La Secretaría de la Defensa confirmó la participación de elementos de la Guardia Nacional en un cateo efectuado el 19 de junio en el que habría sido presuntamente detenido José Juan Arias Solís, de 14 años, con lo que se fortalece la denuncia por desaparición forzada presentada por los padres del adolescente, de quien no se sabe nada desde ese día.

La Secretaría de Gobernación (Segob) anunció que dará seguimiento al caso, por instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien este viernes 11 de julio se pronunció por primera vez: “no se debe criminalizar a la juventud” y los responsables “deben ser sancionados con todo el peso de la ley”.

“No hay ninguna instrucción de cometer este tipo de actos por parte de las Fuerzas Federales. Si llegara a ocurrir, se investiga y se sanciona como debe ser”, sostuvo la presidenta al responder preguntas de POPLAB durante la Mañanera del Pueblo. 

Ante los requerimientos de la jueza Karla Macías, del Juzgado Noveno de Distrito en Irapuato, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) confirmó, a través de un oficio, la presencia de tres patrullas de la Guardia Nacional durante la detención de José Juan Arias Solís en la colonia Ranchos Unidos de Valle de Santiago. Lo anterior apuntala un caso de desaparición forzada a manos de las Fuerzas Federales. 

En su respuesta, la Defensa indicó que tuvo presencia en el lugar para efectuar “seguridad perimetral”, así como “en apoyo a la Fiscalía general del estado para una inspección”, con lo que también se corroboró la intervención de la institución a cargo del fiscal Gerardo Vázquez Alatriste.

En entrevista con el asesor jurídico José Luis Miranda, quien atiende el asunto, comentó que gracias a que uno de los familiares del menor tomó una fotografía con un número de patrulla, la cual ya se sumó a la carpeta de investigación bajo el folio FGR 2379/2025, se pudo corroborar que 20 elementos federales estuvieron presentes: siete en la primera patrulla, seis en la segunda y siete en la tercera.

“No es necesario encontrar otra prueba porque ya hay declaración por parte del papá que vio que se lo llevaron elementos de la Sedena. Ya hay un oficio por parte de la misma informando que sí había elementos junto con el nombre de cada uno; entonces el tema es una desaparición forzada en concreto”, recalca.

También dijo que que ya cuentan con los resultados de dos técnicas de investigación establecidas en el Código Nacional y solicitadas por la jueza Macías: geolocalización en tiempo real y datos conservados. 

En el caso de la primera, la empresa de telefonía Telcel no pudo brindar información sobre el celular de José Juan debido a que ya estaba apagado. Sin embargo, la segunda arrojó, a partir de lo obtenido también por Telcel, que la última coordenada de la antena del celular del menor a la que tuvo conexión fue a las 13:35 horas del 19 de junio, el día de su desaparición, en un radio de 600 metros dentro del cual se ubica la sede de la Fiscalía General en Valle de Santiago. 

¿Dónde está José Juan? Los elementos faltantes

Pese a los avances en las técnicas de investigación y la confirmación de desaparición forzada del menor José Juan Arias Solís, el asesor jurídico menciona que aún hacen falta tres pasos importantes por cumplir: 

Revisar las videograbaciones de las cámaras de la Fiscalía de Valle de Santiago, las cuales no han sido entregadas por la institución. 

Entrevistar a los 20 elementos que estuvieron presentes el día de la detención, quienes deben ser llamados por parte de la FGR. 

Que la Fiscalía Especializada contra Delitos de Desaparición Forzada atraiga el caso. 

Familia de José Juan buscará apoyo de Tejiendo Redes Infancia

José Luis Miranda compartió para POPLab que buscarán el apoyo de Juan Martín Pérez, coordinador regional de la iniciativa Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, para tener más avances en la investigación sobre la desaparición forzada, así como su pronta localización. 

Ante este caso, Juan Martín Pérez recuerda que México vive en un contexto de desaparición generalizada, tal y como lo señala el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, debido a que casi en el 100 % de los casos concurre un tema de impunidad.  

“En este caso hay un agravante que tendría que alertarnos a todos y a todas; me inquieta que no sea un escándalo nacional. Es un niño de 14 años y esto le da un agravante mayor porque además existe una ley general, una ley sobre desaparición de personas que establece en su capítulo segundo que la desaparición de un niño y una niña no requiere ni siquiera denuncia, el solo reporte implica búsqueda inmediata”, explica.

Al ser cuestionado sobre qué más se podría hacer para localizar a José Juan, describió que es posible recurrir al recurso legal de amparo buscador, el cual se basa en un principio de habeas corpus, es decir, que implica conocer el paradero e integridad de una persona.

Al presentar este amparo se pone en evidencia que “hay una omisión de las autoridades o hay complicidad y el cuerpo de la persona no es ubicable; esto obviamente detona acciones de autoridad que tienen que informar a un juez o una jueza federal para demostrar que se está haciendo la búsqueda inmediata. 

“El protocolo también establece que se tiene que explorar la información en su entorno familiar, de amistades, escolares, para allegarse un poco de elementos que permitirían explicar tanto a la familia como a las autoridades cuáles pueden ser los detonantes”, afirma. 

El experto en derechos humanos de niñas, niños y personas jóvenes añade que en la desaparición forzada de José Juan, las autoridades al haber interactuado con un menor de edad no pudieron subirlo sin la presencia de una persona adulta. “De entrada ya es ilegal. No solamente es como sentido común, está establecido en la ley, la cual también establece que si no se sabe o no se tiene una evidencia de la edad, siempre se tiene que presuponer que la persona joven es menor de 18 años de edad. Obviamente estas autoridades no lo cumplieron en ningún caso y esto sería un agravante respecto a sus actuaciones”, establece.

Pérez considera importante que la familia de José Juan tenga certeza de que también pueden obtener un amparo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Hay algo que se conoce como medidas cautelares. Estas aplican cuando la situación es de emergencia, de alto riesgo y que de no hacer ciertas actuaciones no son condiciones que puedan o son, digamos, no regresivos los hechos.

“Cualquier acontecimiento que le suceda a este adolescente en estas tres semanas de desaparición forzada ya no van a poder ser recuperadas en términos de su cuerpo, su estabilidad y demás. Tenemos que buscar en vida, bajo esta presunción de vida, me refiero a las autoridades y creo que sería muy interesante que la comunidad de Guanajuato en su conjunto se aboque. En otros países, incluso en México, en algunas zonas se organizan brigadas de búsqueda masivas”, aclara.

Sin embargo, en el lugar donde desapareció el adolescente, Valle de Santiago, no existen células de búsqueda que están obligadas a tener los municipios. Hector Díaz Ezquerra, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, y Jaime Rochín, titular de la Comisión para Víctimas de Guanajuato, tampoco se han pronunciado al respecto. 

“El Estado mexicano, pero en la expresión de responsabilidad administrativa del estado de Guanajuato, no tiene capacidad para garantizar la vida y la integridad de sus habitantes o ve disminuida su capacidad. En el caso de niños y niñas, en el Artículo cuarto constitucional está establecido el interés superior de las niñas y esto implicaría que ante este caso concreto, todo tendría que detenerse y moverse para localizar con vida a este niño, máxime por la participación de fuerzas militares y otras autoridades”, puntualiza.