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Secretario de Educación cuela a contratista de la 4T en gobierno de Guanajuato
Enrique Guillermo Prieto presidió consejo de Educafin y ahora el de Juventudes Guanajuato, es socio del secretario Jorge Hernández y participa con asignaciones millonarias en megaproyectos del gobierno federal
Por Jesús Ibarra y Carmen Pizano
Un empresario responsable de varias megaobras de la 4T impugnadas por Acción Nacional está presente en Guanajuato como presidente de un consejo en el gobierno del panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y como socio del actual secretario de Educación en el estado, Jorge Enrique Hernández Meza. Se trata de Enrique Guillermo Prieto Flores.
Prieto Flores es socio fundador de Key Capital SAPI de CV y se ha convertido en un personaje clave en la construcción de megaobras en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, pasos a desnivel para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Línea 12 del Metro, el proyecto de Túnel Ferroviario para Sonora, y la última es en Ímuris, para reubicar las vías del tren que van hacia el municipio fronterizo de Nogales.
En todos los casos, se trata de asignaciones multimillonarias con el Gobierno Federal, particularmente con la Secretaría de la Defensa, cuya participación en la construcción de obras públicas ha sido duramente cuestionada por los opositores del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Recientemente Key Capital SAPI de CV firmó un contrato por 91 millones 187 mil pesos con la División de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional para ubicar las vías del tren que van del municipio de Ímuris a Nogales, Sonora, un proyecto que ha sido señalado por atentar contra el medio ambiente y amenazar un sitio arqueológico católico.
En Guanajuato, el empresario contó con el respaldo de Jorge Enrique Hernández Meza para involucrarse en el gobierno del panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo como consejero ciudadano en materia de educación y juventudes. Recientemente, Enrique Guillermo Prieto convirtió a Jorge Hernández y a un cuñado del exgobernador Miguel Márquez Márquez, en socios de una de sus empresas.
Durante 2020 y 2021, con Hernández Meza como titular del ahora extinto Educafin, Enrique Guillermo Prieto Flores presidió el Consejo Ciudadano del que fue el instituto de crédito educativo del estado; luego se convirtió en el presidente del consejo del Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes de Guanajuato, que asumió las facultades de Educafin, cargo que conserva actualmente.
A finales de 2022, Enrique Guillermo Prieto Flores se asoció con Jorge Hernández Meza con la conformación de la empresa "Casa 9 Estrellas", cuyo objeto social es la elaboración y ejecución de toda clase de proyectos de construcción y edificación, así como el diseño, ejecución y comercialización de proyectos inmobiliarios, según el acta constitutiva de la empresa registrada en el municipio de León y consultada por Poplab en el Registro Público del Comercio.
Además del titular de la SEG, Prieto Flores tiene como socio en la misma empresa a Guillermo Gama Hernández, cuñado del exgobernador Miguel Márquez Márquez, quien actualmente aparece en el directorio del Gobierno Estatal como asesor de la Secretaría de Gobierno.
Otro personaje que funge como contratista del Gobierno de Guanajuato y que está asociado con Enrique Guillermo Prieto es Eliezer Enriquez Rodríguez, quien ofrece al gobierno estatal servicios de estrategias de marketing a través de la empresa Reed Multimedia.
Poplab solicitó una entrevista con Jorge Hernández para hablar sobre la sociedad mercantil con el constructor de la 4T, así como la incidencia de éste como consejero del Gobierno de Guanajuato, pero después de varios intentos a través del área de Comunicación Social de la SEG, no hubo respuesta.
La petición se hizo hace un mes a la coordinadora de comunicación de la SEG, Carmen García, quien solicitó a la reportera “más detalles” para gestionar la entrevista. Después de exponerle el tema solo respondió que lo revisaría con el secretario Jorge Hernández, pero sigue sin responder.
Prieto Flores: empresario y consultor
Enrique Guillermo Prieto Flores es un economista de 46 años egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes; cursó la Licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, tiene una maestría en estadística por la Universidad de Columbia y es candidato a Doctor en Administración por la Universidad Anáhuac.
Laboró como director de Asuntos Internacionales (2011-2012) de la Secretaría de Economía, cuando el titular de esta dependencia era Bruno Francisco Ferrari García de Alba, en la parte final del sexenio del presidente Felipe Calderón.
Ha participado como perito y testigo experto en temas de energía, valuación, infraestructura, ferrocarriles y construcción tanto para el sector privado como el público durante la última década, con una creciente participación como contratista para el Gobierno Federal, principalmente, así como algunos estados, desde 2019 a la fecha.
Su aproximación al círculo cercano del gobierno panista de Guanajuato es mediante una figura clave: el actual secretario de Educación, Jorge Enrique Hernández Meza, quien lo conoció alrededor de 2017 cuando este dirigía el Educafin, durante el sexenio de Miguel Márquez Márquez.
En su papel como consejero del Gobierno de Guanajuato ha ido hasta Japón, representando al Gobierno de Guanajuato, para colocar una ofrenda dirigida a la memoria de las víctimas de la bomba atómica de Hiroshima, el pasado 23 de mayo, en el marco del 78 aniversario del ataque de Estados Unidos.
El titular del Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes (JuventudES), Antonio Navarro, y aspirante a candidato del PAN a diputado local, presume en redes sociales su cercanía con el constructor de la 4T.
Desde 2021, cuando asumió la presidencia del consejo directivo de JuventudES, sus lazos con el Gobierno Federal también crecieron, con la obtención de al menos trece contratos de proyectos para obras federales, según la línea de tiempo que presenta Key Capital en su página web.
Solo unos meses después de asumir la presidencia del Consejo Directivo de JuventudES concretó una alianza mercantil con Jorge Hernández Meza, asociándose con la empresa Negocios Bizz, propiedad del actual secretario de Educación, quien ha estado en la nómina estatal desde hace casi 20 años.
De acuerdo con el currículum vitae de Hernández Meza, toda su carrera profesional se ha centrado en cargos públicos de la administración estatal: en 2005 ingresó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado como director del Patronato de Reincorporación Social por el Empleo, en el que estuvo por dos años. Después, llegó al Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes/Educafín, quedando como director general durante 14 años, hasta que en 2021 el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo lo nombró secretario de Educación.
La empresa Negocios Bizz, que conformó en 2014 junto con Guillermo Gama Hernández, el cuñado del exgobernador Márquez, está dedicada al ramo de la industria cuero-calzado, según el acta constitutiva consultada por Poplab.
Ahora esa empresa ha servido como conducto para que ambos funcionarios estatales puedan asociarse con Guillermo Prieto con otra empresa dedicada al ramo inmobiliario.
Fructíferos contratos con la 4T
Key Capital ha obtenido contratos multimillonarios en los últimos cuatro años para varias de las obras más emblemáticas de la 4T.
Una consulta a la plataforma ¿Quién es Quién en los Contratos? arrojó que la empresa tenía once instrumentos jurídicos entre 2016 y 2021 por un total de 392.6 millones de pesos, destacando el de 2019 con el Fondo Nacional de Turismo para llevar a cabo la ingeniería básica del Tren Maya por un monto de 299 millones de pesos.
Para el año 2022, la base de datos de CompraNet sólo indica que obtuvo un contrato por 2 millones 119 mil 853 pesos con 81 centavos para la elaboración del proyecto ejecutivo de vías férreas y obras complementarias en el puerto de Altamira, Tamaulipas.
No se encontró el contrato para los proyectos de reubicación de vías en Sonora, tampoco en la base de datos de 2023 aparece algún documento referente a estas acciones, sin embargo suma otros 93 millones 307 mil pesos en este periodo para un total de 486 millones de pesos en los últimos seis años.
Cabe resaltar que el contrato obtenido con Sedena para la reubicación de las vías en Nogales es el segundo más alto que ha pactado Key Capital a la fecha, sólo detrás del correspondiente al Tren Maya, según la información disponible.
El contrato consiste en reubicar las vías del tren de Ímuris a Nogales, Sonora.
La obra tiene un costo de 7 mil millones de pesos, según Omar del Valle Colosio, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano de Sonora (Sidur), quien sostuvo ante periodistas locales que se cuenta con la aprobación de “permisos sociales” para su construcción tras dialogar con los habitantes que se sienten afectados, pero no mostró ninguna prueba.
Apenas el pasado 1 de noviembre el sitio noticioso pro ambientalista Mongabay publicó un artículo donde dejó al descubierto por primera vez que la vía se construye en total opacidad y sin que las autoridades involucradas, Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hayan dado a conocer la Manifestación de Impacto Ambiental que mandata la ley.
Poplab consultó todas las ediciones de 2022 y 2023 de la Gaceta Ecológica de Semarnat, publicación oficial que concentra las manifestaciones de impacto ambiental presentadas ante la autoridad por parte de las entidades que realizan obras o acciones que impactan un ecosistema y pudo confirmar que el documento correspondiente para el caso de Ímuris no se encuentra ahí.
Pueblo sonorense rechaza megaproyecto
Ejidatarios y ambientalistas del municipio de Ímuris, Sonora, dieron a conocer a la prensa internacional el riesgo que enfrentan sus propiedades, especies del Área Natural Protegida del Río Cocóspera, así como un sitio arqueológico católico por la construcción de un tramo de 63 kilómetros de vías ferroviarias, que alegan no cuenta con autorización ambiental.
La empresa encargada de todos los proyectos técnicos previos, el ejecutivo, y de la gerencia de la obra es Key Capital SAPI de CV, con sede en la Ciudad de México, creada por Prieto Flores en el año 2014, quien firmó un contrato por 91 millones 187 mil pesos con la División de Ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional, vigente desde septiembre de 2022, confirmó Poplab tras consultar dicho documento obtenido por la red Defensa Ambiental Noroeste.
Tras la publicación de un reportaje de la agencia The Associated Press el 18 de noviembre, donde expuso de forma visual los avances de la construcción cruzando por propiedades del ejido Miguel Hidalgo, perteneciente al municipio de Santa Cruz, justo al sur de Arizona, EEUU, el encono se hizo patente en Sonora, debido a que los testimonios de habitantes de esta comunidad se sumaron de manera coral a los de Ímuris.
Todos coinciden que la nueva vía partirá en dos sus predios y nadie de Sedena, Semarnat, representantes del gobierno estatal, o alguna empresa, ha respondido al clamor para tener acceso a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
Los habitantes tampoco han quedado conformes con las justificaciones de Sedena para hacer los trabajos del llamado ‘Tren Opaco’, las explicaciones de mecanismos de remediación sobre sus tierras, o si el Gobierno compensaría con algún tipo de apoyo las afectaciones que van a sufrir.
Según Wildlands Network hay 80 casas y ranchos que se encuentran alrededor de la ruta en construcción a lo largo del Río Cocóspera mediante el análisis de un mapa que presentan en su página, esta misma red publicó que la Sidur habría ofrecido comprar partes de algunas propiedades a los ejidatarios en 1.80 pesos por metro cuadrado.
Por otra parte, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) define al impacto ambiental como: “Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de la naturaleza”.
Con el objetivo de estimar las modificaciones provocadas en un ecosistema por proyectos de infraestructura se elabora la EIA, con esta Semarnat mide el impacto que tendrá una construcción.
Para la realización de obras y actividades previstas en el artículo 28 de la LGEEPA se establece la presentación de la MIA ante la Semarnat, por parte de las personas (físicas o morales) responsables de éstas.
Derivado de la presión ejercida por los habitantes, así como de ambientalistas, y el eco que tuvo el tema en redes sociales a nivel nacional, el 21 de noviembre el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, aprovechó su rueda de prensa semanal para tratar de aclarar la situación, aunque no logró desmentir el hecho de que la reubicación de las vías se realiza bajo la opacidad de Sedena y sin los permisos ambientales. Tampoco presentó documentos.
“Por tratarse de una obra de carácter estratégico corresponde a la Semarnat y tenemos un año para presentar el impacto ambiental, ese proceso ya está totalmente avanzado”, dijo Durazo Montaño, omitiendo el papel de la Sedena.
Sin embargo, el gobernador defendió la validez del proyecto por representar una mejora en las capacidades de infraestructura portuaria y ferroviaria para el estado, así como para la industria en general y el comercio transnacional.
La reubicación de las vías del tramo Ímuris-Nogales conectará a su vez un tramo de aproximadamente 30 kilómetros de la línea que lleva hasta la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, propiedad de Grupo México, la segunda de tajo abierto más grande del mundo para la extracción de cobre.
Un evento, ‘La Marcha de las Luciérnagas’, convocada por el grupo Caminantes del Desierto, así las comunidades afectadas, culminó el pasado 29 de noviembre frente a las puertas del Palacio de Gobierno de Sonora, con actos perfórmicos como vía de protesta civil para elevar el reclamo de proteger el área natural que representa el Río Cocóspera, un frágil santuario para especies amenazadas que ahí habitan como el jaguar, el oso negro y los lampíridos, aludidos con esta actividad de resistencia ciudadana.
Habitantes de Ímuris, asociados a la cuenta @NoAlTrenImuris en las redes sociales X y TikTok, revelaron su desencanto con todo el proceso publicando un video correspondiente a una parte de la reunión ejidal que tuvieron con uno de los ingenieros de Sedena asignado a la obra: Ignacio David Casanova Vázquez.
El encuentro se realizó el pasado 12 de febrero, ante la presencia de los inconformes integrantes del ejido y el secretario de Gobierno de Sonora, Adolfo Salazar Razo.
Ahí, el soldado Casanova Vázquez anunció que la obra será concluida en menos de dos años y responde a una instrucción del jefe del Ejecutivo federal: Andrés Manuel López Obrador.
"Si iniciamos con la intención del señor Presidente… que se materialice y se concluya significa que al desarrollar (ofrecemos) las mejores opciones para que se concluya... estamos a escasos dos años. Esto se tiene que hacer rápido. Tenemos muchas obras nosotros y saben, el señor Presidente nos encomienda las obras y que las concluyamos a como dé lugar, que se concluyan (sic)”.
“Eso significa que hemos estado ya con cierto tiempo trabajando en este proyecto y habíamos iniciado allá por Nogales, pero no nos daba la certeza de que se concluyera en el tiempo que tenemos para hacerlo. Eso nos ha conllevado a buscar diferentes rutas en todo este tramo, diferentes rutas para buscar las mejores condiciones económicas y en tiempo. A nosotros, como bien saben, nos dicen... que se haga esto y se tiene que hacer".
Tras expresar esto fue interrumpido por ejidatarios molestos, quienes reclamaban transparencia y certeza.
Dos temas que siguen pendientes.
A pesar de estas actividades de acercamiento documentadas por los pobladores afectados, de la existencia del contrato, y de las labores de construcción que supervisa en los municipios de Santa Cruz e Ímuris, la Sedena ha respondido vía Plataforma Nacional de Transparencia al menos en un par de ocasiones que no ha encontrado información correspondiente con acciones o contratos vinculados a la reubicación de las vías de tren.
Las solicitudes con folio 330026423002350 y 330026423003004 consultadas por PopLab fueron respondidas en julio y septiembre de 2023, pero el Sujeto Obligado indicó que tanto la División de Ingenieros como la Unidad de Asuntos Jurídicos determinan que no es un asunto de su competencia y que tras realizar una búsqueda en sus archivos no encontraron los documentos.