Tras la desaparición de los órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), las oficinas de transparencia en las entidades están, por ahora, en el limbo. En el caso de Aguascalientes, la transición, que ya se trabaja por las partes correspondientes, no incluye ningún candado para garantizar la independencia política de quienes vigilarán el derecho a la información pública, aunque esto actualmente tampoco existe.

La idea, dice Jorge Armando García Betancourt, comisionado presidente del Instituto estatal de Transparencia (ITEA) y militante en activo del PAN desde 2014, es convertir a la institución que preside en un órgano desconcentrado de la Contraloría Estatal y crear una nueva Sala Anticorrupción en el Tribunal de Justicia Administrativa, un órgano de reciente creación desde donde también operan cuadros políticos cercanos a la cúpula gobernante.

Uno de ellos es Jaime Beltrán Martínez, magistrado presidente de ese Tribunal y ex secretario del ayuntamiento en los gobiernos municipales de la gobernadora Teresa Jiménez Esquivel, así como esposo de Paloma Amézquita, secretaria general del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN.

El Tribunal fue diseñado en 2023 para dirimir conflictos entre ciudadanía y gobierno, así como casos de corrupción, aunque es percibido como una oficina creada a modo por el partido en el gobierno.

"El decreto federal nos sectoriza para que sea a través de las contralorías o sus homólogos los que garanticen ahora el derecho de acceso a la información. Yo propongo crear un órgano desconcentrado porque el decreto no nos da autonomía técnica ni personalidad jurídica y administrativa propia, que es lo que tendría un órgano descentralizado, el dictamen dice que tenemos que pertenecer a un órgano de gobierno", explica García Betancourt sobre la reforma constitucional impulsada por Morena.

“El Poder Ejecutivo local será quien decida a quiénes van a nombrar ya en el nuevo organismo, ahí es muy complejo (que no sean militantes del partido) porque prácticamente serán parte del gabinete”, añade.

Durante años, el ITEA ha sido un organismo cooptado por la fuerza política en el poder. Actualmente, dos comisionados son militantes activos de Acción Nacional y el tercero ha ocupado cargos públicos en los gobiernos panistas.

Entre 2017 y 2021 —durante las administraciones municipales de la ahora gobernadora— Jorge Armando García Betancourt, comisionado presidente, ocupó diversos cargos públicos en el municipio capital relacionados con el área jurídica y administrativa, y ha hecho negocios con el actual gobierno. En enero de 2024, firmó un contrato con el Buró de Congresos y Visitantes del estado para tener los derechos, durante un año, de un palco en el lienzo charro “Arena San Marcos” y tener preferencia en eventos culturales, sociales o de espectáculos que se realicen en ese lugar, por ello pagó 60 mil 484 pesos según el contrato disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

La comisionada Mónica Janeth Jiménez Rodríguez, militante panista desde 2013, fue en 2018 coordinadora de un Centro Crecer en el municipio de Rincón de Romos, luego fue diputada local del partido blanquiazul entre 2018 y 2021, y de 2021 a 2022 coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información en el municipio de Aguascalientes.

Y aunque el comisionado José Antonio Garza Tristán no milita oficialmente en Acción Nacional, sí ha hecho su carrera profesional en los gobiernos de Jiménez Esquivel. Entre 2017 y 2021 fue coordinador de Transparencia y Acceso a la información del Municipio de Aguascalientes, donde en 2021 pasó a ser asesor de gobierno. Y en 2023 ocupó el cargo de director general de investigación en la Secretaría General de Gobierno.

“No militar en algún partido no es un requisito de elegibilidad para el tema de los comisionados. En su momento, si yo tenía que conocer temas del partido, me excusé para resolver", afirma García Betancourt.

Las recomendaciones internacionales, explica Sarahí Salvatierra, coordinadora de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción en la asociación civil nacional Fundar, Centro de Análisis e Investigación, es que los gobiernos garanticen oficinas de transparencia con personal especializado e independiente de las fuerzas políticas gobernantes para que funjan como instituciones de contrapeso, algo que la reforma constitucional de Morena dejó fuera y que en estados controlados por una sola fuerza política, como Aguascalientes, se vuelve aún más riesgoso.

"No habrá incentivos, si no hay un órgano de vigilancia, nada va a garantizarnos que realmente transparenten o que no nos están informando sólo lo que ellos quieren; los espacios cooptados por fuerzas políticas seguramente generarán información a modo, en todos los casos no habrá certeza. El derecho a la información quedó en vilo en medio de una batalla de las fuerzas políticas", dice la especialista.

"Sin estos mecanismos lo que hacen es imposibilitar que podamos ser observadores sociales de cómo ejercen el poder y entonces están limitando que exista el contrapeso social y exigir la rendición de cuentas. Por otro lado, también están limitando la posibilidad de ejercer otros derechos, ya sea por medio de la participación ciudadana o para poder hacer accesibles derechos tan sencillos como la salud, el agua y la vivienda, porque sin información no puedes saber qué está pasando", agrega.

Una carrera contra el tiempo

Tras la publicación el 20 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación del dictamen que oficializa la eliminación de los órganos autónomos en el país, la carrera por la transición de los organismos de transparencia comenzó, aunque con grandes vacíos.

El dictamen estipula que la Cámara de Diputados tiene 90 días naturales a partir de la publicación del decreto para emitir las leyes secundarias de esa reforma constitucional, vitales para que los congresos locales puedan armonizar, abrogar sus propias leyes de transparencia y crear nuevas. El plazo para este proceso se cumple el próximo 21 de marzo.

“Estos cambios afectan a la Ley General de Transparencia, que buscaba que todas las entidades y organismos locales legislaran con base en esta ley para tener los mismos criterios y principios de garantía. (Ahora) el problema es que no hay mucha claridad y todavía no se implementan las leyes secundarias, eso da pie para que las entidades federativas regulen o lo mantengan como quieran, lo que puede generar mecanismos perversos para condicionar el derecho a la información. Dinamitaron el sistema pero no dejaron un proceso establecido sobre cómo y quién va a generar la información”, explica Salvatierra, de Fundar.

Una vez aprobadas y publicadas las leyes secundarias, los congresos locales tendrán 90 días para reformar su constitución estatal y eliminar a los organismos locales de transparencia. El plazo fatal para este proceso se cumple el 22 de junio próximo.

“De ahí, yo estoy marcando otro término de 90 días naturales para poder hacer la declaratoria de extinción del Instituto de Transparencia y entregar los recursos a los nuevos órganos que en su momento el Congreso decida crear para efecto de salvaguardar o garantizar estos dos derechos de acceso a la información y protección de datos personales, que serán las contralorías y los órganos internos de control", explica García Betancourt.

"Las (entidades) que van a seguir el modelo que se aplica en el caso del INAI y que van a incorporar sus funciones a las contralorías internas pues como ellos mismos van a sus propias reglas, ahí está el riesgo, que los vuelve juez y parte, y deja totalmente indefensa a la ciudadanía, no solo en la solución de información, sino particularmente en las inconformidades, porque eran los órganos autónomos los que precisamente se encargaban de vigilar", dice Sarahí Valtierra.

En Aguascalientes, el órgano que se encargaría de la solución de inconformidades por la falta de acceso a la información y protección de datos personales sería, de acuerdo con la propuesta de García Betancourt, la nueva Sala Anticorrupción que formaría parte del Tribunal de Justicia Administrativa.

"Porque son actos administrativos, estoy proponiendo que una nueva magistratura resuelva esos temas. Son iniciativas que yo visualizo porque creo que va a haber demandas en contra de los sujetos obligados por no entregar la información", dice el aún comisionado presidente.

Al órgano desconcentrado de la Contraloría Estatal que se propone crear, podrían ser trasladadas 22 de las 40 personas que laboran actualmente en el ITEA. Los 30.9 millones de pesos etiquetados este año para ese órgano servirán para realizar el proceso de extinción y liquidar a los trabajadores que no podrán formar parte de la transición.

“Son personas que se irían al nuevo órgano a operar, no puedes llevarte a nadie que vaya a duplicar funciones con la Contraloría”.

La información pública, en el limbo

En medio de la falta de certeza provocada por la ausencia, por el momento, de las leyes secundarias de la reforma federal, el destino de la información que se encuentra en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) es una de las mayores preocupaciones.

“El dictamen menciona de manera muy general que todos los sistemas y herramientas informáticas pasarán a resguardo y administración del INEGI, pero no dice a literalidad que la Plataforma se va para allá, aunque es una herramienta tecnológica. El INEGI no tiene la capacidad técnica para poder administrarla", considera García Betancourt.

En el caso federal, dice Salvatierra, la Secretaría Anticorrupción absorberá la información, pero la que corresponde a las entidades está, por ahora, en el limbo. La propuesta en Aguascalientes es crear una nueva plataforma estatal, cuyo costo aún se desconoce.

Esa plataforma podrá solamente acoger la información de 68 de 117 sujetos obligados existentes en el estado, que son los que dependen directamente del Poder Ejecutivo. El resto será responsabilidad de los órganos internos de control, por ejemplo, en los 11 municipios y los Poderes Judicial y Legislativo. Mientras que los partidos políticos pasarán a ser responsabilidad del Instituto Nacional Electoral (INE). Del resto aún se desconoce hacia dónde irá la información.

"La Plataforma la alimentamos en un 90% todos los estados, no el INAI. Hice una solicitud por escrito en el mes de noviembre al actual presidente del INAI, al maestro Adrián Alcalá, solicitando por parte del órgano garante de Aguascalientes que me dieran toda la información para resguardarla y crear en un periodo de corto plazo una plataforma estatal. Es una preocupación porque en el decreto no se menciona absolutamente nada, por eso es tan importante conocer las leyes secundarias, para ver cómo se va a manejar", explica el comisionado presidente.

La entrega de la información pública a los entes del estado es, dice Sarahí Salvatierra, un gran retroceso.

Aunque la propuesta del comisionado presidente del ITEA ya fue entregada a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción del Congreso local, su presidenta, la diputada emecista Daniela Miyuki López, prefirió no hablar del avance en la discusión hasta que no sean aprobadas por la Cámara de Diputadas las leyes secundarias de la reforma federal.