADL (Liga Antidifamación contra el Antisemitismo y el Odio).

"Yo me sorprendí mucho cuando ADL se interesó en apoyar con el caso de Jorge y Patsy, porque ellos determinaron y vieron que con esta situación sí hay mucho que investigar como crimen de odio, porque quieren hacer parecer que esto fue un pleito callejero y no un crimen de odio".

Tanto Laura, como Omar Silva, activista guanajuatense que reside en los Estados Unidos, insisten en que por las características del caso tendría que ser retomado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y esperan que se le enjuicie a Larry Galicinao por un crimen de odio.

"Está claro que ellos han declarado, y el agresor se lo dijo al fiscal: que odiaba a los mexicanos. Esas palabras, con esas palabras, el caso debió de haberse ido por la línea de odio racial. Pero no pasa nada", expuso Silva.

ADL y LULAC han pedido lo mismo a sheriffs y al fiscal de distrito, quienes han señalado que tanto el Sheriff de San Joaquín, como los medios de comunicación, atribuyeron la agresión a un conflicto por un lugar de estacionamiento. Ambas organizaciones insisten en que se investigue el caso como crimen de odio en tanto y en cuanto que el daño psicológico, la forma de violencia y el tipo de daño ejercido estuvieron motivados por la identidad de las víctimas.

Foto: Especial

Jorge García cuenta por primera vez lo sucedido en una versión que dista mucho de aquella que fue difundida en un inicio:

"Esta persona era pareja de una vecina que vivía al lado de la casa. Esta pareja se burlaba de nosotros cuando íbamos al banco de comida, nos decían "pinches mexicanos" y cosas así. Una noche que llegué yo a la casa, llegué de traer la cena, dejé la cena en la casa. Luego salí a trabajar en mi camioneta y justo cuando estaba yo agachado abajo de la camioneta este tipo me roció con gasolina y me encendió. Corrí hacia adentro de la casa para apagarme y entonces atacó a mi esposa y prendió toda la casa en fuego".

Sin embargo, desde tiempo antes del ataque, Galicinao y su novia Elisa (la que fuera vecina de Jorge y Patsy en Stockton) los habían acosado con mensajes intolerantes alusivos a su condición de mexicanos e inmigrantes.

Galicinao tuvo una audiencia preliminar el viernes 05 de febrero de 2021 y restan 2 audiencias preliminares más: el 1 y el 22 de marzo. El juez le fijó una fianza de 4 millones de dólares. No obstante, no le han imputado cargos por delito de odio, según informa Laura García.

Primer y único ataque, pero funesto

Ni Patsy ni Jorge habían experimentado violencia racista hasta esta ocasión. Patsy reside en los Estados Unidos desde hace 12 años y Jorge desde hace 20. Dicen que su vida es mucho mejor que la que tenían en México, pues allá han tenido oportunidades que en México no hubieran conseguido nunca.

"Yo llegué aquí a Estados Unidos por medio de mi mamá, quien fue por mí a México cuando tenía 18 años. Vivía en Acapulco, Guerrero y mi mamá ya estaba en California", dice Patsy.

Su madre tenía ya tres años en Estados Unidos cuando volvió por ella para ir a Orange County. Salió de Acapulco a los 18 años, hoy tiene 30. Entró a estudiar inglés y desde entonces ha trabajado ininterrumpidamente como mesera en diferentes restaurantes.

Como todos los migrantes, salió de México en busca de oportunidades, expulsada por la violencia de su natal estado Guerrero. "Aquí está mejor, aquí uno tiene más oportunidades que allá. Allá está muy peligroso de donde yo soy. Por eso más que nada mi mamá pensó en traernos, para tener una mejor vida", explica.

Foto: GoFundMe, Jorge Garcia & Patsy Burn Victims Fund

Jorge, por su parte, salió de Pénjamo, Guanajuato a los 12. Dice que había terminado la primaria cuando partió rumbo a California. Llegando a EUA entró a middle school (como lo que es secundaria en México) y luego a high school (equivalente a la preparatoria). "Fue difícil al principio acostumbrarse a la cultura americana".

Pero al final, su móvil también fue la búsqueda de una vida más digna. Trabajó en restaurantes y en la construcción. Su último trabajo antes del ataque fue en la construcción. Ambos han perdido sus empleos y todo su patrimonio.

"Si regresáramos a Stockton estaríamos solo y vulnerables a volver a tener otro ataque como estos", agrega Jorge, y Patsy, por su parte, explica que nunca antes habían experimentado racismo, "hasta esto, pero no me imaginaba que iba a ser así".

En proceso de recuperación, los migrantes mexicanos luchan porque su caso sirva como ejemplo para evidenciar el odio hacia los hispanos y que más víctimas de agresiones exijan respeto y un cese a la violencia racial en los Estados Unidos.